Joxerramón Bengoetxea es Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco, Doctor (Ph. D.) en Derecho por la Universidad de Edinburgh, Ex Director Científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñate (IISJ) y profesor en el International Master for the Sociology of Law de dicho Instituto y de la Facultad de Derecho de la UPV; posee título oficial interuniversitario de las Universidades del País Vasco y Dgli Studi di Milano. Profesor en varios cursos interactivos por internet y Master On Line: fundación ASMOZ Sociedad de Estudios Vascos y UPV/EHU, (Curso Jakinet desde 2001-2006, Curso sobre política comunitaria de educación 2004, Curso CISCE 2004-2006), Plataforma Deusto Master On-line sobre Integración Europea 2006 y Hegoa-UPV Master On Line sobre Inmigración y Cooperación al Desarrollo en la UE (2005-2006). Desde febrero de 2005, fue Vocal de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco, nombrado por acuerdo de los grupos parlamentarios.
Especialista en la teoría jurídica del derecho comunitario europeo y el Tribunal de Justicia de las CE, dialoga con el Profesor Eduardo Luis Aguirre, a partir del reciente pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas, en una entrevista imperdible.
- Estimado Joxerramón, comprenderás que me veo obligado a preguntarte en primer término acerca de su opinión sobre el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica
la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas (Batasuna).
-Claro, lo comprendo. Es una sentencia que ha causado sorpresa en varios círculos convencidos de que Estrasburgo frenaría la deriva antidemocrática que han adoptado los tres poderes del Estado Español desde el fracaso en 2000 de la estrategia de Lizarra que aglutinó todas las fuerzas nacionalistas vascas en pos del soberanismo y desde el fracaso de la toma del poder en el País Vasco por parte del nacionalismo español en 2001. Este sector del españolismo ha acogido la sentencia con alivio ya que se bendice su estrategia de ilegalizar los partidos políticos que se puedan considerar antidemocráticos. Con la ilegalización de Batasuna-ANV y la pérdida de los 100 000 votos nulos que apoyaron a estas candidaturas el españolismo ha conseguido una mayoría parlamentaria mínima que les ha permitido formar un gobierno; un nuevo frentismo. Con un análisis más pausado se pueden contemplar ciertas afirmaciones fuertes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hacen reflexionar sobre los límites de la democracia y sus modelos: los Estados Europeos pueden optar entre dos modelos: uno permite partidos políticos “antisistema” siempre que no estén directamente implicados en actividades ilícitas o delictivas; el otro exige que los partidos políticos acaten y asuman las reglas del sistema para llevar a cabo su actividad política. Este segundo modelo es donde se pueden presentar derivas democráticas preocupantes.
-Sinceramente, desde este margen nos parece encontrar riesgosas similitudes entre esta decisión y la doctrina de la guerra preventiva, sólo que desarrollada mediante argumentaciones jurídico- políticas que se llevan puestos a derechos tales como la libertad de asociación, el derecho a opinión o el pluralismo jurídico. Como siempre, el aparente dilema entre seguridad y libertad parece saldarse a favor de la primera.
