“La palabra constituye por lo tanto un desafío considerable. En primer lugar la de los sobrevivientes. Pero, más allá del testimonio de las víctimas, ¿podrá la sociedad reconstruirse sin que hablen todos, incluso los verdugos? Por ahora, la palabra de los genocidas está cautiva: tienen que salvar sus vidas, atenuar sus crímenes, proteger a sus familias. Ahora bien, “la memoria del verdugo forma parte de la memoria, estima José Kagabo, de origen ruandés, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Durante las plegarias dominicales se intenta una aseptización colectiva de los acontecimientos mediante el intercambio. El diálogo es el único medio para volver a tejer los lazos sociales, reconstruir las ganas de volver a vivir juntos. Simon Gasiberege, profesor de psicología en la UNR, organiza en las colinas encuentros entre verdugos y víctimas, para que unos y otros puedan expresar su sufrimiento. Es una empresa de largo aliento. Los hutus son estigmatizados, mientras que los miembros de esa etnia que se mostraron favorables a una Ruanda unitaria figuraron entre las primeras víctimas. Hay que ir hacia una justicia conciliadora, opina Gasiberege. Además, al confesar sus crímenes, los torturadores pueden reconocer el dolor del otro. Todo sufrimiento necesita ser reconocido[1].

     Hace 19 años, el 4 de mayo de 1994, Butros Ghali, por entonces Secretario General de las Naciones Unidas, utilizaba por primera vez el término “Genocidio” para describir lo que estaba ocurriendo en Ruanda. Más allá de las particularidades de la masacre, el genocidio ruandés se caracterizó por la influencia inédita de los medios de comunicación en la construcción de una otredad negativa, en la invención de un enemigo interno al que resultaba legítimo aniquilar.
       La posibilidad de instalar en gran parte de la sociedad  discursos, narrativas, prácticas y lógicas compatibles con la eliminación del “diferente”, y su aceptación, en sustancia, fue un requisito sine qua non para que se pudiera llevar adelante un plan sistemático de extermino de nacionales en su propio territorio.
      Algo parecido había ocurrido durante el genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar en la Argentina. Hago esta breve disquisición sobre las relaciones de la propaganda y el genocidio   absolutamente comprobadas en la Argentina, y que ha producido en Ruanda el primer episodio que se recuerde de participación comprobada judicialmente de “periodistas” y empresarios de  medios de comunicación en el aniquilamiento, por la curiosa analogía entre ambas situaciones. Más allá de la mayor o menor sutileza en el manejo del lenguaje, las metáforas o los mensajes, los niveles de participación y complicidad no parecen diferenciarse, en ambos casos, en lo sustancial.

