Con las palabras inaugurales de la Defensora General de la Nación y de la Procuradora General de la Nación, dió comienzo el Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, en la Facultad de Derecho de la UBA La actividad -organizada en conjunto por el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal- celebra la reforma constitucional de 1994 que dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del Defensor General. Ante un auditorio repleto, con la presencia de defensores, fiscales, jueces y otros especialistas y funcionarios de Argentina e Hispanoamérica, la Defensora General comenzó su exposición destacando que “somos los Defensores quienes más tenemos que agradecer la reforma del 94, que nos ha dado autonomía. Hasta ese momento éramos la Cenicienta del sistema de administración de justicia y todavía lo seguimos siendo en muchas provincias”. Luego de destacar las luchas históricas en pos de una Defensa autónoma, Stella Maris Martínez hizo hincapié en la separación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial y, luego, entre los defensores y los fiscales. “La incorporación de los tratados internacionales de DDHH a la Constitución también fue muy importante porque a partir de ahí se vio que el derecho de defensa es un derecho humano fundamental y que las garantías no podían ser dejadas al gusto del juez”. La Defensora General destacó a su vez que “ha sido muy positivo el trabajo a nivel interamericano. Hemos logrado el reconocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de DDHH con los que se han firmado convenios para que se pueda litigar a nivel regional. Además, la Defensa Pública ha sido considerada por la OEA un modelo a seguir. Hemos logrado que nos reconozcan como garantes de acceso a la justicia. Hace 10 años no existíamos a nivel interamericano”. “Felicito a los colegas de Brasil, continuó la Defensora, “donde se ha creado una ley que ordena que en cada lugar donde haya un juez tiene que haber un defensor: eso es precisamente un ejemplo de autonomía, independencia, y el Ministerio que buscamos. En nuestro país no es así, nadie piensa que la Defensa sea imprescindible. En muchas provincias el modelo es el anterior, es un trabajo a concluir”. La Dra. Martínez finalizó animando a sus colegas a “seguir luchando, de manera colectiva, para hacer una defensa pública cada día más grande, más orgullosa del rol que ocupa en el sistema de administración de justicia”.



A su turno, la titular del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado recorrido por la historia del ministerio que encabeza y de las etapas que se superaron en ese largo camino en busca de la independencia y autonomía del organismo.
Si bien la Dra. Gils Carbó destacó la reforma constitucional del 94 como un hito en el avance de la justicia, señaló el actual Código Procesal Penal como un obstáculo para  el trabajo de los fiscales  ya que mantiene “un modelo semi inquisitivo que le otorga al juez poder de decisión sobre cuál va a ser el organismo que va a investigar. Esto afecta la imparcialidad y la garantìa del debido proceso, y mantiene un déficit estructural, porque resta eficiencia a las investigaciones”.
A pesar de estas dificultades, la Procuradora General subrayó que no puede ni quiere limitarse a “protestar por las limitaciones normativas. Decidimos aprovechar el Código Procesal vigente al máximo para defender los derechos porque el acceso a la justicia sigue siendo una asignatura pendiente”. En ese marco destacó la creación de distintas procuradurías especializadas y ATAJO, agencias territoriales que tienen el propósito de “acortar el camino que separa a los ciudadanos de la justicia”.
Por último, Gils Carbó destacó que la institución que encabeza promueve una nueva dinámica en busca de una idea de la justicia “nueva, más inclusiva, más democrática, donde el pueblo sea la fuente inspiradora de una visión de equidad, que surja de los gritos de las personas de carne y hueso, del mundo real”.
El congreso continuó con una mesa donde expusieron los constituyentes de 1994: Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo.
El cierre de la jornada se llevó a cabo con las conferencias de Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de DESC de Naciones Unidas, quien expondrá sobre el rol del Ministerio Público en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, quien disertará sobre el rol del Ministerio Público en casos penales.


