Ginebra acoge desde hoy de manera oficial la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), cuyo primer objetivo es lograr una moratoria mundial de ese castigo para el año 2015.
Creada hace un año por iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentación de la CIPM en Ginebra coincidió con el Día Internacional contra la Pena Capital, que sigue vigente en más de 30 países.
El ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza preside esta Comisión, de la que forman parte también, entre otros, las expresidentas filipina Gloria Macapagal y suiza Ruth Dreifuss, el ex primer ministro italiano Guiliano Amato y el exgobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson.
Creada hace un año por iniciativa del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, la presentación de la CIPM en Ginebra coincidió con el Día Internacional contra la Pena Capital, que sigue vigente en más de 30 países.
El ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza preside esta Comisión, de la que forman parte también, entre otros, las expresidentas filipina Gloria Macapagal y suiza Ruth Dreifuss, el ex primer ministro italiano Guiliano Amato y el exgobernador del estado de Nuevo México, Bill Richardson.
Desde su creación hace un año, la CIPM realizó sus trabajos desde el Ministerio español de Asuntos Exteriores y se traslada ahora a Ginebra con la intención de galvanizar los esfuerzos que se hacen desde diversas instancias internacionales, tanto gubernamentales como civiles, para lograr la erradicación total de la pena capital.
"La tarea de esta Comisión es especialmente importante en un momento en el que hay una tendencia a la abolición y a la implantación de moratorias", señaló Mayor Zaragoza, que recordó que la aplicación de la pena de muerte es una violación flagrante de los derechos humanos y representa un claro caso de tortura.
"Se dan casos en países como Estados Unidos de personas que pasan 33 años en el corredor de la muerte y que son víctimas de procesos penales muy deficientes", dijo el presidente de la CIPM.
El ex director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo una lectura positiva del hecho de que ya hay 104 países que han abolido la pena de muerte y otros 35 que aplican moratorias, pero recordó también que eso significa que "todavía hay otros 54 estados con la pena capital en vigor".
"Nuestro objetivo es evidentemente la abolición de la pena de muerte o, al menos, llegar al año 2015 con una moratoria global", planteó el máximo responsable de esta Comisión.
La CIPM recordó que el derecho internacional rechaza la pena capital y que la Corte Penal Internacional (CPI) la excluye de manera expresa incluso en los casos de extrema gravedad, como en los delitos de genocidio o de crímenes contra la humanidad.
La instalación de la Comisión en Ginebra tiene que ver con el decidido compromiso desde hace años del Gobierno de Suiza con la abolición de esta pena, según explicó en la conferencia de prensa Ruth Dreifuss.
La expresidenta de la Confederación Helvética subrayó que su país rechaza de manera tajante la pena de muerte y pidió que los estados "no solo expresen su oposición, incluyendo en sus leyes la prescripción de esta forma de castigo, sino que sean militantes en el ámbito internacional".
"El primer derecho de los seres humanos es el derecho a la vida y nadie, tampoco los estados", puede vulnerarlo, agregó la exmandataria suiza, que calificó la aplicación de esa pena como una práctica "cruel, inhumana y degradante".
Dreifuss habló de la incongruencia que representa la inclusión en el ámbito del derecho internacional de la tortura, como algo prohibido y aceptado por todos los estados, y la continuidad de la aplicación de la pena de muerte en medio centenar de países, sin tener en cuenta que "es una forma de tortura".
Puso el ejemplo de las condiciones de vida de los condenados a muerte en los corredores de la muerte de lugares como el estado de Texas, en EEUU, donde los internos pasan 23 horas del día en celdas de no más de seis metros cuadrados sin luz exterior y "sin ni siquiera el derecho a reservar visitas con sus familiares".
Dreifuss habló también del caso de Japón, "donde las condiciones son igualmente inhumanas", porque los condenados "ni siquiera saben cuándo serán ejecutados, si este será su último día".
En cuanto a China, el país que ejecuta con más frecuencia las sentencias de pena de muerte, el Comité prefirió no entrar en cifras -"es muy difícil saber qué está pasando exactamente en ese país", dijo Mayor Zaragoza-, pero expresó su confianza en que en los próximos meses y años se pueda lograr un acercamiento a sus autoridades.
"La tarea de esta Comisión es especialmente importante en un momento en el que hay una tendencia a la abolición y a la implantación de moratorias", señaló Mayor Zaragoza, que recordó que la aplicación de la pena de muerte es una violación flagrante de los derechos humanos y representa un claro caso de tortura.
"Se dan casos en países como Estados Unidos de personas que pasan 33 años en el corredor de la muerte y que son víctimas de procesos penales muy deficientes", dijo el presidente de la CIPM.
El ex director general de la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) hizo una lectura positiva del hecho de que ya hay 104 países que han abolido la pena de muerte y otros 35 que aplican moratorias, pero recordó también que eso significa que "todavía hay otros 54 estados con la pena capital en vigor".
"Nuestro objetivo es evidentemente la abolición de la pena de muerte o, al menos, llegar al año 2015 con una moratoria global", planteó el máximo responsable de esta Comisión.
La CIPM recordó que el derecho internacional rechaza la pena capital y que la Corte Penal Internacional (CPI) la excluye de manera expresa incluso en los casos de extrema gravedad, como en los delitos de genocidio o de crímenes contra la humanidad.
La instalación de la Comisión en Ginebra tiene que ver con el decidido compromiso desde hace años del Gobierno de Suiza con la abolición de esta pena, según explicó en la conferencia de prensa Ruth Dreifuss.
La expresidenta de la Confederación Helvética subrayó que su país rechaza de manera tajante la pena de muerte y pidió que los estados "no solo expresen su oposición, incluyendo en sus leyes la prescripción de esta forma de castigo, sino que sean militantes en el ámbito internacional".
"El primer derecho de los seres humanos es el derecho a la vida y nadie, tampoco los estados", puede vulnerarlo, agregó la exmandataria suiza, que calificó la aplicación de esa pena como una práctica "cruel, inhumana y degradante".
Dreifuss habló de la incongruencia que representa la inclusión en el ámbito del derecho internacional de la tortura, como algo prohibido y aceptado por todos los estados, y la continuidad de la aplicación de la pena de muerte en medio centenar de países, sin tener en cuenta que "es una forma de tortura".
Puso el ejemplo de las condiciones de vida de los condenados a muerte en los corredores de la muerte de lugares como el estado de Texas, en EEUU, donde los internos pasan 23 horas del día en celdas de no más de seis metros cuadrados sin luz exterior y "sin ni siquiera el derecho a reservar visitas con sus familiares".
Dreifuss habló también del caso de Japón, "donde las condiciones son igualmente inhumanas", porque los condenados "ni siquiera saben cuándo serán ejecutados, si este será su último día".
En cuanto a China, el país que ejecuta con más frecuencia las sentencias de pena de muerte, el Comité prefirió no entrar en cifras -"es muy difícil saber qué está pasando exactamente en ese país", dijo Mayor Zaragoza-, pero expresó su confianza en que en los próximos meses y años se pueda lograr un acercamiento a sus autoridades.