El capitalismo en su fase neoliberal presenta numerosas particularidades que ya hemos analizado pormenorizadamente en presentaciones anteriores. Quizás una de las singularidades más violentas de la nueva cultura conservadora surja del programa del denominado “Nuevo Realismo de Derecha” norteamericano, que alcanzara gran auge no solamente en el país más poderoso de la tierra, sino también en otras regiones del mundo, incluso en países de la periferia, como es el caso de América Latina.
Como habremos de ver, buena parte de ese programa reproduce en clave de capitalismo tardío la lógica  de los “extraños a la comunidad” y la del “aniquilamiento del otro” distinto o diferente. Un programa racista que debe ser conocido a nivel masivo, una vez que se ha impuesto en el mundo un sistema de control global punitivo que indiferencia intencionadamente los delitos con las guerras.

Quizás una de las explicaciones más emblemáticas para entender acabadamente la ideología de estos planteos criminológicos lo constituya un artículo reproducido en el número 15-16 de la Revista “Delito y Sociedad”, dirigida por Juan Pegoraro, que fuera publicado originariamente en “The American Enterprise”, edición de mayo- junio del año 1995. El texto se titula “Soluciones al crimen. 18 cosas que podemos hacer para luchar contra él”, y es un verdadero compendio de los tramos más relevantes de la criminología conservadora de Estados Unidos.

Las dieciocho propuestas son, en sustancia, una explicación de las nuevas lógicas y las retóricas habilitadas por las derechas en las últimas décadas, que llegaron incluso a permear los experimentos de gobiernos populistas latinoamericanos en la materia. Elegimos seis de esas propuestas para compartirlas con nuestros lectores.

1.      La primera de ellas, escrita por John Di Iulio Jr, de la Universidad de Princeton, propone “Rescatar a los jóvenes de la barbarie”. Está precedida por un abstract que resume perfectamente el pensamiento del autor: “Los huérfanos crecen y se convierten en psicópatas insensibles en números abrumadores, suponiendo un gran peligro para el público. Los jóvenes maltratados o severamente descuidados deben ser arrancados de las manos de sus padres desaprensivos en el nuevo ambiente”.

A partir de allí, el autor se permite afirmar que el delito en EEUU debe ser concebido como “una bomba de tiempo”. Esa bomba habría estado preparada para explotar en el mítico año 2000, cuando habrá en el país del norte medio millón de jóvenes de entre 14 y 17 años más que los que se registraban en el momento de escribirse el artículo. Esa bomba eliminaría todo vestigio de orden y civilidad en las zonas más degradadas de las ciudades, particularmente donde predominan negros y latinos, zonas donde se generarían las nuevas camadas particularmente perversas de delincuentes juveniles que “prometen ser monstruos”. Las tasas de crecimiento exponencial de delitos responden a la aparición de nuevos sujetos predadores, generalmente afros o latinos, nacidos en familias destruidas, en la que cerca de la mitad de los niños han estado alojados en reformatorios o tienen uno o más miembros directos de su familia que ha estado encarcelado.

Se estima, dice Di Iulio, que un 75 por ciento de los jóvenes violentos encarcelados son muchachos que han sido maltratados por un miembro de su familia y un porcentaje similar ha presenciado hechos violentos antes de cometerlos ellos mismos. En esa época, 825.000 niños tenían uno o ambos padres en prisión. El autor se entrevistó con reclusos que cumplían condenas largas e incluso penas de reclusión perpetuas en cárceles de máxima seguridad. Ninguno de ellos aludió, durante esas entrevistas, a la relación entre las situaciones de privación y el crecimiento del delito. Por el contrario, la mayoría de los presos habrían expresado –y transcribe palabras de uno de ellos- que “Los chicos que vienen ahora a la cárcel están totalmente perdidos. El crack mató a sus madres. “No escuchan nada ni a nadie, no tienen respeto, ni miedo”. No tienen sentido las tareas de los trabajadores sociales, porque se trata de predadores fríos como la piedra (sic). “No son intimidados fácilmente por las condenas penales porque casi no valoran el futuro, el suyo o el de cualquier otro. No pueden ser constreñidos por el estigma, las mortificaciones de la conciencia o la angustia del encarcelamiento, porque no poseen un nivel normal de empatía o emoción humana”. Estos anormales constituyen una nueva raza de criminales, nunca vista antes, respecto de las cuales ninguna de las estrategias de prevención del delito habrá de ser efectiva. Solamente puede enfrentarse esta calamidad social retirando a los niños de sus casas, alejándolos de sus aprendizajes tempranos, y quitarles todos los derechos a los padres sobre sus propios hijos. Y alojarlos compulsivamente en “instituciones residenciales, privadas, basadas en una iglesia, a cargo de hombres y mujeres negros integrantes de la gran población negra urbana que paga impuestos, trabaja duro, profesa su culto con fe y cría buenos niños”. Pienso en ellos, concluye el autor, como “un kibutz negro urbano”.

