LA REFORMA PROCESAL.

Por Pedro CAYUQUEO - Publicado en Mirador AZKINTUWE el Lunes 5 de Enero de 2004.




A juicio del fiscal, si Daniel no tenía antecedentes, debía salir a buscarlos. Caso contrario, difícilmente podría recuperar su alternativa fuente de ingresos. Así pasó todo un mes. Daniel sin trabajo, observado con creciente desconfianza por los miembros de su comunidad y presionado a diario por la policía para transformarse en un “informante”. . Hasta que agobiado por su situación, Daniel optó finalmente por denunciar todo lo que ocurría a la prensa.





El pasado 5 de septiembre, cuando conducía su camioneta de fletes por un camino rural de la comuna de Ercilla, Daniel Alveal fue sorpresivamente abordado por una patrulla de Carabineros. Daniel, un joven mapuche de la comunidad de Temucuicui, había aceptado transportar esa noche en su vehículo y sin muchas preguntas, una oveja rumbo al pueblo como forma extra de ganar algunos pesos. No era por cierto su primera vez. Agobiado por la mala situación económica de su entorno familiar, desde hacía tiempo que había optado por combinar el trabajo de la tierra con los fletes en su antigua, pero cumplidora, camioneta de servicios.

Sin embargo, aquella noche la carga no llegaría a su destino. En un control carretero, una patrulla policial detuvo su vehículo y después de registrarlo, procedieron a llevarlo detenido junto a sus acompañantes hasta la cercana ciudad de Collipulli. Los policías que lo interceptaron no eran simples patrulleros, sino personal de inteligencia que rastreaba desde hace meses un supuesto “mercado negro” de armas hechizas en la zona. Daniel sólo transportaba una oveja de dudosa procedencia, pero su pertenencia a la combativa comunidad de Temucuicui no pasó desapercibida para los encargados del operativo.



Una vez en Collipulli, Daniel fue presentado ante el Fiscal del Ministerio Público, Felix Inostroza, un laborioso abogado que había llegado dispuesto a terminar con aquello que las autoridades denominaban el "reinado del vandalismo rural” en dicha zona de conflicto. Hasta la fecha, mal no le había ido en su cruzada, figurando varios nombres de comuneros mapuche en su bitacora personal de arrestos. Sin embargo, se trataba de simple delincuencia, casos menores y sin relevancia. Nada comparado con aquel atentado incendiario que había reducido a escom-bros la casa patronal del Fundo Montenegro y que por falta de antecedentes, el Fiscal había optado por archivar desde hacía ya varios meses.

Recordar este fracaso en verdad lo atormentaba. A más de un año de ocurridos los hechos, la investigación estaba en punto muerto, lo que traducido a lenguaje judicial significaba que ningún mapuche había sido encarcelado hasta ese entonces como presunto autor intelectual o material. Quizás por ello, aquel día no dudo en ofrecer al temeroso joven mapuche que tenía en frente un “trato” para dejarlo en libertad. En concreto, Daniel debía entregar a la fiscalía información de las actividades de su comunidad, nombres de “activistas”, datos de reuniones, fechas de movilizaciones, rutinas de los dirigentes y, lo principal, información relacionada con el misterioso atentado a la hacienda patronal de la familia Urban y que había sido perpetrado a pocos kilómetros de su sector. Todo ello, a cambio de irse tranquilo para su casa y sin mayores cargos que lamentar.



Sin embargo, Daniel no tenía mucha información que aportar ante el apremiado Fiscal. Desde hacia años que se dedicaba sólo a trabajar y a preocuparse de sus asuntos, desconociendo totalmente detalles de la organización interna de su comunidad. Alejado de la política, Daniel había aprendido a convivir con sus hermanos de comunidad respetando sus posturas, tanto como ellos respetaban en los hechos su indiferencia. El fiscal, por cierto, no le creyó una sola palabra de lo que decía. Aun así optó por dejarlo en libertad, pero con su camioneta requisada hasta que cambiara de actitud y se decidiera a colaborar con la justicia.

A juicio del fiscal, si Daniel no tenía antecedentes, debía salir a buscarlos. Caso contrario, difícilmente podría recuperar su alternativa fuente de ingresos. Así pasó todo un mes. Daniel sin trabajo, observado con creciente desconfianza por los miembros de su comunidad y presionado a diario por la policía para transformarse en un “informante”. Hasta que agobiado por su situación, Daniel optó finalmente por denunciar todo lo que ocurría a la prensa. Pocos medios se atrevieron a publicar su dramático testimonio. Azkintuwe es hoy uno de ellos.



Historias como las de Daniel Alveal fueron comunes este año 2003 en distintos puntos del Wallmapu. Otra consecuencia ingrata de la Reforma Procesal Penal vigente en La Araucanía, aquella que si bien ha logrado democratizar la aplicación de justicia en vastos sectores sociales, también ha permitido institucionalizar el soplonaje y la delación entre hermanos como eficaces herramientas de persecución judicial contra el pueblo mapuche en su conjunto. Es la justicia que nos espera el 2004. Parte también del publicitado Nuevo Trato.