El genocidio de Ruanda ocurrió en apenas cien aciagos días, entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994. La mayoría de los crímenes se perpetraron durante las primeras cinco semanas, y por supuesto los registros sobre los mismos varían y son inciertos[2].
Se sabe que entre 500.000 y 1.000.000 de tutsis fueron masacrados en tan poco tiempo, y que hubo cientos de miles de ataques sexuales de increíble crueldad, en lo que constituyó una de las características distintivas de la terrible masacre  silenciada[3].
La matanza exhibe, no obstante, otra particularidad que debe ser advertida inicialmente, por su importancia decisiva en el conflicto, cual es la conducta intencionadamente omisiva de las grandes potencias mundiales (en especial los otrora países coloniales y los Estados Unidos), el fracaso de la ONU y la fatídica participación activa francesa que terminó siendo una de las precondiciones que más certeramente ayudan a comprender el exterminio[4].
De hecho, actores internacionales indudablemente poderosos optaron por omitir el término “genocidio” para aludir a la cuestión de Ruanda, en un intento reiterado -como hemos visto- de negación de este tipo de delitos.
Fue así que a los representantes del Departamento de Estado solamente les estaba permitido hablar únicamente de “actos de genocidio”[5], como manera de desfigurar la verdad histórica, de la que sobraban las evidencias, e intentar  atenuar la responsabilidad política norteamericana por no intervenir en la crisis de los grandes lagos, seguramente en razón del altísimo costo político recientemente pagado por la misión estadounidense en Somalia durante la administración Clinton.
Este es otro ejemplo de una de las continuidades que caracterizan a los genocidios y que Rita Kuyumciyan explora refiriéndose al caso armenio: la negación[6]. “¿Un millón de muertos en cien días y el mundo no sabía nada? Desde la independencia, en 1962, todos los que se interesaban en Ruanda sabían que algo se estaba tramando. La indiferencia, la ceguera y los intereses de las grandes potencias se entramaron de tal modo que resultó imposible impedir uno de los genocidios más fulgurantes de la historia. A una década de los hechos, las autoridades ruandesas se esfuerzan por recomponer el país en un contexto regional complejo, mientras las potencias asumen tibiamente su responsabilidad”[7].
Si bien la ejecución propiamente dicha de las matanzas fue llamativamente vertiginosa, las condiciones políticas previas permitían prever una situación altamente conflictiva y violenta en el país.
En primer lugar, el legado del colonialismo, las rivalidades entre las propias potencias,  y el cambio en la relación de fuerzas internas entre los hutu y los tutsi, fueron elementos absolutamente visibles, al igual que las crecientes tensiones racistas que agravaban la convivencia entre ambos grupos.
Justamente, otra de las connotaciones que distinguieron al genocidio ruandés tuvo que ver con la cantidad de masacres previas, acaecidas durante largos treinta años, desde 1964 hasta 1994, y con la alternancia en la condición de atacantes y víctimas, siempre entre los mismos involucrados[8].
De hecho, los hutu más radicalizados llevaron a cabo una suerte de ensayo previo del genocidio, al aniquilar entre 1990 y 1993, en el noreste de Ruanda, a alrededor de 2000 tutsi, sin que esto llamara tampoco la atención.
De haberse atendido esta larga escalada de atrocidades con cíclicos cambios de roles, pero crecientes niveles de odio entre los dos grupos en pugna, la prevención del genocidio hubiera sido posible o, al menos, su saldo trágico se hubiera acotado.
Algo parecido a la culpa, no obstante, pareció ponerse de manifiesto en los líderes de algunos países con intereses directos en la región, una vez finalizado el martirio y conocidas sus verdaderas consecuencias por el resto del mundo: “Tratándose del genocidio, año tras año los sobrevivientes y el gobierno ruandés experimentan el sentimiento de haber logrado el reconocimiento internacional. Fue espectacular el pedido de perdón del primer ministro belga Guy Verhofstadt, en ocasión de la conmemoración del año 2000. De los países implicados en la historia del genocidio, sólo Francia se ha mostrado reservada”[9]. “El deliberadamente ruidoso recuerdo de las responsabilidades internacionales parece tener como finalidad última la reafirmación de la soberanía nacional; una manera de decir: “Después de lo que pasó, y vista la manera en que ustedes se comportaron, no pueden darnos lecciones de moral”. Se trata menos de culpabilizar que de postular la posibilidad de otro tipo de relaciones políticas con las antiguas potencias coloniales. Queda la dolorosa cuestión de la memoria, individual o colectiva, que evidentemente no puede resolverse ni mediante una puesta en escena oficial ni a corto plazo”[10].
En una conmemoración posterior del holocausto ruandés, llevada a cabo en el año 2003, el Presidente Kagame deploró el “nunca más” que la comunidad internacional había declarado desde la Shoah, mientras los ruandeses habían sido literalmente abandonados a su suerte en 1994, cuando no estimulados a iniciar o continuar el genocidio[11].
Estando presente en ese acto el Ministro belga de Relaciones Exteriores, el mandatario señaló en tono enérgico que Ruanda habría de hacer todos los esfuerzos para sancionar y combatir a aquellos que, desde adentro o desde afuera del país, quisieran retrotraerlo a una situación de violencia análoga a la que conmemoraban en ese momento y que, en el país de los grandes lagos, el nunca más debería traducirse en hechos. Kagame ganó las siguientes elecciones con el 95% de los votos[12]: “El deliberadamente ruidoso recuerdo de las responsabilidades internacionales parece tener como finalidad última la reafirmación de la soberanía nacional; una manera de decir: “Después de lo que pasó, y vista la manera en que ustedes se comportaron, no pueden darnos lecciones de moral”. Se trata menos de culpabilizar que de postular la posibilidad de otro tipo de relaciones políticas con las antiguas potencias coloniales. Queda la dolorosa cuestión de la memoria, individual o colectiva, que evidentemente no puede resolverse ni mediante una puesta en escena oficial ni a corto plazo”[13].
En rigor, el genocidio ruandés fue también -y he aquí otra de sus singularidades- una suerte de “tierra de nadie” en materia de la escasísima atención que le prestaron las grandes cadenas empresariales del periodismo mundial.
Los sucesos, en general, fueron aludidos caprichosamente como “luchas interétnicas” o “guerras tribales”, tan ininteligibles para el gran público como para los propios analistas, los corresponsales y los enviados especiales, en una práctica que roza los niveles de complicidad, y que se reitera en todos aquellos acontecimientos históricos respecto de los cuales al imperio le interesa que se conozca poco y, generalmente, de manera fragmentaria y sesgada, en una típica actitud etnocéntrica que ya ni siquiera causa asombro ni genera mayores cuestionamientos[14]: “En México, un amigo mío trabajaba para las cadenas de televisión estadounidenses. Me lo encontré en la calle, filmando unos enfrentamientos entre los estudiantes y la policía. “¿Qué pasa, John?”, le pregunté. “No tengo ni la menor idea”, me contestó sin dejar de filmar. “Yo sólo registro, me conformo con captar imágenes; después las mando al canal que hace lo que quiere con este material”. La ignorancia de los enviados especiales sobre los acontecimientos que deben describir es a veces pasmosa. En ocasión de las huelgas de Gdansk de agosto de 1981, donde nació el sindicato Solidaridad, la mitad de los periodistas extranjeros que fueron a Polonia a cubrir el incidente no sabían situar a Gdansk (ex Danzig) en el mapamundi. Sabían todavía menos sobre Ruanda, en tiempos de las matanzas de 1994. La mayoría de ellos ponían por primera vez un pie en el continente africano y habían desembarcado directamente en el aeropuerto de Kigali, en aviones fletados por la ONU, sabiendo apenas dónde se encontraban. Casi todos ignoraban las causas y las razones del conflicto”[15].
Ahora bien, para entender cuáles fueron las verdaderas causas y razones del conflicto, hay que atender a factores que vienen desde el fondo de la historia de estos pueblos. La forma absolutamente arbitraria como las potencias coloniales dividieron artificiosamente los territorios africanos, disciplinando por la fuerza una convivencia forzada entre grupos que tenían viejos antagonismos, no puede obviarse al momento de realizar una primera mirada sobre el tema.
Los hutus (a quienes se llamaba “los bajos”, como una desmañada manera de acentuación de diferencias raciales dudosas) era la “etnia” mayoritaria en la región (alrededor del 84% de los habitantes ruandeses), mientras los tutsis (denominados “los altos”) componían alrededor de un 15% de la población[16].
En este sentido, a diferencia de lo ocurrido en otros genocidios, en el caso de Ruanda ambos grupos tenían una cultura común, hablaban la misma lengua, profesaban la misma religión católica[17] (a cuya jerarquía se atribuye, también en este caso, un rol lamentable de profundización y agudización de las contradicciones), conservaban las mismas costumbres y organización social[18].
Tal como fuera observado por especialistas, otro de los rasgos salientes de la cuestión ruandesa era que los agresores y las víctimas pertenecían, en realidad (y prescindiendo de la exaltación inconsistente de supuestas diferencias que estalló cuando el conflicto era inevitable), al mismo grupo etnocultural[19].
Los enfrentamientos se hicieron particularmente más violentos a partir de la descolonización belga en 1962, oportunidad en que una multitud de tutsis debieron huir a Uganda perseguidos por los hutus, que intentaban vengar una situación de sometimiento que habían padecido por años durante la monarquía feudal de aquellos, que en la práctica habían conformado una estructura y relaciones sociales de predominio sobre la mayoría hutu (compuesta por más de siete millones de personas)[20].
Aparentemente, entre esos miles de refugiados estaban los que, siendo por entonces niños, volverían treinta años después -ahora anglófonos y, por lo tanto, fuertemente incorporados a la cultura anglosajona-, en 1990, a intentar exitosamente recuperar la primacía perdida, integrando el Frente Patriótico de Ruanda (FPR), que se trabaría en feroz lucha con el gobierno de la mayoría hutu, ayudado económica, logística y militarmente por el gobierno socialista de Miterrand, que inclusive había entrenado a sus tropas.
Según algunos analistas, el papel que cumplió Francia durante el conflicto fue la precondición indispensable para el estallido del genocidio. Una vez producida la invasión del país en octubre de 1990, los tutsis del FPR y el Gobierno del presidente hutu, Juvenal Habyalimana, protagonizaron tres años de permanente tensión que culminaron con los acuerdos de paz de Atusha, formalizados en 1993[21].
Paradójicamente, el colapso de los acuerdos, destinados a lograr un poder compartido en una proyectada democracia multipartidaria, desató las más violentas pulsiones de muerte y fue entonces cuando el ejército hutu decidió apelar a lo que denominó “opción cero”, que no era otra cosa que el aniquilamiento de los tutsis[22].
Los sectores más radicalizados de los hutu temieron que los acuerdos  significaran el principio de la restitución de la monarquía tutsi, y se lanzaron a resolver el conflicto mediante una campaña de exterminio generalizada[23]: “En agosto de 1993, bajo presión de los prestamistas internacionales, se firmaron acuerdos de paz en Arusha, Tanzania. Estos acuerdos preveían la instalación de un gobierno de transición, en el que estaría representado el FPR junto a la oposición política, con la garantía de una fuerza de paz de la ONU. En ese momento sólo los diplomáticos extranjeros se mostraban optimistas. Tanto que los países miembros del Consejo de Seguridad pensaron que era suficiente dotar a Ruanda de un destacamento de 2.548 hombres (en lugar de los 4.500 que reclamaba el comandante de la Misión de Naciones Unidas en Ruanda (MINUAR), el general canadiense Romeo Dallaire) y limitaron su acción al capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la fuerza. Es cierto que Ruanda, pobre y aparentemente desprovista de interés estratégico, sufrió el contragolpe de la derrota de Estados Unidos en Somalia unos meses antes, y también que nadie, aparte de los belgas y los franceses, deseaba comprometerse realmente”[24].
Durante la noche del 6 al 7 de abril de 1994 se desató formalmente la masacre. El avión en el que viajaba el presidente de Ruanda y su par de Burundi fue derribado y el incidente que costó la vida de ambos mandatarios aceleró las operaciones de asesinatos de tutsis y hutus moderados que se resistían a sumarse a las fuerzas agresoras[25].
El presidente Habyarimana, de fuertes lazos con su par francés Francois Miterrand,  había evolucionado definitivamente hacia una postura intransigente, al punto de llegar a liderar junto a su esposa y otros referentes políticos el misterioso comando akazu (pequeña casa),  conformado por grupos de elite decididos a llevar a cabo el genocidio por todos los medios[26]. Dos días después del atentado, se formó un nuevo gobierno interino que contaba con el apoyo de oficiales del ejército de Ruanda y agrupaba a los sectores extremistas hutus[27].
El akazu y otros sectores radicalizados del nacionalismo hutu, entre la que es dable destacar por su ferocidad a la CDR (Coalición para la Defensa de la República) hicieron especial hincapié en el fortalecimiento de la propaganda y la instigación al aniquilamiento de los tutsis, para lo que utilizaron, básicamente, tres medios de comunicación hegemónicos: a) la radiodifusora estatal Ruanda; b) la difusora privada RTLM (Radio Televisión Libre del Milles Colines); c) la revista Kangura[28] .
La difusión de la propaganda antitutsi fue feroz y alcanzó ribetes increíbles de agresividad y racismo. Además de instalar el miedo respecto de una supuesta campaña militar de los altos, que eran denigrados con apelativos tan insultantes como “cucarachas” o “raza de víboras”, estimulaba el odio hacia este grupo minoritario[29].
Esas manifestaciones claramente racistas fueron condenadas por la Comisión Internacional de Juristas, a la vez que diputados belgas advirtieron sobre los contenidos hitlerianos de la revista kangura[30].
Estas operaciones psicológicas preparaban el terreno para el ataque, mientras se iba consiguiendo la aceptación y el apoyo de profesionales, docentes, líderes religiosos e intendentes. Los futuros participantes en las misiones de exterminio, recibían un constante repiqueteo ideológico que debe ser contextualizado previamente para poder alcanzar una dimensión de su influencia.
En regiones como África, y particularmente en la zona de los grandes lagos,  no resulta correcto extrapolar conceptos como los de la “sociedad de la información y el conocimiento” o la sociedad de medios. La mayoría de la gente no accede a la televisión en sus hogares, y si lo hacen la oferta de las programaciones es limitada; muchas emisoras de radio funcionan pocas horas al día; los periódicos son escasos y la Internet no está al alcance de la mayoría de la gente, en un país donde el 60% de sus habitantes se encuentra bajo la línea de pobreza.
En ese marco de referencia hay que valorizar la influencia de los medios de comunicación en poder de los hutu, y la penetración ideológica que los mismos son capaces de causar en la población. Los aparatos ideológicos del Estado, quizás en este caso más claramente que en ningún otro, intentaban  reproducir un sistema de creencias y formas de relacionamiento social propias, y destruir definitivamente aquel que consideraban establecido en un pasado por un grupo opresor, al que debían aniquilar para reorganizar una nueva sociedad sin su presencia.
La catástrofe sobrevino con un grado de inclemencia inconcebible. A la impresionante cantidad de asesinatos producidos con machetes, ejecuciones y torturas, se sumaron operaciones de inanición de decenas de miles de personas que fueron hambreadas deliberadamente hasta morir, entre 250.000 y 500.000 violaciones, reiteradas tantas veces hasta que las víctimas  murieran , o con el objetivo explícito de transmitirles enfermedades incurables, mutilarlas horriblemente o enterrarlas finalmente en fosas comunes[31].
El genocidio de Ruanda reconoció -como describe Feierstein- los habituales momentos de una primera construcción negativa de la otredad, adjudicando a los enemigos la condición de portadores de todos los males (raciales, culturales, físicos); una segunda fase de hostigamiento, que en el caso de Ruanda se confunde con ejercicios preparatorios que incluyeron multitudinarias matanzas; luego un aislamiento de las futuras víctimas que no pudieran huir a tiempo o prever la magnitud del ataque que se urdía; un cuarto momento de resquebrajamiento sistemático, físico y psíquico, deteriorando las condiciones de existencia antagónica; luego, el aniquilamiento material y, finalmente, la “realización simbólica” de las prácticas genocidas; esto es, lo que concierne a los modos de representar y narrar la materialidad de la experiencia[32].
Me permitiría agregar a estas etapas, un último momento adicional: aquel que en criminología se denomina  “técnicas de neutralización” (el único tramo en que no participó la prensa adicta a la masacre), donde el negacionismo es uno de los elementos que, si bien no agota el entramado de excusas posibles por parte de los perpetradores para encubrir este tipo de delitos, resulta fundamental en toda ideología genocida, porque intenta hacer desaparecer a las víctimas o negar su existencia[33].
Cuando nos planteábamos cuáles eran las explicaciones que podían encontrarse a las conductas de los genocidas argentinos, de alguna manera arribábamos a conclusiones donde ya se implicaba el aprendizaje de las mencionadas técnicas de neutralización.
Cuando un individuo comete un delito -cualquiera de ellos, y sobre todo cuando se trata de las más graves afrentas, como en estos casos- puede que no solamente se acoja a un valor normativo distinto de la cultura dominante o de los estándares de convivencia socialmente aceptados, sino que  el infractor  participe de la idea de que un determinado problema o necesidad puede ser superado a través de la ofensa.
En este único caso, la persona -no obstante haberse socializado con arreglo a determinados valores- acepta que en determinados contextos de excepción es posible vulnerar esos códigos apelando a dichas técnicas de neutralización, acaso únicamente en determinadas situaciones, o solo con respecto a ciertos delitos, o con relación a determinadas víctimas. Pero, en definitiva, lo acepta[34].
La emergencia, la excepción como construcción alternativa del Imperio, es un dato objetivo que no solamente sirve para justificar la guerra, sino también los delitos que en ella se cometen, como ya hemos visto.
Según Larrauri-Cid, las técnicas de neutralización consisten, generalmente, en:  a) negar la responsabilidad en el o los hechos delictivos; b) negar la existencia de un daño producido por la ofensa; c) negar la existencia de una víctima, o, en este caso, de un determinado número de víctimas; d) condenar a los que te juzgan; y  e) apelar a lealtades superiores[35].
Si analizamos, en líneas generales, las justificaciones de los perpetradores posteriores a los genocidios, veremos que estas explicaciones se repiten como regularidades de hecho, en un continuo de argumentaciones que admiten una matriz común.
En la experiencia argentina, estas técnicas se expresaron en la “obediencia debida”,  la “campaña antiargentina”, el cuestionamiento del número de víctimas o desaparecidos, la idea de “guerra antisubversiva”, el agradecimiento de que deberían haber sido objeto los genocidas, trocado groseramente por la “ingratitud social y política”[36], o la “farsa” de los juicios llevados a cabo por los que “perdieron la guerra” en el campo militar.
Como se observa, si bien existe un negacionismo, en las retóricas genocidas aparece mucho más que eso. Irrupe un comportamiento que es explicable con arreglo a las teorías criminológicas. Una conducta que comprende las excusas de cualquier criminal. Una forma legitimante de leer las conductas delictivas, por parte de los propios delincuentes[37].
Si se revisa el comportamiento ulterior de los más encumbrados jefes del ejército de Ruanda, que tuvo una participación preponderante en el aniquilamiento, observará que generalmente se amparan en lo que para ellos es tan sólo “una campaña para empañar la imagen de Ruanda”[38], una técnica de neutralización y negación muy similar a la que intentaron los genocidas argentinos y algunos jerarcas nazis.
Si analizamos las declaraciones de los principales operadores propagandísticos del régimen, dueños de medios de comunicación o comunicadores destinados a profundizar el odio racial hacia las víctimas,  veremos que los acusados, en su defensa, argumentaron desconocer la fuerza de las palabras pronunciadas en los medios de comunicación, llegando incluso a afirmar, como en el caso de Jean Bosco Barayagwiza, que nunca tuvo conciencia de ello. Si fuera necesario, habría que recordar la elocuencia de algunos de los “códigos de muerte” repetidos hasta el cansancio durante meses: “Hay que derribar más árboles, aún no hemos derribado suficientes” o “las cucarachas deben morir”[39].