2.      La segunda propuesta, enunciada por el fiscal de Winnebago, Illinois, Paul A . Logli, se denomina “Salvar a los bebés de la droga”. “Los años ochenta produjeron una oleada de bebés afectados por la droga –dañados en el útero por el consumo irresponsable de drogas ilegales por parte de su madre, y una vez nacidos, por la negligencia y el abandono- que no muestra signos de menguar. Las legislaturas deben sancionar textos legales específicamente atacar el abuso de drogas por parte de los niños”.

“En los tardíos años 80, esta nación –continúa el fiscal- se conmocionó al saber que nacían cerca de 380.000 niños por año con evidencias de cocaína u otras drogas ilegales en su sangre. Las imágenes que ilustraban las historias de este nuevo grupo de niños en riesgo exhibían bebés pequeños y débiles nacidos prematuramente, acostados en cunas de hospitales con cables y tubos conectados a sus cuerpos. Otras imágenes mostraban niños mayores afectados por drogas, fácilmente irritables e incapaces de concentrarse normalmente en tareas diarias”. 

Sin embargo – se lamenta Mr. Logli- los esfuerzos para sancionar leyes que penalicen el consumo de estupefacientes por parte de madres embarazadas han fracasado porque “los legisladores no han tenido voluntad de oponerse al intenso lobby de los intereses pro-abortistas y de las políticas de salud” (sic). La legislación que reclama debería contemplar primeramente probation, tratamiento contra las drogas y rehabilitación. “Entonces sí podrían establecerse sanciones progresivas para los individuos que se rehúsen a cooperar con los programas establecidos o que subsiguientemente den a luz niños afectados por las drogas. Estas disposiciones legales disuadirían a los padres jóvenes de tomar decisiones trágicas que afecten su salud y la de sus hijos. Ofrecería ayuda y establecería límites morales apropiados a la conducta que atropella los derechos de los otros. Apenas una pizca de valentía política produciría leyes que prevendrían que esta terrible amenaza siga cayendo sobre más niños norteamericanos”.

3.      “Controlar a los terroristas juveniles” es la propuesta del ex alcalde neoyorquino Ed Koch. “Las disposiciones especiales establecidas desde hace décadas en nuestras leyes para proteger y excusar a los jóvenes ya no corresponden a esta era de violencia sin precedentes entre los delincuentes juveniles. Las leyes para manejar ofensores juveniles deben ser endurecidas, los padres burdamente negligentes deben perder a sus hijos y deben crearse nuevas organizaciones para inculcar valores morales a los niños”.

Koch se queja de una legislación penal juvenil que trata a “los jóvenes criminales” como “niños delincuentes” a pesar de que se comportan como “animales feroces”. O sea, la emprende contra el último bastión del idealismo jurídico: las formas normativas como límite de la barbarie. No es original, desde luego, el ex alcalde. Supone que esta ingenuidad de las leyes convencen a los infractores de que las disposiciones jurídicas son licencias habilitantes para sus crímenes.

El autor recupera encuestas del Departamento de Justicia estadounidense, según las cuales los homicidios cometidos por jóvenes aumentó un 104% entre 1970 hasta 1972 y las muertes provocadas por pandillas juveniles en un 371% desde 1980.

A partir de esos datos, Koch comienza a rellenar su proclama con ingredientes político criminales. Interpela la reserva de datos y nombres de niños y niñas en conflicto con la ley penal, la ausencia de fichas de antecedentes para personas menores de edad y la restricción por razones de confidencialidad de esos datos, que naturalmente no pueden ser utilizados, cosa que le resulta preocupante en razón de la reincidencia de los ofensores juveniles, que ubica en un 75% de los casos.

Todo eso en un marco que describe como de marcado irrespeto por la ley y la autoridad, lo que asocia a la imposibilidad de encarcelar a los y las niñas.

Tomando una frase del ex primer ministro inglés John Major, sugiere que la sociedad debe condenar más y comprender menos a los infractores juveniles.

Koch no se ciñe solamente al endurecimiento de las penas y del sistema penal como formas preventivas y conjurativas válidas de la conflictividad juvenil. Por el contrario, a mucho más allá y preconiza la necesidad de que las escuelas públicas refuercen la enseñanza de “moral” a los alumnos.





4. George Kelling, de la Universidad de Harvard, propone "Reducir los crímenes graves restaurando el orden". "Para atacar los delitos graves y mantener los barrios habitables debemos reforzar el orden público. Falta como la vagancia o el mendigar no son problemas menores: indican un colapso más amplio de las normas sociales. La Policía debe atacar el desorden público para resolver el problema en lugar de reaccionar ante los delitos una vez que ya comenzaron".

