La primera oportunidad en que el incipiente sistema penal internacional debió perseguir y enjuiciar a responsables de delitos contra la humanidad aconteció -como sabemos- al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocasión en que fueron sometidos a proceso los jerarcas de las potencias del eje derrotado en la contienda, en los juicios de Nuremberg y Tokio[1].
Ambos procesos, y en especial el primero, por la enorme difusión y el efecto simbólico sin precedentes que adquirió con posterioridad a su realización, significaron una primera puesta a prueba de un sistema penal hasta entonces embrionario, poniendo en buena medida de manifiesto las peculiaridades que habrían de caracterizar y condicionar al derecho global hasta el presente.
Hasta 1946, en efecto, no existían antecedentes de un juicio internacional llevado a cabo contra las máximas jerarquías de un Estado nación que había perdido una guerra, por los crímenes cometidos fundamentalmente durante esa conflagración global. La principal dificultad para llevar a cabo la persecución y el enjuiciamiento de estos dirigentes, radicaba en el escaso desarrollo que hasta entonces tenían las instituciones de resolución internacionales de los conflictos. La vigencia plena de los principios de no intervención y de soberanía de las naciones, impedía toda ingerencia foránea en la resolución de los mismos.
Dicho en otros términos, la evolución del Derecho de gentes impedía por entonces que los crímenes contra la humanidad pudieran ser juzgados por otros tribunales o agencias que no fueran los  de los propios países a los que pertenecían los presuntos perpetradores[2].


Sin perjuicio de este panorama, no es menos cierto que mientras se producía la reconquista por parte de los aliados de los territorios ocupados, crecían gradualmente las evidencias de la comisión de horrendos crímenes de masa, que alcanzaban proporciones inimaginables hasta ese momento.
Abstracción hecha, claro está, de las que cometían los propios aliados, entre las que debe enumerarse los bombardeos destructivos sobre la población civil de la ciudad alemana de Dresden, y la utilización por única vez en la historia de armas atómicas en un conflicto bélico, lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki.
Mientras se avanzaba en esas horrendas constataciones, tales como la existencia de campos de concentración y las groseras violaciones al derecho de la guerra por parte de los nazis, se iba dando forma a una propuesta de enjuiciamiento de esos crímenes, previendo ya desde 1942 el desenlace militar favorable a los aliados. 
Wiston Churchill fue el primero en denunciar la comisión de crímenes de guerra y de destacar que “el castigo por estos crímenes debiera tener lugar cuando se produjera el desenlace definitivo de la contienda”[3]. Definía, en plena guerra, aspectos que resultaban medulares. El primero de ellos, es que finalizada la conflagración los alemanes iban a ser castigados por sus crímenes[4].
La forma de reparar las iniquidades iba a ser el castigo, y que el mismo se iba a producir una vez ganada la guerra por parte de los aliados. Luego dejaba instalada una cuestión que se saldaría no sin discusiones entre los aliados, vinculada a la forma en que se habría de arribar a esas instancias sancionatorias, como habremos de ver. No debe olvidarse que, además de compatibilizar las tradiciones jurídicas diferentes de las potencias vencedoras, se debió contrarrestar algunos intentos de ajusticiar sumariamente a los criminales de guerra nazis.
Ya por entonces se dispuso crear una comisión que tenía por objeto comenzar la confección de una “lista” con la identidad de presuntos perpetradores de los referidos crímenes, a fin de que fueran juzgados cuando se pusiera fin a la guerra[5].
Durante la conferencia de Yalta, en 1945, Stalin, Churchill y Roosevelt se ocuparon también de este tema, y establecieron las primeras pautas respecto de las formas en que los eventuales juicios deberían llevarse a cabo, coincidiendo con el avance de sucesivas decisiones que en esa misma dirección se habían adoptado en las cumbres de Teherán, en 1943, y posteriormente en Potsdam, en 1945. Esas formas fueron, desde siempre, motivo de arduas controversias jurídicas y políticas[6].
Una vez finalizada la guerra, más precisamente el 26 de junio de 1945, tuvo lugar en Londres la celebración del acuerdo entre todas las potencias que habían enfrentado a la Alemania nazi, para la creación de un Tribunal Internacional que debería juzgar a los acusados de haber cometidos crímenes contra la humanidad y otros delitos aberrantes durante el enfrentamiento[7].
En esa oportunidad, en el marco de la celebración de la Conferencia Internacional sobre Tribunales Militares, se acordó la Carta Orgánica del Tribunal Militar que juzgaría a los criminales de guerra alemanes en la ciudad de Nuremberg[8].
Esta fue, sin duda, la primera construcción cultural y también formal, de un tribunal de enjuiciamiento especialmente concebido para el juzgamiento de hechos ocurridos con antelación a esa creación, cosa que no resultó para nada sencilla. Al respecto se ha puesto de relieve: “Hubo fuertes discrepancias en cuanto al aspecto formal del proceso. Stalin se inclinó por una justicia lo más expeditiva posible, y esa sería la idea mantenida finalmente por Churchill cuando en los últimos meses de la guerra manifestaba desear fusilar a los jefes nazis en menos de seis horas, pero los americanos se decidieron desde un principio por rechazar la ejecución sumarísima, y ésta era la opinión del Presidente Truman, antiguo juez y partidario de constituir un Tribunal Militar Internacional. De este modo, y por influencia americana, triunfó la vía procesal sobre la vía sumaria y se estableció un proceso público sobre bases jurídicas”[9].
En puridad, los antagonismos enfrentaban a un sistema inquisitivo propio del derecho continental europeo, con el sistema acusatorio del common law y el derecho socialista de primera generación[10].



[1] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 49.
[2] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 30.
[3] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[4] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[5] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm#antecedentes
[6] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[7] http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm#antecedentes
[8] Pérez Bustamante, Rogelio: “El Juicio de Nüremberg”, que se puede encontrar como disponible en http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[9] Pérez Bustamante, Rogelio: “El juicio de Nuremberg”, disponible en http://www.cgae.es/ portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[10]  Sobre el particular, ver Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf  
     “No tengo patria para dibujar sobre sus paredes / con una tiza de la infancia: ¡Que Viva! / No tengo patria que haya que aguantar cada mañana / tomando mi taza de café, / mientras me pule el sol. / No tengo patria, que me otorgue su pulmón  /  y yo lo otorgue el mío / ser su ruido y mía sea la voz  /  seré el travieso, el malévolo, el rebelde y el arduo / y seré el sabio, el intuitivo, el piadoso y el gran corazón. / No tengo patria para escribir /  sobre el cobre de una de sus casas: / bienvenidos amigos, / esta es la casa de Hussein Habasch. / No tengo patria donde me emborrache en sus tabernas / hasta el último aliento de la noche, / vagabundeando en sus caminos, / y donde mi corazón sea su terreno, / me abrigue y la abrigue / la escuche y me escuche / como buenos amigos. / Pero no tengo patria…”.  (“Desilusión”, de Husssein Habash, poeta kurdo exiliado en Alemania).

El pueblo kurdo tiene una población estimada de alrededor de 30 millones de habitantes, ocupa aproximadamente medio millón de kilómetros cuadrados y está considerada la mayor nación sin Estado del mundo. Sin embargo, el Kurdistán no figura en los mapas, y estas omisiones encuentran su explicación, según los autores militantes de la cuestión kurda, en su condición de “colonia internacional”[1], justamente porque ha sido la “comunidad internacional” la que ha despojado a esta nación de toda condición.
Los kurdos, que a lo largo de siglos han sufrido ocupaciones, persecuciones y genocidios, viven desde 1923 (fecha en que se suscribió el tratado de Lausana entre Inglaterra, Francia y otras potencias, que borraron del mapa a la nación kurda, dividiéndola en cuatro partes sin que se registrara una reacción medianamente sería y consistente de la comunidad internacional) en una situación particular de colonización. Los kurdos no son  aceptados como tales en ninguna parte. En Turquía se los considera turcos, en Irán, iraníes, y en  Irak y Siria, árabes. En todos los casos, son discriminados como ciudadanos de segunda clase[2].
Todavía en 1920, con el Tratado de Sévres se reconocía internacionalmente su existencia y su derecho a la independencia estatal[3].