-Comparto la preocupación en lo concierne al dilema seguridad libertad, pero no tanto en lo que se refiere a la guerra preventiva. La sentencia de ilegalización de Batasuna y la ley de partidos políticos tienen elementos preocupantes desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la excesiva discrecionalidad en su aplicación; y así ha quedado demostrado en la aplicación de dicha ley a varias candidaturas que se han ido presentando en elecciones locales donde en unos casos se aceptaban las candidaturas y en otros casos se consideraban “contaminadas”. En mi opinión esta aplicación caprichosa de la ley, más que la ley propiamente dicha, sí que podría ser considerada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos si y cuando el caso venga resuelto por el Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, en el Estado Español ha habido medidas y decisiones aún más preocupantes que confirman la lectura dominante de la prevención e incluso del derecho del enemigo: clausura de varios periódicos mediante medidas judiciales cautelares, sin sentencia firme; mantenimiento de una jurisdicción especial como la Audiencia Nacional para centralizar casos relacionados con el “terrorismo” donde se puede incluir hasta fenómenos de violencia callejera siempre que ocurran en el País Vasco y se sospeche de una posible vinculación política; divulgación de la tesis del entorno de ETA o “el entorno del entorno” en las causas judiciales conocidas como 18/98; es decir que todo es ETA siempre que se sospeche una sintonía con los fines que persigue o simplemente que se haya coincidido con simpatizantes de ETA en algún tipo de iniciativa cultural o social; procesamiento del Lehendakari, el presidente del Gobierno Vasco y del entonces líder del PSOE por haber mantenido reuniones con los dirigentes, no de ETA, sino del partido político Batasuna, pero al aceptar la tesis según la cual todo es ETA, tanto quien coloca la bomba como quien rechaza la condena política de sus atentados, se siguió adelante con el procesamiento. Del mismo modo el Presidente y dos vicepresidentes de la mesa de presidencia del Parlamento Vasco han sido condenados por el Tribunal Supremo por haberse negado a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, dejando sin ejecutar la orden de disolución que se seguía tras la sentencia de ilegalización de dicho partido. Sin embargo el reglamento del Parlamento Vasco no contempla dicha prerogativa de la mesa de presidencia y el Parlamento Vasco no tuvo una mayoría suficiente para reformar el reglamento. Son ejemplos que muestran un cierta manera de entender la judicialización de la política o la instrumentalización política del derecho en España.
-¿Significa esta resolución, en tu opinión, un menoscabo al derecho a expresarse política y democráticamente de las minorías, un resurgimiento hegemónico del “patriotismo constitucional” y el unidimensionalismno cultural?
-ETA es una organización armada revolucionaria implicada en actividades criminales o delictivas y que ocasiona mucho daño a la sociedad vasca y a la sociedad española. También ha causado víctimas mortales procedentes de latinoamérica como el atentado de Barajas (parking de la T 4). En mi opinión ETA no puede invocar ni legal ni legítimamente ningún derecho a expresarse políticamente. En la medida en que las expresiones políticas de grupos que se consideren próximos a ETA no sean capaces de dejar claro que los medios utilizados por la banda armada son inaceptables, su pretensión de expresarse democráticamente quedará puesta en entredicho. Esta es la lectura que puede salvar la sentencia del TEDH desde la teoría democrática. Grupos políticos que antes eran cercanos a Batasuna han comprendido y asumido esta tesis y han optado por la actividad exclusivamente política alejada de la violencia de ETA, condenándola como contraria a la democracia y a los derechos humanos. Partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna defienden la independencia del País Vasco por vías exclusivamente democráticas. Es cierto que en el españolismo dominan las tesis que entienden el patriotismo constitucional como la defensa y gloria de la Nación española, frente a lo que consideran ataques del nacionalismo periférico. Estos planteamientos recaban mucha simpatía en gran parte del establishment español tanto político, como económico-financiera, mediático, judicial, académico… Habermas seguramente se escandalizaría ante semejantes lecturas que nos recuerdan al franquismo.
- ¿Creés que, además de estas cuestiones, el fallo indirectamente gravita sobre los derechos políticos y civiles de las naciones sin estado, uno de los fenómenos políticos más apasionantes de la modernidad tardía?
-Voy a ser muy tajante: ETA y sus expresiones políticas son el mayor daño que se puede hacer a la causa de la defensa de los derechos civiles y políticos de las naciones sin Estado propio, como bien dices, un fenómeno político muy interesante. La violencia ha dado la excusa perfecta al nacionalismo españolista más radical para frenar todo tipo de aspiraciones autodeterministas en Euskadi. Es cierto que en Cataluña no hay violencia política y que se frenan igualmente dichas aspiraciones, pero ETA es una excusa perfecta para ver con el mismo recelo dichas aspiraciones. Además, ETA se presenta como la vanguardia del autodeterminismo y no acepta el sistema autonómico instaurado por la Constitución, un sistema que tiene sus defectos, cierto, pero que fue aceptado por la mayoría de los vascos en referendum. Ese fue el error político de Batasuna, el rechazo frontal al sistema autonómico. Por ello el planteamiento es el de la independencia. El camino para conseguirlo es la revolución. Pero se topa con la oposición frontal de la gran mayoría del pueblo vasco, tanto de la Comunidad de Euskadi, como mucho más de Navarra, por no mencionar al País Vasco Francés. Por ello ETA y los grupos políticos que lo apoyan tienen un problema enorme. Los partidos políticos de ámbito nacional vasco han diseñado una estrategia institucional y política que consiste en la reivindicación del derecho de decisión que compete a Euskadi como nación y sujeto político que es. A partir de ahí, cada uno de ellos defiende objetivos distintos: independencia clásica, independencia en la Unión Europea actual, autonomía mayor, soberanía compartida con España. Hay muchas opciones, pero en mi opinión las más interesantes son las que abandonan la contraposición simplista España/Euskadi para explorar nuevas formas políticas en el seno de Europa donde las naciones sin Estado propio pueden buscar un nuevo estatus institucional común. Esta será la nueva forma de hacer política, pero a ETA y su mundo le parece ciencia ficción.