[1]  Robert, Anne-Cécile: “Convivir con el genocidio”, Le Monde Diplomatique (el dipló), Número 13, Julio de 2000, pp. 30 y 31.
[2] Straus, Scott: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre Genocidio”, Volumen 3, Eduntref, noviembre de 2009, p. 9.
[3] Straus, Scott: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre Genocidio”, Volumen 3, Eduntref, noviembre de 2009, p. 9
[4]  Braeckman, Colette: “A 10 años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[5]  Straus, Scout: “Ruanda y Darfur: un análisis comparativo”, en “Revista de Estudios sobre genocidio”, Editorial Eduntref, Volumen 3, noviembre de 2009, p. 18.
[6] “El primer genocidio del siglo XX. Regreso de la memoria armenia”, Editorial Planeta, Buenos Aires,  2009, pp. 161 y ss.
[7] Braeckman, Colette: “A 10 años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[8] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 110.
[9] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23.

[10]  Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23.
[11] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, p. 22 y 23. Era esperabele. En la dinámica colonial, los recursos de los países oprimidos condicionan las acciones de las metrópolis. Agotados éstos o superados por nuevas lógicas del mercado internacional, a las víctimas sólo les espera el olvido y el abandono. O, lo que es peor, el genocidio.
[12]http://www.elpais.com/articulo/internacional/tutsi/Kagame/gana/elecciones/Ruanda/95/votos/elpepiint/20030827elpepiint_20/Tes
[13] Kagabo, José: “El sentido de una conmemoración”, Le Monde Diplomatique (“el Dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 22 y 23. Es que la responsabilidad belga y de las demás potencias coloniales no podía ser más nítida en la tragedia ruandesa. Es obvio que nada podía esperarse de las mismas, y mucho menos postulaciones éticas o recetas políticas, institucionales, económicas o jurídicas para salir de semejante crisis provocada.
[14] Kapuscinski, Ryszard: “¿Acaso los medios reflejan la realidad del mundo?”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 3, Septiembre de 1999, pp. 26 y 27.
[15]  Kapuscinski, Ryszard: “¿Acaso los medios reflejan la realidad del mundo?”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 3, Septiembre de 1999, pp. 26 y 27.
[16] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 112.
[17]  De hecho, el sacerdote Emmanuel Rukundo fue condenado a 25 años de cárcel por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) al encontrarlo culpable de agresiones sexuales y genocidio: “Los actos de Rukundo formaron parte del genocidio. Mientras cometía estos crímenes, tenía la intención de destruir [...] el grupo étnico tutsi”, conforme da cuenta el Diario “El País”, de Madrid, en su edición del 27 de febrero de 2009.
[18] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 109.
[19] Dadrian, Vahakn N: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 109.
[20] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos” Ed. Ediar, 2011, p. 426.
[21] Alvarado, Ester: “Ruanda, la historia real”, edición del diario El Mundo de Madrid, del 23 de Febrero de 2005.
[22] Esta minoría, “que en 1994, representaba el 15% de la población, con 1.250.000 personas, en 1994 quedó reducida a 300.000 después de la masacre”, señala Zaffaroni en “La Palabara de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 426.
[23] Braeckman, Colette: “A diez años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.
[24] Braeckman, Colette “A diez años de un genocidio anunciado”, Le Monde Diplomatique (“el dipló”), Nº 57, marzo de 2004, pp. 21 y 22.

[25] Alvarado, Ester: “Ruanda, la historia real”, edición del diario El Mundo de Madrid, del 23 de Febrero de 2005.
[26] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 118.
[27] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115.
[28] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115. La Radio Televisión Libre del Milles Collines, una de las emisoras con más audiencia del país, transmitió entre 1993 y 1994 una prédica sistemática antitutsi, promoviendo la diferenciación y el odio racial, utilizando música de Zaire y programas con una dialéctica claramente racista, llamando a la población hutu a "erradicar la invasión asesina de los tutsis", a quienes descalificaba llamándolos "parásitos” y “cucarachas”.
[29] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115.
[30]  Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 115. La revista Kangura se refería a  los Tutsis como una amenaza "chupasangre", como enemigos deshonestos y perversos y se alentaba a los hutus a armarse  para matarlos.
[31] Dadrian, Vahakn N.: “Configuración de los genocidios del siglo veinte. Los casos armenios, judío y ruandés”, en Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, pp. 116 y 117.
[32]  Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 216 a 239.
[33] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 458.
[34] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 453.
[35]  Larrauri, Elena - Cid Moliné, José: “Teorías criminológicas”, Editorial Bosch, Barcelona, 2001, p. 104.
[36] “Documento Final de la Junta Militar”, del 28 de abril de 1983, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 264.
[37] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 453.
[38]  Declaraciones efectuadas a la agencia AFP, por parte del portavoz del ejército ruandés, el mayor Hill Rutaremara, publicadas por el diario Página 12, de Buenos Aires, en su edición de 10 de febrero de 2008: “Madrid comenzó a juzgar los genocidios de Ruanda y Guatemala”.
[39]  “En Ruanda las palabras y los medios funcionaron como potentes misiles”, publicado en la edición del 13 de mayo de 2010 de “Correo del Orinoco”, disponible en http://www.correodelorinoco.gob.ve/tema-dia/ruanda-palabras-y-medios-funcionaron-como-potentes-misiles/ . Ver también Zaffaroni, Eugenio Raúl: “Las palabras de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 427.


Respecto de las posibilidades de prevención de los crímenes de masa, se ha aceptado que "la Criminología, hasta hoy, no había estudiado este delito, refiriendo entonces que el gran desafío para la criminología en el siglo XXI es el crimen de Estado, por ser el que más vidas sacrifica, más aun en tiempos en donde el terrorismo resulta ser la excusa más utilizada por el Estado para reprimir, torturar y matar gente”[1].
Una de las tareas que dota de sentido a la Criminología y se transforma en uno de sus objetivos fundamentales es, precisamente, la formulación de estrategias para prevenir las situaciones sociales problemáticas, en particular aquellas creaciones culturales denominadas delito.
En esta implicación entre Criminología y genocidio, que estamos intentando describir, es inevitable recorrer las alternativas que en materia de prevención de este delito es posible articular desde la comunidad internacional, teniendo a la mano los datos objetivos de la experiencia histórica de los últimos dos siglos, jalonada por una multiplicidad de horrendos crímenes masivos, frente a los cuales las respuestas jurídicas y sobre todo criminológicas -debemos admirlo- no han estado a la altura de lo que podría reclamar una ciudadanía universal en completo desarrollo[2].
Prevención del delito y reacción social (en este caso, reacción de la comunidad internacional) son dos conceptos criminológicos inescindibles, que deberemos tener en cuenta al momento de intentar dilucidar la factibilidad de la articulación de un sistema de prevención de crímenes contra la humanidad y genocidio.
Hemos ya mencionado el sesgo punitivista, prevencionista y retribucionista, que generalmente ha caracterizado al sistema penal internacional, la justicia universal y los sistemas internos de los Estados-nación, en aquellos contados casos donde este tipo de hechos aberrantes han sido juzgados.
Por lo tanto, la tarea de la construcción de estrategias de prevención de este tipo de conductas merece un abordaje original, diagnósticos consistentes y ejercicios de anticipación que prescindan de lugares comunes, meras expresiones de deseo y rutinas de probada ineficiencia.
Por de pronto, a la luz de la evidencia histórica, pareciera que, mientras existan experiencias de gestión institucional autoritarias, el riesgo de este tipo de prácticas sociales podría llegar a reproducirse e incrementarse.
La democratización de las relaciones humanas, por el contrario, permitiría incorporar nuevas formas de convivencia, mucho más tolerantes y horizontales, basadas más en la confianza que en la desconfianza, y en la percepción del otro como un diverso, pero nunca como un enemigo.
Una prueba de esta hipótesis estaría dada por la cantidad de prácticas de aniquilamiento que se están dando en el presente, empezando por Irak y Afganistán y terminando en Darfur.
Lo cierto es que los crímenes de masas son un fenómeno que ha recorrido el último siglo y lo que ha transcurrido del presente. Las respuestas institucionales internacionales han consistido en un aumento exponencial del poder punitivo de los Estados y una ratificación de la selectividad y asimetría de esos procesos.
Más aún: cuando la respuesta frente a las matanzas colectivas no han consistido en penas draconianas -desde Nüremberg hasta la actualidad- ello no ha ocurrido tanto porque se hayan repensado críticamente esas respuestas neocriminalizadoras, sino por razones meramente utilitarias.
Esto queda plasmado en las expresiones del Fiscal de la Corte Penal Internacional cuando explica que en Ruanda “se produjo un verdadero genocidio. Un millón de personas  en tres meses. Y Ruanda utilizó un mecanismo interesante, que es un modelo de justicia tradicional para juzgar a miles (en este caso 40 mil) de personas acusadas. La gente acusada ya había estado presa durante ocho años. Igualmente, era imposible juzgar a cuarenta mil personas. Entonces, lo que hicieron fue una especie de reunión comunitaria en que los acusados iban a las comunidades donde habían cometido los crímenes. Confesaban allí sus crímenes, pedían perdón y los condenaban a una pena de ocho años de prisión. Pero, como ya habían cumplido esos ocho años, los dejaban en libertad. Básicamente, esto fue lo que hicieron. Además, hay investigaciones específicas y todavía hay (actuando para Ruanda) un tribunal internacional[3]”.
Abstracción hecha de la connotación utilitarista que subyace en la explicación, es importante recordar que aparece aquí, por primera vez, el concepto del perdón que, al parecer, adquiere en la cultura propia una connotación especialísima, como veremos cuando analicemos el proceso sudafricano.
No obstante esta situación problemática en la que se encuentra el Derecho penal internacional, insistimos que el objetivo de una ciudadanía global constituye una utopía proactiva, absolutamente plausible.
Será la relación de fuerzas políticas la que en un futuro defina su impronta definitiva. La labor de los juristas comprometidos en el tema estriba en realizar todos los esfuerzos posibles para que el Derecho penal internacional se democratice y se desarrolle con sujeción a pautas civilizatorias y humanistas.
Respecto a la cuestión de si los homicidios masivos los comete el poder punitivo, se estima que ello está “fuera de toda duda, también es verificable que cuando el poder punitivo del Estado se descontrola, desaparece el Estado de Derecho y su lugar lo ocupa el de policía y, además, que los crímenes de masa son cometidos por este mismo poder punitivo descontrolado, o sea, que las propias agencias del poder punitivo cometen los crímenes más graves cuando operan sin contención (…). Por ende, la doctrina penal del Estado de Derecho bien puede dejar de legitimar la pena y admitir sinceramente que no sabe cuál es su función, porque sabe que debe contener racionalmente la habilitación del poder punitivo en la medida de su contra-poder de control jurídico para preservar el Estado de Derecho y evitar los crímenes de masa. El Derecho penal sería en el momento político el equivalente del derecho humanitario en el momento bélico: ambos servirían para contener un factum en la medida de su limitado poder jurídico de contención (…) ¿Qué legitima al Derecho penal internacional? Si el poder punitivo internacionalizado se descontrolase, se convertiría en un instrumento hegemónico de una suerte de Estado policial planetario, que pareciera ser lo que los críticos de izquierda quieren evitar y los de derecha provocar. Ante este riesgo, cabe preguntarse si el poder punitivo internacionalizado, dentro de límites menos irracionales, sería legitimado por alguna contribución positiva -incluso en limitada medida- a la evolución paulatina hacia una mejor convivencia internacional[4]”.
Por lo tanto, conforme a lo indicado, resulta que no es posible compartir el rol que se asigna al Derecho penal internacional en materia de prevención de crímenes de masas. Su legitimidad se ciñe, hasta ahora, únicamente a intentar que el ofensor no pierda su condición de persona y a evitar la venganza privada (y pública). Ahora bien, si el Derecho penal, acotado a una intensidad compatible con un Estado Constitucional de Derecho, no previene ese tipo de delitos masivos, deberíamos repensar las estrategias posibles y alternativas de anticipación frente a este tipo de tragedias[5].
La posibilidad de evitar la venganza o el acotamiento del poder punitivo, para que el sistema penal no se transforme él mismo en un factor generador de crímenes contra la humanidad, no son elementos suficientes para prevenir las futuras matanzas ni puede ser el único objetivo que justifique la existencia de un Derecho penal internacional.
Es indudable que el capitalismo ha coadyuvado decisivamente a la perpetración de este tipo de delitos con su impronta de apropiación constante y unilateral de recursos de todo tipo, de voracidad impiadosa y de violencia infinita.
Pero también durante la modernidad encontramos genocidios o crímenes contra la humanidad en sistemas de gobierno no capitalistas (el caso de Camboya y el de la antigua Unión Soviética constituyen dos buenos ejemplos en ese sentido), por lo que la cuestión no parece explicarse fácilmente apelando a categorías ideológicas tradicionales, sino a una permanente disputa por el discurso, por la cultura, por alcanzar formas de reorganización de las relaciones sociales, generalmente por parte de grupos hegemónicos débiles que buscan reafirmar su poder antidemocrático mediante la creación de un chivo expiatorio y su posterior exterminio[6].
Más aún, si aceptamos que cualquier tipo de organización social antidemocrática es una condición de probabilidad cierta de un genocidio, con mayor razón deberíamos tender hacia formas pacíficas de convivencia porque, de lo contrario, cualquier estrategia preventiva que no tome en cuenta la necesidad de mayor democracia podría resultar inviable frente a rebrotes políticos autoritarios.
Todo lo que logremos avanzar en dirección a un Derecho penal mínimo, caracterizado por una disminución de todas las formas de violencia en nuestra cotidianeidad (incluida, claro está, y muy especialmente, la violencia institucional),  debería influir en la obtención de formas distintas de resolución de los conflictos a nivel internacional.
El genocidio puede explicarse de muy distintas formas. Pero cualquiera de ellas debería incluir su condición cultural, su particularidad de ser el producto de una tecnología de poder, que en algún momento de la historia sintetiza la agudización de contradicciones tan potentes como la desconfianza, la intolerancia, el miedo y los prejuicios que el otro nos genera.
El otro, visualizado de esa manera como una síntesis de los riesgos y peligros que habrían de amenazarnos, y un unidimensionalismo cultural autoritario, son algunos de los elementos que tienen la suficiente envergadura como para ser el germen de las más terribles expresiones de la violencia colectiva.
La batalla cultural por la desarticulación de estas lógicas castrenses nos incumbe, directamente, a los penalistas y criminólogos, que durante siglos fuimos portadores de la creencia de que profesábamos una disciplina neutral y ascética.
En suma, se ha postulado al respecto: “Desde la actitud de compromiso se objeta que el saber penal nada puede hacer frente a las decisiones del poder, por lo que es preferible refugiarse en el compromiso supuestamente pragmático. Esta objeción subestima el poder del discurso, que es precisamente el que los juristas no deben ceder. Con el discurso se ejerce poder -los dictadores lo supieron siempre-, aunque no sea el mismo poder de que disponen las agencias ejecutivas del sistema penal, pero éstas sin el discurso quedan deslegitimadas y, en definitiva, el poder sin discurso, aunque puede causar grave daño antes de derrumbarse, no se sostiene mucho tiempo[7]”.




