Del mítico Madila se ha hecho, y se hace, una permanente y dinámica biografía. De esa vida de  militancia y cautiverio, de profunda humanidad y horribles padecimientos, queremos rescatar uno de sus invalorables aportes a la Humanidad. 

        Mandela, siendo Presidente de Sudáfrica, fue quien le otorgó la conducción de la Comisión de Verdad y Reconciliación al Premio Nobel de la Paz, el obispo Desmond Tutu. Si bien ya hemos abordado en buena medida el cometido de la Comisión (http://127.0.0.1/wordpress/2012/11/15/comision-de-verdad-y-reconciliacion/) , restan algunas cosas por decir, para dimensionar la verdadera magnitud de la decisión política asumida.
El proceso sudafricano, con la creación de la Comisión,  se fortaleció en la necesidad social de resignificar la verdad histórica y construir una memoria colectiva, lo que exigió desde su inicio una ardua y sostenida tarea de registro formal de las graves violaciones a los Derechos Humanos. Esa tarea se complementaría con las actividades públicas de la Comisión, tales como la celebración de las audiencias, y especialmente con la confección de un archivo del pasado, en el que se registraron los crímenes constatados en la historia reciente del país, decisivo en términos de memorialización y ulterior reconciliación[1].
De esta manera, la reconciliación aparece concebida como un proceso, antes que como un objetivo, y siempre dependía de que se enfrentara la verdad, se mediara de cara a las diferencias, al dolor, al odio, para luego superarlos, únicamente a través del entendimiento, el reconocimiento público de la comisión de las atrocidades, el perdón y la reparación[2].


Paradójicamente se critica a la Comisión, además de la promoción de la amnistía para los perpetradores, la asimetría que se evidencia entre la exitosa producción de memoria colectiva y verdad histórica,  con los (en apariencia) pobres resultados alcanzados en materia de reconciliación y reparación[3].
Esta debilidad quizás encuentra explicación en una exagerada revisión de los casos individuales, por sobre la comprensión superadora de que esos daños, perpetrados sobre miles de personas, no eran sino la consecuencia de años de colonialismo, segregación racial, penetración cultural y desigualdad social[4]: “Si bien es irrefutable que la Comisión produce un registro de las formas particulares de la violencia, lo hace de modo tal que deja sin relevar una comprensión histórica de los procesos y las relaciones estructurales. Encomendada a centrarse en “violaciones aberrantes a los derechos humanos”, que incluían tortura, desaparición, asesinatos y maltrato severo (definido en sí mismo de modos variados (Ross, 2001; Burton, 2000) y para investigar acerca de las causas de éstas, el trabajo y los hallazgos del Comité de Violaciones a los Derechos Humanos se centraba en violaciones individuales a expensas de una más amplia comprensión de los efectos sociales y devastadores del colonialismo y el apartheid”[5].
La crítica adquiere una indudable centralidad, ya que al abordar la cuestión sudafricana poniendo el acento en la perspectiva de los miles de casos individuales, se debilitaba la posibilidad de ofrecer elementos que le permitieran a las nuevas generaciones comprender las relaciones sociales implicadas y las prácticas genocidas, así como el rol de las instituciones políticas, dificultando el punto de partida para una reconfiguración social que excediera la mera reparación individual y simbólica y la conmemoración del dato histórico[6].
A pesar de ello, la profunda carga humanitaria, la densidad filosófica, sociológica y jurídica del proceso sudafricano, inédito en términos de interpelación a su propia sociedad, configuran elementos tan originalmente provocativos que nos convocan a reivindicar estas experiencias, que, en buena medida, se convierten en referencias inaugurales que nos conducen a un mejor análisis de las posibles respuestas no punitivas esperables en materia de delitos de lesa humanidad y genocidio[7].
Como muchos autores destacan, la misión de la reconciliación no debió cargarse exclusivamente a la Comisión, sino que debió ser entendida en su connotación procesual y extendida a toda la sociedad. Esto habría permitido explicar que,  así como existieron muchos casos en los que se impuso el perdón, en otros este mecanismo apareció como más dificultoso y a veces inviable. Justamente porque la diversidad y el pluralismo que caracterizan a las sociedades de la modernidad tardía, en las que coexisten una multiplicidad inéditas de sistemas de creencias, supone aceptar como probable y lógica la dificultad, cuando se intentan ejercicios de justicia restaurativa, sin que esto deba evaluarse en términos de fracaso o frustración[8].