En el marco de la segunda jornada del Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, tuvo lugar el panel “La autonomía de la defensa pública: la situación en las provincias”
Expusieron Gonzalo Molina (Defensor Público oficial ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Resistencia), Eduardo Aguirre (Defensor General de la Provincia de La Pampa), Maximiliano Benítez (Defensor General ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos) y Alfredo Pérez Galimberti ((Defensor General Alterno de Chubut).
El Dr. Benítez trazó un mapa de la autonomía de la defensa en nuestro país, en donde el 67% de las provincias no tiene una defensa autónoma independiente. La mayoría de nuestro país no tiene una defensa autónoma y en muchos casos los defensores dependen de los procuradores. Al respecto, Benítez señaló que “cuando hablamos de republicanismo, hablamos de separación de poderes, por eso debe haber una separación clara entre acusación y defensa”, e invitó a todos los defensores a tener “una actitud militante y proactiva” que contribuya a la autonomía.  
El Dr. Molina se detuvo en la situación de la defensa en su provincia, Chaco, en donde no hay un Defensor General y los defensores dependen del Procurador General. Esa situación, según Molina, atenta contra la autonomía de la defensa, ya que “no se pueden establecer lineamientos para garantizar el acceso a la justicia, ni pensar en un litigio estratégico, ni en una capacitación adecuada para los defensores”. Además, “la estructura implica una desventaja para la defensa pública: tres defensorías civiles ante treinta juzgados que existen hace más de veinte años y estaban pensadas para siete juzgados. ¿Cómo pensar en este contexto en una defensa proactiva?”
El Defensor General de La Pampa, Eduardo Aguirre, recordó la creación de la Defensoría General en su provincia advirtiendo que “se crea interponiendo una enmienda a la ley orgánica de la provincia para poder adecuar la defensa pública al nuevo código procesal.” Esto, según él, generó una debilidad estructural para el organismo. Por eso remarcó el rol de los defensores a la hora de intentar un cambio dentro de esa estructura, y dijo: “depende de nosotros, de nuestras subjetividades y singularidades, llegar a hacer una cosa distinta aun con un sistema superestructural contrario a nuestros interés de ir por la defensa de intereses colectivos de personas vulnerables.”
Diego Fernández, Defensor General de Azul, repasó el proceso que se viene sucediendo tras la reforma constitucional de 1994 en la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa dependen de una misma cabeza, el Procurador General.
“En febrero del año pasado se promulgó una ley que creó el cargo de Defensor General de la provincia que, si bien lo mantiene en el ámbito de la Procuración, le asigna todas las atribuciones que en los hechos permite la dirección de la defensa pública y le otorga autonomía”, señaló el Defensor de Azul.
Sin embargo, Fernández explicó que una vez puesta en vigencia esta ley, la Procuradora General Ana María Falbo planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos. 
Ante esta situación que paralizó la autonomía de la Defensa Pública, el Defensor de Azul señaló: “Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de esta autonomía y de que no es una mera opción legislativa sino un requisito constitucional. Si somos una República, la división de poderes también debe darse entre acusación y defensa. Este equilibrio es difícil si ambas partes , con fines e intereses opuestos en su mayoría, dependen de la misma cabeza. Y sin derecho de defensa no puede hablarse de verdadero acceso a la justicia”.
Al finalizar, Fernández recordó que “la situación actual en la provincia de Buenos Aires es grave: con condiciones inhumanas de detención, superpoblación carcelaria, detenidos en calabozos, incremento de detenidos en preventiva. Por eso es imprescindible una Defensa Pública autónoma que garantice el acceso a la justicia”.
Por último, Alfredo Pérez Galimberti además de hacer una descripción pormenorizada de cómo funciona la defensa en su provincia, Chubut, se preguntó para qué sirve la autonomía de la defensa, puntualizando: “¿Para qué la autonomía? Para que el sujeto que lo requiere cuente con una persona competente, para prestar un servicio cada vez más eficiente. La autonomía no es para los defensores, sino para los usuarios. Hay que luchar contra la estructura de exclusión económica y nuestra misión es el servicio para aquellos usuarios que no pueden pagar un abogado.” (Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión)





 (Fuente: Dirección General de Prensa y Difusión de la Defensoría General de la Nación. Imágenes originales de Infojus Noticias)
Con motivo de la conmemoración de los 20 años de autonomía del Ministerio Público, la semana próxima se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Figueroa Alcorta 2263) el Congreso Internacional que celebrará la reforma constitucional de 1994. Esta reforma dotó de autonomía funcional y autarquía financiera al Ministerio Público y acogió, en ese marco, la figura del defensor general.
El miércoles 20 a las 16:30 abrirán las deliberaciones la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En la misma jornada expondrán los constituyentes de 1994 Marcelo Guinle, Antonio María Hernández, Aníbal Ibarra y Hugo Rodríguez Sañudo; Rodrigo Uprimny (ONU) y finalmente Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Congreso continuará el jueves 21 en el Salón de Actos, con un programa que se extenderá de 9.30 a 18, y el viernes 22 en el Aula Magna, la jornada de cierre, de 9.30 a 16.45, incluirá una celebración por los 10 años del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur.