[1] Barcesat, Eduardo: Prólogo a la obra “Crímenes de Masa”, de Eugenio Raúl Zaffaroni, Ediciones Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2010, p. 16.
[2] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 489.
[3]  Reportaje a Luis Moreno Ocampo. Edición del Diario “Perfil” de Buenos Aires, del 15 de agosto de 2010.
[4]  Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la humanidad?”, Plenario, Publicación de la  Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, páginas 7 a 24, disponible en www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf, publicado luego como”Crímenes de masa”, en Ediciones Plaza de Mayo, 2010, Buenos Aires.
[5] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, p. 553. Lamentablemente, creemos que  el poder punitivo internacionalizado se ha descontrolado, acaso como nunca antes, y en la práctica se ha transformado en un instrumento hegemónico de una suerte de estado policial planetario, que trastoca la razón y el derecho de una manera tan descarada como nunca antes lo habíamos visto. Las recientes declaraciones del Primer Ministro Cameron respecto de los históricos reclamos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas, adjudicando a un país periférico una conducta “colonial” constituyen el ejemplo más actual y elocuente respecto de esta preocupante evolución.
[6] Zaffaroni, Eugenio Raúl: “La palabra de los muertos”, Ed. Ediar, 2011, pp. 448 y 449.
[7]  Zaffaroni, Eugenio Raúl: “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención delos crímenes contra la humanidad?”, Plenario, Publicación de la  Asociación de Abogados de Buenos Aires, abril de 2009, pp. 7 a 24, disponible en//www.aaba.org.ar/revista%20plenario/Revista%20Plenario%202009%201.pdf
Esta aseveración es crucial, pues supone en alguna medida poner patas  arriba el axioma marxiano según el cual es la estructura la que condiciona la superestructura. En la postmodernidad, la aptitud para generar y dominar discursos, la construcción de una nueva cultura y una nueva ideología, también merecen tentarse como una forma de revertir las asimetrías planetarias en momentos en que la sustitución del sistema capitalista, como una búsqueda revolucionaria en sí misma, ha dejado de integrar la agenda de la mayoría de las “izquierdas”, acaso por la inédita relación de fuerzas que permite la reproducción y profundización del capitalismo global, aunque apoyándose cada vez más, y casi únicamente, en la “razón militar”.
     “Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos, porque ellas también están en la lista de las víctimas” (John William Cooke)[1].

