Esta semana se cumplió exactamente un año desde que el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de La Pampa comenzó a articular vínculos con las demás agencias estatales que se ocupan de la Salud Mental en la Provincia. Los objetivos son múltiples. El primero de ellos, es contribuir a remover, trabajando caso por caso, las situaciones de privación que viven aquellos sujetos de derecho más vulnerables, los que casi nunca son enunciados como formando parte de cuestiones en las que están dramáticamente implicados Derechos Humanos fundamentales. Siempre hemos encontrado una predisposición inmejorable por parte de los restantes efectores que se ocupan del tema. Incluso, de parte de las organizaciones de la comunidad y colegios profesionales que trabajan en una problemática que, como ocurre habitualmente, se encuentra socialmente invisibilizada. En lo estratégico, el objetivo es, desde luego, sentar las bases para que en la Provincia se cree el Órgano de Revisión que prevé la Ley de Salud Mental Nº 26657. Para ello, no solamente estrechamos lazos permanentes y sistemáticos con estas instituciones y organismos y establecimos fluidos contactos con la responsable de dicho órgano a nivel nacional, sino que comenzamos a visitar los lugares en los que se hallan internadas personas con padecimientos mentales detro y fuera de nuestra Provincia. Estos últimos son ámbitos sensibles, conmovedores, difíciles, alejados y muchas veces desconocidos, que casi nunca integran las agendas oficiales de nuestro país. Y ese conocimiento directo, sin mediaciones, en el territorio, nos fortaleció. Justamente a partir de la evidencia de un compromiso colectivo del que pasamos a formar parte de manera grata y obstinada, teniendo siempre en mira el nuevo paradigma emergente de la Ley y los derechos de los más débiles.