Mientras buscaba en mis archivos un texto vinculado al funcionamiento de la CPI, encontré un documento que reproducía mi intervención como representante de la Provincia de La Pampa en el Plenario de Comisiones del Senado, en la "Jornada sobre Régimen Penal de Menores", acaecida el 11 de mayo de 2004. Por ese entonces, el hasta allí "ingeniero" Juan Carlos Blumberg entregaba a las distintas comisiones del Senado sus propuestas "securitarias". El propio sitio web de la Cámara alta daba cuenta que el 11 de abril de ese año, Blumberg había estado en "el salón Arturo Illia del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849)", donde" se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. Juan Carlos Blumberg, autor de un petitorio que se presentó ante ambas Cámaras del Congreso para delinear una agenda legislativa en temas de seguridad y reformas penales, estuvo presente para explicar su propuesta" (http://www.senado.gov.ar/prensa/113/noticias)..A principios de mayo de ese año (hace más de una década), Blumberg lograba que un Senado en desprolijo retroceso comenzara a sancionar una saga de leyes represivas cuyos efectos todavía hoy lamentamos (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34969-2004-05-06.html).  Entre esas propuestas, estaba, por supuesto, la de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Y al plenario asistían, en actitud de claro contralor de los expositores, personas que comulgaban con las posturas punitivistas que se pretendían imponer con marchas multitudinarias frente al Congreso argentino. Este viejo fragmento del Diario de Sesiones sirve para analizar y reflexionar sobre lo que pasó en estos largos diez años en materia de niñez, en el país y en La Pampa. Y, por supuesto, me deja en absoluta tranquilidad con mi conciencia.



plenario de comisiones
martes 11 de mayo de 2004

Jornada sobre Régimen Penal de Menores









Casete Nº 1
Comisión de Seguridad y Narcotráfico
11 de mayo de 2004

En el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación el martes de 11 de mayo de 2004:

Presentador. — Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación donde vamos a participar de la IV Jornada “Régimen Penal de Menores y Protección del Niño y Adolescente” que es organizado por las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Población  y Desarrollo Humano, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales. Como ya es habitual en cada jornada, primeramente vamos a escuchar las palabras de bienvenida e introducción sobre el Régimen Penal de Menores de la señora presidenta de la Comisión, senadora Sonia Escudero.
Sra. Presidenta (Escudero). — Buenas tardes, les agradezco a las provincias que nos acompañan; tenemos representantes de nueve provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de esta invitación es conocer cuáles serían las consecuencias en cada provincia si el Congreso Nacional avanza en la aprobación del proyecto que se está analizando y que prometió enviar el Poder Ejecutivo sobre Régimen Penal de Menores.
            Antes de escuchar a cada provincia quiero comentarles cuáles son los consensos sobre los que se está trabajando. En primer lugar, hay consenso con relación a que el régimen vigente, la Ley de Patronato, debe ser derogada inmediatamente; hay consenso en que es urgente aprobar la ley que implemente la Convención de los Derechos del Niño adecuándolo a nuestro derecho positivo; hay consenso en cuanto a que hay que aprobar un régimen penal especial de menores; y no hay consenso todavía en cuanto a la edad de imputabilidad, hay una petición concreta que recibió el Congreso en la marcha encabezada por el señor Blumberg donde se pide bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Con relación a ese tema hemos escuchado a distintos especialistas y por eso hoy empezamos la ronda con las provincias.
            Concretamente, nos gustaría saber: ¿Cuál es la situación de los menores en cada provincia?, ¿cuál es el régimen que se está aplicando?, ¿cuál es la situación de institucionalización de los menores?, ¿cuáles son los costos?, ¿cuáles son los efectos que eso tiene? Y si se avanzara en el cambio del régimen, ¿cuánto tiempo necesitarían las provincias para adecuar sus sistemas al régimen de la nueva ley?.... 
(Hablan en primer lugar varios representantes de distintas provincias)......
Le damos la palabra al representante de La Pampa. Es el doctor Eduardo Aguirre, subsecretario de Seguridad.