- Un aspecto bastante inexplorado, desde la perspectiva del pluralismo jurídico, lo constituye la creación al interior de las naciones sin estado de formas de resolución alternativas a las del derecho penal “oficial”. Le confieso que estoy llevando una investigación acreditada por mi universidad respecto de este tema. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas formas jurídicas, digamos, “no institucionales”?
-Me parece sumamente interesante. Es un ámbito que apenas se ha explorado en nuestro entorno, pero teniendo en cuenta las nulas competencias que nuestra Autonomía tiene en materia de justicia y administración de justicia sería interesante explorar esta vía. A menudo se presenta la autonomía vasca como una de las más altas de Europa. Esto sólo se puede decir respecto del sistema fiscal y tributario, pero no en las restantes materias. En materia de justicia España sigue siendo un país centralista y unitario. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos exigirían, para su aceptación y funcionamiento adecuado, que todos los agentes los contemplasen como deseables y aceptables y esto es algo que todavía no consigo imaginar.
-¿No constituiría el reconocimiento y el respeto de la diversidad y el pluralismo un punto de partida para una salida pacífica del conflicto?
-Si, se trata de una posible salida, pero lo esencial es el abandono de las armas por parte de ETA, la incorporación a las reglas del juego democrático de los partidos y grupos rehenes de ETA (los que no quieren o temen alejarse) y la reconciliación nacional en torno a la defensa democrática de todas las posturas: el pluralismo democrático como realidad cotidiana, la tolerancia hacia las ideas contrarias y la no imposición del juego de la mayoría territorial española sobre la mayoría democrática vasca.
-En otro orden de ideas, qué piensas en términos de gobernabilidad y de cara al futuro, del entramado inédito de alianzas que modificó recientemente el esquema político vasco?
-Algo he comentado ya: me parece que la actual composición del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco se deben a la ilegalización de un partido político y de una postura política que ha recabado aproximadamente 100 000 votos declarados nulos. No resta legalidad a dicho gobierno y parlamento, pero sí merma su credibilidad democrática. En otro orden de cosas, el partido del gobierno, el PSOE-PSE/EE (la sucursal vasca del PSOE y lo que quedó tras la escisión de Euskadiko Ezkerra) se presentaba antes de las elecciones como partido transversal, vasquista y de consensos. Su alianza estratégica con el PP, representante del nacionalismo españolista, ha contribuido a disipar esa imagen de transversalidad y ha colocado al Partido Gobernante en un espectro alejado del vasquismo político. El nombramiento de algunos consejeros y consejeras más afines a las posturas vasquistas, no ha logrado frenar esa deriva españolista.
Sobre el espectro político vasco, permíteme hacer una prognosis atrevida. El partido mayoritario, el PNV, está liderando la oposición. Su calculada ambigüedad y difícil funambulismo, junto con el lógico desgaste durante sus casi 20 años liderando el Gobierno Vasco quizá le hayan pasado factura, pero si hace una apuesta decidida por el europeísmo y por la defensa de los derechos del pueblo vasco, será la nueva mayoría social. Junto a este nacionalismo vasco más transversal nos encontramos con lo que será el independentismo vasco de izquierdas, donde se ubicarán dos partidos actuales EA y Aralar y lo que salga del mundo de la ilegalizada Batasuna. Sus planteamientos serán maximalistas pero se verán obligados a participar en la gobernanza del país. Entre estas posturas, pueden haber partidos intermedios que operen como visagras como Izquierda Unida/Ezker Batua o su Alternatiba o Hamaika Bat (una escisión de EA). Lo que ocurra con el PSOE-PSE depende de los resultados electorales siguientes. Mi lectura es que recobrarán una centralidad menos agresiva y más alejada del PP, pero su apego al poder les hará fluctuar según las mayorías.
