El Ministerio Público Fiscal de Neuquén se ha obligado a reconocer las formas de resolución de conflictos de los pueblos originarios, como consecuencia del denominado "Acuerdo de Pulmarí".

El reconocimiento de la justicia penal ancestral abarcará los territorios que habitan las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual ubicadas en la zona de Aluminé y Villa Pehuenia.
El acuerdo implica un avance sustancial sin precedentes en materia de respeto a la diversidad cultural, en un todo de conformidad con las normas convencionales y constitucionales que determinan el resguardo de las costumbres y prácticas de resolución de conflictos ancestrales.
El acuerdo permite “reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los Derechos Humanos y del ordenamiento jurídico vigente; fomentar, a través de actividades conjuntas, el intercambio cultural; rescatar y poner en valor las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo; coordinar acciones en conjunto para articular el abordaje de los conflictos”.
El documento incluye pautas como que el conflicto involucre únicamente a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado; que el conflicto haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las Comunidades; que el caso no afecte gravemente el interés público (un homicidio o delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, quedarán excluidos); que la sanción respete los derechos humanos; y que el conflicto sea resuelto por una autoridad legitimada por las comunidades.
El fiscal general firmará en los próximos días una Instrucción a través de la cual fijará en forma oficial las pautas para aplicar los principios de la “Declaración de Pulmarí” y reconocer la Justicia indígena en la provincia.
No obstante estas limitaciones, lo cierto es que este hecho histórico es un primer paso en materia de ampliación de derechos, pero también en términos de reivindicación de formas no punitivas de solución.


No debe olvidarse que, también en el caso de los mapuches, los pueblos originarios de América Latina se afiliaron mayoritariamente a formas restaurativas de resolución de la conflictividad.
El reconocimiento de lógicas y prácticas no violentas constituiría un progreso real y objetivo en términos de pacificación y armonía social, sobre todo en épocas donde las lógicas vindicativas y represivas hegemonizan las narrativas asociadas a la "inseguridad".
En efecto, en un momento histórico donde se imponen al parecer sin demasiadas dificultades los discursos represivos frente al crecimiento de la criminalidad en América Latina y muy especialmente en la Argentina, el interés por indagar las formas alternativas de resolución de diferencias entre los mapuches nos remite a comunidades casi exclusivamente preocupadas por reestablecer el equilibrio en absoluta coherencia con su visión holística o cósmica. Como en la mayoría de las culturas precolombinas, el sistema jurídico mapuche es, esencialmente, un derecho de mediación, donde la infracción (en rigor, el daño causado) refleja una potencialidad de puesta en riesgo de un equilibrio colectivo que se protege con celo llamativo y de una paz social que resulta preponderante. “Uno de las ideas que más fuertemente están presentes en la conciencia jurídica de los indios es el convencimiento de que la justicia estatal no vela ni por los intereses de la sociedad ni tampoco por los del propio reo. Al pensamiento de que los órganos jurisdiccionales están corrompidos, son lentos e ineficaces, se equivocan constantemente y tutelan los intereses de los poderosos, se une este otro que afirma que las sanciones estatales despersonalizan al sujeto, lo excluyen de su entorno, provocan el contagio criminal y, en definitiva, transforman negativamente el individuo” [20].
Es importante destacar que las prácticas de justicia restaurativas conservan su vigencia en las comunidades, dato éste relevante para entender un aspecto cultural central, indisolublemente ligado a su concepción del mundo. Ojalá que se las respete efectivamente. Cada vez más.

La decisión argentina de recurrir inicialmente a la Corte Internacional de Justicia en busca de una instancia revisora de las decisiones sucesivas adoptadas por tribunales estadounidenses en orden al agobio de los fondos buitres, ha sido objeto de una multiplicidad de lecturas. La mayoría de ellas, claro está, han sido fuertemente críticas con la estrategia elegida por el gobierno nacional. Otras, han explicado laudatoriamente y por diversas vías, incluyendo reportajes a expertos en derecho internacional, las lógicas que precedieron a la mencionada resolución.