Desde el punto de vista de su consideración por parte del Derecho internacional, los kurdos son, desde 1923, una “minoría” étnica repartida dentro de las fronteras de cuatro estados: Turquía, Irak, Siria e Irán, donde padece situaciones de dominación cultural, económica y política.
De parte de los dos Estados mencionados en primer término, ha sido víctima de dos procesos genocidas, cualidad ésta que distingue y condiciona la historia misma del pueblo kurdo, lo mismo que el gigantesco proceso de silenciamiento y desinformación existente acerca de la cuestión kurda, que hizo que gran parte del planeta escuchara hablar de este sufrido pueblo recién durante la guerra del Golfo.
Este proceso intencional de silenciamiento debe atribuirse a la disputa interimperialista que desde antaño han llevado a cabo las grandes potencias del mundo, atento a que el Kurdistán es una regíón extremadamente rica, con grandes reservas petroleras y acuíferas y un clima excepcionalmente apto para las actividades agropecuarias.
En realidad, este proceso de negación de la cuestión nacional y cultural kurda ha recorrido exitosamente siglos y, en el caso de la política oficial turca sobre el tema, se sostiene todavía la inexistencia lisa y llana de una “minoría” kurda que representa, por ejemplo, el 25% de la población turca (hay 15 millones de kurdos en ese país)[4].
A esto debe agregarse, de parte de las autoridades turcas, una represión sostenida en el tiempo que adoptó finalmente la forma de un genocidio. En efecto, desde 1924, cuando se tomaron medidas estrictas en aras de la “occidentalización” de Turquía, la política de ese país avanzó sistemáticamente en la destrucción de edificios históricos, de aquellos textos fundamentales escritos en lengua kurda, e incluso la propia palabra “kurdo” fue eliminada de los textos oficiales, prohibiéndose hablar y escribir en kurdo, a quienes se denominaba “turcos que han olvidado su lengua”[5].
Esta negación sistemática de una minoría por parte de un Estado dominante, produjo entre 1925 y 1938 una multiplicidad de conflictos resueltos por Turquía de manera unilateral y violenta, dejando a los kurdos en situación de pueblos vencidos o en posiciones políticamente comprometidas, como cuando algunos de sus referentes, leales al régimen turco,  fueron acusados de consentir o avalar el genocidio armenio.
Sin  perjuicio de ese episodio histórico estigmatizante, las fases de una rebelión progresiva de los kurdos contra el dominio turco se sucedieron. La primera de ellas tuvo lugar cuando el jeque Saïd se alzó contra las autoridades de Ankara, por lo que fue llevado a la horca cuando tenía 80 años. La rebelión fue la respuesta a la política de “turquización” kemalista. El jeque logró inicialmente la rápida adhesión de muchas comunidades, hasta liberar una zona determinada del territorio. Toda la región al oeste del Lago de Van, un tercio del Kurdistán turco, llegó a estar en manos rebeldes en 1925[6].
Esta situación llevó a que Turquía reclamara la ayuda de Francia para aplastar el levantamiento. Con la captura de Saïd, Atataurk apeló a medidas radicales de represión, mediante la creación en la zona de los llamados “Tribunales de Independencia”, que rubricaron el triunfo militar turco con sentencias sumarias dictadas tras juicios sumarios, a partir de las cuales se ejecutaron, encarcelaron o desterraron a todos los kurdos sospechosos de apoyar el levantamiento. Luego, siguieron las primeras medidas de deportaciones, aplicadas especialmente a los jeques y demás referentes políticos y religiosos, que obligaron a que miles de refugiados huyeran a la parte iraquí[7].
En 1927 estalló un nuevo levantamiento,  a la que se conoce como “la sublevación del  Monte Ararat” o del Agri Dagh (“La montaña de Fuego”, en kurdo). Fue la resultante de un comité denominado Khoyboun, que agrupaba a varias organizaciones kurdas, y estuvo liderado por Ishsan Nouri, que había formado parte de los ejércitos turcos y poseía una vasta experiencia militar. Nouri logró en 1928 afirmar la pequeña república kurda del Ararat, y con el agregado de una gran cantidad de tribus y guerreros kurdos infligió al ejército turco varias derrotas al principio del conflicto, derribando incluso aviones de combate enemigos[8].
Finalmente, las fuerzas turcas, superiores en número y armamento, derrotaron a los kurdos en 1930. La réplica fue tremenda. El diario turco Milliyet publicó un dibujo que representaba dos montes Ararat con la leyenda “Aquí está enterrado el sueño de un Kurdistán libre”. Varios meses después de la derrota, los aviones turcos continuaban arrasando las aldeas kurdas, y entre 1925 y 1928, un millón de kurdos fueron deportados. En 1932 se sanciona la ley de deportación, que directamente desplaza a centenares de miles de kurdos a Anatolia[9].
El ministro turco Mahmut Bozhurt había anunciado en 1930: “Vivimos en el país más libre del mundo, que se llama Turquía. (…) El turco es el único señor, el único dueño de este país. Quienes no son de puro origen turco tienen en este país un solo derecho: el derecho de ser servidores, el derecho de ser esclavos”[10].
En 1936, el gobierno turco aplasta la sublevación de Dersim, que culmina en 1938 con una salvaje matanza de kurdos. Las informaciones más confiables señalan que en la represión se produjeron alrededor de cincuenta mil muertes y el ajusticiamiento de su líder Seyit Riza  el 5 de septiembre de 1937[11]
A partir de la década del 70´ del siglo pasado, los militantes kurdos comenzaron a proyectar una estrategia de liberación nacional revolucionaria. Esta iniciativa gestó el mayotitario Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK en 1978), que impulsó con posterioridad una estrategia insurreccional, liderado por Abdulláh Ocalan, que ha organizado en Frente de Liberación y un Parlamento Kurdo en el exilio[12].
La lucha armada anticolonialista se inició en 1984. La guerrilla evolucionó hasta encarnar el Ejército de Liberación del Pueblo del Kurdistán en 1986 (argk), siendo su brazo político el Frente de Liberación Nacional (ernk), cuya misión fundamental era la dirección política de la Revolución y la cohesión de las diferencias de las distintas tribus que confluían en el proceso revolucionario. En 1990 comenzaron los levantamientos masivos contra el poder turco[13].
La política de avasallamiento de que fueron sistemáticamente objeto los kurdos por parte de los estados turco, iraní, iraquí y sirio, con la complacencia o complicidad de otras potencias con intereses en la región, dieron como resultado que en 1988, la ciudad de Halabcha, ubicada en el kurdistán meridional, fuera conquistada por guerrilleros kurdos apoyados por el ejército iraní[14].
La respuesta del gobierno iraquí, cuyos efectivos fueron obligados a abandonar la ciudad, fue un ataque salvaje  llevado a cabo con armas químicas. Las agencias oficiales de occidentes hablaron siempre de cifras escalofriantes: más de cinco mil muertos y diez mil heridos, en el que perdieron la vida niños, mujeres y ancianos. Para los kurdos, estas cifras no terminan de reflejar la verdadera magnitud del etnocidio[15].
La prensa turca guardó un oprobioso silencio respecto de una masacre, en la que se utilizaron armas que ni siquiera las grandes potencias usaron en sus conflictos armados neocolonialistas o imperialistas.
Entre 1981 y 1984, cuarenta mil prisioneros kurdos ya habían sido torturados y asesinados bajo las órdenes de Saddam Hussein, sencillamente porque  se negaron a renunciar a su identidad, cosa que ya había ocurrido frente a un intento análogo de los turcos. “Asimismo, las reseñas oficiales datan en cien mil los muertos kurdos en manos de las fuerzas militares de Saddam Hussein. Los muertos civiles durante el régimen de Hussein son incalculables. Muchos fueron torturados hasta morir. Tenían formas tan atroces de ejecutar a disidentes iraquíes como colocarles 100 gramos de explosivos en el estómago para después hacerles explotar por los aires. Las cifras de muertos pueden rondar los sesenta mil si excluimos a los cien mil desaparecidos. En total casi 2 millones de kurdos exterminados”[16].
Como ocurre en todas las prácticas sociales genocidas, terminaremos preguntándonos cómo pudo suceder esto; cómo pudo llevarse a cabo un proceso de semejante brutalidad.
En el caso del genocidio kurdo, el aniquilamiento múltiple constituye un dato saliente que merece ser analizado. Y, por primera vez, surge la necesidad de ahondar en la conducta de los perpetradores y las  condiciones previas que hicieron posible la masacre.
Turquía, como potencia vencida, obviamente, había sido acusada de graves violaciones a los Derechos Humanos en perjuicio del pueblo armenio al finalizar la Primera Guerra Mundial: “Con respecto a Turquía, la promesa de castigo que le hicieron los Aliados al comienzo de la guerra cuando denunciaron el genocidio del pueblo armenio como crimen contra la humanidad y la civilización, no fue mantenida cuando finalizó el conflicto. El nuevo gobierno turco en abril de 1919 instauró una corte marcial para juzgar los hechos, pero la primera condena a muerte dictada contra uno de los autores de la masacre movilizó demostraciones por las calles que impidieron que el tribunal turco continuara su labor”[17].
No obstante esas amonestaciones internacionales, llevadas a cabo por las potencias vencedoras, no solamente no impidieron sino que toleraron y hasta estimularon el inicio de otro genocidio perpetrado por el Estado turco respecto de otro pueblo sometido, a partir de la suscripción del ya referido tratado de Lausana.
El sistema internacional no pudo prever, ni perseguir, ni sancionar  dos genocidios seguidos perpetrados contra un mismo pueblo, que fue víctima no de una agresión genocida, sino al menos de dos, si consideramos las incursiones homicidas del Gobierno de Saddam, que -vale recordarlo- fue perseguido únicamente cuando contradijo o amenazó los intereses imperiales, siendo en ese caso la respuesta de la justicia penal, cuanto menos, deleznable, por retrógrada, selectiva y brutal.
En aquellas preguntas iniciales acerca de cómo pueden ocurrir este tipo de prácticas genocidas, va implícita la necesidad de analizar las respuestas de las instituciones políticas y jurídicas nacionales y globales y las perspectivas de los perpetradores al momento de decidir y poner en práctica los genocidios.
¿Qué insumos discursivos y culturales, qué consensos sociales y qué contexto internacional deben coincidir para la sucesión -hasta ahora ininterrumpida- de semejantes procesos de aniquilamiento y ulterior silenciamiento? Intentaremos, a partir de los próximos capítulos de este trabajo, despejar estas incógnitas fundamentales.



[1] Besikci, Ismail: “Kurdistán: una colonia internacional”, Editorial Iepala, Madrid, 1992, p. 5, disponible en http://books.google.com.ar/books?id=N0iytIPVegAC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=Kurdist%C3%A1n:+una+colonia+internacional&source=bl&ots=zHKsZIiX8F&sig=pmByzmWaYOyIcAv-2xkVpvm7EJM&hl=es#v=onepage&q&f=false
[2] Besikci, Ismail: “Kurdistán: una colonia internacional”, Editorial Iepala, Madrid, 1992, p. 16, en http:// books.google.com.ar/books?id=N0iytIPVegAC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=Kurdist%C3%A1n:+una+colonia+internacional&source=bl&ots=zHKsZIiX8F&sig=pmByzmWaYOyIcAv2xkVpvm7EJM&hl=es#v=onepage&q&f=false
[3] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, pp. 112, 264 y 284.
[4] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 18.
[5] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p.59.
[6] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 116 y 117.
[7] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 117.
[8] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p.118.
[9] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, pp. 117 y 118.
[10] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 122.
[11] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[12] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[13] Sammali, Jacqueline: “Ser kurdo ¿es un delito?”, Editorial Txalaparta, Navarra, 1995, p. 132.
[14] centro de estudios y documentación del kurdistán, disponible en http://www.centrokurdistan.org/ documentos/conflicto.PDF
[15] http://www.organizacionislam.org.ar/articulos/genocidio.htm
[16] -http://www.organizacionislam.org.ar/articulos/genocidio.htm
[17] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 47.


A qué se debe su interés y de sus alumnos en el tema del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en la Haya, y en particular el caso del general Ratko Mladic? No es que Argentina queda muy lejos de los Balcanes?

R: Nuestros alumnos en sus prácticas profesionales en lo penal, que es una de las asignaturas que imparto en la UNLPam, anualmente deben implicarse, entre otras tareas, en ejercicios de litigación hipotéticos ante tribunales internacionales o interesarse en determinados casos que resultan significativos en el marco del Derecho Internacional. Este año hemos trabajado en el caso Mladic. Estas incursiones, a nuestro entender, son de una gran utilidad, porque les permite conocer y comparar el funcionamiento de tribunales internos e internacionales, y practicar no solamente con ejercicios vinculados a delitos comunes, también denominados “de calle” o “de subsistencia”, sino también respecto de graves crímenes contra la humanidad, que por supuesto han estudiado previamente en los cursos de la parte especial del Derecho Penal.

Qué recursos tienen disponibles en Argentina para enterarse de los hechos del caso de Mladic y, sobre todo, del contexto de la guerra?
R: Pues, hemos debido analizar los documentos emergentes del propio Tribunal, material periodístico, videos, jurisprudencia, entrevistas, etcétera.
El trabajo, en ese sentido, fue arduo, sobre todo en la recopilación de fuentes y datos.



El  contexto fundamental en que se sitúa el caso del general Mladic, cuando menos hablando de Srebrenica, es de genocidio. A la luz de su investigacion de las circunstancias fácticas, qué opina sobre tal calificación jurídica de lo ocurrido en Srebrenica?
R: Nuestra tarea se ha circunscripto, más que analizar aspectos fácticos, a correlacionar las imputaciones de este caso, con las resoluciones de los tribunales argentinos en los principales casos vinculados al juzgamiento de los acusados por graves delitos de masa cometidos durante la última dictadura cívico militar, una experiencia de memoria, verdad y justicia  sin precedentes en el mundo. Al haber producido un avance de semejante magnitud, se ha podido analizar el delito de genocidio a la luz de nuevos insumos teóricos, aportados por expertos en otros saberes. Es el caso de Daniel Feierstein, un sociólogo cuyos aportes han sido esclarecedores en materia de determinación de la existencia o no de un genocidio, que es lo que yo podría aportar.
En este sentido, nuestra jurisprudencia ha asociado las prácticas sociales genocidas cometidas en la Argentina, a lo que podríamos denominar “genocidio reorganizador”. Es decir, aquellos crímenes modernos, propios de las sociedades estatales, donde el perpetrador comete el delito con la intención de “reorganizar” la sociedad de conformidad con sus pautas culturales y  concepciones de vida. Es decir, una práctica cuyo objetivo es la transformación de las relaciones sociales hegemónicas al interior de un Estado nación preexistente.
En este  caso, el genocidio moderno debe ser entendido como una práctica social, pero también como una tecnología de poder, destinada a destruir  las relaciones sociales preexistentes y reorganizarlas con sujeción a los modos de articulación de las relaciones sociales, el sistema de creencias, la cultura y la visión del mundo de los perpetradores. Cuando se dan estas situaciones, se estaría frente a un genocidio.
Sobre el particular, debe recordarse que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, al sentenciar en la causa  Nº 2506/07, en la que se condenara al sacerdote católico Christian VON WERNICH, citando la obra de Feierstein, dijo textualmente: “Sin embargo resulta ilustrativo lo reflexionado por el autor citado sobre el particular. “...la caracterización de “grupo nacional” es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se proponen destruir un determina do tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto. Dada la inclusión del término “en todo o en parte” en la definición de la Convención de 1948, es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado “en parte” y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación...El aniquilamiento en la argentina no es espontáneo, no es casual, no es irracional: se trata de la destrucción sistemática de una “parte sustancial” del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro”. Este último tramo quedan implicadas las características del genocidio reorganizador moderno. Creo que es el más objetivo y respetuoso aporte comparativo que puedo realizar.


