Por Eduardo L. Aguirre

Montado en las condiciones generadas previamente por una cultura punitivista y una sociología de la enemistad compartida incluso -para mal de todos- por algunos sectores "progresistas" de la opinión publicada, los sectores más conservadores del agro argentino han revindicado descaradamente y en público el apellido Martínez de Hoz.

Más allá de la eufemística finta que alude al abuelo del tristemente recordado ministro de la última dictadura, lo cierto es que la restauración conservadora avanza sin vacilaciones al momento de recurrir a la apología del pasado más negro de los argentinos, hasta lo que imagina debería ser una rendición incondicional del gobierno votado hace poco más de un año por la mayoría de los argentinos.

Ahora -como admiten cada vez con menos reserva- van "por todo". Para aquellos sectores del medio pelo que no se inmutaron, por ejemplo, cuando una animadora de televisión fustigara - también esta vez- a la Presidenta de la República por involucrarse en la preocupante problemática institucional que a nivel regional supone el golpe de estado de Honduras, la puesta en práctica del Imperio de una estrategia contrademocrática en el hemisferio aparece cada vez más desembozada. Argentina, en ese marco global, no es nada más -ni nada menos- que un obstáculo apendicular en el objetivo gradual de "recuperar" a América Latina de la "inseguridad" que despierta una cantidad sin precedentes de gobiernos populares.La ruptura institucional, allí y aquí, precisa de esas condiciones objetivas y subjetivas preexistentes. Una de ellas, acaso la más importante, es el desprecio de las garantías y derechos constitucionales. En algunos casos, porque el desconocimiento del programa de la constitución es una condición necesaria para la restauración oligárquica. En otros, porque una miopía propia del peor infantilismo, concibe a esas garantías como meros pruritos burgueses compatibles con formas jurídicas que no harían sino reproducir las condiciones de explotación de nuestra sociedad.

La primer visión es compatible con un interés de clase concreto. La segunda, es lisa y llanamente suicida para los sectores populares, sencillamente porque no atiende a la categoría ineludible de la relación de fuerzas sociales existentes en un contexto histórico determinado. Legitimar que es posible violar "un poco", o "por vía de emergencia" la Constitución, alentar la conculcación de derechos fundamentales como los de defensa en juicio para aquellos delitos que resultan socialmente más reprochables (agresiones sexuales, homicidios, delitos de corrupción etcétera), entender a las garantías del debido proceso como "chicanas" practicadas en clave deportiva, no hacen sino facilitar aquellas condiciones objetivas que propician las escaramuzas destituyentes que hoy día despiertan la alarma del conjunto.