En este contexto de profundas discrepancias, es necesario destacar una circunstancia que parece haber sido ignorada en cuanto análisis se realizara sobre el tema en cuestión.
La decisión argentina de acudir a los foros jurídicos de la denominada “comunidad internacional”, tendiente a resolver los conflictos de la que resulta parte apelando a lógicas y prácticas no punitivas, y poniendo a prueba los límites del derecho internacional, parecen ser una constante de nuestra Cancillería.



Para eso, no hay más que recordar la forma en que se decidió encarar la añosa pendencia de la causa por la que se intenta investigar la conducta de funcionarios iraníes en la voldaura de la AMIA. Vale la pena reproducir lo que decíamos el año pasado, respecto del meneado convenio con la República Islámica de Irán: “Argentina ha decidido protagonizar una novedosa forma de articulación democrática de vínculos políticos y resolución civilizada de controversias internacionales. Para tener una idea de la dimensión superadora del acuerdo, debe hacerse un simple ejercicio de memoria histórica. Cuando EEUU sufrió un ataque terrorista, su respuesta institucional fue un vendaval de violencia genocida, perpetrada con el mayor cinismo y crueldad, que inauguró un ciclo olvidable del derecho penal internacional, caracterizado por la emergencia permanente, la asimetría y el autoritarismo letal de los poderosos. Ahora, un país del denominado "tercer mundo", con sus limitaciones y dificultades, decide inscribirse en una forma  consensual y democrática de utilización de los mecanismos jurídicos y políticos de que dispone para intentar obtener justicia y verdad respecto de un hecho desgraciado de la magnitud por todos conocida. La diferencia en las prácticas que propone la Argentina no es, por cierto, menor, y constituye una paradójica muestra de "consenso". Ese que tanto se reclama desde la derecha al gobierno nacional”(http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/search?q=Ir%C3%A1n). Una consideración análoga puede realizarse ahora respecto de este segundo intento consecutivo de discutir aspectos cuya centralidad están fuera de discusión, en los foros jurídicos internacionales. La Argentina ha decidido, con indiscutible coherencia, reiterar su apuesta de resolver conforme a derecho y en los ámbitos jurídicos competentes las disputas que normalmente se saldan en base a la fuerza, esté protagonizada ésta por la prepotencia militar, las ocupaciones territoriales, las más horribles masacres o el accionar verdaderamente mafioso de los fondos buitres, esa nueva forma de extorsión supraestatal mediante la que el capitalismo financiero impone condiciones en la tardomodernidad.

El recurso a la Corte Interamericana de Justicia, a la OEA, la activación del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la investigación interna del probable rol ilegal asumido por empresas transnacionales ligadas a los fondos buitres, constituyen una batería de instrumentos tendientes a poner en el centro de la escena al deslegitimado sistema jurídico internacional. Es probable que éste se comporte, una vez más, como una superestructura formal en manos de los poderosos, como un sistema de control global punitivo, que fatalmente habrá de reproducir un estado de cosas  manifiestamente injusto. Pero, aún así,  no es ocioso el intento de lograr que ese derecho global, pueda, frente a determinadas condiciones objetivas y subjetivas, comportarse como un elemento emancipatorio, en la forma en que lo plantea, por ejemplo, De Souza Santos, a favor de los subalternizados de la tierra.
Los docentes que tendrán a su cargo el dictado del curso son Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre.
El seminario se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa.
Duración prevista: 16 horas presenciales distribuidas en cuatro (4) encuentros, a realizarse los días viernes  19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre de 2014, de 17 a 21 horas.

Temas del Seminario:
Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional.
Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos.
Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes.
Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que todavía falta hacer.
DESTINATARIOS: estudiantes, profesionales y docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general.
Se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes cumplan con el 75% de la carga horaria establecida.

Curso arancelado, gratuito para estudiantes y docentes de la UNLPam.

