La decisión argentina de recurrir inicialmente a la Corte Internacional de Justicia en busca de una instancia revisora de las decisiones sucesivas adoptadas por tribunales estadounidenses en orden al agobio de los fondos buitres, ha sido objeto de una multiplicidad de lecturas. La mayoría de ellas, claro está, han sido fuertemente críticas con la estrategia elegida por el gobierno nacional. Otras, han explicado laudatoriamente y por diversas vías, incluyendo reportajes a expertos en derecho internacional, las lógicas que precedieron a la mencionada resolución.
En este contexto de profundas discrepancias, es necesario destacar una circunstancia que parece haber sido ignorada en cuanto análisis se realizara sobre el tema en cuestión.
La decisión argentina de acudir a los foros jurídicos de la denominada “comunidad internacional”, tendiente a resolver los conflictos de la que resulta parte apelando a lógicas y prácticas no punitivas, y poniendo a prueba los límites del derecho internacional, parecen ser una constante de nuestra Cancillería.
Para eso, no hay más que recordar la forma en que se decidió encarar la añosa pendencia de la causa por la que se intenta investigar la conducta de funcionarios iraníes en la voldaura de la AMIA. Vale la pena reproducir lo que decíamos el año pasado, respecto del meneado convenio con la República Islámica de Irán: “Argentina ha decidido protagonizar una novedosa forma de articulación democrática de vínculos políticos y resolución civilizada de controversias internacionales. Para tener una idea de la dimensión superadora del acuerdo, debe hacerse un simple ejercicio de memoria histórica. Cuando EEUU sufrió un ataque terrorista, su respuesta institucional fue un vendaval de violencia genocida, perpetrada con el mayor cinismo y crueldad, que inauguró un ciclo olvidable del derecho penal internacional, caracterizado por la emergencia permanente, la asimetría y el autoritarismo letal de los poderosos. Ahora, un país del denominado "tercer mundo", con sus limitaciones y dificultades, decide inscribirse en una forma consensual y democrática de utilización de los mecanismos jurídicos y políticos de que dispone para intentar obtener justicia y verdad respecto de un hecho desgraciado de la magnitud por todos conocida. La diferencia en las prácticas que propone la Argentina no es, por cierto, menor, y constituye una paradójica muestra de "consenso". Ese que tanto se reclama desde la derecha al gobierno nacional”(http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/search?q=Ir%C3%A1n). Una consideración análoga puede realizarse ahora respecto de este segundo intento consecutivo de discutir aspectos cuya centralidad están fuera de discusión, en los foros jurídicos internacionales. La Argentina ha decidido, con indiscutible coherencia, reiterar su apuesta de resolver conforme a derecho y en los ámbitos jurídicos competentes las disputas que normalmente se saldan en base a la fuerza, esté protagonizada ésta por la prepotencia militar, las ocupaciones territoriales, las más horribles masacres o el accionar verdaderamente mafioso de los fondos buitres, esa nueva forma de extorsión supraestatal mediante la que el capitalismo financiero impone condiciones en la tardomodernidad.
El recurso a la Corte Interamericana de Justicia, a la OEA, la activación del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la investigación interna del probable rol ilegal asumido por empresas transnacionales ligadas a los fondos buitres, constituyen una batería de instrumentos tendientes a poner en el centro de la escena al deslegitimado sistema jurídico internacional. Es probable que éste se comporte, una vez más, como una superestructura formal en manos de los poderosos, como un sistema de control global punitivo, que fatalmente habrá de reproducir un estado de cosas manifiestamente injusto. Pero, aún así, no es ocioso el intento de lograr que ese derecho global, pueda, frente a determinadas condiciones objetivas y subjetivas, comportarse como un elemento emancipatorio, en la forma en que lo plantea, por ejemplo, De Souza Santos, a favor de los subalternizados de la tierra.