Por Eduardo Luis Aguirre
La justicia española acaba de condenar al gobierno neoliberal del oficialista Partido Popular y a varios de sus más prominentes dirigentes. La Audiencia Nacional ha aplicado penas de 351 años a 29 de los 37 imputados en el emblemático Caso Gürtel, en la primera parte de una prolongada trama de corrupción perpetrada, en este caso, entre 1999 y 2005.
El tribunal ha sentenciado, entre otros, al ex tesorero del partido del gobierno, Luis Bárcenas, y al propio partido de Mariano Rajoy.
El supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, fue condenado a 51 años de prisión. El ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, a 37 años y seis; el exalcalde de Majadahonda, Guilermo Ortega, a 38 años; el exconsejero de la Comunidad de Madrid con la controvertida Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, a 31 años; el exalcalde de Pozuelo y ex marido de la otrora fulgurante ministra de Sanidad Ana Mato, Jesús Sepúlveda, a 14 años. También Mato, aquella promesa de apariencia impoluta de la derecha hispánica, fue condenada a pagar una multa de más de 20.000 euros.
Bárcenas ha sido condenado a 33 años de cárcel y más de 44 millones de multa por la primera etapa del caso Gürtel. A su mujer, Rosalía Iglesias, se le ha impuesto una pena de 15 años.
El PP de Rajoy tiene el dudoso privilegio de ser la primera formación política condenada por corrupción en democracia. Ha sido hallada responsable por su participación durante la primera etapa de las maniobras y deberá resarcir económicamente al estado español.
Entramados defraudatorios, adjudicaciones irregulares de contratos públicos, connivencias en varias comunidades, incluida la propia Madrid, motivaron la lapidaria sentencia de la Audiencia Nacional. Si bien a los condenados les queda expedita la vía ante el Tribunal Supremo, se espera una confirmación por parte del mismo de las condenas impuestas por la Audiencia. Ello así, no sólo por las dificultades jurídicas habituales para que prosperen esos planteos excepcionales, sino también por lo dictaminado en los precedentes en los que entendiera el Alto Tribunal, en especial lo ocurrido en el mismo caso en Fitur (Valencia), en la que confirmaron en todos los extremos las condenas de los cabecillas de la trama y consideraron ajustadas a derecho la investigación, las escuchas o la instrucción originaria del Juez Baltasar Garzón.
En febrero del año 2009 Garzón destapaba la red Gürtel, considerada la mayor trama de corrupción ligada a un partido político, el PP.Se investigaba en ese momento un entramado de empresas que logró contratos millonarios con Administraciones gobernadas por el PP. Garzón envió a prisión a Francisco Correa, mentor de la asociación, a Antoine Sánchez, primo de Correa y al exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo. Durante la instrucción del caso, el juez ordenó intervenir las conversaciones que los principales dirigentes de la trama mantienen con sus abogados al entender que pueden estar tratando de ocultar “millones de euros” en el extranjero, lo que motivó una denuncia y un proceso en su contra por presuntas violaciones de garantías constitucionales. Eso sería motivo para que el Tribunal Supremo condenara a Garzón, al finalizar el proceso en su contra, a 11 años de inhabilitación, a una multa de 2.520 euros y al pago de las costas del proceso, en lo que sería el principio del fin de su carrera judicial.
No obstante, casi una década después de la instrucción de Garzón, la Audiencia impone una condena que deja en situación de máxima debilidad al Partido de gobierno. Tanta, que el tribunal elige este momento para dictar su pronunciamiento, conocedor de que el gobierno de Rajoy ha quedado a tiro de una moción de censura.
Los considerandos del mismo dan cuenta de una asociación ideada desde el poder político para enriquecer a los dirigentes conservadores. Dirigentes que, además, fueron los que decidieron poner a España de rodillas ante la troika y convertirla virtualmente en una colonia alemana. También, y como no podía ser de otra manera, endeudarla, someterla a un ajuste brutal, degradar los derechos civiles y políticos (*) , instalar la violencia institucional como práctica cotidiana, abjurar de la posibilidad de revisar los crímenes del franquismo, cercenar la libertad de expresión, degradar los salarios y las pensiones, recortar el presupuesto de las universidades, seguir los dictados de la OTAN e involucrarse también en el plano internacional a favor de los poderosos del mundo, etcétera. En eso consiste la singularidad -analógica- de la corrupción de las nuevas derechas. En practicar negociados oscuros y facilitar, al mismo tiempo, la entrega de un país.
Fuentes: www.publico.es, www.gara.net y http://www.lavanguardia.com/