Desde febrero de este 2014 Venezuela ingresó en una fase decisiva de su historia reciente.  Las fuerzas enemigas del gobierno chavista, del movimiento bolivariano y los cambios que ambos representan, han puesto en marcha un proceso de guerra civil para derrotarlos… La suma de los acontecimientos fue suficiente para definir su carácter y su final en la coyuntura  y, sobre todo, sirve para avizorar la tendencia general del enfrentamiento entre proyectos incompatibles: el del Estado-nación respecto al imperialismo, y el de sus clases sociales, entre la burguesía parasitaria y los que viven de su trabajo. En ese escenario complejo, las fuerzas más conscientes del poder popular aprenden por primera vez a buscar una salida revolucionaria que evite el desastre que se anuncia…(De la introducción del autor)


Modesto Emilio Guerrero presentó su libro "Una revuelta de Ricos. Crisis y destino del chavismo" el viernes pasado, en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza La Pampa. El intelectual y periodista venezolano recorrió los tramos más importantes de su trabajo, señalando las peculiares connotaciones de los acontecimientos que durante los últimos meses han intentado socavar las bases de la democracia venezolana. Guerrero analizó el rol de las distintas clases y sectores de ese país en un fenómeno que algunos catalogan como una verdadera guerra civil. Sabemos, por la experiencia reciente, que la derecha ha vuelto a fracasar, también, en Venezuela, en el plano electoral. Esa frustración ha crispado a sectores profundamente antidemocráticos, a los que Modesto no duda en tildar de fascistas, que han decidido recurrir al terror urbano como método destinado a minar las reglas básicas de la convivencia armónica, amparados generalmente por la prédica sesgada de los grandes medios de comunicación, que mistifican sistemáticamente sobre la realidad política. "No hubo una guerra civil, es cierto, pero sobre el escenario social fueron arrojados suficientes elementos de ella para saber que esa es la puerta de "salida" que busca la derecha contra el chavismo", expresa el autor. Y advierte a continuación: "Las derrotas, como las victorias, son construcciones sociales. Pero cuando una crisis asume la escala y el nivel crítico entre revolución y contrarrevolución, las decisiones políticas y sus responsables en la dirección del acontecimiento se vuelven decisivas, concluyentes, categóricas. La "revolución bolivariana" se encuentra en ese umbral". Por eso, la calificación de "golpe de estado" en grado de tentativa permanente, es, según Guerrero, manifiestamente errónea. Porque ni el sujeto social implicado en las guarimbas y las barricadas, ni los instrumentos, ni la respuesta del gobierno han sido compatibles con un golpe de estado. Por ende, lo que que ha acontecido en Venezuela fue algo mucho peor que eso. "Un sector desprendido de la posición, actuando en nombre de los intereses generales de la burguesía, convertido en su vanguardia desesperada, se atrevió a ensayar métodos y recursos de una guerra civil. Una guerra civil que entienden como la única salida contra un gobierno y un movimiento que amenazan con quedarse más tiempo del permitido en el calendario imperial y de las clases dominantes".
 "El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños." (Eduardo Galeano)