Conoce los Balcanes? Ha tenido contactos con colegas abogados y catedráticos de la región? Cuál es su impresión de los países de la antigua Yugoslavia en el período de “transición” que están viviendo actualmente?
R: Conozco los Balcanes, he tenido contacto con colegas académicos en varias ciudades de la región, y me ha impactado mucho el proceso de transformaciones que viven, en un escenario de por sí complejo. Observo en líneas generales un corrimiento de sus coordenadas de organización social hacia un capitalismo compatible con las exigencias de ciertos factores de poder internacional. Esto me ha llamado la atención, quizás porque varios países de América Latina están intentando en este momento un proceso inverso: prácticas autonómicas y unitarias a nivel regional que han acompañado reformas sustanciales en materia política, cultural, económica, social, tecnológica, etcétera, con resultados a mi entender muy valorables. Entre esos resultados está la creación de organismos tales como la CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR, y un próximo Banco del Sur


Se trata de un reportaje publicado en su edición del día de la fecha por el mencionado medio escrito serbio, disponible en http://www.pecat.co.rs/

El Tribunal Oral Federal Número UNO de Mendoza citó, al momento de dictar sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad sustanciado en esa Provincia, un artículo del responsable de este blog, publicado en Derecho a Réplica. Este importante precedente jurisprudencial expresa textualmente:

 "Al fallar la presente causa, el Tribunal calificó los delitos cometidos por los condenados como de Lesa Humanidad y en el contexto del delito internacional de genocidio.
Para analizar estos conceptos hemos de seguir el trabajo realizado por Eduardo Luis Aguirre, Profesor Regular de Derecho Penal de la Universidad Nacionalde La Plata y la Universidad Nacional de la Pampa, lo que hace bajo el Título “El Delito de genocidio en la jurisprudencia argentina”, criterio que compartimos y utilizamos para explicar la decisión referida al comienzo.


El nombrado profesional refiere que, la jurisprudencia argentina reciente ha caracterizado en términos dogmáticos los crímenes cometidos por el propio estado en nuestro país , concluyendo que se trató de delitos de Lesa Humanidad perpetrados en el marco de un genocidio (fallos Etchecolatz y Von Wernich). En primer lugar destaca que para superar el hiato que se deriva de la redacción del propio tipo, en lo que atañe a “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, que además lo distingue de otros crimines contra la humanidad, dice que así se concluye en Etchecolatz- en coincidencia con la doctrina mas autorizada y el aval de la jurisprudencia de los tribunales internacionales especiales- que “la intención necesaria podría ser inferida de las circunstancias que rodean a los actos en cuestión”.
Agrega que esa, “evidencias circunstanciales” implican “una serie de factores y circunstancias, como el contexto general, la perpetración de otros actos culposos sistemáticamente dirigidos contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el hecho de escoger sistemáticamente a las victimas en razón de su pertenencia a un grupo determinado, o la reiteración de actos destructivos o discriminatorios” (El Fiscal contra Jelisic, fallo, Sala de Apelaciones, Párrafo 47, TPIY , citado por Bjornlund, Matthías; Markusen Eric; Mennecke, Martín: “¿ Que es genocidio?”, Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La Administración de la muerte en la modernidad”, Ed. Eduntref, Buenos aires, 2005 pag 32 y 33).
Agrega que otra cuestión relevante que se salda, se vincula con la determinación del concepto de “grupo de victimas”. Así, basta que la intención criminal se extienda solo a una parte del grupo social , étnico , nacional o religioso, y su delimitación a un determinado ámbito: un país, una región o una comunidad concreta, cuestión esta fundamental al momento de caracterizar el genocidio argentino.
Con todo, la delimitación esencial del concepto de grupo de victimas no ha sido pacifica. Benjamín Whitaker advertía en su trascendente informe sobre la necesidad de una reforma a la Convención de la Organización de la Naciones Unidas sobre Prevención y sanción del Delito de Genocidio (CONUG), porque “dejar a grupos políticos u otros grupos fuera de la protección de la Convención ofrece un pretexto considerable y peligroso que permite el exterminio de cualquier grupo determinado, ostensiblemente bajo la excusa de que eso sucede por razones políticas” (Whitaker, Benjamín: “Revised and Updated Report on the Questión of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, p. 19, citado por Feierstein, Daniel (compilador): “Genocidio. La administración de la muerte en la modernidad , Editorial Edunfret, Buenos Aires , 2005. p.35).
Dice Eduardo Luis Aguirre que ello es así, toda vez que “mientras en el pasado los crímenes de genocidio se cometieron por razones raciales o religiosas, era evidente que en el futuro se cometerían por motivos políticos (…) En una era la ideología, se mata por motivos ideológicos” (Informe E/CN, 4/Sub. 2/1985/6 (informe Whitaker) p. 18 y 19, citado por Feierstein, Daniel: “El genocidio como práctica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, p.48).
Comenta que en la sentencia “Etchecolatz se anticipa de manera consistente, además, a cualquier impugnación con respecto a eventuales violaciones del principio de congruencia, Etchecolatz no había sido indagado por el delito de genocidio, por lo cual la sentencia destaca que los hechos juzgados y comprobados, habían sido cometidos “en el marco” de un genocidio, sugiriendo además que fuera esta la figura escogida para avanzar en la persecución de los represores en los juicios sucesivos.
Acota que también resulta particularmente relevante que el pronunciamiento en cuestión recuerde que las definiciones jurídicas de genocidio incluyen cualquiera de las siguientes conductas perpetradas con la intención de destruir total o parcialmente a un grupa nacional , étnico, racial o religioso como tal; a) matanza de miembros del grupo ; b) lesión grave a la integridad física o mental a los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el ceno del grupo; e) traslado por a fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Después de estas reflexiones veremos como sigue la sentencia expresando la forma en que construye la existencia del referido “grupo nacional “, victima del genocidio.
“Ya en la sentencia de la histórica causa 13 se dio por probada la mecánica de la destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Así , en la causa 13/84 donde se condenó a los ex integrantes de las Juntas Militares se dijo: El sistema puesto en práctica- secuestro, interrogatorio bajo tormento, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de la libertad, en muchos casos eliminación de las victimas -, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la nación y prolongado en el tiempo”. Nótese que la decisión deja en claro que la eliminación de las victimas no constituye un elemento sine qua non para la perpetración del genocidio, que puede configurarse a partir de las restantes practicas que se enumeran en el mismo párrafo, en tanto las conductas integran una planificación previa, sistemática, discriminada y unitaria de aniquilamiento, un datocentral no asumido por las tendencias jurisprudenciales previas.
“Es precisamente a partir de esa aceptación – sigue diciendo el fallo Etchecolatz- tanto de los hechos como de la responsabilidad del Estado argentino en ellos, que comienza, a mi entender, el proceso de producción de verdad sin el cual solo habría retroceso e impunidad. Obviamente que dicho proceso estuvo sujeto todos estos años a una cantidad enorme de factores de presión cuya negación resultaría ingenua pese a lo cual tanto el ámbito nacional como en el internacional se lograron avances significativo en la materia.
Esos “avances significativos”a los que hace mención la sentencia, supusieron en realidad un avance de la conciencia de la sociedad argentina, del derecho como productor de verdad y , sobre todo, un progreso en bastos sectores de la agencia judicial, históricamente asociada al pensamiento conservador, cuando no complicada con el gobierno de facto y las doctrinas jurisprudenciales mas conservadoras.
Continua comentando, que, si se hace hincapié en las peculiaridades que los perpetradores asignaban a las victimas, en general militantes de pensamiento crítico, autónomo , en definitiva opositor a la oscurantista impronta ideológica dictatorial es indudable que se trata de un “grupo” percibido como amenaza de supuestos “valores” “occidentales y cristianos”, que cesaría como tal únicamente a partir de la eliminación de estos agregados, particularmente dinámicos (Feierstein: El genocidio como practica social”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, pag. 51,58).
Justamente por estas condiciones, la eliminación “en todo o en parte”de ese grupo nacional, implicaba una alteración de las relaciones sociales preexistente y su sustitución por nuestras formas de relacionamiento social Esta elección premeditada y discriminada de las victimas por parte de losperpetradores, confiere a las conductas el indudable carácter de practicas sociales genocidas.
Por que en el delito de genocidio, son los propios perpetradores los que identifican y constituyen el grupo de victimas: “a decir verdad, esta identificación negativa en términos de construcción de otredad, que fue lo que permitió que el grupo nacional fuera construidos por los propios perpetradores…”. Eran “los enemigos del alma Argentina”, tal como los denominaba el General Luciano Benjamín Menendez, imputado en esta causa, que, por alterar el equilibrio debían ser eliminados”, establece el pronunciamiento del TOF 1 de la Plata, determinando que no se está en el caso sometido a su jurisdicción “ante una mera sucesión de delitos sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio”: el plan sistemático de exterminio.
Es importante recordar de que manera, desde lo simbólico, los militantes de cualquier causa potencialmente desestructurante del credo conservador, eran presentados como un peligro, un riesgo concreto a nuestro bienestar y nuestras seguridad. Una jerga compatible que se adueñaba de sentidos engañosos, tales como “subversivos”, “terroristas”, “bandas” o sencillamente “delincuentes” para estigmatizar justamente a aquellos que esta tecnología de poder quiso – y logró- incorporar a las retóricas mundanas.
Si la sola existencia de estas personas era capaz de poner en riesgo nuestra existencia y convivencia –según esas lógicas genocidas- su eliminación, “aniquilamiento” o “extirpación” del cuerpo social, estaba justificada.
Como ya está señalado, es necesario al momento de analizar las practicas genocidas prestar también atención a la evolución que han registrado las grandes matanzas y exterminios a través de la historia.
Se continua razonando que, de esa manera, podremos observar mas claramente la tajante distinción de la condición de perpetrado y victima que caracterizaba a ese tipo de hechos en el pasado, donde estos últimos grupos pertenecían generalmente a comunidades exteriores a las fronteras de las ciudades e inclusos de las ciudades –estados, reinos o imperios. Estos aniquilamientos se llevaban a cabo en general, para deteriorar con la matanza el numero de potenciales guerreros de los ejércitos derrotados, por motivación de expansión territorial, religioso o económicos, como es el caso de los procesos coloniales que devastaron a los pueblos originarios americanos. Incluso, por motivaciones psicosociales asociadas al temor de crecimiento de ciudades- estados rivales que pudieran aprovecharse del ocaso de potencias imperiales, lo que parece explicar por ejemplo el ataque y la destrucción de Cartago por parte de los romanos (Chalk Frank; Jonassohn , Kart: “Historia y sociología del genocidio, Editorial Prometeo, 2010, p.65 y 109).
No obstante estos antecedentes, a partir del siglo pasado los genocidios victimizaron -en la mayoría de los casos- a grupos nacionales convivientes dentro de las fronteras del mismo estado agresor, y el objetivo de los agresores comienza a sentarse en la eliminación de grupos (no necesariamente minoritarios, aunque en la mayoría de los casos lo fuera) concebidos como diferentes por razones étnicas, culturales, políticas o ideológicas que son percibidos como amenazas para los sistemas de creencias hegemónicas.
Vale decir que, en lo que concierne a la identidad , es la pertenencia a algo común, apreciada por los agresores, lo que construye a los enemigo y las victimas “Un terrorista no es solo el portador de una bomba o una pistola , sino también quien difunde ideas contrarias a la civilización cristiana y occidental” (Jorge Rafael Videla and the Times del 4/01/78).
Por supuesto que se trata (también de un grupo de “nacionales”, pero estaba mucho mas claro que para los genocidas eran fundamentalmente un colectivo político diverso en sus bagajes teórico y sus praxis, por ende, integrantes de una “amenaza” respecto de un “modo de vida”, y finalmente, “enemigos”.
Por lo tanto no cabe duda de que además de agredir a un grupo nacional las practicas genocidas se llevaron a cabo, también, contra un grupo político. Las fuerzas represivas consideraron que además de la estigmatización y la eliminación de los grupos insurgentes, era también una cuestión de resolución inexorable el ostigamiento, la violación de derecho y hasta el aniquilamiento de los sectores de la población civil que incluía la “periferia”, “los brazos políticos”, los simpatizantes, los trabajadores, sindicalistas, intelectuales o estudiantes que pudieran llegar a poner en crisis o cuestionar los métodos de ladenominada “guerra sucia”, o incluso a cualquier persona de la comunidad.
Este es el rol del genocidio en tanto tecnología de poder destinada a reconstruir determinadas formas de organización social y sustituirlas por otros. La frase del general Ibérico Manuel Saint- Jean caracteriza esta concepción con mayor precisión : “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después …. a sus simpatizantes, enseguida… aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a lostímidos” (Gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, disponible en http: // www. Rodolfowalsh.org/ slip.php?article 2917) .
Por otra parte, el derecho internacional ha delimitado claramente cuando se está contra crímenes contra la humanidad a los que identifica como una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio intencional el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil tanto en tiempo de guerra como de paz llevados a cabo por motivos políticos, raciales o religiosos es decir, cuando este tipo de acto se cometen de manera sistemática o a gran escala, dejan de ser crímenes comunes para pasar a subsumirse en la categoría mas grave de crímenes contra la humanidad .
Las características del párrafo anterior mas lo dicho en el capítulo destinado a los delitos de Lesa Humanidad (primera cuestión, punto 2, apartado h) n
os permiten concluir que existen características de los delitos definidos por los art 6 y 7 del Estatuto de Roma en todos los ilícitos por los que fueron condenados los procesados de los presentes autos, lo que nos hizo afirmar que se trataba de delitos de Lesa Humanidad, cometidos en el contexto deldelito internacional de genocidio. Si bien es cierto no son tipo penales definidos por nuestro derecho penal positivo, tienen características que los ponen en ese contexto de estos delitos internacionales" (http://juiciosmendoza.blogspot.com.ar/2013/05/audiencia-final-publicacion-de.html)
El pasado 30 de mayo, a las 19,30 horas, participamos de la Conferencia “Srebrenica-ciudad sin Dios” , celebrada en  la sala Valle Inclán del Circulo de Bellas Artes de Madrid.  El concurrido acto, organizado por "Semanario Serbio", concluyó con una muy interesante exposición del reconocido periodista belga Michel Collon sobre las formas que asumen los medios de comunicación durante los grandes conflictos globales que acontecen en la tardomodernidad. Con posterioridad a la intervención de Collon, se produjo un intenso debate sobre el tema que motivara el evento, al que puede accederse íntegramente en http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vBvteogkuWg
Agradecemos por este medio a los organizadores de la conferencia, por habernos permitido estar presentes y expresar nuestro punto de vista respecto del tema para el que fuimos convocados.
Hace unos días me entrevistó la emisora bahiense "FM De la Calle", requiriendo mi punto de vista sobre el genocidio ruandés. Replico mi intervención en la nota, publicada también en http://juiciobahiablanca.wordpress.com/author/efemedelacalle/
“El genocidio de Ruanda es un supuesto muy puntual de construcción de lo que se denomina sociológicamente una otredad negativa. Es decir, encontrar en el otro, en el diferente, en el distinto, una suerte de vórtice capaz de resumir todos los males de una determinada sociedad que termina siendo luego la perpetradora de este tipo de masacre y produce fenómenos que son destinados a lo que normalmente conocemos como el negacionismo posterior a las prácticas sociales genocidas”, dijo Aguirre en FM De la Calle.
En Ruanda la revista Kangura y la Radio Televisión Libre  de las Mil Colinas “tuvieron una prédica capaz de instalar la idea de una otredad negativa y también una suerte de penetración cultural sostenida y orgánica destinada a acentuar los rasgos de persecución de estos grupos sociales victimizados”.
“Luego, esto es lógico, tratar de legitimarlos, justificarlos o de alguna manera invisibilizarlos. Estos tres hechos en criminología son denominados ‘técnicas de neutralización’. Son prácticas que hacen en general muchos delincuentes, minimizar el hecho cometido, suponer que no cometieron delitos, decir que la culpa la tiene el juez o el fiscal que los persigue, realizar en definitiva este negacionismo de la práctica genocida”, agregó el abogado.
Aguirre publicó en esta nota de su blog un resumen de su segunda tesis doctoral que hace un año defendió en la Universidad de Sevilla donde aborda el tema del genocidio y los delitos de lesa humanidad y dedica un apartado a lo sucedido en Ruanda.