Programa completo del encuentro: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/programa%2020%20a%C3%B1os.pdf

Nuestro amigo Iker Barbero González, profesor del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU, ha sido galardonado con el Premio Internacional Adam Podgórecki 2014 "por sus logros sobresalientes en el estudio socio-legal como investigador emergente". El Comité de Investigación de Sociología del Derecho (Research Committee on Sociology of Law RC12) de la International Sociological Association, anunció el galardón en su congreso anual celebrado recientemente en Yokohama (Japón).
"Estoy muy contento de recibir este premio por múltiples razones. En primer lugar, porque me sirve de estímulo para seguir investigando, y esto en ciencia es muy importante porque a veces sentimos, y muy especialmente la gente de mi generación, que es un camino muy incierto y precarizado. Por otro lado, en cuanto te lo comunican, piensas en quién lo ha recibido en ediciones anteriores, personas a las que admiro profesionalmente, y te da un poco de vértigo por la responsabilidad que implica haberlo obtenido. Finalmente, ojala que reconocimientos de este tipo sirvan para visualizar a la Sociología Jurídica y el papel que desempeña en la solución de los problemas de la sociedad actual. Junto con Joxerramon Bengoetxea, director de EHUgune, estamos poniendo en marcha una red para que nos encontremos todos aquellos que trabajamos en Derecho y Ciencias sociales. Además, contamos con un centro excepcional que es el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, donde se reúnen los mejores especialistas mundiales en esta disciplina. Gracias a que un día el profesor y fundador del Instituto en los años 80, Francisco Javier Caballero Harriet, me 'incitó' a estudiar el máster internacional de Sociología Jurídica, que se imparte en Oñati, estoy hoy aquí. Mi deseo es seguir trabajando en este entorno por muchos años más".
Iker Barbero es profesor del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU. Ha sido investigador visitante IKERBASQUE en el Centre for Citizenship, Identities and Governance de la Open University (2011-2013). Su principal línea de investigación relaciona los actuales regímenes de ciudadanía y normativas de fronteras con los actos de actos de resistencia que protagonizan los colectivos migrantes. Entre sus obras más recientes cabe destacar 'Globalización, Estado y ciudadanía: una análisis socio-jurídico del movimiento sinpapeles' (Betiko Fundazioa/Tirant lo Blanch 2012), 'Orientalising citizenship: the legitimation of immigration regimes in the European Union' (Citizenship Studies 16, 2012) o 'Historia contemporánea de la alteridad en el Derecho de extranjería' (Revista de estudios políticos 164, 2014).

El Comité de Investigación de Sociología del Derecho (Research Committee on Sociology of Law RC12) de la International Sociological Association estableció un premio anual en su reunión de 2004 en honor y memoria de los logros vitales de Adam Podgórecki y su lugar en la historia del Comité. En la actualidad, el premio se otorga a los logros sobresalientes en la investigación socio-legal, ya sea en forma una distinguida trayectoria histórica, como por la excelente trayectoria de un investigador emergente (10 años desde el dotorado). Algunos de los últimos ganadores de este premio son Boaventura de Sousa Santos (Universidad de Coimbra, Portugal), Volkmar Gessner (Universidad de Bremen, Alemania), Terence Halliday (American Bar Foundation), David Nelken (Universidad de Macerata, Italia), Fatima Kastner  (Hamburg Institute for Social Research, Alemania) , Stefan Larsson (Universidad de Lund, Suecia) o Vincenzo Ferrari (Universidad de Milán, Italia). (Texto original del Portal de la Univeridad del País Vasco).