        Para entender el verdadero sentido y las singulares connotaciones de los ataques sistemáticos que el gobierno de Israel ha emprendido contra el pueblo palestino, y comprender la gravedad intrínseca de tales ofensas, no resulta ocioso revisar algunas normas del Derecho Internacional.
De esta manera, podremos advertir que la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 prescribe, en su artículo  II que, para que se considere perpetrado este delito, la conducta deberá haber incluido “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 contempla una referencia similar en su artículo 6°: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.
La especificidad de la exigencia que se impone en ambos textos respecto de que el autor haya tenido la intención de destruir a un grupo, por su condición de tal, no parece dejar, así, demasiado lugar a dudas. Esta  intencionalidad es, justamente, la que distingue el genocidio de otros crímenes de lesa humanidad.
La intención especial, requerida como un elemento constitutivo del delito, exige que el perpetrador claramente pretenda llevar a cabo el acto del que se lo acusa. En definitiva, el componente subjetivo adicional en el delito de genocidio reside en la “intención de destruir, en forma total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos como tal”.
 Estos elementos básicos que hacen a la descripción del más grave crimen contra la Humanidad, obligan a reflexionar sobre la matanza que el gobierno de Israel está ocasionando al pueblo palestino, y la necesidad urgente de que los organismos internacionales intervengan activamente para poner fin a la masacre.
       El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ya ha aclarado que los ataques mortales realizados en el marco del operativo eufemísticamente denominado "Borde Protector", que diera comienzo el pasado 7 de julio, continuarán "hasta que se restaure la paz y la calma", sin atender a la creciente presión internacional (Venezuela y Bolivia han roto relaciones diplomáticas con Israel en las últimas horas) frente a las dantescas consecuencias verificadas hasta el momento. Los bombardeos israelíes han causado la muerte de más de 120 civiles, de los cuales 22 son menores de edad.
 "Nosotros atacamos solo a integrantes de Hamas, en ocasiones dañando a civiles por casualidad y sin intención", ha admitido Netenyahu. Sin embargo, hasta la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció este viernes la escalada del conflicto en la Franja de Gaza y recordó a Israel que viola la ley internacional cuando bombardea áreas pobladas y especialmente viviendas.
           "Hemos recibido informes muy preocupantes que indican que la mayoría de las víctimas civiles, incluidos niños, ocurrieron como resultados de bombardeos sobre casas. Estos informes levantan muchas sospechas sobre si Israel cumple la ley internacional", dijo Pillay, citada en un comunicado.
          "Atacar las casas donde residen civiles es una violación de la ley humanitaria internacional a menos que esos hogares tengan un uso militar. En caso de dudas, edificios usados de forma ordinaria por civiles, como casas, no son un objetivo militar legítimo", advirtió la Alta Comisionada.
          "Incluso cuando se identifica que un hogar es usado con fines militares, cualquier ataque debe ser proporcionado, y se deben tomar todas las precauciones posibles", añadió la funcionaria.
         Pillay recordó que los bombardeos israelíes han causado la muerte de un centenar de palestinos, incluidos más de una veintena de niños en tan solo dos días y medio, según ha destacado la Agencia Telesur. Es decir que la propia ONU, ha señalado claramente en qué consistirían las "evidencias circunstanciales" que podrían llevar a inferir que los ataques israelís, además de configurara una clara infracción al Derecho Internacional, importen una práctica social de exterminio sobre un grupo social determinado. Es decir, un verdadero genocidio.
             Huelga  decir que subyace un justificado temor respecto de la suerte que podría correr esta práctica de aniquilamiento efectuada con desprecio sustancial por la vida, los bienes y otros derechos fundamentales de personas inocentes. Casi todos sospechan que la ofensa quedará impune, y que los propios países y organismos que integran la "Comunidad Internacional" poco y nada harán frente a un crimen brutal perpetrado por poderosos.
             Probablemente, una de las pocas voces que se alcen contra la masacre sean -como de ordinario ocurre- la de los tribunales de opinión, verdadera reserva ética del derecho internacional.


El 28 de junio de 2014 se conmemoró el centenario del atentado protagonizado en Sarajevo por el militante Gavrilo Princip contra el heredero del trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, en el que también perdiera la vida su esposa Sofía Chotek. La historiografía occidental ha asumido esa fecha como el inicio de la Primera Guerra Mundial. En verdad, el ataque que, casi inesperadamente, llevó a cabo este joven nacido en Obljaj, Bosnia, en el marco de la extrema pobreza que imponía a naciones y pueblos oprimidos el absolutismo de los Habsburgo, fue un disparador que precipitó el conflicto, que dio comienzo formalmente casi un mes después. El 28 de julio, Austria Hungría declaró la guerra a Serbia. En el medio, hubo un inaceptable ultimátum que Viena cursó a Belgrado, intentando imponer condiciones humillantes, mientras terminaban de madurar las condiciones objetivas y subjetivas que conducían a la catástrofe. La gran guerra fue, en rigor, bastante más que la mera réplica a un atentado de ribetes épicos, que terminó concretando una operación que había fracasado pocas horas antes (el mismo día de San Vito y de la conmemoración de la batalla de Kosovo). Resumió las complejidades de una sorda lucha inter imperialista a la que Alemania, unificada recién en 1871, había llegado fatalmente tarde. Sabemos que el capitalismo recurrió históricamente a las guerras como forma de superar sus crisis cíclicas. Este caso no fue una excepción. Por el contrario, la conflagración estalló una vez que el capitalismo monopólico europeo había superado un modelo de baja escala y libre competencia, protagonizado por pequeños burgueses industriales y comerciantes, dejando paso a una disputa desembozada entre potencias lanzadas a la conquista de mercados de ultramar, nuevos recorridos comerciales, materias primas y otras riquezas de sus colonias o de otras a las que pensaban acceder a sangre y fuego.