Kelling sostiene que si bien en el ámbito académico norteamericano se discuten temas significativos y estratégicos (control de las armas, la pena de muerte, la regla de tres golpes y adentro, etc) los ciudadanos reclaman cosas más simples. Por ejemplo, que la policía se les una en la lucha contra el desorden. En la restauración del orden público incluye la lucha contra la juventud descarriada que se apropia del espacio público, la mendicidad, el beber en público, la prostitución, los sin techo, los individuos tirados en los bancos y los andenes, los consumidores de drogas, etc. Los vecinos, a pesar de comprender que se trata de hechos penalmente irrelevantes,  comprenden instintivamente los lazos entre desorden, decadencia urbana, miedo y crimen. Si nadie se preocupa por el abandono o el deterioro del paisaje social, ese estado habilitaría la comisión de delitos  más graves. La teoría de las ventanas rotas es un ejemplo de estas concepciones. Que se abonan, siempre, con mediciones: los esfuerzos de la policía por mantener el orden en las líneas de subterráneos de la ciudad de New York dieron como resultado una disminución del 55% de los delitos en cuatro años.



5.      James Q. Wilson (Universidad de California) plantea "Simplemente, quitar las armas a los criminales". Wilson sostiene, categóricamente: "Olvídese del control de la tenencia de armas. Para quitar las armas a la gentes que mata, permitamos que la policía retenga sujetos que parecen sospechosos en la calle, los requise y secuestre sus armas".

La afirmación parte de la base de que el sistema de control de armas “igualitario” no es eficaz como medio para sacarle las armas a los criminales. Hay 200 millones de armas en manos de particulares en EEUU. Cerca de un tercio son armas de fuego cortas. Sólo el 2% de estas armas son utilizadas para cometer delitos. Aún más, sólo un sexto de las armas de fuego cortas utilizadas por los delincuentes son compradas. La mayoría de esas armas son robadas, prestadas u obtenidas a través de compras entre particulares que no se ven afectadas por las leyes de regulación de tenencia de armas.

Lo que es peor, cualquier esfuerzo por optimizar el funcionamiento de esas leyes terminaría impactando desfavorablemente en la capacidad de defenderse de aquellos sujetos que compran armas legalmente para defenderse. “Los partidarios del control de las armas se mofan se mofan de la importancia de la autodefensa pero se equivocan al hacerlo”, señala Kelling. “Gary Klock, criminólogo de la Florida State University, ha estimado que las armas son exhibidas o disparadas por los ciudadanos para defenderse más de un millón de veces al año. Esto es más que el número total de arrestos policiales en un año por crímenes violentos y robos de vivienda”, completa.

“La gente que se defiende con un arma es menos vulnerable a perder su propiedad en un robo o ser lastimada en un asalto que los que no lo hacen, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización”.

Algunos partidarios del control de armas reconocen esto, pero responden que el costo de la auto-defensa es la auto-lesión. Sin embargo, la mayoría de los accidentes involucran rifles y armas de tiro, no armas cortas. Hay accidentes fatales con armas, así como hay accidentes fatales con autos, pero sólo en menos del 2% de todos los accidentes fatales con armas ha sido víctima de una persona confundida con un intruso”.

La Asociación Nacional del Rifle ha destacado –siempre- que no son las armas sino la gente la que mata. Y exigen a los gobiernos a castigar más severamente aún a la gente que delinque usando armas. “Encerrar a los delincuentes sí ayuda a proteger a la sociedad de futuros crímenes. Y la posibilidad de ser encerrados bien puede disuadir a los delincuentes””, expresan.



6.      John Di Iulio J.R propone “Salvar la pena de muerte del simbolismo”. “La pena de muerte –señala- se aplica raramente en estos días. Por eso sabemos poco de sus efectos disuasivos. Algunos estudios muestran que muchos asesinos cometerán más crímenes si son liberados, y que las condenas de muerte no son injustamente asignadas en función de la raza. Los norteamericanos apoyan la pena de muerte como una expresión de justicia, de la que actualmente están obteniendo muy poco”.

El autor dice que entre 1977 y 1993 hubo 300.000 homicidios en los Estado Unidos. Sin embargo –dice- en 1993 había solamente 2716 personas en el corredor de la muerte por esos crímenes cometidos durante 16 años. De esos condenados a muerte, en 1993 fueron ejecutados solamente 38. Entre 1977 y 1993 fueron ejecutados 226. La pena promedio por estado en las prisiones estatales para culpables de homicidios es de 20 años, pero los homicidas permanecen encerrados en promedio “solamente” 8 años y medio.

El estado que más penas capitales aplicó en 1993 fue Texas, con 18 ejecuciones. El segundo, Virginia con 5.

Ahora bien, según Di Iulio, de aquellas personas condenadas a muerte en 1993, el 58% eran blancos. “Esto es mucho más alto que la proporción de blancos entre todos los homicidas. Históricamente la tasa de homicidios de los negros nunca ha sido inferior a 5 veces la tasa de homicidios de los blancos y muchas veces desde 1950 ha sido 10 veces mayor”.