El Ministerio Público de la Defensa fue consultado por la Comisión de Derecho Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de La Pampa, respecto al perfil del futuro Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes a designarse en nuestra Provincia. La respuesta producida por la Defensa Pública con relación a este requerimiento, advirtió inicialmente que, sobre el tema en cuestión, existe una profusión bibliográfica que acerca improntas compartibles y que se encuentran al acceso de cualquier interesado. De ellas, consideramos recomendable la lectura y seguimiento de un digesto que UNICEF ha publicado en la red (titulado “El trabajo del Defensor de los Niños”) que compila y completa de manera acabada todo lo concerniente a la función del Defensor del Niño, de la que es posible, desde luego, derivar la impronta que debería requerirse para ese cargo de particular sensibilidad. Sin perjuicio de esos elementos, existen otras circunstancias que deberían entenderse como propias del perfil de ese Defensor específico en un Estado Constitucional de Derecho, y que no es frecuente encontrar en la manualística jurídica o los documentos o catálogos internacionales o internos que se ocupan de las cuestiones atinentes a la Niñez. En consecuencia, enunciamos en nuestra respuesta las consideramos más relevantes: a) El Defensor del Niño debe poseer un profundo pensamiento crítico. Durante su función, deberá representarse la existencia de discursos, lógicas y prácticas absolutamente incompatibles con los derechos y garantías de uno de los segmentos más vulnerables de las sociedades de la modernidad tardía, fenómeno éste que unifica el paisaje global en términos de excesos sistemáticos y permanentes del poder punitivo de los Estados contemporáneos. El Defensor debe poseer, en consecuencia, herramientas e insumos conceptuales capaces de articular en clave sistémica las nuevas formas de dominación y control global, en torno a lo que acontece con niños y niñas desde hace más de cien años. Es muy importante a esos fines, desde luego, que el mismo posea conceptos dogmáticos y jurídicos actualizados y compatibles con las Convenciones y Tratados, con la Constitución Nacional y el resto de la legislación nacional o provincial que atañen explícitamente a la cuestión referida a la Niñez en términos de Derechos Humanos. Pero más relevante y necesario es que el funcionario a designar esté en condiciones de leer en clave sociológica la nueva conflictividad que se plantea en esta temática, en materia de vulnerabilidad, exclusión y violación de esos Derechos Humanos. Existen comunes denominadores entre los niños y niñas “en conflicto con la ley penal”, en “situación de abandono material o moral”, como expresan las viejas retóricas tutelares, con la creciente cantidad de episodios de aniquilamiento, intolerancia, autoritarismo, explotación y segregación de que los niños son víctimas de manera sistemática, mediante concepciones que no difieren sustancialmente en el orden internacional e interno. Este es un dato fundamental, porque hace a la impronta con la que deberá llevar a cabo su cometido trascendente el funcionario en cuestión. Debe poder leer que no existen diferencias conceptuales entre el lamentable record de niños desplazados y refugiados que se alcanzó en el mundo en el año 2013, según datos de la ACNUR, los tratos inhumanos y degradantes de que son objetos en establecimientos de secuestro institucional, los “linchamientos”, el enclaustramiento en campos de concentración propiciados por los paises más poderosos de la tierra, o la victimización permanente de que son objetos en “guerras humanitarias” que se perpetran en los más variados puntos del globo. Esta enumeración es meramente enunciativa y no pretende agotar otras formas de vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, y como ya lo hemos expresado, tiende a alertar sobre la necesidad de que el Defensor no sea solamente un mero reiterador de normas y dogmas que en definitiva no hacen más que legitimar un estado de cosas injusto y, por supuesto, reprochable. b) En función de lo precedentemente expuesto, creemos que el Defensor del Niño debe ser un funcionario con habilidades inter y transdisciplinarias, que articule, como mínimo, conceptos actualizados de conflictología, Resolución Alternativa de Conflictos, criminología, sociología de las organizaciones y del conflicto, o que, en su defecto, evidencie predisposición para incorporar estos saberes indispensables, mediante la articulación no sólo con las propias agencias estaduales sino también con diversos sectores de la militancia social, la academia, las ONGs vinculadas a la temática y cualquier otro actor y/o efector social pertinente. c) Por último, consideramos necesario se verifiquen al inicio las capacidades de gestión interlocutoria y mediación entre los diversos sectores políticos del Estado provincial, y también para con el Nacional y/o de otras provincias, como así también la capacitación sustancial en materia de protección integral de derechos en clave no judicializante, pero sí proactiva en relación a las políticas públicas integrales que deberá llevar adelante, para lo cual sería necesario, de seguro, dotarlo de un grupo multidisciplinar que le permita realizar su labor autocrítica, de monitoreo, de articulación, de verificación al nivel macro y micro del sistema de protección integral de derechos, pero por sobre todo, creativa ante la falta de recursos, siempre escasos, por nuestros lares.Por último, aunque no por ello menos importante, habiendo tomado conocimiento del perfil que fuera aportado a esa comisión por el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos a través del Foro por la Niñez, del cual ha participado esta Defensa Pública, considero que resultaría fundamental observar esa propuesta y seguir las especificaciones allí realizadas por resultar de vital importancia para delinear el perfil del funcionario que se intenta erigir, por lo que hacemos expreso el apoyo de este organismo público de acceso a la justicia a esa propuesta del MPPDH.

