Rusia decidió hace pocos días no participar más en la Corte Penal Internacional, el organismo de jurisdicción penal más promocionado por occidente desde la creación de la ONU, aduciendo el incumplimiento de las expectativas que dieron origen a su trabajosa formación y su falta de independencia de los poderes que articulan un sistema de control global punitivo, cuya característica central ha sido, precisamente, su correspondencia con una relación de fuerzas políticas a nivel mundial y el profundo sesgamiento y selectividad de sus decisiones, que derivaron en una marcada inacción de la que da cuenta la resolución adoptada por la administración Putin.

El presidente ruso firmó el miércoles pasado, en uso de sus facultades legales y constitucionales, una orden que puso fin a la participación de esa potencia mundial en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que supone el abandono de este tribunal por parte del país más extenso de la tierra.

El Ministerio ruso de Relacions Exteriores justificó la decisión oficial haciendo hincapié en el decepcionante funcionamiento del órgano internacional respecto de los derechos e intereses rusos. “La Corte Penal Internacional no cumplió con las expectativas y no pudo convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso”, según un comunicado del Ministerio.

Según el comunicado del Kremlin, la “ineficacia” y la “unilateralidad” del CPI, que en sus 14 años de funcionamiento dictó solo cuatro fallos y gastó más de 1.000 millón de dólares, llamó la atención en varias ocasiones, incluso de la Asamblea General el Consejo de Seguridad de la ONU.

Moscú acaba de expresar de esta manera la preocupación especial que le ocasionara la postura de la CPI respecto a los hechos acontecidos en agosto de 2008, cuando Georgia atacó Tsjinvali, capital de la república de Osetia del Sur, en un intento de anexionarla.

“La CPI respondió a la ofensiva del régimen de Mijaíl Saakashvili contra la pacífica ciudad de Tsjinvali y el asesinato de los cascos azules rusos con acusaciones contra los milicianos de Osetia del Sur y los militares rusos”, rezaba el comunicado.

Le decisión rusa, por su importancia, significa un golpe indisimulable para el Tribunal y la denominada “comunidad jurídica internacional”, pero además da cuenta de la capacidad de daño que resoluciones de este tipo alcanzan cuando las adoptan las grandes potencias. En definitiva, pone al descubierto una vez más la debilidad de origen y la falta de legitimidad de la Corte. Algo sobre lo que debería reflexionarse sin anteojeras coloniales en nuestro país. Derecho a Réplica se ha ocupado en innumerables oportunidades de advertir sobre la endeblez de estos organismos internacionales creados a imagen y semejanza de las grandes coaliciones políticas, militares, económicas y culturales de occidente. Sin embargo, en nuestras escuelas de derecho sigue rigiendo una suerte de fetichización que lleva a enseñar y aprender acríticamente respecto de este tipo de organismos.