Lo propio acontece -vale recordarlo- con la Justicia penal: estamos acostumbrados a ver cómo la sentencia, sea absolutoria o condenatoria, no solamente deja disconformes a los acusados y las víctimas, sino que despierta en cada una de las partes del proceso lo peor de cada uno. No conozco muchos pronunciamientos, sobre todo en aquellos juicios en que se ventilaron crímenes contra la humanidad, que hubiera satisfecho a los condenados y las víctimas.
Las voces que se alzaron en disconformidad con las estrategias alternativas de resolución de conflictos, llevadas a cabo por la Comisión en Sudáfrica, también lo hicieron, aunque desde otras perspectivas, de cara a las soluciones que surgieron, por ejemplo, del modelo de Nuremberg o de la denominada modalidad latinoamericana, incluyendo, por su singularidad, la experiencia Argentina[9].
De todas formas, si quisiéramos resumir el trascendental cometido de la Comisión, deberíamos concluir que dejó absolutamente en claro, en primer lugar, que era imposible absolver los horrores de la historia política cercana de Sudáfrica, y en ese sentido, produjo la revisión más completa de que se tuviera memoria en el país,  tendiendo a un futuro más civilizado forjado en base a la convivencia armónica y la tolerancia, lejos de la de la lógica de Nuremberg que reclamaban algunos sectores sociales[10].
Esos valores se habrían de concretar apelando a novedosas formas de justicia restaurativa, donde víctimas y victimarios tuvieron la oportunidad de revisar el pasado y decidir una coexistencia colectiva diferente, en lo que significó, al parecer, un indudable progreso para la Nación. Porque “si el punto es permitir una descripción de la totalidad de lo ocurrido, particularmente como las partes lo vieron, entonces las Comisiones de la Verdad tienen ventajas considerables. Ellas favorecen un terreno para la exposición, para quejas, para despliegues emocionales -y también para negaciones-. Si el punto central es exponer lo que sucedió, no para decidir sobre el reparto del dolor, las Comisiones de la Verdad tienen una ventaja considerable”[11].




[1] “La Comisión no cierra moralmente el apartheid, pero abre la posibilidad de un ideal de reconciliación conseguido a través de una verdad que escuece. Ahora la reconciliación contempla la necesidad de mejora de comportamientos y sensaciones de elementos como la seguridad física, la legitimidad de las nuevas instituciones, la capacidad de crear relaciones políticas y cívicas entre diferentes grupos, el diálogo entre razas, la reducción de la confrontación histórica y la asunción del pasado. Las encuestas al respecto no siempre son halagüeñas y queda un largo camino por recorrer. En 2001, el 77 por ciento de la población negra aprobaba la tarea de la CVR, por un 36 por ciento de los blancos, un 45 por ciento de los mestizos y un 61 por ciento de los asiáticos. En 2003, el 70 por ciento de los blancos reconocían que el apartheid era un crimen contra la humanidad (encuestas recientes lo rebajan al 55) y el 77 por ciento de sudafricanos afirmaba querer pasar página y mirar hacia el futuro” (…) “La amnistía se otorgaba a cambio de una exposición completa de los hechos por los que ésta se pedía, caso de existir proporcionalidad entre acto y objetivo, y si se pertenecía a una organización implicada en el conflicto. La amnistía, muy contestada por algunas de las víctimas, se dio con bastante rigor a excepción de algunas interpretaciones generosas de lo que se consideraba un acto motivado políticamente o en la aplicación del principio de Norgaard, referido a la proporcionalidad. Las amnistías se concedieron con bastante celeridad a un 10 por ciento de las 7.000 demandas presentadas. La exposición pública de las ofensas era la principal condena, pero, en la mayoría de casos, la reinserción a la sociedad ha sido poco traumática. Por contra, las contrapartidas a las víctimas han sido comparativamente inferiores. La verdad expuesta ofreció situaciones de catarsis colectiva con momentos de extraordinaria emoción en las vistas de la Comisión. En este contexto, y ya desde 1995, la sociedad se organizó y aparecieron grupos religiosos y civiles de apoyo como el Khulumani Support Group, que animaba a las víctimas a hablar en voz alta y a ejercer presión sobre la CVR y los órganos políticos con el fin de crear un cuerpo representativo de víctimas con voz única. Sólo las reparaciones urgentes han llegado, y con retraso. El presidente Mbeki afirmaba en 1999 que las reparaciones a las víctimas deberían de ser la redistribución económica, la reconstrucción y el desarrollo del país que el Gobierno estaba realizando. Como ya había dicho Mandela, el Gobierno priorizaría los elementos de reparación simbólicos para dedicar las energías monetarias a elementos “más productivos”, http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1032
[2] Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, 2004, p. 143.