Es cierto que el desarrollo y la evolución del derecho internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX (especialmente desde los juicios de Nüremberg y Tokio y la creación de la Corte Penal Internacional) ha sido arduo, trabajoso e incompleto, más allá de la pretendida, y por ende plausible, finalidad de brindar respuestas jurídicas frente a los grandes crímenes contra la Humanidad, uno de los datos constitutivos de la Modernidad. Esas afrentas, consistentes en la eliminación sistemática y estructural de agregados enteros de personas, con el objeto de reorganizar una sociedad sobre las nuevas bases propuestas por los perpetradores, configuran en muchos casos lo que se ha dado en llamar “genocidios reorganizadores”. Ahora bien, como ya lo hemos señalado en artículos precedentes, las respuestas que ese sistema en pleno proceso de construcción y consolidación ha proporcionado solamente a algunos hechos de exterminio, desentendiéndose de otras violaciones groseras a derechos humanos fundamentales, es uno de los hiatos que deslegitima al derecho internacional. Hay, en efecto, una multiplicidad de supuestos en los que los organismos institucionales del sistema jurídico internacional han declinado actuar, o lo han hecho de manera absolutamente sesgada, e incluso en algunos casos han sido los responsables y promotores de estas ,enormes tragedias. concurren aluvionalmente a nuestras memorias los episodios de Vietnam, Ruanda, los Balcanes, Irak, Siria, Libia, sin pretender con esta enumeración agotar aquellas matanzas perpetradas sin que la “Comunidad Internacional” estuviera mínimamente a la altura de las circunstancias.