              La idea convencional  de “autogenocidio” responde, precisamente, a las pulsiones de muerte que un Estado lleva adelante respecto de un grupo de su misma nacionalidad, de lo que acabamos de brindar dos ejemplos notorios de la historia reciente en la región Latinoamericana.
La atribución de una otredad negativa remite en este caso a un proceso de destitución de la condición ciudadana, a partir de de una concepción excluyente y estigmatizante, llevada a cabo por razones políticas, sociales, culturales, ideológicas o raciales.
Las víctimas y los perpetradores en estos casos forman parte del mismo grupo nacional. El número de víctimas, en cuanto grupo concebido como antagónico, puede desde luego en estos casos ser minoritario o mayoritario dentro del propio país. Las prácticas genocidas, como hemos visto, se llevan a cabo, de esta manera, mediante ofensas inferidas por nacionales respecto de otro grupo de nacionales, a partir de diferencias construidas y exacerbadas por los propios perpetradores.
Otra posición doctrinal, en sentido disidente, entiende que “la matanza masiva de personas pertenecientes a una misma nacionalidad podrá constituir crímenes contra la humanidad, pero no genocidio cuando la intención no sea acabar con ese grupo nacional. Y la intención de quien elimina masivamente a personas pertenecientes a su propia nacionalidad por el hecho de no someterse a un determinado régimen político no es destruir su propia nacionalidad ni en todo ni en parte, sino, por el contrario, destruir a aquel sector de sus nacionales que no se somete a sus dictados. Con ello, el grupo identificado como víctima no lo es tanto que grupo nacional, sino como un subgrupo del grupo nacional, cuyo criterio de cohesión es el dato de oponerse o de no acomodarse a las directrices del criminal. Un grupo consiste en un cierto número de personas relacionadas entre sí por características comunes que les diferencian de la población restante, teniendo conciencia de ello. Por lo tanto, el grupo victimizado ya no queda definido por su nacionalidad sino por su presunta oposición al Régimen. Los actos ya no van dirigidos al exterminio de un grupo nacional sino al exterminio de personas consideradas disidentes. En suma, no se da la intención de destruir total o parcialmente al grupo como tal, como grupo nacional. Si bastara para calificar las muertes masivas de personas con que las víctimas pertenecieran a una misma nacionalidad, cualquier masacre cometida con la participación o tolerancia del estado se convertiría en un genocidio, lo que ni tiene sentido ni se ajusta a la voluntad de la Convención”[2].
En este sentido se estima que “no es lo mismo querer destruir a una parte de la población que habita en Chile que querer destruir la nacionalidad chilena parcialmente, siendo esto segundo lo que exige el tipo de genocidio (...) Si a ello unimos la exigencia de destrucción y el calificativo “como tal”, deberemos interpretar la destrucción parcial como la destrucción de un subgrupo dentro de una raza etnia, nacionalidad o religión. Dicho subgrupo estará caracterizado por la pertenencia de las personas elegidas como víctimas a la raza, etnia, nacionalidad o religión de que se trate y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta. Ello significa que ha de calificarse de genocidio también el intento de exterminio de todas las personas que pertenecen a un grupo de los protegidos en la Convención dentro de un determinado ámbito, comunidades o territorios, pero siempre que la raza, nacionalidad, etnia o religión sea el factor que caracteriza a las víctimas como grupo contra el que se dirige el plan de exterminio diferenciándose del resto. Si el factor de cohesión que origina la vicitimización es otro diferente ya no estamos ante la destrucción de un grupo nacional “como tal”, ni siquiera parcialmente (…). El criterio que identifica al colectivo como víctima, si es que se puede hablar de víctima colectiva, no es por lo tanto la nacionalidad, sino el hecho de oponerse a la construcción social y política ideada por los golpistas, fuese cual fuese la nacionalidad del que se oponía a esa construcción dentro de la Argentina o de Chile. El concepto de “enemigo” del sistema sin duda se circunscribía a quienes debían formar parte de ese sistema, de la sociedad argentina o chilena, pero en ningún caso se identifica exclusivamente con nacionales argentinos o chilenos y aunque así fuese no iba destinado a eliminar la nacionalidad argentina parcialmente sino a eliminar a los sujetos considerados “subversivos” (…) Los atentados contra líderes sindicales, políticos, estudiantiles, contra ideólogos o todos aquellos que se oponían o entorpecían la “configuración ideal de la Nueva Argentina” no eran cometidos con la intención de destruir al grupo de “los argentinos”, y buena prueba de ello es que víctimas de la dictadura argentina no fueron siempre personas de nacionalidad argentina (…) Las víctimas en el delito de genocidio deben ser elegidas precisamente por su nacionalidad y con la intención de exterminar dicha nacionalidad”[3].
Se ha entendido asimismo que “el término grupo nacional puede identificarse, bien con el conjunto de personas que tienen la misma nacionalidad en el sentido de pertenencia a un determinado Estado o a un mismo nacionalismo, es decir, a un mismo pueblo aunque éste no se identifique con un Estado. Pero esto no significaría que al grupo nacional haya que definirlo por determinados caracteres de tipo social, ideológico o cualquier otro criterio que no sea una identidad nacional que lo distinga del resto, pues en tal caso, el grupo víctima al que se dirige el ataque, no es ya un grupo nacional, sino un grupo social, ideológico, etc., lo cual, para la autora, estaría excluido del ámbito de protección de la Convención”[4].
Estimo menester aclarar algunos aspectos para intentar delimitar el alcance del concepto de  autogenocidio. La primera cuestión a dilucidar estriba en que en el genocidio sujetos pasivos de la acción criminal son los individuos, pero sujetos pasivos del delito son los grupos de víctimas.
Cuando un grupo nacional dominante, que además detenta el poder del Estado, decide la depuración social del propio grupo, en una suerte de automutilación, se comete un genocidio, pero no tanto porque haya un grupo nacional que es depurado, sino porque hay distintos grupos que componen la nación. No habría, de tal manera, un autogenocidio, sino el genocidio de otros grupos nacionales por parte de un grupo nacional[5].
Conforme a lo señalado en materia conceptual y doctrinaria, es necesario recalar de nuevo en un aspecto que hace a la cuestión definicional del grupo, y que no puede en modo alguno soslayarse a riesgo de incurrir en un sesgamiento imperdonable que ponga en jaque cualquier tipo de conclusión sobre el particular.
Por eso, conviene reiterar que, en la medida en que un grupo de personas haya sido identificada por el perpetrador como objetivo de su persecución, y haya definido la pertenencia de la víctima al grupo, esta posibilidad de construcción de la víctima en cabeza del genocida permite incluir en el concepto a aquellos agregados que no han quedado incluidos en los cuatro tipo de agrupaciones enumeradas por el artículo II de la Convención, porque se trata de un proceso unilateral cuyo dominio es ajeno a la víctima.
En este caso, es más correcto, antes que una recurrente discusión bizantina sobre la posibilidad de incorporar grupos de víctimas de prácticas genocidas, dado el tenor acotado de la definición, admitir la existencia de grupos reales y seudogrupos.
Los primeros de ellos, pueden ser también identificados por observadores externos; a los segundos, en cambio, los puede identificar únicamente el genocida. El observador externo también puede identificarlos, pero una vez comenzada la agresión, e inclusive muchos tiempo después de finalizada la misma.
Como bien se ha señalado, los “enemigos del pueblo”, victimizados como tales por los perpetradores de las prácticas genocidas, se comportan como las víctimas de las cazas de brujas del medioevo[6].
Es posible que, en su proceso de construcción, los genocidas logren el silenciamiento, la aquiescencia, la complicidad o la indiferencia del resto de la sociedad. Que no otra cosa es lo que acontece, habitualmente, con los genocidios políticos e ideológicos, paradójicamente excluidos de la enumeración taxativa de la Convención.
Por ende, si muchos de los procesos genocidas se han perpetrado en la modernidad por razones políticas o ideológicas, victimizando a grupos de la misma nacionalidad que los agresores, el retaceo de la inclusión de este tipo de víctimas en la letra de la ley no puede constituir un obstáculo jurídicamente consistente para abarcar la protección de los mismos como sujetos agredidos.
El ejemplo más acabado de esta configuración fue llevado adelante en Europa por el régimen nazi durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, se ha destacado[7] que el nazismo llevó al extremo esta conceptualización y se “propuso una limpieza ‘biológica’ absoluta y esto removió y generó una crisis en los propios cimientos de la tecnología del poder”, y luego el autor se pregunta si “no operaba o no opera con la misma lógica la matanza de los grupos políticos opositores en América del Sur, de los inmigrantes africanos en África o en Alemania”[8].
Como ya hemos reseñado, al momento de analizar las prácticas genocidas, es necesario prestar también atención a la evolución que han registrado las grandes matanzas y exterminios a través de la historia. De esa manera, podremos observar más claramente la tajante distinción de la condición de perpetrador y víctima que caracterizaba a este tipo de hechos en el pasado, donde estos últimos grupos pertenecían generalmente a comunidades exteriores a las fronteras de las ciudades e incluso de las ciudades- estados, reinos o imperios.
Estos aniquilamientos se llevaban a cabo, en general, para deteriorar con la matanza el número de potenciales guerreros de los ejércitos derrotados, por motivaciones de expansión territorial, religiosas o económicas, como es el caso de los procesos coloniales que devastaron a los pueblos originarios americanos. Incluso por motivaciones psicosociales asociadas al temor al crecimiento de ciudades-estados rivales que pudieran aprovecharse del ocaso de potencias imperiales, lo que parece explicar, por ejemplo, el ataque y la destrucción de Cartago por parte de los romanos.
No obstante estos antecedentes, a partir del siglo pasado los genocidios victimizaron, en la mayoría de los casos, a grupos nacionales convivientes dentro de las fronteras del mismo Estado agresor, y el objetivo de los agresores comienza a centrarse en la eliminación de grupos -no necesariamente minoritarios, aunque en la mayoría de los casos lo fueran- a quienes se concibe como diferentes por razones étnicas, culturales, políticas o ideológicas que son percibidos como amenazas para los sistemas de creencias hegemónicos.
Por eso es que, con anterioridad a la sanción de la Convención y por la histórica insistencia de Lemkin, al aprobase la ya mencionada resolución 96, la Asamblea General de las Naciones Unidas,  hacía referencia a las víctimas del delito de genocidio como integrantes de grupos humanos, sin acotarlos ni especificarlos: “Genocidio es la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, así como el homicidio es la negativa del derecho a la vida de seres humanos individuales; tal negación del derecho a la existencia repugna la conciencia del género humano, produce grandes pérdidas a la humanidad bajo la forma de cultura y otras contribuciones, y contraría la moral y el espíritu y objetivo de las Naciones Unidas. Muchos de estos delitos de genocidio han ocurrido ante la aniquilación, total o parcial, de grupos raciales, religiosos, políticos y otros. La represión del genocidio es un tema de índole internacional”[9].

[1] “Apuntes para la militancia”, que se puede enciontrar disponible en la dirección siguiente: http://www.causaestudiantil.com.ar/bibliotecavirtual/biblioteca%20del%20pensamiento/cooke%20john%20william%20-%20apuntes%20para%20la%20militancia.pdf
[2] Gil Gil, Alicia: “Posibilidad de persecución en España de violaciones a los derechos humanos cometidos en Sudamérica”, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia. Año 5, nº 8-C, 1999, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 505 y 505.
[3] Gil Gil, Alicia: “Posibilidad de persecución en España de violaciones a los derechos humanos cometidos en Sudamérica”, publicado en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia, año 5, nº 8, C, 1999, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, pp. 506 y 507.
[4] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenal online.com
[5] Slepoy, Carlos, reportaje  de Emmanuel Taub y Tomás Borovinsky  (”La jurisdicción universal, entre el genocidio moderno y los derechos humanos”), en  Revista de Estudios sobre Genocidio, dirigida por Daniel Feierstein, Volumen 4, julio de 2010, p. 96.
[6] Chalk, Frank - Jonassohn, Kurt: “Historia y Sociología del Genocidio”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 57.
[7] Feirstein, Daniel, “Estructura y periodización de las prácticas sociales genocidas: un nuevo modelo de construcción social”, publicado en revista Índice. Revista de Ciencias Sociales. Discriminación. En torno de los unos y de los otros, Año XXXIV, Nº 20, editado por DAIA Centro de Estudios Sociales, Argentina,  2000, pag. 227.
[8] Feirstein, Daniel, “Estructura y periodización de las prácticas sociales genocidas: un nuevo modelo de construcción social”, publicado en revista Índice. Revista de Ciencias Sociales. Discriminación. En torno de los unos y de los otros, Año XXXIV, Nº 20, editado por DAIA Centro de Estudios Sociales, Argentina,  2000, pag. 227.

[9] Chalk, Frank; Jonassohn, Kurt: “Historia y Sociología del Genocidio”, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2010, p. 31.