-¿Se lo interpreta como acción psicológica?
Se lo interpreta como acción psicológica pero también como una clara instigación sin la cual probablemente el genocidio no se hubiera podido concretar en Ruanda. Y sucede en un contexto internacional donde las grandes potencias e inclusive la potencia colonial realmente se habían corrido de la escena, había una ausencia de esos estados y de la propia comunidad internacional.
Cien días donde mueren cientos de miles de personas pasaron absolutamente invisibilizados porque hubo una prédica tendiente a la invisibilización y naturalización del conflicto, de la prédica y de la práctica. Pero el rol fue muy importante y justamente fueron por eso las consecuencias que hubo desde el punto de vista criminal.
-¿Cómo era el impacto y alcance de los medios juzgados en la población?
Hay que contextualizarlo y hay que historizarlo. Se trata de un país africano, con variables sociales muy extremas, obviamente con un alcance a la tecnología muy limitado. Por eso es que una radio y un periódico adquieren semejante nivel de influencia, porque prácticamente tenían también el monopolio de la información.
-¿Cuál fue la acusación puntual?
Es una acusación que parte de la base de que sin la prédica de este tipo de medios de comunicación y de estos editores el genocidio probablemente no se hubiera perpetrado o al menos no se hubiera producido un proceso de naturalización o de neutralización que implica, en definitiva, un negacionismo de las características que tuvo.
En este caso concreto la prensa tuvo un rol que tendremos que discutir después si se trata o se trató de una participación necesaria, de algún otro nivel de complicidad, de una instigación, etcétera. Pero desde el punto de vista cultural y de la potencia que tenían estos medios de comunicación en ese contexto y en ese momento histórico es indudable que se acercaban a algo que no tiene nada que ver con la libertad de expresión y que por supuesto son absolutamente reprochables por el derecho.
-¿Fue la libertad de expresión argumento de la defensa de los medios en el proceso judicial?
De ninguna manera se pensó que eso podía ser defensa de la libertad de expresión. La incitación a la comisión de un proceso de aniquilamiento de centenares de miles de personas que se acredita en lo que tiene que ver con la participación de estos sectores, de ninguna manera puede ser tomado como un ejercicio de un derecho porque lo que se está incitando es al mayor crimen que reconoce el ordenamiento jurídico internacional.
-¿Este caso y el de Núremberg son los únicos antecedentes de la participación de medios en genocidios?
Son los únicos casos de participación judicializados o criminalizados. A mí no me quedan dudas, de ninguna manera, de que en otros casos de genocidios incluso sectores de la gran prensa internacional -sobre todo occidental- tuvieron una responsabilidad enorme para presentar verdaderos genocidios como luchas intestinas o como procesos de liberación o como la primavera de determinados países contemporáneamente en el oriente y medio oriente, una primavera supuestamente democrática.
-¿Cómo analiza en el caso argentino la relación entre los medios y los genocidas?
Creo que hay distintos niveles de complicidad, distintos niveles de vinculación y de incidencia pero hay bibliografía que da cuenta de que hasta revistas infantiles estaban involucradas en una prédica tendiente a convalidar y legitimar el golpe de Estado y el genocidio posterior. En este momento tengo en la memoria la revista Billiken que está mencionada por investigadores prestigiosos que han trabajado en ese tema. Había un grado de tendenciosidad en la exhibición de los conflictos sociales que no era de ninguna manera casual y que tenían una potencia para soslayar un proceso de aniquilamiento de miles de ciudadanos.
-¿Qué recepción puede tener la jurisprudencia del caso de Ruanda en las causas de nuestro país?
En rigor esto va a depender de una toma de posición frente al conflicto que tengan los actores judiciales en un momento muy particular de la justicia argentina. El poder judicial en todo el país es el menos democrático de los poderes y estamos en un contexto donde se está tendiendo precisamente a obtener estándares de democratización compatibles con una justicia de un estado constitucional de derecho.
Pero también es cierto que algunas crónicas de las décadas del ’80 y del ’90 daban cuenta que doce años después de haberse arribado a la democracia en 1983 muchos ex funcionarios, jueces, fiscales de la dictadura seguían en sus cargos. Y si no siguen hoy en muchos casos es por una cuestión biológica o porque se han acogido a beneficios jubilatorios pero también siguen existiendo y esas perspectivas ideológicas influyen a la hora de la toma de decisión.

     “Que les claven las orejas a un árbol y se las corten, y los expulsen del país; y si después de eso se les vuelve a encontrar, que les ahorquen…a todos los de ese pueblo holgazán, que se hace llamar egiptano[1].
     “Nicolas Sarkozy no logró ayer disipar el malestar creado por su política y por sus comentarios. Cuando Sarkozy evocó las palabras de Viviane Reding, dijo que, si tanto le interesaban los gitanos, no tenía más que recibirlos en Luxemburgo (el país de Reding)[2].