La guerra, que duró más de cuatro años, contrariando las previsiones que a priori manejaban los estrategas de los bandos en pugna, significó la masacre de millones de personas, exhibió por primera vez en los campos de batalla nuevas tecnologías armamentísticas y permitió la puesta en práctica de tácticas y estrategias militares hasta entonces desconocidas. Durante la misma, se derrumbaron cuatro imperios, apareció una nueva potencia mundial y emergió el primer país socialista de la historia. Además se perpetró uno de los primeros genocidios de la historia moderna: el aniquilamiento de centenares de miles de armenios a manos de los turcos. Algunas de sus dramáticas consecuencias, empero, permanecieron invisibilizadas hasta ahora. Serbia sufrió la pérdida de una quinta parte de su población (según la Enciclopedia Libre Universal en Español, 650.000 civiles y 45000 bajas militares), conforme se lo destaca en el libro "Breve Historia de Yugoslavia" (Ed. Espasa Calpe, 1972, p. 169), estimada en cinco millones de habitante durante aquella época. Miles de ellos perecieron en campos de concentración austrohúngaros, durante el año 1915, víctimas de enfermedades tales como el tifus o la sarna.
Carlos Nino, uno de los filósofos del derecho más reconocidos en nuestro país, ha afirmado que, en materia de violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, la IGM fue algo así como el preludio de lo que ocurriría entre 1939 y 1945: "Los intentos por impartir justicia en forma retroactiva tras la Primera Guerra Mundial enfrentaron dificultades similares a aquellas que frustrarían otros intentos a lo largo del siglo. Las potencias victoriosas de la Primera Guerra Mundial acusaron al gobierno alemán y a sus aliados de cometer atrocidades de guerra que incluían, entre otras, la despiadada invasión de Bélgica, el posterior ataque y destrucción de la milenaria ciudad de Lovaina; la toma de rehenes civiles y el posterior asesinato de muchos de ellos; la violación de mujeres; el asesinato de niños y adultos durante la ocupación de Francia; el lanzamiento de zeppelines sobre Londres, que ocasionó la muerte a doscientos civiles; el hundimiento del Lusitania que significó la pérdida de mil doscientas vidas civiles; y la ejecución de la directora de la escuela de enfermería de Bruselas, Edith Cavell. Según los escritos de Telford Taylor, estas atrocidades reflejaban la torpeza, arrogancia y absoluta brutalidad del gobierno alemán. Frente a tan repudiable conducta, el sentir popular, especialmente en Francia, exigió castigo para los autores, incluido el mismo Káiser, quien se refugió en Holanda. En respuesta, durante la Conferencia de Paz de París en 1919, las potencias victoriosas crearon la Comisión sobre la Responsabilidad de los Autores de la Guerra y para la Imposición de Sanciones. Dicha comisión emitió un informe acusando a Alemania y a sus aliados de violar las leyes de guerra, y recomendó la formación de un tribunal internacional integrado por veintidós miembros, para procesar a los responsables de estas atrocidades, incluido el Káiser. A los tribunales nacionales se les reconoció jurisdicción para procesar delitos de menor gravedad. La comisión determinó que la iniciación de guerra ofensiva no era un crimen bajo el derecho internacional, pero recomendó que dicho acto debía ser objeto de una condena moral y tipificarse en el futuro como un crimen internacional" (El castigo como respuesta a las violaciones a los Derechos Humanos. Una respuesta global", disponible en http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/18/56.pdf). En cambio, no resulta fácil encontrar datos en español sobre aquel martirio del pueblo serbio. Mucho menos, respecto de eventuales intentos de persecución o enjuiciamiento de sus responsables. Ni la efímera Sociedad de las Naciones, ni tampoco la Corte de la Haya (asociada a aquella) mostraron interés en llevar a cabo experiencias de ningún tipo, tendiente a revisar los crímenes masivos perpetrados contra la patria de Gavrilo. La Primera Gran Guerra fue, entonces, el puntapié inicial de un nuevo orden, impuesto unilateralmente por las potencias vencedoras, en el que los sujetos políticos subalternos no podían esperar un mínimo de justicia, memoria y verdad. Ni la segunda guerra, ni la creación de la ONU,  ni las experiencias de control global punitivo de la modernidad, han modificado en absoluto esas asimetrías y la escandalosa selectividad que caracteriza a los procesos de enjuiciamiento y condena de los perpetradores de delitos contra la humanidad. Más bien, las han profundizado.