Especialista en la teoría jurídica del derecho comunitario europeo y el Tribunal de Justicia de las CE, dialoga con el Profesor Eduardo Luis Aguirre, a partir del reciente pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas, en una entrevista imperdible.
- Estimado Joxerramón, comprenderás que me veo obligado a preguntarte en primer término acerca de su opinión sobre el fallo del Tribunal de Estrasburgo, que ratifica
la “ilegalidad” de determinadas organizaciones políticas vascas (Batasuna).
-Claro, lo comprendo. Es una sentencia que ha causado sorpresa en varios círculos convencidos de que Estrasburgo frenaría la deriva antidemocrática que han adoptado los tres poderes del Estado Español desde el fracaso en 2000 de la estrategia de Lizarra que aglutinó todas las fuerzas nacionalistas vascas en pos del soberanismo y desde el fracaso de la toma del poder en el País Vasco por parte del nacionalismo español en 2001. Este sector del españolismo ha acogido la sentencia con alivio ya que se bendice su estrategia de ilegalizar los partidos políticos que se puedan considerar antidemocráticos. Con la ilegalización de Batasuna-ANV y la pérdida de los 100 000 votos nulos que apoyaron a estas candidaturas el españolismo ha conseguido una mayoría parlamentaria mínima que les ha permitido formar un gobierno; un nuevo frentismo. Con un análisis más pausado se pueden contemplar ciertas afirmaciones fuertes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hacen reflexionar sobre los límites de la democracia y sus modelos: los Estados Europeos pueden optar entre dos modelos: uno permite partidos políticos “antisistema” siempre que no estén directamente implicados en actividades ilícitas o delictivas; el otro exige que los partidos políticos acaten y asuman las reglas del sistema para llevar a cabo su actividad política. Este segundo modelo es donde se pueden presentar derivas democráticas preocupantes.
-Sinceramente, desde este margen nos parece encontrar riesgosas similitudes entre esta decisión y la doctrina de la guerra preventiva, sólo que desarrollada mediante argumentaciones jurídico- políticas que se llevan puestos a derechos tales como la libertad de asociación, el derecho a opinión o el pluralismo jurídico. Como siempre, el aparente dilema entre seguridad y libertad parece saldarse a favor de la primera.
-Comparto la preocupación en lo concierne al dilema seguridad libertad, pero no tanto en lo que se refiere a la guerra preventiva. La sentencia de ilegalización de Batasuna y la ley de partidos políticos tienen elementos preocupantes desde la perspectiva de la seguridad jurídica y la excesiva discrecionalidad en su aplicación; y así ha quedado demostrado en la aplicación de dicha ley a varias candidaturas que se han ido presentando en elecciones locales donde en unos casos se aceptaban las candidaturas y en otros casos se consideraban “contaminadas”. En mi opinión esta aplicación caprichosa de la ley, más que la ley propiamente dicha, sí que podría ser considerada contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos si y cuando el caso venga resuelto por el Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, en el Estado Español ha habido medidas y decisiones aún más preocupantes que confirman la lectura dominante de la prevención e incluso del derecho del enemigo: clausura de varios periódicos mediante medidas judiciales cautelares, sin sentencia firme; mantenimiento de una jurisdicción especial como la Audiencia Nacional para centralizar casos relacionados con el “terrorismo” donde se puede incluir hasta fenómenos de violencia callejera siempre que ocurran en el País Vasco y se sospeche de una posible vinculación política; divulgación de la tesis del entorno de ETA o “el entorno del entorno” en las causas judiciales conocidas como 18/98; es decir que todo es ETA siempre que se sospeche una sintonía con los fines que persigue o simplemente que se haya coincidido con simpatizantes de ETA en algún tipo de iniciativa cultural o social; procesamiento del Lehendakari, el presidente del Gobierno Vasco y del entonces líder del PSOE por haber mantenido reuniones con los dirigentes, no de ETA, sino del partido político Batasuna, pero al aceptar la tesis según la cual todo es ETA, tanto quien coloca la bomba como quien rechaza la condena política de sus atentados, se siguió adelante con el procesamiento. Del mismo modo el Presidente y dos vicepresidentes de la mesa de presidencia del Parlamento Vasco han sido condenados por el Tribunal Supremo por haberse negado a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, dejando sin ejecutar la orden de disolución que se seguía tras la sentencia de ilegalización de dicho partido. Sin embargo el reglamento del Parlamento Vasco no contempla dicha prerogativa de la mesa de presidencia y el Parlamento Vasco no tuvo una mayoría suficiente para reformar el reglamento. Son ejemplos que muestran un cierta manera de entender la judicialización de la política o la instrumentalización política del derecho en España.