Los gitanos  fueron uno de los grupos nacionales europeos que más dramáticamente sufrieron el proceso de persecución del nazismo, que culminó con un aniquilamiento sistemático, mayoritariamente llevado a cabo, con llamativa crueldad, entre 1939 y 1945.
El aniquilamiento del pueblo roma constituye una de las prácticas sociales genocidas emblemáticas de la modernidad, llevada a cabo contra una nación sin Estado, tal como se reconoce en la actualidad a una multiplicidad de minorías diseminadas en el planisferio, el que ha sido  generalmente silenciado u olvidado.
El genocidio, también en este caso, reprodujo el destino procesual de otras matanzas, que comienza de manera recurrente con la construcción de una otredad negativa, continúa con el hostigamiento, se concreta con el exterminio y culmina con la negación y la construcción de relatos justificantes, a los que anteriormente hemos denominado técnicas o ejercicios de neutralización.
La otredad negativa, asignaba a los roma características tales como inferioridad racial, una cultura basada en prácticas primitivas, la propensión sistemática a la comisión de delitos, y la supuesta imposibilidad de “incorporarlos a una sociedad normal”.
En realidad, la estimulación de esta mirada discriminatoria y las consecuentes prácticas de control y persecución respecto del pueblo zíngaro viene de antigua data y  subsiste hasta la actualidad, expresadas ahora en incendios de poblados y propiedades, desalojos, expulsiones, discriminación de niños gitanos en las escuelas y retóricas xenófobas y racistas, acordes con la desesperación en que la crisis sistémica sumerge a vastos sectores de las sociedades europeas[3].
Es bueno recordar las analogías entre las históricas prácticas de aniquilamiento y las conductas persecutorias de las que siguen siendo víctimas los gitanos en pleno siglo XXI.
Las primeras leyes anti rom son dictadas en 1526 en Holanda y Portugal. En 1539, se prohibe su residencia en Francia. En 1547, en Inglaterra, se instituye la captura de los gitanos y se los esclaviza. Entre 1496 y 1498 son declarados traidores al cristianismo y espías de los turcos en Landau y Freiburg. En 1499, una ley española proscribe el nomadismo[4].
En 1568, el Papa Pío V ordenó la expulsión masiva de gypsies de los dominios de la Iglesia Católica. En 1578 se decreta su expulsión de Polonia. En 1616 una cédula de Felipe II dispuso la expulsión de los gitanos de España, la que deberían hacer efectiva en un plazo perentorio de seis meses[5].
En 1657 se los expulsa de Milan. Lo propio había ocurrido en Suecia en 1662. En 1725, Federico Guillermo I amenazó con ahorcar  a los roma,  en caso de que éstos ingresaran en territorio imperial. En 1727, se prohíbe a los gitanos estacionarse en Suiza. Las crónicas de 1782, por ejemplo, relatan que en pleno imperio de los Habsburgo se llevó a cabo un horrendo proceso en el que, por medio de torturas, se obtuvo la confesión de un numeroso grupo  de gitanos, acusados de robos, asesinatos y antropofagia, práctica ésta que la mitología occidental adjudica a los roma, y que existe todavía en el imaginario postmoderno.
Aquel “juicio”, como era de esperar, culminó con la ejecución de varias decenas de gitanos. Posteriormente, una comisión enviada por el emperador José II comprobó que nadie había muerto, salvo los propios enjuiciados, a pesar de lo cual toda Europa estaba escandalizada por los relatos que fabulaban negativamente sobre los gitanos, en especial respecto de sus ya mencionadas prácticas antropofágicas[6].
A principios de 1800, la caza de gitanos se transforma en un deporte popular en Alemania. Los prejuicios siempre fueron los mismos: su condición trashumante, los supuestos delitos contra la propiedad que cometían, las acusaciones de quiromancia y brujería, el robo de niños, la antropofagia, la holgazanería, etc.[7]
Los prejuicios y estereotipos han sido siempre elementales, generalmente falsos, transmitidos de generación en generación y absolutamente resistentes al cambio, implicando falsas imágenes o identidades negativas respecto del grupo desvalorizado, que persisten todavía en las perspectivas más reaccionarias y conservadoras.
Autores que han estudiado detalladamente la cultura y la historia gitana, al analizar las características y condiciones de la niñez en estos grupos, han dejado escrito: “Los niños crecen en entera libertad, en las inmediaciones del campamento. Danza, equitación, lucha y otros juegos constituyen lo esencial de la educación de los varones, junto con el estudio del violín y elementos del oficio familiar; a lo que se añade el adiestramiento en el hurto, no menos necesario para la vida material de la familia. Las doncellas se inician en las tareas domésticas, en la mendicidad y en la quiromancia”[8].
Estas narrativas, cargadas de prejuicios,  omiten algunas consideraciones históricas y culturales de los roma, superadoras de los grandes mitos basados en un racismo elemental (racismo que, como lo señala Foucault, en las sociedades de normalización constituyen ni más ni menos que la condición o el pretexto que autoriza el homicidio)[9].
Por ejemplo, que una  de las infracciones que con mayor asiduidad cometen los gitanos están constituidas por delitos menores contra la propiedad, generalmente sin violencia y en situaciones de extrema necesidad; algo así como lo que el Derecho occidental califica como hurto famélico.
Según Alberto Sarramone, “la recolección de los productor naturales es seguramente el origen del hurto sistemático que practican algunos gitanos. Acostumbrados a recoger a su paso cuanto sea comestible, los nómades no tuvieron conciencia de que hurtaban los bienes del prójimo. ¿Quién es el prójimo sino el Creador? Los frutos de la tierra pertenecen a todos los hombres. Evidentemente, al entrar en contacto con nuestras civilizaciones basadas en la propiedad individual, el gitano ha comprendido que su acción era vituperable. Pero es notable que el término ciorav (pronunciado churav, y adoptado por el argot francés bajo la forma de chouraver) signifique “tomar”, y sólo por extensión, “robar”[10].
Esto permite articular algunas conclusiones, por cierto que alejadas de los prejuicios racistas legitimantes de las persecuciones y el exterminio.
En primer lugar, que el nomadismo es un elemento cultural que provoca un instintivo rechazo en las sociedades y la cultura capitalistas. El asentamiento de las civilizaciones sedentarias, y particularmente de las urbanas, supone formas de intercambio y relaciones económicas con clientelas estables, lo que genera mecanismos de control informales que antecedieron a la ley escrita y que, una vez sustituidas por las mismas, operaron igualmente como  elementos de control social informales. Los nómades carecen de estos límites: “El nomadismo de los roma está ligado a una muy larga historia, y lenta evolución. El nomadismo es un modo de producción económica que se sostiene en una organización social particular. El mismo, que pone a las gentes a desplazarse hacia una clientela que no tiene la necesidad de ser permanente, es factible de mantenerse hoy todavía sin necesariamente mover a los miembros de la familia. La economía gitana está ligada a un contacto permanente entre la gente que produce y la que compra, entre los actores económicos y los clientes de esos actores. En los países subdesarrollados, los gitanos han mantenido el nomadismo durante siglos porque no tuvieron jamás concurrencia en su forma de comerciar o de brindar servicios a una clientela que no los necesitaba continuamente, constituyendo un nicho económico muy particular”[11].
Al ubicárselos “por fuera del contrato social”, se los sindica como extraños, como “enemigos”, incapaces de adaptarse a las nuevas normas “civilizatorias” del capitalismo. Esa supuesta anomia incluye desde sus usos y costumbres hasta la exageración de su permanente vocación de transgredir las normas legales y una aparente tendencia a la desformalización de las operaciones y transacciones económicas.
La pregunta que debemos hacernos respecto de los gitanos, entonces, es la misma que formulan las teorías del control en materia criminológica. En vez de indagar “por qué delinquen” (cuando lo hacen, generalmente cometiendo hurtos simples, como ya vimos), sino “por qué no lo harían”.
Ello así,  dado que no tienen lazos de convivencia consistentes y perdurables con el mundo extraño a su grupo, por ende no tienen “nada que perder” en materia de prestigio y conocimiento de los otros, porque no les resulta necesario conservar a determinados clientes ya que su estadía en cada lugar será efímera,  y carecen históricamente de una autoridad central que imponga el “orden”, como por el contrario ocurre en las sociedades estaduales.
En definitiva, que los estereotipos que se utilizaron históricamente respecto del pueblo gitano, encubren en realidad un rechazo a una supuesta deficiencia en su adaptación a las lógicas del “buen capitalismo”, del contrato social y del homo economicus.
Se ha ignorado intencionadamente su condición de nación sin Estado, y la diversidad cultural de su grupo.
Una actitud de verdadera tolerancia a esa diversidad, compatible con el pluralismo de una democracia participativa e integradora, hubiera permitido constatar al interior de esa nación, una escala de valores propios y formas ancestrales endogámicas de respeto y reproducción de los mismos, sistemas de creencias particulares, formas de resolución de conflictos caracterizadas por lógicas composicionales, un mundo normativo autónomo y una autoridad jurisdiccional (la kriss), cuya finalidad esencial, en concordancia con la visión gitana de la justicia, supone “poner en armonía ” (ese objetivo de la justicia la explican con la voz alemana harmonieren, derivada, hasta donde se conoce, del término hermandad) la situación afectada por el diferendo.
La kriss  remite a una asamblea o consejo de ancianos que dirime los conflictos entre dos miembros de la misma tribu, o entre tribus distintas. Luego de escuchar a las partes, la kriss decide de manera irrecurrible[12].
Generalmente, resuelve la reconciliación de las partes delante de todos los miembros de la comunidad. Las penas dictadas generalmente son multas, aunque en caso de faltas consideradas graves-infidelidades conyugales, traición al grupo o ultrajes a los muertos, que entre los gitanos poseen una significación especial- es probable que se decreten la exclusión absoluta de la tribu o el destierro del ofensor[13].
Rara vez los gitanos se someten a la justicia ordinaria de las distintas naciones, a las que encuentran excesivamente formalista, lenta, cara, e incapaz de resolver los conflictos[14].
Por ende, resulta claro que no es que entre los gitanos reine una suerte de anomia o caos, un irrespeto absoluto por toda norma, sino que lo que existe son formas jurídicas también productoras de verdad, pero diferentes a las prácticas y las lógicas jurídicas occidentales, tal como ocurre con muchas otras minorías (hemos analizado en ese sentido, la situación de la nación mapuche que, dicho sea de paso, permite establecer ciertas similitudes y paralelismo con las prácticas jurídicas ancestrales de los roma).
Cuando Hitler llegó al poder mediante elecciones en 1933, Alemania ya tenía una definida tendencia, en sus normas legales, hacia el disciplinamiento y control de los roma[15].
No obstante, esa normativa discriminatoria no fue suficiente para el nazismo. Georg Nawrocki escribió en agosto de 1937 en el Hamburger Tageblatt: “Fue la persistencia de la debilidad y mendacidad internas de la República de Weimar las que le hicieron demostrar su falta de instinto para enfrentarse a la cuestión gitana. Para ella, los sinti eran un asunto criminal como mucho. Nosotros, por otro lado, consideramos la cuestión gitana sobre todo como un problema racial, que debe resolverse y que está siendo resuelto”[16].
En razón de un proceso continuo de  estigmatización de la identidad gitana, durante la ocupación alemana de Europa se autorizó y se puso en práctica un mecanismo de exterminio que en un primer momento supuso una tarea constante de hostigamiento y debilitamiento del grupo de víctimas, y luego pasó directamente al secuestro institucional, los trabajos forzados y, finalmente, la masacre. Primaba la idea de que se trataba de “vidas que no merecen vida”[17].
Como se observa, el caldo de cultivo de una cultura genocida siempre se produce en un contexto político  en el que se desboca el poder punitivo, se crea de manera paranoica un enemigo y se construye un derecho penal antidemocrático, de emergencia o excepción, que termina legitimando las peores masacres.
A la multitud de muertos que los gitanos debieron soportar en los territorios de Europa Central y Oriental ocupados por los nazis, deben sumarse los que murieron en tránsito hacia los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, Chelmno, Belzec, Sobibor, y Treblinka[18].
Los nazis también encarcelaron a miles de roma en los campos de concentración de Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, y Ravensbrueck. Entre abril y mayo de 1940, casi tres mil gitanos fueron deportados a Polonia, sometidos a una hambruna sistemática y condiciones de vida ultrajantes, la mayoría de los cuales sucumbió como consecuencia de las condiciones inhumanas de trabajos forzados a las que eran sometidos[19].
Alrededor de 5000  fueron concentrados en un área específica  del ghetto de Lodz. Los que consiguieron sobrevivir a las horribles condiciones de encierro, fueron posteriormente trasladados al campo al campo de exterminio de Chelmno, donde fueron asesinados en masa mediante la utilización de las emanaciones de gas de los camiones en que eran conducidos. Mientras se preparaba su futura deportación de Alemania, miles de gitanos fueron encerrados en campos ubicados en las afuera de las ciudades (Zigeunerlager), custodiados por las temibles SS[20].
Al suspenderse en 1940 las deportaciones, los roma secuestrados debieron permanecer en esos ámbitos de encierro durante mucho tiempo, donde morían de a cientos por las condiciones degradantes de alojamiento. La presencia de estos campos, lejos de ser repudiada, llevó a que los vecinos alemanas reclamaran la pronta deportación de los roma, para intentar de esa manera preservar la moralidad y la seguridad pública que creían amenazada. En rigor, una creciente y sostenida legislación racista, anterior al III Reich, legitimaba estas percepciones e intuiciones regresivas[21].
En enero de 1940 se tiene la matanza en masa del pueblo gitano: 250 niños son utilizados como conejillos de indias, para experimentos científicos en el campo de Buchenwald. El 1° de agosto de 1944 durante las primeras horas, 4000 gitanos son asfixiados e incinerados en Auzchwitz - Birkenau, en un episodio que se recuerda como " la noche de los gitanos" (Zigeunernacht), Ian Hannock calcula que al termino de la Segunda Guerra Mundial entre un 70% y un 80% de la población gitana había sido aniquilada por los nazi, pasó mas de medio millón de personas, “comienza el olvido”[22].
En 1942, Himmler ordenó la deportación de todos los gitanos de Alemania, que fueron  conducidos a Auschwitz, y encerrados en un campo establecido especialmente para ellos en Auschwitz-Birkenau, el denominado “campo de las familias gitanas”[23]. En ese contexto de encierro, cundían enfermedades tales como tifus, viruela, y disentería, que, ya epidémicas, arrasaron con la población roma hacinada en el campo.
En las áreas de Europa ocupadas por los alemanes, el destino de los roma variaba de país a país, dependiendo de las circunstancias locales, pese a lo cual, en general, eran encarcelados para luego ser transportados a Alemania o Polonia para hacer trabajos forzados o lisa y llanamente exterminados.
Muchos roma de Polonia, Holanda, Hungría, Italia, Yugoslavia, y Albania fueron fusilados o deportados a los campos de exterminio y asesinados. En los estados bálticos y las áreas de la Unión Soviética ocupadas por los alemanes, los Einsatzgruppen (equipos móviles de matanza) mataban roma al mismo tiempo que mataban a los judíos y los lideres comunistas. Miles de hombres, mujeres, y niños romani murieron en estas acciones. Igualmente, muchos roma fueron fusilados junto con los judíos en Babi Yar, cerca de Kiev[24].
También Francia puso en práctica, incluso antes de la guerra, medidas discriminatorias contra los gitanos, que se mantienen hasta la fecha, en lo que parece ser el sino distintivo de un karma romani.
El gobierno conservador de Sarkozy ha anunciado, a través de una circular del Ministerio del Interior, emitida con fecha del 5 de agosto de 2010, que ordenaba de forma expresa a su policía que desmantelara los campos de gitanos en su territorio.  Esta postura marca una clara contradicción de un país central, preocupado por superar el negacionismo del genocidio armenio a manos de los turcos, pero a su vez enfrascado en la construcción de una otredad negativa respecto de los gitanos.
La Comisión Europea, de inmediato, anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación, al haber comprobado que en la decisión oficial existía un claro caso de discriminación al centrarse exclusivamente en la etnia como objeto de la medida segregativa. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ya ha expresado que “la discriminación por etnia o raza no tiene lugar en Europa y es incompatible con los valores de la UE”[25].
Las deportaciones de  roma desde la Francia ocupada comenzaron a fines de 1941. Pero en la zona francesa no ocupada, las agencias de control del gobierno de Vichy también encerraron a más de 3000 miembros de este grupo, que en ambos casos terminaron siendo conducidos a campos de concentración[26].
Si bien los rumanos, aliados a la Alemania hitleriana no llevaron a cabo una política sistemática de eliminación de gitanos, no es menos cierto que en 1941 más de 25.000 de ellos fueron expulsados del área de Budapest donde vivían, y fueron deportados a las regiones de Ucrania ocupada por los rumanos, donde se registraron miles de muertos gitanos como consecuencia del hambre, las enfermedades y los tratos inhumanos y degradantes[27].
En Hungría, los alemanes mataron en un solo día a más de tres mil roma a orillas del río Danubio, exterminio que los miembros del grupo agredido conmemoran todos los días 1º a la vera del mítico río.
En Croacia, los Ustashas (fuerza de choque militarizadas fascistas pro alemanas), mataron una cantidad estimada en 26.000 romaníes[28].
En Serbia, los alemanes introdujeron una legislación basada en la discriminación racial análoga a la que habían impuesto en otros territorios ocupados. Los gitanos corrían en Yugoslavia la misma suerte que los judíos: tenían expresamente prohibido ejercer profesión alguna[29].
Al tratarse de un genocidio groseramente invisibilizado, no hay cifras ciertas acerca de la cantidad de gitanos aniquilados por las potencias del eje. Se estima, no obstante, que entre el 25 y el 50% de la población zíngara de Europa fue asesinada durante esos años[30].
De lo que no parece haber dudas razonables, es que el aniquilamiento de los gitanos durante la segunda guerra significó, efectivamente, una práctica social genocida.
En primer lugar, porque el exterminio se produjo respecto de un grupo racial absoluta y explícitamente determinado a priori por los perpetradores. Es más, los holocaustos gitano y judío constituyen dos casos testigos de genocidio de un llamativo paralelismo.
En los dos supuestos, existieron prejuicios raciales expresamente referidos como integrando una ideología segretativa tendiente a la eliminación de ambos grupos nacionales y étnicos.
A mayor abundamiento, se dan en el genocidio gitano todos y cada uno de los requisitos que hemos relevado, y que ayudan a construir la noción de práctica genocida.
A partir de la construcción de una otredad negativa, que en el caso gitano arrastraba una sedimentación prejuiciosa y persecutoria que duró siglos, se produjeron luego actos de hostigamiento psíquico y físico, que concluyeron en el exterminio propiamente dicho y la ulterior tentativa de negación o justificación de la matanza por parte de los perpetradores.
En las gramáticas de estos últimos, además, estaba explícita la intencionalidad de destruir las prácticas sociales preexistentes al interior de una nación sin Estado y sustituirlas por otras prácticas, valoradas desde la mirada etnocéntrica y el unidemensionalismo valorativo autoritario y racista del agresor.
Algo demasiado parecido a lo que relatan las últimas crónicas periodísticas