En lo que supone otro hiato que ha puesto fuertemente en crisis la definición jurídica de genocidio, la cuestión de los grupos protegidos en el artículo II de la Convención merece al menos una referencia circunstanciada.
Dicho texto legal, al definir jurídicamente al genocidio, enumera únicamente a los “grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos” como víctimas posibles de estas prácticas criminales.
Sin perjuicio de esta concepción restringida, muchos autores que han indagado en la génesis del concepto, han acordado que lo acreditado desde el propio juicio de Nüremberg relativo a la persecución y destrucción de agregados humanos comprendía a los opositores políticos, personas de identidad sexual disfuncionales al régimen, o con capacidades diferentes, grupos religiosos y nacionales, los que constituían el universo de casos abarcados por la norma consuetudinaria de derecho internacional que prohibe las conductas descriptas como genocidio[1]: “Tanto en la Resolución 96 (I) de la Asamblea General de la ONU, de 11 de noviembre de 1946, como en los trabajos preliminares de la Convención, aparecía incluido, aunque no de manera expresa, el concepto de genocidio político, que fue finalmente retirado de la redacción definitiva”[2].
Sobre estas bases, la Resolución adoptada el 27 de octubre de 1946 reconocía que “son culpables de crímenes contra la humanidad y son punibles como tales los que exterminan o persiguen a un individuo o un grupo de individuos por razón de su nacionalidad, su raza, su religión o sus opiniones”[3]. “Poco tiempo después, fue convocada en Bruselas la VIII Conferencia para la Unificación del Derecho Penal, que se reunió en julio de 1947, y basó la discusión sobre el alcance de la protección penal, es decir sobre los bienes jurídicos cuya violación debía constituir un crimen contra la humanidad,  adoptando la decisión de retener en la definición los atentados contra los derechos de los individuos y de los grupos perseguidos en razón de sus opiniones de carácter político”[4].
Estas menciones expresas de  grupo perseguido por sus opiniones por sus opiniones políticas, parecía fortalecer la tesis de los grupos políticos como sujetos protegidos en caso de la comisión de crímenes masivos: “De esta recopilación histórica, surge que en la elaboración previa a la Convención sobre Genocidio, la discusión en relación a los sujetos pasivos permitía inferir que la enumeración de los grupos protegidos iba a ser más amplia que la que quedó finalmente redactada, ya que reconocía a otro tipo de grupos, caracterizado como “grupo de opinión”, que sería el antecedente de lo que hoy llamamos “grupos políticos”. Esto demuestra que la comunidad internacional estaba preocupada por encontrar una protección también a estos tipos de grupos”[5].
En general, la mayoría de los expertos han dado cuenta de los riesgos que implica para una debida prevención disuasión y conjuración de los genocidios, la exclusión de los grupos sociales y políticos como víctimas potenciales en la definición legal.
Así, Benjamín Whitaker advirtió, al momento de abogar por una reforma de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug), que “dejar a grupos políticos u otros grupos fuera de la protección de la Convención ofrece un pretexto considerable y peligroso que permite el exterminio de cualquier grupo determinado, ostensiblemente bajo la excusa de que eso sucede por razones políticas”[6].
Finalmente, como sabemos, la presión de algunas potencias, en especial de la Unión Soviética, para excluir los grupos políticos de la enumeración de agregados protegidos por la futura Convención, produjo la eliminación del texto ulterior de la misma.
Sin perjuicio de ello, parte de la doctrina ha entendido que la definición contenida en la Convención, en tanto no menciona a los grupos políticos, ha optado por  un concepto más restringido que el vigente en el derecho internacional con status de ius cogens, “por lo cual es posible sostener que existe una diferencia de alcance entre el término “genocidio” entendido como norma imperativa del derecho consuetudinario y el que rige a los efectos de la Convención”[7].
La acotada regulación jurídica en materia de grupo de víctimas de genocidio llevó a que el tpir tuviera serias dificultades para encuadrar a los colectivos de víctimas de dicho conflicto.
Es el caso concreto de los “tutsis” de Ruanda (cuya “diferencia” con los “hutus” fue determinadas unilateralmente por los colonizadores belgas en el siglo XX , a pesar que se trataba de grupos que tenían la misma lengua, cultura, religión y sistemas de creencias, por lo que la adjudicación de un carácter étnico del conflicto resultó verdaderamente problemática), para cuya inclusión como grupo de víctimas el TPIR debió apelar a una interpretación virtualmente abierta en la causa Akayesu: “Tales grupos estaban constituidos de un modo permanente y su pertenencia está determinada por el origen, con la exclusión de los grupos más “móviles a los que uno se integra a través del compromiso voluntario individual, como por ejemplo los grupos políticos y económicos. Por lo tanto, un criterio común entre los cuatro tipos de grupos protegidos por la convención sobre Genocidio es que parecería que la pertenencia a dichos grupos no es normalmente objetada por sus miembros, que pertenecen a ellos automáticamente, por su origen, de un modo continuo y generalmente irremediable”[8].
Esta interpretación abierta, si se quiere analógica, fue incluso dejada de lado en procesos posteriores por su difícil compatibilidad con el ya mencionado principio de legalidad en materia penal y procesal.
No obstante, en causas ulteriores, el propio Tribunal terminó admitiendo el carácter subjetivo de toda asignación identitaria, que recae más en el perpetrador que en la víctima (toda una novedad dogmática), abogando por un cierto equilibrio entre parámetros objetivos y subjetivos[9] .
Así, ha resuelto que: “los conceptos de grupos nacionales, étnicos, raciales y religiosos han sido analizados en profundidad y, en la actualidad, no existen definiciones precisas de los mismos aceptadas por la Comunidad Internacional. Cada uno de estos conceptos debe ser evaluado a la luz de un determinado contexto político, social y cultural. Además, la Sala advierte que, a los fines de aplicar la Convención sobre genocidio, la pertenencia a un grupo es, en esencia, un concepto subjetivo más que objetivo. El perpetrador de genocidio percibe a la víctima como perteneciente a un grupo destinado a la destrucción. En algunos casos, la víctima puede percibirse a sí misma como perteneciente a dicho grupo”[10].
De la misma manera, el TPIY determinó que “es más apropiado evaluar la condición de un (…) grupo desde la perspectiva de aquellas personas que desean separar a ese grupo del resto de la comunidad. Es la estigmatización del grupo (…) en razón de sus características nacionales, étnicas, raciales o religiosas percibidas” lo que resulta relevante para la definición de genocidio[11].
El tribunal consideró que las víctimas de la violencia genocida en la ex Yugoslavia, los musulmanes bosnios, conformaban un “grupo nacional” en los términos de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug).
En este contexto, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) confirmó que la definición jurídica de genocidio deliberadamente excluye a los miembros de grupos políticos[12].
El precedente recorrido de los pronunciamientos de dos tribunales Ad-Hoc no permite extraer conclusiones asertivas sobre el acotado número de grupos protegidos por la Convención. Lo cierto es que los grupos políticos no fueron incluidos en 1948, y desde entonces no se incorporaron a la letra de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (conug).
Las variaciones en los pronunciamientos del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (tpir) y el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (tpiy), desde aquella interpretación amplia realizada por el primero en el caso Akayesu para incluir en el ámbito de protección a todo grupo “estable y permanente”, dan cuenta que el acogimiento de los grupos políticos podría hacerse a través de una reforma o enmienda del texto legal, que tampoco se llevó a cabo en la década del 90, quizás porque, entre otras razones, se entendió que en las últimas décadas, las conductas genocidas no involucraron a grupos políticos y sociales, sino a colectivos nacionales, étnicos, raciales o religiosos[13].
Esta especulación no parece demasiado consistente tampoco, ya que -tal como señala el Informe Whitaker al someter a crítica el artículo II de la Convención sobre la base de los argumentos desplegados por Francia respecto de la necesidad de incluir a los grupos políticos como víctimas posibles de las prácticas genocidas- “mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por razones raciales o religiosas, era evidente que en el futuro se cometerían por motivos políticos (…) En una era de ideología, se mata por motivos ideológicos”[14].
El Código penal francés ha sido coherente con este punto de vista al tipificar en su artículo 221-1 la figura de genocidio adicionando a la definición de la Convención la frase “(…) o bien cualquier otro grupo determinado en base a un criterio arbitrario”, determinado la figura en base a la práctica y no a la víctima, lo que supone un avance indudable en materia de legislación interna[15].
Por otra parte, si se incluyeron en su momento las razones religiosas, no se entiende por qué no hacer lo propio con las políticas, ya que ambas implican, ni más ni menos, que  sistemas de creencias de las víctimas.
Pareciera que las potencias hegemónicas de la posguerra, en previsión de posibles conductas propias futuras, prefirieron sancionar matanzas pasadas, pero ponerse a cubierto de las nuevas formas que podían asumir las futuras.
Estas perspectivas jurídicas y criminológicas, significaron hasta el siglo XXI una mengua efectiva en las posibilidades de prevenir, perseguir y enjuiciar crímenes masivos llevados a cabo respecto de grupos políticos o parte de ellos o de otros grupos contemplados en la norma legal.

[1] Folgueiro, Hernán L., en Parenti,  Pablo; Filippini, Leonardo; Folgueiro, Hernán L.: “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Derecho Internacional”,  Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 137
[2] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[3] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[4] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar juridicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[5] Rezses, Eduardo: “La figura de genocidio y el caso argentino. La posibilidad de adecuar jurídicamente una figura penal a una realidad política”, disponible en www.derechopenalonline.com
[6] Whitaker, Benjamin: “Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, p. 19, citado por Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, Buenos Aires, 2005, p. 35.
[7] Folgueiro, Hernán L., en Parenti,  Pablo; Filippini, Leonardo; Folgueiro, Hernán L.: “Los crímenes contra la humanidad y el genocidio en el Derecho Internacional”,  Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 146.
[8]  El Fiscal contra Jean-Paul Akayesu. Fallo, Sala de Primera Instancia I del TPIR, Arusha, 2 de septiembre de 1998 (traducción no oficial), párrafo 515.
[9]  Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 56.
[10]  El Fiscal contra Rutaganda (Causa Nª. ICTR-96-3), Fallo y Sentencia, 6 de diciembre de 1999, f. 373.
[11] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.
[12] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.
[13] Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad”, Editorial Eduntref, 2005, pp. 37 y 38.

[14] Informe E/CN, 4/Sub.2/1985/6 (Informe Whitaker) p. 18 y 19, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p. 48.
[15] Discriminación punible. Derecho Comparado - Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia y México, marzo de 2005 - BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE  Departamento de Estudios y Publicaciones Periódicas316, disponible en http://www.scribd.com/doc/24578229/Discriminacion-punible-Derecho-Comparado-Alemania-Argentina-Brasil-Espana-Francia-y-Mexico-marzo-de-2005-Departamento-de -Estudios-y-Publicaciones
Hace algunos años (no demasiados) la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa sancionó la Ley N° 1152 (luego derogada), que introducía modificaciones en el Código Procesal Penal, y que tornaba virtualmente no excarcelable el hurto de dos o más cabezas de ganado (hubo otras provincias argentinas que adoptaron regímenes semejantes).
Este  hallazgo de nuestra política criminal, un antecedente procesal del “hurto campestre”, hacía posible que quien resultara acusado de la sustracción de dos ovejas fuera inmediatamente privado de su libertad, pero que, en cambio, un sujeto procesado por abuso deshonesto de un niño,  un desaprensivo "homicida imprudente" de nuestras sociedades de riesgo, o un funcionario acusado de defraudar a la administración pública, podrían esperar seguramente el juicio en libertad. Debía pensarse que, o bien la norma reconocía una clara inspiración en las tradiciones milenarias hindúes, o el sistema penal no hacía sino subrayar su condición de brutal mecanismo de control social formal, definitivamente afectado a la reproducción de las condiciones de producción y explotación de nuestra sociedad.
Por el contrario, ante la evidencia de la desmesura de la norma, los jueces de Instrucción –mayoritaria aunque no unánimemente- decretaron tantas veces su inconstitucionalidad, hasta que el mismo Parlamento (agencia de criminalización primaria por excelencia) debió finalmente derogar la ley. Curiosamente, las entidades ruralistas de la Provincia volvieron a la carga posteriormente, intentando la exhumación de la misma iniciativa mediante expresiones hechas públicas antes de la incorporación al Código Penal de la figura del hurto campestre.
 Eran otros tiempos politicos, por supuesto. Las organizaciones patronales "del campo" podían arrancarle a fuerza de groseros lobbys este tipo de decisiones a una democracia mucho menos consolidada y participativa. Pero es bueno recordar lo que son capaces de producir estos campeones de la democracia, si el Estado retrocede y convalida sus lógicas y sus prácticas regresivas.