No lo está, tampoco, en los crímenes de masa que el Estado de Israel está perpetrando en tiempo real contra el pueblo palestino. Increíblemente, la intervención del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas es un reflejo fiel de una caracterización prejuiciosa, estereotipada, profundamente asimétrica, que parte de la idea de la existencia de dos fuerzas en pugna en paridad de condiciones. Parece increíble que, pese al aislamiento internacional en el que se encuentra actualmente Israel, no haya habido una condena de máxima severidad por parte de la ONU respecto de los centenares de muertos y heridos civiles que ocasionan los ataques de uno de los ejércitos más poderosos del mundo frente a una población virtualmente inerme. Las condenas y rechazos de distinta naturaleza e identidad que han exteriorizado una cantidad importante de gobiernos del mundo, organismos de Derechos Humanos, Tribunales de opinión y otrs instituciones humanitarias, no han sido escuchadas todavía por los agresores. Pero lo que verdaderamente debe generar una indudable preocupación, es la inacción en que incurren los organismos institucionales que dicen constituir la “comunidad internacional” y las principales potencias de la tierra, empezando por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. La masacre de Gaza, con este cuadro de situación, se ha transformado en un caso testigo que da cuenta de la necesidad impeiosa de reformular y democratizar las instituciones políticas globales, como forma de prevenir, conjurar y, eventualmente juzgar, los crímenes de los poderosos.
Desde la creación del Tribunal Russell- Sartre (1966) hasta la actualidad, la importancia y gravitación de los tribunales de opinión no ha sido valorada, extrañamente, en su verdadera dimensión, defección ésta que se advierte particularmente en las academias de derecho, pero que constituye una constante de la política y el derecho internacional. Tanto aquel, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, o las diferentes comisiones de verdad (dentro de la cuales, la sudafricana es una referencia obligada, aún a sabiendas de las distintas valoraciones que existen sobre su cometido), han significado un avance sustancial en materia de construcción de instancias de denuncia, enjuiciamiento y condena de hechos significativos que implicaron, a lo largo de la historia, estremecedoras experiencias de afectación de Derechos Humanos fundamentales. Lo ocurrido con los crímenes estadounidenses en Vietnam, el genocidio que implicó el apartheid o los procesos seguidos contra empresas multinaciones, son ejemplos que dan plena fe de la relevancia de decisiones que, aunque no obligatorias, ponen en evidencia su condición superadora respecto de dos connotaciones regresivas del sistema jurídico internacional. Una, es la profunda selectividad a la hora del juzgamiento de los más horrendos crímenes masivos, que generalmente han culminado en la más absoluta impunidad de los mismos, en tanto y en cuanto fueran cometidos por las potencias hegemónicas o los vencedores de las distintas guerras. Otra, es la originalidad de sustitutir el castigo -única reacción prevista institucionalmente por las agencias del derecho internacional- por novedosas y superadoras estrategias no punitivas. Como la verguenza reintegrativa, el perdón, la reparación o, particularmente, la comprobación de los crímenes masivos y sus responsables, y la consecuente denuncia de los mismos antes la comunidad internacional. Esta última alternativa tiene una potencia incalculable, de cara a la deslegitimación de los tribunles internacionales, extremo éste del cual nos hemos ocupado reiteradamente en este medio. No fué la ONU, ni la CPI, ni los tribunales creados especialmente para juzgar determinados conflictos (TPIY, TPIR, etcétera), los que han avanzado en la persecución y enjuiciamiento de verdaderas masacres perpetradas por el imperialismo, sus socios, o las grandes empresas multinacionales. La consolidación de un sistema de control global punitivo, que se expresa unilateralmente a través de guerras, operaciones policiales a gran escala, embargos, bloqueos o "intervenciones humanitarias" que encubren sistemáticas violaciones al derecho internacional, exige la construcción de instrumentos de respuesta democráticos, en manos de los millones y millones de militantes de todo el mundo que observan azorados la fascitización creciente de las relaciones internacionales. La creación de nuevos tribunales de opinión supone una instancia válida para contrapesar las asimetrías de las instancias orgánicas sistémicas, cuyos resultados están a la vista. También, importa un desafío logístico, organizativo, pero sobre todo político e ideológico, a la hora de concitar interés sobre estas vías no convencionales de resolución de los grandes conflictos y la predisposición que los militantes, intelectuales, luchadores sociales y académicos de todo el mundo muestren de cara a estas iniciativas.
“En todas las manifestaciones que provocan el desconcierto de la burguesía, de la aristocracia y de los pobres profetas de la regresión reconocemos… al viejo topo que sabe cavar la tierra con tanta rapidez, a ese digno zapador que se llama Revolución”.

Pasaron, desde ese entonces, casi 20 años. Eran aquellas épocas en las que, en general, la táctica y la estrategia política en las academias de derecho se entrelazaban hasta indiferenciarse. Ese proceso de mimetización  política imponía a la militancia, como seguramente ocurría en muchos otros saberes, optar por refugios inconfortables que obligaban a traumáticas argamasas para construir alianzas colectivas mínimas. Eran los microrrelatos sobrevivientes(casi desconocidos por entonces en la pacata y conservadora comunidad jurídica local) instalados de manera subrepticia, casi clandestina, pujando por un pensamiento crítico. Los Derechos de los reclusos, el garantismo, el minimalismo, el abolicionismo penal,  la perspectiva de género, el derecho internacional de los Derechos Humanos, la protección del medioambiente, los nuevos sistemas procesales adversariales, etcétera.