[1]  Ley escocesa contra el vagabundaje, de 1576.
[2] “Pelea por los gitanos”, Edición del Diario Pagina 12, de Buenos Aires, del día 17 de septiembre de 2010.
[4] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 24. Curiosamente, Francia acaba de aprobar  la ley que criminaliza la negación del genocidio armenio y que entrará en vigor dentro de dos semanas, ante la indignación explícita del gobierno turco. Según la nueva legislación, aquel que niegue que la matanza de armenios en 1915 a manos del Imperio Otomano fue un genocidio, será penado con un año de cárcel o una multa de 45.000 euros. Para los franceses se trata de una ley contra el negacionismo. Para los turcos es un ataque directo a su país y una injerencia en su historia, que según la versión oficial, niega que las matanzas fueran organizadas sino fruto de una confrontación en el marco de la I Guerra Mundial (edición del Diario El País de Madrid del 24 de enero de 2011).
[5] Pinto,  Yohann; Mata, Aquilino: “Un olvido imperdonable. El genocidio gitano a manos del poder nazi”, que se encuentra disponible en  http://www.mundogitano.net/index.php/multimedia/documentos/462--un-olvido-imperdonable-el-genocidio-gitano-a-manos-del-poder-nazi.html

[6] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 52.
[7] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 25.
[8] Bloch, J.: “Los gitanos”, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968, p. 88.
[9] Foucault, Michel: “Genealogía del racismo”,  Editorial Altamira, La Plata, 1996, p. 207.
[10] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, p. 250.
[11] Sarramone, Alberto: “Gitanos. Historia, costumbres, misterio y rechazo”, Editorial Biblos Azul, Buenos Aires, 2007, pp. 144 y 145.
[12] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127.
[13] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127.
[14] Bloch, J: “Los gitanos”, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1962, p. 127. Esta potencialidad autóctona, lamentablemente, no ha sido valorada en su capacidad para apelar fórmulas de justicia composicional para la resolución de determinados conflictos.
[15] “El genocidio gitano-Porrajmos”, disponible en http://memoriagitana.wordpress.com/2010/07/07/el-genocidio-gitano-%e2%80%93-porrajmos/
[16] Fraser, Angus: “Los Gitanos”, Editorial Ariel, 2005, traducido del alemán en R. Vossen (1983): Zigeuner, p.70, Frankfurt del Main
[17] El concepto guarda una clara similitud con el título del libro de Karl Binding y Alfred Hoche “La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida”, publicado en Alemania en 1920/22 bajo el título “Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und Ihre Form” (reeditado en 2006, con prólogo de Wolfgang Naucke, por la Berliner Wissenschaftsverlag), “(que) es conocido y citado frecuentemente como un antecedente inmediato de las medidas eutanásicas que quince años más tarde se llevaron a cabo por médicos de algunos Hospitales alemanes especialmente autorizados por Hitler para eliminar enfermos mentales irrecuperables o terminales, lo que costó la vida, según los cálculos que Zaffaroni maneja, a unos 200.000 pacientes clasificados de esta manera”: vid. Muñoz Conde, Francisco: “El penalismo olvidado”, Comentarios a Filippo Grispigni / Emund Mezger, La reforma penal nacional-socialista, y a Karl Binding / Alfred Hoche, La licencia para la aniquilación de la vida sin valor de vida, Colección El penalismo olvidado, Director Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Ediar, Buenos Aires, 2009, disponible en www.derecho-a-replica.blogspot.com.
[18] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[19] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[20] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[21] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, que se encuentra disponible en www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[22] Pinto,  Yohann; Mata, Aquilino: “Un olvido imperdonable. El genocidio gitano a manos del poder nazi”, que se encuentra disponible en  http://www.mundogitano.net/index.php/multimedia/documentos/462--un-olvido-imperdonable-el-genocidio-gitano-a-manos-del-poder-nazi.html
[23] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[24] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[25] http://www.lavanguardia.com/internacional/20100914/54003998612/bruselas-expedientara-a-francia-por-discriminacion-en-las-expulsiones-de-gitanos.html
[26] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[27] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[28] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.
[29] LEMKIN, Raphael: “El dominio del Eje en la Europa ocupada, Prometeo, Buenos Aires, 2009, p. 378.
[30] “El genocidio de los roma europeos (gitanos), 1939-1945”, disponible en www.ushmm.org/ wlc/es/article.php?ModuleId=10006054.