“Allá afuera nos quieren prender fuego a todos” (interno de la Unidad 26 de Olmos)
“Hace 5 años que no recibo visitas. Mi esposa me dejó en el 2000 y desde el 98' que no veo a mis hijas” (Interno de la Unidad 26 de Olmos)
La experiencia de la prisión cala hondo en el alma humana. La recurrencia al mayor rigor punitivo, a la doctrina de la “pena justa” o “pena merecida”, en los últimos años, ha causado una inflación carcelaria sin precedentes en todo el mundo.
El denominado capitalismo tardío, entre muchos caracteres que le confieren una lógica paradigmática propia, plantea una tensión dinámica entre un “orden” pretendidamente consensual, que durante más de dos siglos disciplinó al conjunto de las sociedades, y una diversidad sin precedentes, un fraccionamiento simbólico, que coloca a las agencias institucionales frente a la opción de intentar recuperar el orden perdido, o decidirse a gestionar el “caos” que representa la postmodernidad. El fracaso de estas políticas se pone manifiesto a poco que se observe cómo las mismas corren detrás de distintos clamores sociales, construidos de manera episódica y oportunista frente a circunstancias casi siempre cataclísmicas, que dan la pauta de la entidad y las urgencias que plantean las nuevas inseguridades en las sociedades de riesgo del capitalismo en nuestro margen.Las formas de la construcción de una inseguridad limitada a la posibilidad de ser víctima de un delito convencional prdatorio, ha exacerbado a su vez una lógica binaria a la que se recurre invariablemente para resolver los problemas derivados de la conflictividad.
La lógica de la enemistad frente al “peligro” que representa el “otro”.“El otro”, el que puede atacarnos, pasa así a formar parte de las intuiciones colectivas como la síntesis de un proceso de degradación social estructural y se representa como el origen de todos los males. El estado ha convalidado estas intuiciones (sin atender a la siempre difícil convivencia entre el miedo y las libertades), y los medios de comunicación de masas y los sectores políticos conservadores se han encargado interesadamente de crear una opinión pública mayoritaria que convalida decisivamente la asunción de la realidad en términos de enemistad sociológica.
Lo que ocurre justamente porque el estado neoliberal se retroalimenta y legitima en la búsqueda pertinaz de consensos a través de miedos colectivos que faciliten la obtención de protectivos sociales en las instituciones mas visibles del sistema.Así, se ha llegado al desatino político criminal de “hacer algo”, incluso “antes de que pase nada”, afirmado en la convicción de que el infractor, el distinto, el otro, el marginal, “seguramente atacará”. Esta diversidad social, a su vez, coloca al “otro”, al distinto, en una situación de particular vulnerabilidad, la que se hace más evidente en el contexto marginal de sociedades fuertemente fragmentadas, como es el caso de la Argentina. Se lo percibe como un sujeto peligroso, marginal, anómico, que seguramente en algún momento querrá ajustar cuentas con los ciudadanos.Por ende, hay que defender a una sociedad compuesta imaginariamente por ciudadanos inspirados en el cumplimiento de las normas, de esta multitud de excluidos que no respetan las reglas impuestas por los grupos mayoritarios de esa misma sociedad y desafían insensiblemente las bases constitutivas de esa misma sociedad. Se trataría de sujetos que, en términos del funcionalismo sistémico, han fracasado en el proceso fundamental de generación de habituaciones que permite que los hombres coexistan de manera ordenada en una sociedad objetivada; donde los “roles” de cada uno representan un “orden institucional” que se quiebra ante determinadas conductas desviadas. Una vez que esa institucionalidad se quebranta a partir de la infracción, queda abierta de hecho la instancia coactiva contra los transgresores. Nada de realismo sociológico. Los roles son susceptibles de ser adquiridos en el marco de un proceso esperable -y libre- de socialización correcta y por lo tanto, quienes ponen en crisis con sus conductas inadecuadas la institucionalidad, que descansa en el cumplimiento de esos roles, deben ser destinatarios de la coacción social, hayan o no cometido un delito. Porque no se estaría ya en presencia de “ciudadanos”, con los que el estado “debe” dialogar”, sino de “enemigos”, a los que el estado “debe” combatir. Esta recurrencia binaria, ha culminado en la prisionización como respuesta estatal excluyente ante la diversidad, la conflictividad y el delito.
El crecimiento aluvional de la población reclusa, además de su impronta dramática, conlleva otra particularidad que se vincula al impacto que la cárcel ocasiona a quienes han estado padeciendo el encierro institucional. La inserción futura en el mundo libre también pone en crisis, naturalmente, a estos ciudadanos.
Pretendemos mediante este trabajo, que el impacto carcelario se releve también en base a seguimientos e investigaciones cualitativas, basadas en entrevistas, relatos de historias de vida e informantes claves, entre otros medios, que permitan auscultar la influencia que la privación de libertad adquiere en los sujetos, condicionando su futura vida en libertad.
Así, sus intuiciones y percepciones, el cómo y el por qué de sus indagaciones existenciales, resultan insumos indispensables para conocer los “sedimentos” que se anudan en estas instancias transicionales, entre el “adentro” y el “afuera”, posibilitando de esta manera -entre otras cosas- ejercicios de anticipación del estado frente a frustraciones, pérdida de la autoestima, angustia, imposibilidad de construir o reconstituir vínculos futuros, privación relativa, procesos de socialización o inserción en subculturas desviadas, etcétera.
Por ende, la iniciativa propone, entre otros objetivos: a) entender la significación que los internos le confieren a su propia existencia, a su vida cotidiana y a las distintas experiencias en las que interactúan en el día a día; b) comprender la singularidad del contexto en que los reclusos se desenvuelven, y cómo ese contexto influye sobre su cotidianeidad; c) identificar condicionantes e influencias no detectadas ni previstas, y crear nuevos desarrollos conceptuales y teorías explicativas a partir de los mismos; d) interpretar y comprender los procesos que interactúan en un doble condicionamiento, a partir de la privación de libertad, y de cara al mundo libre futuro.
Ahora bien, toda recurrencia a una investigación cualitativa supone, por definición, la recolección inicial de datos, de los que no se dispone. Es lo que de ordinario ocurre en este tipo de pesquisas cuando se sabe poco o nada sobre un determinado tema, cuando el contexto de investigación es comprendido de manera deficiente o incompleta, cuando un fenómeno no puede cuantificarse ( no estamos intentando despejar incógnitas en lo que hace al “cuánto”, sino al “cómo” y al “por qué”), cuando el problema no está aclarado suficientemente, o cuando el investigador infiere que la situación ha sido concebida hasta el momento de manera restrictiva o acotada y el tema requiere su resignificación y actualización, como ocurre en el caso que nos ocupa.
Para recolectar esos datos hemos de apelar a las entrevistas y la observación participante en el campo. Esto implica la necesidad de obtener una aproximación secuencial entre el sujeto cognoscente y los sujetos a conocer, anudando una relación contextual en la prisión que -justamente por las características de este campo- desaconsejan, por ejemplo, la utilización de informantes claves.
La primera dificultad surge cuando la indagación debe hacerse desde el Estado, por parte de un funcionario del propio Estado, con los significados y significantes que -desde lo simbólico- implican prejuicios, antejuicios, sistemas de creencias, reservas y prevenciones que naturalmente los internos pueden llegar a albergar respecto de los operadores de las agencias oficiales.
La sensibilidad de los datos que pretendemos recabar y de las conclusiones que debemos obtener, obligan entonces a construir “desde la nada” (lo que es peor, “desde el Estado”), un “rapport” con los internos a entrevistar que permita la transferencia de esta información sensible.
La segunda dificultad, no menor, se vincula con la necesidad de que las entrevistas permitan una interacción a través del discurso, donde la capacidad de los sujetos a conocer para articular y formular expresividades completas de pensamiento abstracto constituyen un punto de partida inexorable. No cualquier interno podría proporcionar los datos que necesita el investigador.
Por lo tanto, el investigador es responsable de la articulación de un diseño metodológico y de un mecanismo de recolección de datos, observación y entrevistas lo suficientemente consistente, que permita sortear todos estos obstáculos, que desde luego no son pocos ni menores.
Así, concomitante con la aceptación de una invitación para dictar un seminario en el Centro de Estudios de la Unidad 26 de Olmos, comencé a analizar la posibilidad de que ese ámbito pudiera servir como punto de partida para las entrevistas y la observación participante, en el marco de esta investigación.
Los encuentros estuvieron previstos los días miércoles, de 15 a 17 horas, y el número de asistentes era variable (oscilando entre cuatro y veinte asistentes) y heterogéneo (algunos internos tienen muy pocas materias aprobadas y otros están en un grado muy avanzado de la carrera). En esa primera oportunidad me advirtieron de posibles impuntualidades que fatalmente se verificarían en todas los encuentros, “porque acá todo es más lento, vió?”.
En la reunión se trataron temas vinculados a la cuestión criminal y se intentó despejar dudas relativas a contenidos curriculares de las materias de derecho penal que están por rendir los internos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Durante la primera clase, de carácter propedéutico e introductorio, intenté auscultar sus intereses y sus demandas específicas desde el punto de vista académico.
El transcurso de es e primer encuentro sirvió para crear un clima distendido, con una amplia participación de los internos y una exposición holística sobre los problemas más acuciantes desde lo procesal, tales como plazo razonable, medios alternativos de resolución de conflictos, prisión preventiva, discursos punitivos hegemónicos, lógicas de los operadores del sistema, sistema penal juvenil, etcétera.
En este sentido, compartí, hasta donde consideré oportuno, algunos tramos de mis investigaciones, me comprometí a acercarles bibliografía y textos a extraer de revistas electrónicas, y una vez terminada la charla permanecimos atendiendo inquietudes por largo rato fuera de la pequeña aula existente.
Justamente, mientras hablábamos en la clase sobre las narrativas panpenalistas hegemónicas, uno de los internos, estudiante de derecho avanzado (4to año), una persona de más de 30 años, me dijo categóricamente: -“Doctor, pero allá afuera nos quieren prender fuego a todos……..”
Los demás asintieron.
Otro se mostró preocupado por las tendencias recurrentes a bajar la edad de la imputabilidad plena de los niños y niñas en conflicto con a ley penal.
Una persona que representa unos 40 años, al enterarse que yo era pampeano me contó que tenía un hermano trabajando en un campo, en pleno desierto patagónico:- “ Cuando salga voy a ir a ese pueblo. Pero yo tengo reclusión perpetua….”
Un último aporte tuvo que ver con la discriminación que perciben en la Facultad, de parte de alumnos y de algunos docentes: “algunos profesores nos exigen más que a los “estudiantes” porque somos presos, y otros menos porque piensan que nunca vamos a poder ejercer como abogados”.
En esa primera reunión había personas que no cursaban carrera universitaria alguna, pero que venían “a escuchar, porque siempre algo se aprende y porque acá lo que sobra es el tiempo”, dijo un señor mayor, que tenía perpetua y que no intervino durante el encuentro.
Si bien me dijeron que se habían quedado muy contentos con esa primera experiencia, y que este tipo de intercambios les hacía muy bien, el miércoles siguiente solamente había 7 concurrentes.
Llegué ese día mientras los alumnos del centro trabajaban febrilmente revocando las paredes del centro de estudios, próximo a inaugurarse. Me quedé deliberadamente junto a uno de los internos que más entusiasmado lucía de cara a ese acontecimiento.
Me repetía que tener ese lugar era fundamental para proporcionarse un ámbito compatible con el estudio.
Rápidamente me contó: “Hace cinco años que no recibo visitas. Mi esposa me dejó en el 2000 y desde el 98' que no veo a mis hijas”. “La soledad te hace duro, pero te enseña cosas”.
Otro se quejaba porque en el penal en que había estado alojado hasta hacía poco tiempo, debía trabajar “al lado de las bombas, en un lugar cerrado y con un ruido tremendo; que así no podía concentrarse; que ahora era otra cosa”.
Me informan que ese mismo día, uno de los internos había sido llevado a la Facultad porque rendía un examen final de Derecho Notarial, y por eso iba a estar ausente de la clase.
El restante despotricaba contra los defensores y contra la condena que le impusieron, y que tenía esperanzas que “en la Casación me saquen algunos años”.
Esta afirmación hizo que nos juntáramos alrededor de una pequeña mesa los cinco que habíamos quedado. Intenté explicarles las características, avatares, enormes frustraciones y hasta trastornos de todo tipo que el ejercicio profesional depara en materia penal para los abogados, siempre que la misma se abrazara con honestidad, compromiso y dedicación. También les conté que tantos años en ese fuero me habían cansado, que ya no tenía energía para continuar después de casi 28 años de tarea intensa y continua, pero que debía hacerlo por una cuestión de subsistencia. Los noté tan absortos y hasta desorientados con estas confesiones, como poco expectantes con su futura inserción profesional en la sociedad.
Tanto, que cuando salíamos y me acompañaban hasta la puerta, me decían en tono de broma:-“Doctor, no se preocupe, cuando nosotros nos recibamos, nos ponemos a “laburar” con usted y le ayudamos….”
Fue la única -y la última- referencia que escuché relativa al futuro de cada uno de ellos en el mundo libre.