-¿Significa esta resolución, en tu opinión, un menoscabo al derecho a expresarse política y democráticamente de las minorías, un resurgimiento hegemónico del “patriotismo constitucional” y el unidimensionalismno cultural?
-ETA es una organización armada revolucionaria implicada en actividades criminales o delictivas y que ocasiona mucho daño a la sociedad vasca y a la sociedad española. También ha causado víctimas mortales procedentes de latinoamérica como el atentado de Barajas (parking de la T 4). En mi opinión ETA no puede invocar ni legal ni legítimamente ningún derecho a expresarse políticamente. En la medida en que las expresiones políticas de grupos que se consideren próximos a ETA no sean capaces de dejar claro que los medios utilizados por la banda armada son inaceptables, su pretensión de expresarse democráticamente quedará puesta en entredicho. Esta es la lectura que puede salvar la sentencia del TEDH desde la teoría democrática. Grupos políticos que antes eran cercanos a Batasuna han comprendido y asumido esta tesis y han optado por la actividad exclusivamente política alejada de la violencia de ETA, condenándola como contraria a la democracia y a los derechos humanos. Partidos como Aralar o Eusko Alkartasuna defienden la independencia del País Vasco por vías exclusivamente democráticas. Es cierto que en el españolismo dominan las tesis que entienden el patriotismo constitucional como la defensa y gloria de la Nación española, frente a lo que consideran ataques del nacionalismo periférico. Estos planteamientos recaban mucha simpatía en gran parte del establishment español tanto político, como económico-financiera, mediático, judicial, académico… Habermas seguramente se escandalizaría ante semejantes lecturas que nos recuerdan al franquismo.
- ¿Creés que, además de estas cuestiones, el fallo indirectamente gravita sobre los derechos políticos y civiles de las naciones sin estado, uno de los fenómenos políticos más apasionantes de la modernidad tardía?
-Voy a ser muy tajante: ETA y sus expresiones políticas son el mayor daño que se puede hacer a la causa de la defensa de los derechos civiles y políticos de las naciones sin Estado propio, como bien dices, un fenómeno político muy interesante. La violencia ha dado la excusa perfecta al nacionalismo españolista más radical para frenar todo tipo de aspiraciones autodeterministas en Euskadi. Es cierto que en Cataluña no hay violencia política y que se frenan igualmente dichas aspiraciones, pero ETA es una excusa perfecta para ver con el mismo recelo dichas aspiraciones. Además, ETA se presenta como la vanguardia del autodeterminismo y no acepta el sistema autonómico instaurado por la Constitución, un sistema que tiene sus defectos, cierto, pero que fue aceptado por la mayoría de los vascos en referendum. Ese fue el error político de Batasuna, el rechazo frontal al sistema autonómico. Por ello el planteamiento es el de la independencia. El camino para conseguirlo es la revolución. Pero se topa con la oposición frontal de la gran mayoría del pueblo vasco, tanto de la Comunidad de Euskadi, como mucho más de Navarra, por no mencionar al País Vasco Francés. Por ello ETA y los grupos políticos que lo apoyan tienen un problema enorme. Los partidos políticos de ámbito nacional vasco han diseñado una estrategia institucional y política que consiste en la reivindicación del derecho de decisión que compete a Euskadi como nación y sujeto político que es. A partir de ahí, cada uno de ellos defiende objetivos distintos: independencia clásica, independencia en la Unión Europea actual, autonomía mayor, soberanía compartida con España. Hay muchas opciones, pero en mi opinión las más interesantes son las que abandonan la contraposición simplista España/Euskadi para explorar nuevas formas políticas en el seno de Europa donde las naciones sin Estado propio pueden buscar un nuevo estatus institucional común. Esta será la nueva forma de hacer política, pero a ETA y su mundo le parece ciencia ficción.