Sr. Aguirre. — Una primera coincidencia con todos los participantes que me precedieron en el uso de la palabra, que es el agradecimiento por la posibilidad de tener este espacio para debatir estos temas tan sensibles.
            Y una segunda coincidencia, por cierto, no formal, que es la evidencia de encontrar puntos de vista consensuados, si es que por consenso entendemos la capacidad de generar tendencias que se arraiguen en los sujetos colectivos. Podemos decir ya a esta altura de la tarde que hemos escuchado un sinfín de propuestas y hemos, seguramente, logrado un número no menor de acuerdos. Lo cual, de alguna manera, va a allanar el camino de lo que será mi exposición, en lo que tiene que ver con la posibilidad de encontrar un ejercicio de síntesis, o más bien, sincrético, de lo que se ha producido a lo largo de esta mesa.
            Quiero retomar una parte del planteo del doctor Cafiero, que realmente me impresionó. Porque creo que puso sobre el tapete un eje que me parece que está siendo sistemáticamente escamoteado de la discusión jurídico penal y, sobre todo, político criminal, al momento de diseñar estas estrategias, supuestamente de prevención, perfiladas únicamente desde el sistema penal.
            Ese eje es la selectividad evidente del sistema penal, a través de todos los procesos de criminalización, incluso de la criminalización primaria, como es el caso de una ley penal. Y esta huida hacia la punición, en mi modesta apreciación, acicateada por emociones comprensibles, pero por emociones al fin, nos pone prácticamente frente al abismo de no saber hacer una lectura retrospectiva mínima de lo que ha venido ocurriendo en la Argentina, con indicadores sumamente elocuentes en lo que tiene que ver con el perfil de la clientela de las institutos de menores y de las cárceles de la República Argentina.
            Cómo resuena, cómo golpea, cómo replica ese carácter selectivo del sistema penal, tiene yo diría una connotación que se vincula con lo que ocurría hace setenta años. Hace setenta años, recuerdo,  la autora italiana Eugenia Scarsarella (?) daba cuenta de cómo en la Argentina el 90 por ciento de los presos eran pobres. Esa cifra se repite hoy en nuestro país, y además de ser pobres son cada vez más jóvenes. Este es un dato que no podemos obviar de ninguna manera, porque esta evolución va alcanzando ribetes francamente dramáticos.
            Yo quería plantear lo siguiente —espero no aburrirlos con esta cita un poco desordenada, a lo mejor no del todo sistemática de datos—: en la Argentina, el porcentaje de inculpados menores de 21 años creció en forma sostenida desde 1995 a la fecha. De la misma manera, la proporción de inculpados menores de 21 años, ha crecido entre 1991 y 1997, en una tasa promedio anual del 2,1 por ciento. Pero en el período de 1995 a 1997 —esto no es casual—, este crecimiento adquirió una rapidez inusitada, alcanzando el 7,8 por ciento anual.
            Estas cifras son de por sí preocupantes. Pero son más preocupantes todavía si tenemos en cuenta que el 42 por ciento de las sentencias del año 1999 fueron dictadas contra ciudadanos que tenían entre 18 y 25 años.
            Otro dato que quiero considerar, es que el 47 por ciento de los imputados en el año 1997 tenían entre 18 y 29 años, y el 9,8 por ciento tenía menos de 18 años de edad.
            La edad promedio de las cárceles —me refiero a los internos, obviamente— a nivel nacional, ha bajado de manera sustancial, absolutamente notoria. Y hay provincias —como el caso de la provincia de Buenos Aires—, donde la edad promedio de los internos ha pasado a ser, de 31 años, en 1984, a 21 años, en 1994. Esto es, se ha producido un descenso promedio de diez años.
            Digo esto, porque es la antesala para prever correctamente, y sin demasiado esfuerzo, hacia dónde vamos en el planteo de estas políticas públicas adoptadas sin un marco de reflexión o, al menos, sin la mirada hacia otras racionalidades alternativas a la punición.
            Esa edad promedio se estima actualmente en 19 años.