[3] Boraine, Alex: “Reconciliación ¿A qué Costo? Los Logros de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, Título original: “What price reconciliation? The achievement of the TRC”. Publicado en A Country Unmasked, Alex Boraine, Oxford University Press, Oxford (2000), pp. 340-378, disponible en http://www. cdh.uchile.cl/Libros/18ensayos/Boraine_Reconciliacion.pdf
[4] Ross, Fiona: “La elaboración de una Memoria Nacional: la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica”, Cuadernos de Antropología Social Nº 24, pp. 51–68, 2006,  FFyL – UBA, disponible en www.scielo.org.ar/pdf/cas/n24/n24a03.pdf
[5] Ross, Fiona: “La elaboración de una Memoria Nacional: la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica”, Cuadernos de Antropología Social Nº 24, pp. 51–68, 2006,  FFyL – UBA, disponible en www.scielo.org.ar/pdf/cas/n24/n24a03.pdf
[6] Ross, Fiona: “La elaboración de una Memoria Nacional: la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica”, Cuadernos de Antropología Social Nº 24, pp. 51–68, 2006,  FFyL – UBA, disponible en www.scielo.org.ar/pdf/cas/n24/n24a03.pdf
[7] Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, 2004, p. 142.
[8] Boraine, Alex: “Reconciliación ¿A qué Costo? Los Logros de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, Título original: “What price reconciliation? The achievement of the TRC”. Publicado en A Country Unmasked, Alex Boraine, Oxford University Press, Oxford (2000), pp. 340-378, disponible en http://www.cdh.uchile.cl/Libros/18ensayos/Boraine_Reconciliacion.pdf
[9] “Hubo muchos casos en que los autores de los crímenes pidieron perdón. Cuando el Coronel Schobesberger, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa del Ciskei, apareció en la audiencia por la Masacre de Bisho, dijo a la Comisión y a una audiencia llena de gente: “Lo sentimos mucho, la masacre de Bisho pesará en nuestros hombros durante el resto de nuestras vidas. No podemos hacerla desaparecer. Sucedió. Pero por favor, yo no les pido a las víctimas que olviden, pero sí que puedan perdonarnos. Que permitan que los soldados vuelvan a ser parte de la comunidad, que los acepten totalmente, y que traten de entender la presión bajo la que estuvieron en ese tiempo. Esto es todo lo que yo puedo hacer”. Después de un momento de silencio sobrecogedor, toda la audiencia, que incluía víctimas de la masacre y sus familiares, rompió en aplausos. El hecho que este soldado estuviera dispuesto a ofrecer disculpas y a reconocer lo que sucedió, trajo consigo una respuesta inmediata, incluso por parte de aquellos que sufrieron pérdidas tan dolorosas durante la masacre”. (…) “Un último ejemplo de los numerosos casos de perdón y reconciliación es la historia de Neville Clarence y Aboobaker Ismail. Clarence fue capitán de la Fuerza Aérea de Sudáfrica quien quedó ciego tras un bombardeo a las oficinas de la Fuerza Aérea en la calle Church de Pretoria. Ismail puso la bomba fuera del edificio. Dijo al Comité de Amnistía que lamentaba la muerte de personas durante el transcurso de la lucha armada. Cuando conoció a Clarence antes de la audiencia, le dijo “Esto es muy difícil. Siento mucho lo que le pasó”. El ciego Clarence dijo que él entendía y añadió “yo no guardo rencores”. Quedaron en reunirse de nuevo. Más adelante Clarence dijo a los medios: “hoy vine aquí en parte por curiosidad y con la esperanza de conocer al Señor Ismail. Quería decirle que nunca he sentido rencor alguno contra él. Fue una experiencia maravillosa... La reconciliación no viene sólo de un lado. Ambos estábamos en bandos opuestos y en esa ocasión, yo salí perjudicado”. Pero muchas otras personas que se presentaron frente a la