Eran  esos, también,  los primeros momentos de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Pampa. Y a esto me quiero referir, en definitiva. A un hecho auspicioso que los más viejos comenzamos a ver como una alternativa de pensamiento crítico que atravesara la acotada realidad de la dogmática jurídica  y se planteara incidir en las condiciones de control y dominación social, en las formas de articulación de los discursos cotidianos y en la discusión del rol de los intelectuales orgánicos, entre otras cuestiones no menores de la superestructura, pero también de la estructura social.

Una utopía totalizante en medio del posibilismo que imponía la ideología del pensamiento único y el fin de las ideologías. Pródiga en multitudes de estudiantes entusiastas que, en rigor, lideraron ese movimiento sordo, todavía en vías de definición ideológica, que pugnaba por un cambio en las instituciones jurídicas y políticas. Un sujeto político novedoso y dinámico que se expresaba en congresos, encuentros, cursos de postgrados, talleres, discusiones, armados sabatinos y conferencias. A poco de andar habíamos logrado poner en marcha una Maestría en Ciencias Penales, que fue acreditada y evaluada por la CONEAU antes que la propia carrera de grado obtuviera esa acreditación oficial. Todo sin demasiados recursos, a pulmón, con el aporte invalorable de esos adolescentes que, veinte años después, se debaten en nuestras organizaciones políticas, nuestras agencias judiciales y nuestros planteles académicos.
Durante casi dos décadas debió trabajar, subterráneamente, el viejo topo. Fue descubierto en plena tarea de construcción intelectual por una jauría oscurantista, pero ni así cejó el fatal roedor, hasta terminar conmoviendo las bases mismas del pensamiento hegemónico vernáculo.
Veinte años no han transcurrido en vano. Lo que parecía mentiras hace dos décadas, es hoy una vibrante realidad. La Argentina debate, en un marco de pluralidad inédito, su anteproyecto de Código Penal. En la mayoría de las universidades públicas se habilitan espacios de análisis y discusión sobre esta norma en ciernes. Desde la Cátedra de Derecho Penal enviamos en su momento las observaciones que creímos pertinentes (ver página 7 del anteproyecto), y eso amerita que en las próximas horas, más precisamente el próximo 19 de junio a las 18 horas, nuestra Facultad  también se convierta en epicentro de una de esas instancias dialógicas.
 La presencia del Dr. Carlés, un pilar en el proceso de redacción del anteproyecto, es un privilegio para la Facultad, en el marco de una propuesta de reforma del Código Penal que adquiere connotaciones históricas por diversos motivos. Entre otros, la necesidad de debatir en estos ámbitos una reforma esperada, la disputa por racionalidad y el acotamiento del poder punitivo estatal, y la pelea permanente por la producción de sentido en materia penal y político criminal. Pero si todo esto fuera poco, hay un hecho único, original y hermoso (como diría el poeta Armando Tejada Gómez) que nos convoca a todos. Junto a Carlés estarán Andrés Olié y Alejandro Osio, dos hijos -dilectos-de esta Casa. Dos Magister egresados de una de las iniciativas académicas más relevantes que, en materia de las disciplinas penales, podemos exhibir en la Provincia. Dos sólidos exponentes de la dogmática y el humanismo penal, que sintetizan en sus respectivas identidades los esfuerzos incesantes de casi dos décadas en estas cuestiones, no fáciles por cierto. Dos referentes de lo mucho que tenemos y de lo que está por llegar.
Hasta aquí podríamos repetir, con serena satisfacción y nula originalidad: “bien has  hozado, viejo topo!”. Vaya si lo has hecho.

El código penal argentino trata el delito de sedición en un único capítulo que se ocupa de describir dos conductas típicas diferentes. 

La primera de ellas, a la que podríamos caracterizar como sedición en su forma genérica, la aborda en el artículo 229, describiendo conductas diferentes a la rebelión contra el gobierno nacional, claramente incompatibles con la vida democrática, circunscriptas en este caso a armar una provincia contra otra, alzarse en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley. 

En el artículo 230, por su parte, el código contempla supuestos igualmente atentatorios contra el orden institucional, que algunos autores caracterizan como "motín". El inciso primero de dicho texto legal, penaliza a los miembros de una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste, conducta que también fulmina la Constitución Nacional en su artículo 22. El inciso segundo del mismo artículo, sanciona a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o las resoluciones de los funcionarios nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya un delito más severamente penado. Con lo que, este último tipo penal, adquiere, al parecer, una función “residual” que cedería frente a conductas más graves que atenten contra los poderes públicos y el orden constitucional.