ACLARACIÓN: LA FOTOGRAFÍA QUE ILUSTRA EL ARTÍCULO ES ORIGINARIA DE DIARIO OCTUBRE (www.diario-octubre.com)


La influencia decisiva que la obra y el pensamiento del Profesor Alessandro Baratta han ejercido en el ámbito de la criminología, pese a que “nació y murió como un filósofo del derecho penal” y no tanto como un criminólogo[1] dificulta la posibilidad de su  síntesis, a menos que la misma se haga desde una perspectiva holística, conceptual, abarcativa del armónico anclaje que ese discurso ha logrado, por ejemplo, en la realidad objetiva de la región[2], a partir de sus tesis fundamentales.
Baratta postula, inicialmente, una sociología jurídico-penal que permita el análisis del funcionamiento efectivo del sistema penal en las sociedades capitalistas avanzadas. Encuentra en la criminología crítica o “nueva criminología” el marco teórico adecuado para llevar a cabo esa labor analítica, que incluye tanto la perspectiva macrosociológica como microsociológica para el estudio y la interpretación de la denominada “conducta desviada”, a partir del abordaje preliminar de la discusión sobre la “autonomía” (las relaciones internas de la sociología jurídica frente a la sociología general) y  “libertad” (las relaciones externas de la sociología jurídica con la ciencia del derecho, la filosofía y la teoría del derecho) de la sociología jurídica. “Establecer las relaciones entre sociología, teoría y filosofía del derecho significa, pues, adoptar un convenio en el uso de estos tres términos en relación con el universo de discurso que denotan. Un posible modelo, bastante difundido en Italia y Alemania y frente al cual, sin embargo, no nos proponemos tomar posición en este breve ensayo, es el siguiente: el objeto de la sociología del derecho, como se ha visto, son los comportamientos, precisamente las tres categorías ya indicadas. La filosofía del derecho tiene por objeto los valores conexos a los sistemas normativos (y los problemas específicos del conocimiento de los valores jurídicos y de relación entre juicios de valor y juicios de hecho en el seno de la experiencia jurídica). La teoría del derecho tiene por objeto la estructura lógico semántica de las normas entendidas como proposiciones y los problemas específicos de las relaciones formales entre normas (validez de las normas; unidad, coherencia, plenitud del ordenamiento) y entre ordenamientos”[3].
De esta tríada conceptual –comportamientos, valores y estructura lógico semántica de las normas-, Baratta extrae sus conclusiones respecto de los intereses y bienes jurídicos que, en tanto valores, se incorporan como objeto de “protección” de las normas penales: “ En otras palabras, se define el Derecho penal como un instrumento que tutela los intereses vitales y fundamentales de las personas y de las sociedades; pero, al mismo tiempo, se definen como vitales y fundamentales los intereses que tradicionalmente son tomados en consideración por el derecho penal”[4].
La convivencia con este reduccionismo, constituye un verdadero clásico de la dogmática penal argentina. Empero, esta redundancia no puede considerarse azarosa en nuestro margen, ni supone solamente un yerro analítico. Por lo que el primer aporte de Baratta es decisivo en orden a estas cuestiones, precisamente porque es el punto de partida obligado para comprender desde su propia base un sistema deslegitimado por su selectividad, que coadyuva crucialmente a reproducir las asimetrías sociales del continente. Pero es también crucial para comprender ese objeto de contornos imprecisos, acaso inacabados, al que se denomina genéricamente “criminología crítica”.
Ese punto de partida se sostiene en la observación de la aptitud de algunos grupos sociales para producir determinadas normas y criminalizar –solamente- determinadas conductas y no otras, en la composición social de los sujetos criminalizados y, justamente, en el análisis de los bienes jurídicos que los mismos han afectado con sus conductas. Para eso es menester, también, advertir que el estado capitalista, amparado en la ficción contractualista, defiende solamente los intereses de algunos grupos o clases sociales, pese a que se proclame como el tutor de los intereses del conjunto social (lo que se denomina, “autonomía relativa del Estado”). Los datos estadísticos son elocuentes: más del 90% de los presos argentinos son pobres, y la mayoría de ellos está secuestrada institucionalmente por haber cometido delitos contra la propiedad (privada).
Como bien lo señalara Baratta, es difícil aceptar que esta realidad, de verificación empírica cotidiana, pueda ser el producto del consenso, y que toda la sociedad haya legitimado de manera aquiescente este mecanismo de control social formal y esta clientela habitual del sistema penal.
Antes bien, y por el contrario, pareciera que estamos frente a instrumentos coactivos sustentados en el “aislamiento extremadamente parcial y fragmentario de ámbitos susceptibles de ser ofendidos y de situaciones de ofensa a intereses o valores importantes”[5], donde la “importancia” de esos valores (en definitiva, los bienes jurídicos que consagra el legislador o el constitucionalista, según se prefiera) y el orden de prelación de su tutela responden a los intereses de las clases dominantes en un sistema capitalista apendicular y dependiente. O, si se lo prefiere, ante procesos sistemáticos y coherentes de criminalización primaria que tienden a cooptar a individuos vulnerables por infracciones de calle o de subsistencia (generalmente contra la propiedad, y a preservar de esa criminalización primaria a los sectores sociales dominantes, cuyas conductas antisociales son siempre compatibles con la lógica asimétrica del capitalismo tardío. “Basta pensar en la enorme proporción de los delitos contra el patrimonio en la tasa de la criminalidad, según resulta de la estadística judicial, especialmente si se prescinde de los delitos de tránsito. Pero la selección criminalizadora se da ya mediante diversa formulación técnica de las figuras delictivas penales, y el tipo de conexiones que ellas determinan con el mecanismo de las agravantes y de las atenuantes (es difícil, como se sabe, que se realice un hurto “no agravado”)[6].
En definitiva, es posible afirmar que el derecho penal expresa una tutela sesgada respecto de determinados bienes y determinadas personas, rompiendo de esta forma con el mito burgués de la “igualdad”, y poniendo fuertemente en crisis el sugestivo olvido respecto del proceso primario de criminalización.
No importa tanto aquí la connotación brutal inherente al sistema penal (que ha llevado a Christie a postular que los críticos debemos comportarnos como una suerte de militantes de Greenpeace frente al castigo institucional, de cualquier signo y frente a cualquier situación problemática), cuanto su condición intrínsecamente funcional a la reproducción de un determinado statu quo.
La más alta efectividad del control social formal se verifica así en aquellas formas de “desviación” que no son afines al sistema de producción capitalista. Fundamentalmente, los delitos contra la propiedad.
En definitiva, el objeto de esa tensión dinámica lo definió Baratta en sus justos términos, cuando, refiriéndose al crucial “mito de la igualdad” del Derecho Penal, planteaba si este ordenamiento protege igualmente a todos los ciudadanos contra los ataques u ofensas a bienes esenciales en cuya preservación están interesados todos los miembros de una comunidad; si la ley penal, a su vez, es igual para todos los autores de conductas socialmente reprochables, en términos de probabilidades de llegar a ser víctimas del proceso de criminalización estatal; o, por el contrario, si el derecho penal no defiende a todos los ciudadanos y todos los bienes esenciales, sino solamente a aquellos bienes que interesa al Estado/sistema autoconstatar y preservar, castigando con independencia y abstracción de la dañosidad social de las acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley. Esta proposición pone en crisis nada más y nada menos que la concepción liberal de la universalidad del delito.
“No existe, entonces, un sistema de valores, o el sistema de valores, ante los cuales el individuo es libre de determinarse, siendo culpable la actitud de quienes, pudiendo, no se dejan “determinar por el valor”, como quiere una concepción antropológica de la culpabilidad, cara sobre todo a la doctrina penalista alemana (concepción normativa, concepción finalista). Al contrario, la estratificación y el pluralismo de los grupos sociales, así como las reacciones típicas de grupos socialmente excluidos del acceso pleno a los medios legítimos para la consecución de fines institucionales, dan lugar a un pluralismo de subgrupos culturales, algunos de ellos rígidamente cerrados ante el sistema institucional de los valores y de las normas, y caracterizados por valores, normas y modelos de comportamientos alternativos a aquél.
Sólo aparentemente radica en la disposición del sujeto escoger el sistema de valores al que adhiere. En realidad, son las condiciones sociales, la estructura y los mecanismos de comunicación y aprendizaje los que determinan la pertenencia de los individuos a lo subgrupos o subculturas, y las transmisión a ellos de valores, normas, modelos de comportamiento y técnicas aún ilegítimas”.
“No queremos introducirnos aquí en la espinosa y difícil cuestión de la relatividad del sistema de normas y de valores “receptado” por el sistema penal, de su relación con la “conciencia social”, de sus prerrogativas positivas (el bien) frente a los sistemas alternativos de valores y reglas, según se presentan y son aplicados en el ámbito de grupos restringidos (subculturas criminales). Bastará, sin embargo, invocar algunos datos relativos a la perspectiva sociológica en este orden de problemas. Son ellos, de ordinario, enfrentados por los juristas partiendo de una serie de presupuestos no meditados críticamente y no confirmados por análisis empíricos. Estos presupuestos son los siguientes: A) el sistema de valores y de modelos de comportamiento acogido por el sistema penal corresponde a valores y normas sociales que el legislador encuentra preconstituidas y que son aceptadas por la mayoría de los co-asociados; B) el sistema penal varía en conformidad con el sistema de valores y reglas sociales. La indicación sociológica muestra, en cambio, que: a) en el seno de la sociedad moderna hay, en correspondencia con su estructura pluralista y conflictiva, junto a los valores y reglas comunes, también valores y reglas específicos de grupos diversos o antagónicos; b) el derecho penal no refleja, en consecuencia,  sólo reglas y valores aceptados unánimemente por la sociedad , sino que selecciona entre valores y modelos alternativos, según los grupos sociales que en su elaboración (legislador) y en su aplicación (magistratura, policía, instituciones penitenciarias) tengan mayor peso. c) el sistema penal  conoce no sólo de valoraciones y normas conformes con las vigentes en la sociedad, sino también discordancias respecto de ellas; tal sistema acoge a veces valores presente en ciertos grupos o en ciertas áreas y negados por otros grupos y en otras áreas (piénsese en la persecución de delitos que no suscitan, o aún no suscitan, una reacción social apreciable: delitos económicos, delitos contra el medio ambiente) o retardos (piénsese en delitos frente a los cuales la reacción social no es ya apreciable, como ciertos delitos sexuales, el aborto, etc); d) en fin, una sociología historicista y crítica muestra la relatividad de todo sistema de valores y de reglas sociales en una cierta fase del desarrollo de la estructura social, de las relaciones sociales de producción y del antagonismo entre grupos sociales, y por esto también la relatividad del sistema de valores que son tutelados por las normas del derecho penal”.