La muerte del emblemático líder bolivariano ha producido un cimbronazo político que los pueblos latinoamericanos no han terminado de procesar. A su influjo, y bajo la gravitación de su liderazgo, la mayoría de los países de la región comenzaron, profundizaron, reanudaron o acompañaron una nueva forma de relacionarse con el mundo y, fundamentalemente, de ponerse de pie frente a las nuevas prácticas coercitivas imperiales. Caracterizadas por el control de cuatro flujos decisivos: la información, las finanzas, los gigantescos fenómenos de desplazamientos forzados y la capacidad de disuasión militar. América Latina, con el venezolano en vida, había logrado comenzar a disputar esos arduos territorios.
El proceso sostenido de integración regional, la autonomización -variopinta- de las economías nacionales, los intentos todavía inconclusos de fortalecimiento de los organismos de cooperación política, económica y cultural, y las posiciones dignas sostenidas frente a los escandalosos hechos de espionaje, intervención, preparación de distintas especies de golpes blandos, fueron, indudablemente, mucho más fuertes con el venezolano en vida.
También la resistencia respecto de organizaciones paraimperiales como la OEA o la CIDH, de las que América Latina debe independizarse más temprano que tarde. Como un objetivo estratégico, pero cada vez más urgente.
La tarea no será fácil. La búsqueda de un sistema emancipador común de regulación de la conflictividad es una asignatura pendiente que no puede postergarse. Nexos cada vez más visibles atraviesan transversalmente las vicisitudes de todo orden que los pueblos del Sur deben afrontar. Y los organismos creados por los países hegemónicos no son, precisamente, fiables. Mucho menos, justos. El imperio ha mostrado, en varias oportunidades, su rostro actual. Que nos toque ahora, nuevamente, a los argentinos, padecer la angustiosa ordalía de la deuda, es una más de estas prácticas de control y dominación. Por supuesto que trascendente. Pero no la única. Para eso es necesario no abandonar la idea de crear organismos propios que, desde el punto de vista del Derecho Internacional de los pueblos subalternos, nos permita crear un bloque sin tutelas ni coerciones que terminen impactando sobre nuestras futuras generaciones, hasta someterlas al vasallaje. Porque eso sería consentir nuevos crímenes contra la humanidad.
Los pretendidos créditos de los buitres pueden dar lugar a instancias obligatorias de máxima crueldad. Se trataría, en principio, de embargos. Pero sabemos que la retórica imperialista es intencionadamente imprecisa. Si estos son embargos, lo de Cuba es un bloqueo, no un embargo. Y, en cualquier caso, ha durado décadas. Con perjuicios enormes a todo nivel para el pueblo caribeño. Por eso es necesario intentar la construcción de un derecho liberador. Y no parece prudente perder más tiempo.
A más de cincuenta años de su creación, producida en la histórica cumbre de Belgrado de septiembre de 1961 , el Movimiento de Países No Alineados llevó a cabo su XVI reunión en Teherán, recuperando, a partir de sus resoluciones, un protagonismo y una influencia internacional que no tenía desde la guerra fría. El reciente cónclave de Irán, puso de manifiesto que el anfitrión no es un paria internacional ni se encuentra “aislado del mundo”, conforme expresa una de las muletillas preferidas de Washington. Asistieron al mismo el propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y representantes de más de 120 países que testimoniaron el fracaso de las políticas diplomáticas estadounidenses para cercar a Teherán. Este es un dato objetivo de la realidad, que llevó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a afirmar que la cumbre era una vergüenza para la humanidad. Semejante reacción se explica a poco que