            Ahora bien, en el período 1996-1999, el porcentaje de inculpados con nivel educativo inferior al secundario —esto es, analfabetos o de escasa educación formal o educación primaria solamente—,  superó el 91 por ciento en todos los años, en el orden nacional y en las provincias.
            Mientras tanto, los estudios más recientes están revelando que en la Argentina solamente se denuncia el 30 por ciento de los delitos, de los cuales un 80 por ciento son de autores desconocidos, por lo que queda sólo un 6 por ciento de este guarismo inicial que estaba señalando. Y de ese 6 por ciento son condenados sólo un 50 por ciento. De ese 50 por ciento, que equivale al 3 por ciento, sólo el 20 por ciento —esto es el 0,6 por ciento— cumple prisión efectiva.
            De esos sujetos “prisionizados”, de ese 0,6 por ciento sobre el cual actúa de manera selectiva el sistema penal, con una edad promedio —como habíamos visto— de entre 19 y 21 años, entre el 50 y el 80 por ciento está privado de libertad por delitos contra la propiedad. Y tenemos en la Argentina un promedio de ocho homicidios cada 100 mil habitantes.
            Esto es, en rigor de verdad, esta huida hacia el sistema penal y hacia la punición, nos está colocando en una especie de callejón sin salida. Es decir, en una huida hacia adelante o, si ustedes mejor lo prefieren, concéntrica. ¿Por qué? Nosotros tenemos casos, como el de la provincia de La Pampa, que según los últimos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está considerada como la de situaciones más favorables, donde una lectura dinámica de cuál es la evolución de los indicadores de “prisionización” nos está diciendo lo siguiente: en junio del año 2000, la provincia tenía, contando todos los internos —nosotros no tenemos sistema penitenciario provincial; es decir, los internos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Nacional condenados o procesados por tribunales provinciales o federales con asiento en la provincia— 177 internos. Nuestra provincia tiene 300 mil habitantes. Saquen ustedes la cuenta. Teníamos 59 presos cada 100 mil habitantes, lo cual nos daba un índice de “prisionización” parecido al de Noruega, en ese momento. ¿Está claro?
            Hoy por hoy, a junio del año pasado, tenemos 393 presos. Es decir, hemos duplicado la cantidad de internos. Y al 29 de marzo de este año, tenemos 412.
            Quiero poner de relieve estos datos, porque sin la lectura objetiva de estas realidades, es bastante poco probable legislar con arreglo —insisto— a ciertas racionalidades. Porque cuando nosotros hablamos de políticas públicas, tenemos que poner de relieve que, además, la exigencia no es de mayor seguridad entendiendo la seguridad solamente como la posibilidad de ser víctima de un delito. La seguridad implica la elevación de la calidad de vida. Y la calidad de vida, desde el Estado, sólo se eleva con mayor calidad de gestión.
            Esto también es una demanda que es inexorable al momento de intentar articular políticas preventivas, generales, sociales, que no se agoten solamente en la política disuasiva o en la política situacional. Porque, en todo caso, estas políticas serían tremendamente regresivas y lo único que harían sería profundizar esta connotación asimétrica del sistema penal.
            Aún en la posibilidad de que el Estado nacional seguramente va a ser muy generoso en la arbitración y adjudicación de medios en el caso de que estas leyes finalmente se aprueben. Me refiero a las provincias, porque si no, obviamente no vamos a poder afrontar estas circunstancias venideras. Esto creo que también lo comparte el resto de los colegas.
            Creo que indudablemente vamos a tener que caer en esta cuenta. Si los indicadores evolutivos de la “prisionización” son similares a los que yo acabo de leer para la provincia de La Pampa, por más que creemos todos los institutos y bajemos los estándares de edad de la imputación penal, cuando logremos tener el primer instituto, ya esta realidad evolutiva geométrica y fugaz, nos iba a colocar en la misma situación que estábamos antes de tomar la decisión política.
            Por lo tanto, creo que este es un dato de la realidad objetiva que no puede soslayarse. Porque si se soslaya, lo único que hace es profundizar políticas que —como bien dijeron hace un rato— son erráticas desde 1903.
