En los últimos días, Ezequiel Kostenwein defendió exitosamente
su tesis doctoral en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad Nacional de La Plata. La pesquisa, titulada
“La cuestión cautelar. La prisión preventiva en la Provincia de Buenos Aires a
partir de la Ley 11922 (1998-2013)”, es una extraordinaria mixtura de
indagaciones cuantitativas y cualitativas, que aborda no solamente el fenómeno
de la prisión preventiva, sino también la incidencia que en las tasas de
encarcelamiento han tenido instituciones tales como la flagrancia. Si a estos dos
elementos agregáramos, por ejemplo, el juicio abreviado, habríamos dibujado nuestro propio reino. La
Pampa también está atravesada por las formas indiscriminadas y aluvionales de
utilización de la prisión preventiva y la aceleración de las condenas de
cumplimiento efectivo. Algo más que problemas de “implementación” parecen interpelar a los nuevos sistemas adversariales y sus consecuencias en
términos de prisionizacón sin límites. Con alrededor de 120 presos condenados
firmes en comisarías y alcaidías provinciales, y alrededor de 130 presos
cautelares en esos mismos espacios, los estándares de secuestro institucional
tienden a reproducirse en una proporción casi idéntica a la que demuestra
Kostenwein en la Provincia de Buenos Aires y mediante lógicas de las
resoluciones judiciales que apelan a razonamientos que el investigador escruta
y desmenuza incluso en lo que hace a las formas que esas decisiones se
explicitan. Lo que Kostenwein (dirigido por Gabriel Kessler) denomina “los modos de
argumentación de los actores judiciales en la práctica,examinando
las justificaciones” mediante las que se adoptan esas decisiones cautelares.
Más allá del hallazgo de las argumentaciones mediante las que son impuestas,
Kostenwein apela a la etnografía para determinar, por ejemplo, que el 90% de
las prisiones preventivas solicitadas por las fiscalías en un Departamento
Judicial bonaerense son otorgadas y casi todas las que se solicitan son
otorgadas en otro. Las analogías no pueden ser más inquietantes, si recordamos
que en una circunscripción judicial de La Pampa, entre enero y febrero de este
año, se hizo lugar, por parte de los jueces de control, a alrededor del 90% de
las prisiones preventivas solicitadas. La tesis, desde luego, no termina allí.
Pero para nosotros, estas regularidades de hecho constituyen un llamado de
atención imposible de soslayar. Por supuesto, también nosotros contamos con muchos más datos que confirman las analogías y, sobre todo, explican las consecuencias de la utilización desmedida del encierro estatal. Hasta la próxima.