En los dos artículos en los que el código analiza el delito de sedición, se observa una preocupación del legislador por adecuar las conductas típicas a expresos mandatos constitucionales.

En efecto, el artículo 6º de nuestra Carta Fundamental establece textualmente: " El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.  El ya mencionado artículo 22, por su parte, expresa :“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”. Finalmente, el artículo 127 dice: “Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil,

calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley”. Como se observa, el tipo penal en cuestión importa una derivación armónica de preceptos fundacionales de la forma representativa, republicana y federal establecida por el constituyente, ratificada por los nuevos derechos emergentes de la primera parte del artículo 36, según el texto que el mismo asumiera luego de la reforma de 1994: “Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo”.
El delito de sedición, al igual que los que sancionan los atentados al orden constitucional y a la vida democrática (artículos 226 y 228), adquieren en el marco histórico actual una importancia trascendental en nuestro país y en la región, atendiendo a las nuevas formas destituyentes que, con diversa suerte, han proliferado respecto de los gobiernos democráticamente elegidos.
En consecuencia, debe advertirse que, si bien estos tipos penales ya eran materia de preocupación en nuestro país en sendos proyectos que datan de más de un siglo (debe enumerarse en ese sentido los proyectos de Código Penal de 1891 y 1906), el bien jurídico protegido- la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho- y las nuevas formas de afectación del mismo, merecen una necesaria adecuación a las nuevas formas de afectación de este bien jurídico pergeñadas en la actualidad.
Por eso, puede parecer en principio que la conducta de "armar una provincia contra otra" remite a una realidad compatible con los albores de nuestra organización constitucional y las luchas intestinas que devastaron el país hasta la sanción de la Constitución de 1853/60. Pero muy pocas dudas puede caber respecto de la dramática actualidad de tentativas frecuentes de "alzarse en armas para cambiar la Constitución local, y muy especialmente deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley". Tampoco nos sorprende, en el contexto actual de América Latina, el accionar de individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (art. 22 de la Constitución Nacional, ni tampoco el accionar  de los que se alzan públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código. 
Ambas normas, en consecuencia, deben interpretarse como sancionatoria de este tipo de prácticas antidemocráticas que han puesto en crisis la institucionalidad de los gobiernos legítimos de la región, y que en algunos casos han amenazado, en los últimos años y en lo que aquí importa,  a los de nuestro país. Los actores no necesariamente son las fuerzas militares, como antaño acontecía. Conspiran actualmente contra la democracia, según datos de la realidad contemporánea, desde grupos concentrados de poder económico, oligopolios mediáticos, policías locales y otras fuerzas de seguridad, hasta burocracias judiciales, etcétera. La doctrina de los golpes blandos de Gene Sharp ilustran maquiavélicamente sobre esos accionares reiterados. En líneas generales, cabalgando sobre la base de reclamos reales y atendibles, se invoca la "voluntad del pueblo" para arrancarle a los gobiernos democráticos determinadas medidas o, lisa y llanamente, deponerlos.
Según Sharp, estos "golpes suaves" (también aludidos como "primaveras") reconocen en todos los casos cinco pasos sucesivos de debilitamiento sistemático de los gobiernos:
1- ABLANDAMIENTO: acciones para generar y promocionar un clima de malestar, como denuncias de corrupción y la promoción de intrigas.
 2- DESLEGITIMACIÓN: desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.
 3- CALENTAMIENTO DE CALLE: lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales, promoción de manifestaciones y protestas violentas contra las instituciones.
 4- COMBINACIÓN DE FORMAS DE LUCHA: operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, bajo un clima de "ingobernabilidad".
 5- FRACTURA INSTITUCIONAL: forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras, mientras se prepara el terreno para una intervención militar. Guerra civil prolongada y aislamiento internacional.
Se trata, en ambos casos, de delitos de actividad, que admiten únicamente la forma dolosa directa que consiste en el conocimiento del o los autores de que intervienen en alguna de las conductas anteriormente indicadas.