“Para cada uno de estos mecanismos en particular, y para el proceso de criminalización tomado en su conjunto, el análisis teórico y una serie innumerable de investigaciones empíricas han llevado  la crítica del derecho penal a resultados que pueden condensarse en tres proposiciones, las cuales constituyen la negación del mito del derecho penal como derecho igual, es decir, del mito que está en la base de la ideología penal –hoy dominante- de la defensa social. El mito de la igualdad puede resumirse en las siguientes proposiciones: a) el derecho penal protege igualmente a todos los ciudadanos contra las ofensas a los bienes esenciales, en los cuales están interesados todos los ciudadanos (principio del interés social y del derecho natural); b) la ley penal es igual para todos, esto es, todos los autores de comportamientos antisociales y violadores de normas penalmente sancionadas tienen iguales oportunidades de llegar a ser sujetos, y con las mismas consecuencias, del proceso de criminalización (principio de igualdad). Exactamente opuestas son las proposiciones en que se resumen los resultados de la mencionada crítica: a) el derecho penal no defiende  todos  y sólo los bienes esenciales en que están interesados por igual todos los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes esenciales, lo hace con intensidad desigual y de modo parcial; b) la ley penal no es igual para todos, los estatus de criminal se distribuyen de modo desigual entre los individuos; c) el grado efectivo de tutela y la distribución del estatus de criminal es independiente de la peligrosidad social de las acciones y de las infracciones a la ley, en el sentido de que éstas no constituyen las variables principales de la reacción criminalizadora y de su intensidad. La crítica se dirige, por tanto, al mito del derecho penal como el derecho igual por excelencia. Esta crítica muestra que el derecho penal no es menos desigual que las otras ramas del derecho burgués, y que, antes bien, contrariamente a toda apariencia, es el derecho desigual por excelencia”.
Por lo que concierne a la selección de los bienes protegidos, y de los comportamientos lesivos, el “carácter fragmentario” del derecho penal pierde las ingenuas justificaciones basadas en la naturaleza de las cosas o en la identidad técnica de ciertas materias, y no de otras, para ser objeto del control penal. Estas justificaciones son de una ideología que cubre el hecho de que el derecho penal tiende a privilegiar los intereses de las clases dominantes y a inmunizar del proceso de criminalización comportamientos socialmente dañosos típicos de los individuos pertenecientes a ellas y ligados funcionalmente a la acumulación capitalista, y tiende a orientar el proceso de criminalización sobre todo hacia formas de desviación típicas de las clases subalternas”[7].
Los bienes jurídicos deben analizarse, entonces, en su correlación con el desarrollo de las relaciones económicas de una sociedad y de la consecuente autonomía relativa  de los “estados de derecho” neoliberales.
La realidad objetiva marca, siguiendo a Baratta, que el estado moderno puede operar sólo con una independencia o autonomía parcial respecto de los grupos sociales cuyos intereses representa. Esa autonomía permite al estado servir más eficazmente a esos grupos y  -además- proyectar la idea del contractualismo, según la cual desde el estado se tutelan los intereses y bienes de toda la sociedad de manera armónica y consensual. Esta es la clave del pensamiento criminológico crítico: los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, en cuanto expresión de un interés de clase; la aptitud para decidir lo que está prohibido y lo que está permitido, que radica en manos de un sector hegemónico de las sociedades de clase, y la ficción contractualista que proclama para el estado de derecho neoliberal la representatividad supuesta del conjunto social.
Estos extremos, vinculados a comportamientos, valores y estructura lógico semántica de las normas, signan a los procesos de criminalización, y llevan a Baratta, y a buena parte de la criminología crítica -de la cual es un referente inexorable- a plantear el objetivo de un nuevo trazado político criminal, que atienda justamente a los intereses de las “clases subalternas”  desde una perspectiva materialista, para lo cual establece cuatro pautas esenciales[8].
En primer lugar, la necesidad de una interpretación por separado de los fenómenos de comportamiento “socialmente negativos” que se producen en las clases subalternas y de los que acontecen en las clases dominantes (delitos económicos, de cuello blanco, crimen organizado, etc.) “Los primeros son expresiones específicas de las contradicciones que caracterizan la dinámica de las relaciones de relación y distribución de una determinada fase de desarrollo de la formación económico social y, en la mayor parte de los casos, una respuesta individual y políticamente inadecuada a dichas contradicciones por parte de individuos socialmente desfavorecidos. Los segundos se estudian a la luz de la relación funcional que media entre procesos legales y procesos ilegales de la acumulación y de la circulación de capital, y entre estos procesos y la esfera política”[9]. En esta disyuntiva, distingue Baratta entre política penal y política criminal, en la que la primera resulta una respuesta a la cuestión criminal que se brinda desde el estado a través de sus agencias punitivas y la segunda deviene una política de transformación social e institucional. Una política criminal alternativa se nutriría básicamente de estos últimos instrumentos de que el derecho penal es la respuesta más inadecuada en términos de política criminal. “En tal virtud, una política criminal alternativa coherente con su propia base teórica no puede ser una política de “sustitutivos penales” que queden limitados en una perspectiva vagamente reformista y humanitaria,  sino una política de grandes reformas sociales e institucionales para el desarrollo de la igualdad, de la democracia, de formas de vida comunitaria y civil alternativas y más humanas, y del contrapoder proletario, en vista de la transformación radical y de la superación de las relaciones sociales de producción capitalistas”[10].
En segundo término, Baratta plantea que, de la crítica al derecho penal como derecho desigual se derivan algunos perfiles que merecen analizarse. Uno de ellos es el ensanchamiento de la base del derecho penal hacia campos de interés esencial para el conjunto de las sociedades, resignificando los sujetos y conductas criminalizados que deberían abarcar las conductas que afectan la salud, la seguridad en el trabajo, la ecología, etc. En suma,  la criminalidad económica, y el delito organizado. Sobre las derivaciones de este perfil, advierte que “aún en la perspectiva de de tal “uso alternativo” del derecho penal, es menester, sin embargo, cuidarse de sobrevalorar su idoneidad y dar, en cambio, la debida importancia, también en este campo, a medios alternativos y no menos rigurosos de control, que en muchos casos pueden revelarse muy eficaces. Además, es preciso evitar la caída en una política reformista y al mismo tiempo “pampenalista”, consistente en una simple expansión del derecho penal o en ajustes secundarios de su alcance; política que también podría confirmar la ideología de la defensa social y ulteriormente legitimar el sistema represivo tradicional tomado en su globalidad[11]. El recargado en negrillas me pertenece, frente a las múltiples evidencias y embates interesados, oportunistas, o simplemente brutales, que por derecha y por izquierda se abaten sobre las garantías constitucionales y procesales, so pretexto de que las mismas deben ceder frente a determinadas infracciones y determinados infractores, que inducen a error a jueces, abogados y operadores varios del sistema. Si bien no lo expresa, Baratta piensa en términos de “relación de fuerzas sociales”, que por cierto son dinámicas, cambiantes, y por ende un reforzamiento del poder punitivo nunca podría coincidir con los intereses de las mayorías populares, por más que factores de poder o grupos de presión se arroguen esa representatividad. Así es que, justamente, Baratta anuncia, en esta “segunda clave” un “segundo perfil”, al que estima todavía más importante que el primero, que consiste en una tarea estratégica de despenalización, “de contracción al máximo del sistema punitivo”. “La estrategia de la despenalización significa, asimismo, la sustitución de las sanciones penales por formas de control legal no estigmatizantes (sanciones administrativas o civiles) y, todavía más, el comienzo de otros procesos de socialización del control de la desviación y de privatización de los conflictos, en la hipótesis de que ello sea posible y oportuno. Mas, la estrategia de despenalización significa, sobre todo, como más adelante se verá, la apertura de mayores espacios de aceptación social de la desviación”[12], especialmente a través de instancias restaurativas en las que la “vergüenza reintegrativa” que postula Christie podrían configurar soluciones superadoreas y alternativas al castigo[13]. Esos mayores espacios de aceptación impactarían sobre la opinión pública y los procesos mediante la que ella se forma, en orden a los estereotipos de la criminalidad, la utilización de la “inseguridad” (en tanto posibilidad de ser víctima de un delito convencional) como forma de distanciamiento social y la retórica del “sentido común”, de cotidiana manipulación política. Volveremos, necesariamente, sobre este particular, en éste y otros capítulos de esta misma obra. Finalmente, también Baratta reclama (como no podía ser de otra manera), dentro de esta segunda clave, en términos de política criminal alternativa, “una reforma profunda del proceso,  de la organización judicial y de la policía, con el fin de democratizar estos sectores del aparato punitivo del estado, y para contrarrestar también de ese modo, aquellos factores de la criminalización selectiva que operan en esos niveles institucionales”[14].
En un tercer momento, postula Baratta la abolición de la cárcel, objetivo cuyo cumplimiento debe significar para la nueva criminología lo mismo que para la nueva psiquiatría el derribamiento de los muros manicomiales, proponiendo el ensanchamiento de medidas alternativas tales como la suspensión condicional de la pena, la libertad condicional, una nueva evaluación del trabajo en las prisiones
y una apertura de la cárcel hacia la sociedad. Confrontando con el “mito burgués” de la reeducación y la reinserción, redefine a estos paradigmas afirmando que “la verdadera reeducación  del condenado es aquella que transforma una reacción individual y egoísta en conciencia y acción política dentro del movimiento de la clase[15].
La cuarta -y última- de sus “claves”, toma en cuenta, con máxima consideración,  “la función de la opinión pública y de los procesos ideológicos y psicológicos que en ella se desenvuelven apoyando y legitimando el vigente derecho penal desigual”, porque aquella es “portadora de la ideología dominante que legitima el sistema penal, perpetuando una imagen ficticia de éste, dominada por el mito de la igualdad. Es además, en el nivel de la opinión pública (entendida en su acepción psicológico- social)  donde se desarrollan aquellos procesos de proyección de la culpa y del mal en que se realizan funciones simbólicas de la pena, analizadas particularmente por las teorías psicoanalíticas de la sociedad punitiva. Como éstas han mostrado, la pena actúa como elemento del integración del cuerpo social, produciendo sentimientos de unidad de todos aquellos que son sus espectadores, y realiza de esa manera una consolidación de las relaciones de poder existentes”.
“En la opinión pública se realizan, en fin, a través del efecto de los mass media y la imagen de la criminalidad que transmiten, procesos de inducción de la alarma social que en ciertos momentos de crisis del sistema de poder son manipulados directamente por las fuerzas políticas interesadas, en el curso de las llamadas campañas de “ley y orden”[16],  donde la “inseguridad” se instala prioritariamente en las agendas políticas en virtud de su fabulosa potencia cultural, reproduciendo las formas de dominación a través de la violencia punitiva a la que Baratta propone oponer una labor de crítica ideológica, de producción científica y de información.


[1] Conf. Pavarini, Massimo: “Para una crítica de la ideología penal”, en “Serta in memoriam Alexandri Baratta”, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 130.
[2] Conf. Aguirre, Eduardo Luis: “Baratta y el bien jurídico penal”, en “Serta in memoriam Alexandri Baratta”, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, p. 149.
[3] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Editorial Siglo XXI, 1998,  México, p. 13.
[4] Conf. Baratta, Alessandro: “Funciones instrumentales y simbólicas del derecho penal. Lineamientos de una teoría del bien jurídico”, en “Revista brasileña de ciencias criminales”, número 5, p. 10.
[5] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 338.
[6] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 185.
[7] Conf. Baratta, Alessandro: “Criminología Crítica y crítica del derecho penal”, Siglo XXI Editores, 1998, p. 71, 73, 168, 169 y 171.
[8] Op. cit., p 209 y ss.
[9] Op. cit., p. 213.
[10] Op. cit., p. 214.
[11] Op. cit., 215.
[12] Op. cit., p. 215 y 216.
[13] Conf.Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004,  p. 145.
[14] Op. cit., p. 216.
[15] Op. cit., p 217.
[16] Op. cit, p. 218.