se explore el contendido de los casi 700 artículos que componen la resolución del NOAL. Entre los más importantes, se destacan aquellos que exigen un desarme nuclear global, un Estado palestino con fronteras seguras y la democratización de la ONU, reclamada en las propias narices de se Secretario General, cuya presencia en el encuentro fue duramente criticada por Estados Unidos e Israel, más allá de las claras señales de disciplinamiento que Ban hiciera, abogando por la libertad de los presos políticos del gobierno de Ahmadineyad, al que también exigiera el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre su programa nuclear y la “cooperación plena” con el cuestionado Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuya abolición lisa y llana se reclamara por su actitud negacionista en Chernobyl (http://www.profesionalespcm.org/_php/MuestraArticulo2.php?id=6510), análoga a su conocida inacción frente a la crisis nuclear de Japón, producto de su endogamia y reconocida proximidad con la industria nuclear . La respuesta del Grupo fue un respaldo a los derechos soberanos de Irán a desarrollar un programa nuclear con fines pacíficos, según informó la televisión estatal iraní. En consecuencia, la relevancia política internacional de estos pronunciamientos, devuelve al Movimiento un rol mucho más cercano al que tuviera desde su creación y hasta los años ochenta, en que la crisis entre algunos de sus miembros (la más recordada es, sin duda, la guerra entre Irak e Irán) constituyeron el preludio de un punto crítico que se expuso en toda su dimensión durante la década siguiente, cuando el colapso de la Unión Soviética, el derrumbe del Muro de Berlín, el fin de la guerra fría y el unilateralismo sobreviniente del mundo debilitaron las bases políticas que dotaron de sentido a un organismo que representó durante años, con su heterogeneidad y sus contradicciones, a los pueblos que luchaban por su liberación desde una posición autonómica. Hasta ahora. La densidad de la resolución del XVI encuentro y las circunstancias políticas que rodearon al mismo es comparable a la de 1961, cuando desde Yugoslavia se reivindicaban los derechos soberanos de los países emergentes y se ponía en crisis el dominio del imperialismo-colonialismo y el del neo-colonialismo en todas sus manifestaciones, como única manera de preservar la paz en un contexto de profunda sensibilidad internacional. Tal vez los más memoriosos recuerden algunos párrafos elocuentes de aquella primera cumbre, cuando los No Alineados declaraban que “Jamás la guerra ha amenazado a la Humanidad con consecuencias más graves que hoy en día. Por otro lado, nunca anteriormente ha tenido el hombre a su disposición poderes más fuertes para eliminar la guerra como instrumento de política en las relaciones internacionales”. “El imperialismo se está debilitando. Los imperios coloniales y demás formas de opresión extranjeras sobre los pueblos de Asia, Africa y América Latina están gradual mente desapare-ciendo de la escena de la historia. Se han conseguido grandes éxitos en la lucha de muchos pueblos por la independencia nacional y la igualdad. De la misma forma, los pueblos de América Latina continúan contribuyendo cada vez más eficaz mente a la mejora de las relaciones internacionales. Los grandes cambios sociales que están teniendo lugar en el mundo provocan necesariamente empeoramientos periódicos en el mundo; se acelera el fin de la época de la opresión extranjera de los pueblos, y ello hace que la cooperación pacífica entre los pueblos, basada en los principios de in dependencia e igualdad de derechos, sea condición esencial para su igualdad y progreso”. Cualquier parecido con la realidad actual no puede atribuirse a la casualidad. Tampoco, que la próxima cumbre del NOAL se realice en Venezuela.