El deterioro del concepto de ciudadanía en España parece no tener fin. A la decisión oficial de cerrar cualquier instancia de revisión de su pasado inmediato (incluidas las groseras referencias del Ministro de Justicia peninsular respecto del requerimiento efectuado por la jueza argentina Servini de Cubría), deben añadirse esperpentos tales como la “ley mordaza” y el comportamiento estatal violatorio de los Derechos Humanos de los migrantes (rematada con la  aparición de una nueva cultura concentracionaria mediante la implementación de los “Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes”, en el que se hacinan, las víctimas actuales del colonialismo y el imperialismo), que merecieran una severa amonestación del Comité contra la Tortura de la ONU.


Por si esto fuera sencillo de explicar incluso en el marco acotado de una democracia formal y de baja intensidad como la española, el gobierno acaba de sostener que el asesinato de una prostituta a manos de un cliente no puede considerarse violencia de género "al no existir un vínculo afectivo entre el agresor y al víctima". La explicación no puede ser más brutal.
Pero las manifestaciones oficiales peninsulares no quedan ahí, y permiten inferir sin temor a equívocos que una suerte de cataclismo en materia de derechos civiles y políticos acompaña la crisis económica y social, como suele ocurrir de ordinario.

La fascistización de las relaciones sociales no tiene fin. El PP fue denunciado hace pocos días por “acarrear” ancianos “con demencia” para votar por correo en un pueblo de Lugo.

La resistencia popular impide que aumente la cantidad de presos políticos en el País Vasco, muchos de ellos sometidos a condiciones inhumanas de detención.

Los desahucios, la represión sistemática de la protesta social y un deterioro institucional sin precedentes, que incluye una saga alarmante de graves episodios de corrupción política y empresarial, completan un panorama sombrío que parece difícil de revertir en lo inmediato, en el marco de una crisis social que parece no haber tocado fondo. Para colmo de males, una editorial del New York Times, a prueba de los epítetos macartistas habituales del gobierno y sus medios aliados, acaba de afirmar:"La nueva ley mordaza de España inquietantemente se remonta a los días oscuros del franquismo. No tiene lugar en una nación democrática, donde los españoles, como ciudadanos de la Unión Europea, tienen más que un derecho virtual al pacífico, protesta colectiva". Fin del recorrido?