- Un aspecto bastante inexplorado, desde la perspectiva del pluralismo jurídico, lo constituye la creación al interior de las naciones sin estado de formas de resolución alternativas a las del derecho penal “oficial”. Le confieso que estoy llevando una investigación acreditada por mi universidad respecto de este tema. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas formas jurídicas, digamos, “no institucionales”?
-Me parece sumamente interesante. Es un ámbito que apenas se ha explorado en nuestro entorno, pero teniendo en cuenta las nulas competencias que nuestra Autonomía tiene en materia de justicia y administración de justicia sería interesante explorar esta vía. A menudo se presenta la autonomía vasca como una de las más altas de Europa. Esto sólo se puede decir respecto del sistema fiscal y tributario, pero no en las restantes materias. En materia de justicia España sigue siendo un país centralista y unitario. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos exigirían, para su aceptación y funcionamiento adecuado, que todos los agentes los contemplasen como deseables y aceptables y esto es algo que todavía no consigo imaginar.
-¿No constituiría el reconocimiento y el respeto de la diversidad y el pluralismo un punto de partida para una salida pacífica del conflicto?
-Si, se trata de una posible salida, pero lo esencial es el abandono de las armas por parte de ETA, la incorporación a las reglas del juego democrático de los partidos y grupos rehenes de ETA (los que no quieren o temen alejarse) y la reconciliación nacional en torno a la defensa democrática de todas las posturas: el pluralismo democrático como realidad cotidiana, la tolerancia hacia las ideas contrarias y la no imposición del juego de la mayoría territorial española sobre la mayoría democrática vasca.
-En otro orden de ideas, qué piensas en términos de gobernabilidad y de cara al futuro, del entramado inédito de alianzas que modificó recientemente el esquema político vasco?
-Algo he comentado ya: me parece que la actual composición del Parlamento Vasco y del Gobierno Vasco se deben a la ilegalización de un partido político y de una postura política que ha recabado aproximadamente 100 000 votos declarados nulos. No resta legalidad a dicho gobierno y parlamento, pero sí merma su credibilidad democrática. En otro orden de cosas, el partido del gobierno, el PSOE-PSE/EE (la sucursal vasca del PSOE y lo que quedó tras la escisión de Euskadiko Ezkerra) se presentaba antes de las elecciones como partido transversal, vasquista y de consensos. Su alianza estratégica con el PP, representante del nacionalismo españolista, ha contribuido a disipar esa imagen de transversalidad y ha colocado al Partido Gobernante en un espectro alejado del vasquismo político. El nombramiento de algunos consejeros y consejeras más afines a las posturas vasquistas, no ha logrado frenar esa deriva españolista.
Sobre el espectro político vasco, permíteme hacer una prognosis atrevida. El partido mayoritario, el PNV, está liderando la oposición. Su calculada ambigüedad y difícil funambulismo, junto con el lógico desgaste durante sus casi 20 años liderando el Gobierno Vasco quizá le hayan pasado factura, pero si hace una apuesta decidida por el europeísmo y por la defensa de los derechos del pueblo vasco, será la nueva mayoría social. Junto a este nacionalismo vasco más transversal nos encontramos con lo que será el independentismo vasco de izquierdas, donde se ubicarán dos partidos actuales EA y Aralar y lo que salga del mundo de la ilegalizada Batasuna. Sus planteamientos serán maximalistas pero se verán obligados a participar en la gobernanza del país. Entre estas posturas, pueden haber partidos intermedios que operen como visagras como Izquierda Unida/Ezker Batua o su Alternatiba o Hamaika Bat (una escisión de EA). Lo que ocurra con el PSOE-PSE depende de los resultados electorales siguientes. Mi lectura es que recobrarán una centralidad menos agresiva y más alejada del PP, pero su apego al poder les hará fluctuar según las mayorías.