La problemática carcelaria admite un recorrido histórico que no difiere, sustancialmente, de la evolución que en este siglo ha vivido el penitenciarismo en Occidente. Desde el higienismo biologicista que impregnó fuertemente las concepciones criminológicas correccionalistas de la primera mitad del siglo pasado, hasta los discursos legitimantes del nuevo realismo de derecha, el funcionalismo extremo, el nuevo positivismo y el neoliberalismo, hegemónicos en la región hasta hace apenas un lustro, los significados y significantes de la prisión sufrieron importantes modificaciones, que se experimentaron más claramente en las narraciones explicativas de sus funciones explícitas y simbólicas.
El deterioro del ideal resocializador (que mientras influyó en la legislación y la política penales lograron que los grupos profesionales contribuyeran a modificar progresivamente la cultura del castigo)[1], y su sustitución por una concepción de la prisión como ámbito de inocuización y exclusión social de sujetos disfuncionales (desarrolladas a partir de los años 80’ y 98’), aparejaron en todo el mundo un crecimiento desmedido de la población reclusa y una pérdida de terreno de la ideología constitucional de la recuperación de los infractores.
La pérdida de importancia de los expertos en materia político criminal es una de las improntas que caracterizan a la cultura del control postmoderna y explican ese corrimiento de los grandes ejes que justifican la prisión. Esa cultura conservadora descree de las postulaciones del correccionalismo welfarista y plantea un discurso y un conjunto de prácticas neopunitivistas de connotaciones retribucionistas extremas, donde la idea de “pena merecida” ha ganado un terreno innegable.
La cárcel, para estas ideologías “funciona”, pero no para hacer efectivos los paradigmas de resocialización sino para retribuir a los infractores y para aislarlos de la sociedad a la que agredieron.
A estas ideologías se responde modernamente, no obstante, que “el pretendido argumento de la justificación de las medidas inocuizadoras personales por la no reinserción social del delincuente luego del cumplimiento de la pena es una falacia. El derecho penal ha de aspirar a que las penas y las medidas de seguridad se dirijan a la reinserción social de los sujetos. Y, para ello, el legislador penal ha de sancionar los delitos con las penas más apropiadas para tal fin y ha de facilitarse el cumplimiento de la condena, previendo beneficios penitenciarios, etc. Además, han de habilitarse de modo suficientemente dotados los establecimientos penitenciarios (previendo la posibilidad de iniciar estudios en las cárceles, fomentando la especialización en trabajos profesionales, etc.). Si no se consigue hacer realidad el fin de la reinserción social del delincuente. Si no se consigue hacer realidad el fin de reinserción social….., por las razones que fuere –con frecuencia, por una insuficiencia o ineficacia estatal en el cumplimiento de este cometido, y en todo caso no por razón exclusiva o prioritaria del sujeto-, se habrá fracasado en uno de los cometidos que el derecho penal tiene que tender. Pero tal fracaso del sistema no debe ser imputado exclusiva y unilateralmente al delincuente. La pregunta es evidente: ¿ha de verse el delincuente obligado a soportar una nueva sanción penal adicional (de índole inocuizadora personal) por el hecho de –seguramente a su pesar- no haber podido rehabilitarse socialmente?” [2]
En realidad, “todos los textos normativos de nuestro entorno cultural han establecido, con diferentes fórmulas, que la resocialización, la reeducación o la reinserción social constituyen el fin primordial de las penas de encierro”[3], por lo que a las democracias que poseen sistemas penales liberales no les está permitido abdicar de los grandes paradigmas resocializadores.
Se trata, en nuestro caso, de un mandato constitucional explícito.
Es necesario, a la luz de este cuadro de situación, recuperar el valor de los expertos en el plano político criminal, revalorizando y resignificando el valor del tratamiento, la recuperación y la contención de los infractores en un recorrido paradójico de avance hacia el pasado welfarista.
La utilidad y conveniencia del tratamiento y el paradigma resocializador no se discutían durante el auge del correccionalismo, hace más de medio siglo. Ahora debemos pugnar por relegitimar este mandato constitucional frente a los discursos inocuizadores y segregativos, adecuándolo en clave compatible con la realidad de la modernidad tardía.
Por eso, el mandato de las democracias modernas supone contemporáneamente una actualización del concepto mismo de resocialización, y acaso su adecuación lisa y llana. Tenemos elementos objetivos para ser optimistas.
En aval de nuestra convicción, acuden posturas de indudable autoridad intelectual que han ratificado la confianza en la reintegración social de las personas privadas de su libertad, aún en el difícil e inédito panorama carcelario mundial actual.
Así, se ha señalado modernamente también que “la reinserción nos coloca frente a un condenado más real, más concreto; ante un sujeto con muchas carencias, algunas de las cuales tienen su origen en su propia condición de recluso. El sistema penitenciario no puede pretender, ni es tampoco su misión hacer buenos a los hombres, pero sí puede, en cambio, tratar de conocer cuales son aquellas carencias y ofrecerle al condenado unos recursos y unos servicios de los que se pueda valer para superarlos”[4] .
Para estas posturas, de insospechable raigambre humanista y democrática, el reconocimiento científico de que la cárcel no puede resocializar sino únicamente neutralizar, debe ser afrontado con una norma contrafáctica según la cual "la cárcel, no obstante, debe ser considerada el sitio y medio de resocialización" , conforme lo afirma el propio maestro Alessandro Baratta[5].
"La reintegración social del condenado no puede perseguirse a través de la pena carcelaria, sino que debe perseguirse a pesar de ella, o sea, buscando hacer menos negativas las condiciones que la vida en la cárcel comporta en relación con esta finalidad"[6] .
En aras de este objetivo, se debe tender, según Baratta , al principio político de la apertura de la cárcel hacia la sociedad y, recíprocamente, de la apertura de la sociedad hacia la cárcel.
"Uno de los elementos más negativos de la institución carcelaria lo representa, en efecto, el aislamiento del microcosmos carcelario en relación con el macrocosmos social, aislamiento simbolizado por los muros de la cárcel. Hasta que ellos no sean por lo menos simbólicamente derribados, las oportunidades de resocialización del condenado seguirán siendo mínimas”.
Sin embargo, "resocialización" presupone también el concepto de tratamiento, utilizado por la criminología clásica, donde el detenido tiene un papel pasivo y la institución carcelaria uno activo. Por eso, la idea de "reintegración social" que propone Baratta, supone la inauguración de una instancia en la que "los ciudadanos recluidos en la cárcel se reconozcan en la sociedad externa y la sociedad externa se reconozca en la cárcel".
La reintegración se produce no tanto por medio de la cárcel, sino a pesar de ella. La cárcel, de esta manera, implica un medio para reconstruir integralmente, como derechos del detenido, los contenidos posibles de toda actividad que pueda ser ejercida, aún en las condiciones negativas de la cárcel, a su favor. Por tanto, "el concepto de tratamiento debe ser redefinido como servicio".

Baratta, en definitiva, alienta modos y medios de recuperación de los aspectos humanitarios y garantistas del concepto, a través de una readecuación del mismo, reconociendo el ejercicio de sus derechos por parte del privado de libertad y el deber de los estados de garantizar el goce de los mismos.
El costado relevante de esta nueva visión, consecuente con el paradigma constitucional, estriba en que en tanto las visiones tradicionales la relacionan indisolublemente a la pena, ésta la exhibe como autónoma de aquella: “se parte de la premisa según la cual la reintegración social del condenado no puede y no debe hacerse a través de la pena (detentiva), sino, contra la pena, vale decir, contrarrestando los efectos negativos que la privación de libertad ejerce sobre sus oportunidades de reinserción”[7].
De tal suerte que para Baratta la reinserción debe basarse en las siguientes postulaciones:
a. Simetría funcional de los programas dirigidos a ex detenidos y de los programas dirigidos al ambiente y a la estructura social.
b. Presunción de normalidad del detenido.
c. Exclusividad del criterio objetivo de la conducta en la determinación del nivel disciplinario y por la concesión del beneficio de la disminución de la pena y de la semilibertad. Irrelevancia de la supuesta “verificación” del grado de resocialización o de “peligrosidad”.
d. Criterios de reagrupación y diferenciación del tratamiento, independientemente de las clasificaciones tradicionales y de diagnosis “criminológicas” de extracción positivista.
e. Extensión simultánea de los programas a toda la población carcelaria. Independencia de la distinción entre condenados y detenidos en espera de juicio.
f. Extensión diacrónica de los programas. Continuidad de las fases carcelaria y postcarcelaria.
g. Relaciones simétricas de los roles mediante los que interactúan detenidos y operadores
i. De la anamnesis criminal a la anamnesis social. La cárcel como oportunidad general de saber y de toma de conciencia de la condición humana y de las contradicciones de la sociedad.
j. Valor absoluto y relativo de los roles profesionales. Valoración de los roles técnicos y “destecnificación” de la cuestión carcelaria.
“Al modelo tecnocrático no se le pueden dejar la solución de problemas cruciales de la sociedad porque sólo está en posibilidad de desplazar sus términos y de producir soluciones imaginarias al no controlar los problemas, sino al “público” de la política, por lo tanto es útil para reproducir el sistema de relaciones de poder”, concluye el Profesor italiano en la misma obra citada.
Es decir que la reintegración social es una tarea que no solamente involucra a todas las instancias de persecución, juzgamiento y contención, sino a la sociedad en su conjunto.
Se necesita, en consecuencia, una línea de acción política presidida por la idea de disminuir la conflictividad y la violencia en las cárceles, incorporar y luego evaluar sistemática y periódicamente, formas de mediación, composición y restauración de conflictos entre los propios reclusos, intentando incorporar a sus mecanismos de resolución de conflictos herramientas no violentas como principal forma de reintegración social de los internos.
Para eso se torna inexorable un cambio cultural de los operadores de los servicios penitenciarios y la comprensión de que los problemas carcelarios no habrán de resolverse únicamente desde la institución, sino de cara y a partir de una nueva relación con la sociedad.
La dinámica de las interrelaciones entre el estado y la sociedad, entre ésta y la prisión y entre el propio Estado y la cárcel, generan desde siempre diagnósticos desagregados, con una notable insularización del conocimiento objetivo respecto de la cuestión penitenciaria, de sus realidades, variables e incidencias en el resto de la sociedad civil. La cárcel difumina los límites entre sus funciones explícitas y simbólicas, crea mitos, los reproduce y los multiplica. Ese proceso dialéctico impacta decididamente, en la modernidad tardía, en el sistema de creencias de los particulares, y transforma la cuestión criminal en una suerte de botín de guerra susceptible de ser utilizado con fines ideológicos autoritarios.

[1] Garland, David: “Castigo y sociedad moderna”, Siglo XXI Editores, 1999, p.219).
[2] Polaino Navarrete, Miguel: “La controvertida legitimación del derecho penal en las sociedades modernas: ¿más derecho penal?”, Discurso de Investidura como Profesor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México), publicado en “El derecho penal ante las sociedades modernas, Ed. Jurídica Grijley, Lima, 2003, p. 128 y 129.
[3] Salt, Marcos, en Salt y Rivera Beiras, Iñaki: “Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina” Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 171.
[4] Mapelli Caffarena, Borja: “Una nueva versión de las normas penitenciarias europeas”, Revista Electrónica de Ciencias Penales y criminología”, p. 4, disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r1.pdf
[5] Baratta, Alessandro: “Resocialización o control social. Por un concepto crítico de “reintegración social del condenado”, ponencia presentada en el Seminario “Criminología crítica y sistema penal”, organizado por la Comisión Andina de Juristas y la Comisión Episcopal de Acción Social, en Lima, del 17 al 21 de septiembre de 1990.
[6] Baratta, Alessandro, op. cit.
[7] Baratta, op. cit.