            Por otra parte, el doctor Cafiero decía hace un rato lo riesgoso que se suponía esta parte del discurso que plantea: si bajamos la edad de la imputabilidad, pero dotamos a los menores de un piso de garantías compatible con el paradigma de la Constitución, esto va a significar una suerte de neutralización del efecto de la disminución de la edad de la imputabilidad.
            Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque comparto lo que decía el doctor Cafiero, por otro motivo inclusive. Si nosotros tenemos en consideración cuál es la realidad, por lo menos la que hay en nuestras provincias —particularmente a la que yo represento—, creo que este sesgo de arbitrariedad judicial que permite el paradigma tutelar, por imperio de la realidad, y precisamente por imperio de esta unilateral dirección de las estrategias de política criminal hacia la internación, han producido ya esa decantación.
            No sé si me explico. Nosotros tenemos algunos indicadores que están marcando lo siguiente: en la provincia de La Pampa hay un solo lugar de internación de menores que, paradójicamente, se llama Proyecto Vida, que tiene veintinueve residentes, y que tenía en el año 2001, también veintinueve chicos residentes en ese lugar.
            En el año 2001, teníamos por ejemplo, un solo caso de homicidio y veintiún casos de robo. Es decir, el 67,7 por ciento de esos chicos estaban privados de su libertad por la comisión de delitos que, por supuesto, no eran de homicidio ni violaciones, como se planteó al principio.
            Los indicadores del día de hoy, nos están señalando una mucha mayor complejidad de la actividad delincuencial de estos menores. Es decir, ya no se trata de un 67 por ciento de robos sino que, en todos los casos, lo que existe es, primero, mayor cantidad de homicidios; una mayor cantidad de robos agravados; la participación de menores en banda. Es decir, es probable que esta vuelta de tuerca en orden a la racionalidad de las motivaciones que impulsan una internación, ya se haya dado por imperio de las posibilidades acotadas que los Estados tienen y que los jueces advierten, naturalmente, que los Estados tienen.
            Eso por una parte.
            Por otro lado, lo que quería poner de relieve es que, cuando hablamos de políticas de prevención, creo que tenemos que tratar de lograr, no digo identidades, pero sí criterios similares respecto de qué vamos a denominar como políticas de prevención.
            En la provincia de La Pampa estamos trabajando fuertemente en un nuevo proyecto de ley que sustituya la ley 1.270, que era una ley compatible con el paradigma tutelar. Estamos tratando de que ese proyecto de ley se adecue a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño. Y ya hemos enviado un Código de Procedimientos Penales a la Cámara de Diputados de la provincia, con los contenidos que se planteaba recién. Sobre todo, el proyecto Maier del Código Procesal para América Latina; con adecuaciones, obviamente, particularizadas en las situaciones distintivas, que ya mencioné, que acontecen en la provincia.
            Ahora bien. El planteo es el siguiente: solamente con un Código y solamente con una ley, creo que no estamos en condiciones de revertir esta situación objetiva de criminalización de los sectores más vulnerables, cada vez más jóvenes, como bien decía la diputada hace un rato.
            En tanto y en cuanto, el mismo no se acompaña, en primer lugar, con un fuerte crecimiento presupuestario. Creo que las provincias, por supuesto, no están en condiciones por sí solas de afrontar, en lo que tiene que ver con la necesidad de articular políticas sociales de prevención, que hagan especial hincapié y eje en las familias.
            Por otro lado, en la necesidad de la capacitación de los operadores y de una adecuación de las psicologías de los operadores a los nuevos paradigmas sobrevinientes. Y, por si esto no fuera suficiente, creo que también es absolutamente necesaria la posibilidad de tener nuevos establecimientos de internación, pero que sí sean establecimientos que tengan algún grado de subsunción a los mandatos constitucionales. Porque de otra manera, lo único que estaríamos haciendo sería profundizar los niveles de violencia estatal que, como ejemplo para evitar la violencia individual de los menores, no parece a primera vista el más aconsejable.

            Muchas gracias. (Aplausos)