Comisión nos dijeron que para ellos era imposible perdonar, que necesitaban más tiempo, que no sabían si alguna vez serían capaces de hacerlo. Muchos de ellos expresaron su esperanza de ver a los responsables de sus heridas y pérdidas frente a la Comisión y que entonces, quizás, serían capaces de perdonar, una vez que los responsables hubieran asumido su culpa. También debe decirse que, aún en los casos en que a través de las audiencias para otorgar amnistías se logró total reconocimiento de responsabilidades, muchas víctimas y familias de las víctimas encontraron difícil perdonar. Como he señalado antes, no fue intención de la Comisión exigir perdón, ni presionar a las personas a perdonar, sino crear la oportunidad donde esto pudiera darse para aquellos que fueran capaces y estuvieran listos para hacerlo” (Boraine, Alex: “Reconciliación ¿A qué Costo? Los Logros de la Comisión de Verdad y Reconciliación”, Título original: “What price reconciliation? The achievement of the TRC”. Publicado en A Country Unmasked, Alex Boraine, Oxford University Press, Oxford (2000), pp. 340-378, disponible en http://www.cdh.uchile.cl/Libros/18ensayos/Boraine_Reconciliacion.pdf)
[10] Sória, Ferriol: “Reconciliación en Sudáfrica: repaso tras diez años de la Comisión”, Revista de Información y Debate “Pueblos”, 30 de diciembre de 2005, disponible en http://www. revistapueblos.org/spip.php?article 323.
[11] Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, 2004, p. 142.
Pocos meses atrás, el espacio de Pensamiento, Praxis y Militancia Abolicionista del Encierro y Toda Otra Variante Punitiva LOCOS, TUMBEROS Y FALOPEROS (locostumberosyfaloperos.blogspot.com.ar), convocó a colaborar en un “Plan Integral” cuyo objetivo fuera la elaboración de un trazado político –materialmente posible- que apuntara a reducir en el corto, mediano y largo plazo la estructura carcelaria y sus consecuencias, iniciando así una suerte de “tránsito” o “etapa previa” hacia el ideal abolicionista.
Sin perder de vista este objetivo estratégico, le hicimos llegar a estos compañeros algunos insumos “tácticos”, que creíamos conducentes a aquellos fines, y que compartimos ahora con nuestros lectores.



1.- Hacer un seguimiento periódico del incremento de las tasas de prisión preventiva en las cárceles y demás establecimientos de detención de todo el país.
Es esencial realizar este tipo de mediciones, sobre todo en aquellos distritos donde se han producido transformaciones en sus respectivos sistemas procesales. En La Pampa, por ejemplo, hemos detectado un incremento importante de presos cautelares, pese a que el nuevo código debía responder a estándares de mayor celeridad, pero también, de mayores derechos y garantías. Las defensas de las usinas reproductoras del dogmatismo adversarial (muchas veces influenciadas por agencias regionales que juegan el rol de una suerte de gendarme neocolonial en materia político criminal y procesal), responden que los detenidos están privados de libertad "durante menos días", lo cual en modo alguno desmiente el incremento. Este es un dato sensible y relativamente fácil de auscultar.
2.- Realizar mediciones periódicas de los indicadores de prisionización. Nos llevaremos sorpresas no precisamente agradables. Esas tasas daban para nuestra Provincia de La Pampa algo así como 59 presos cada 100.000 habitantes en el año 2000. Habían trepado a 164 en 2004, en medio de la Argentina post crisis, y si bien descendió hasta llegar a 100 c/100.000 en 2011, volvió a aumentar a 110/100.000 en 2012. Por supuesto, durante estos años, nunca volvió a 59 cada 100000.
3.- Recabar informaciones objetivas respecto de la influencia que determinados hechos conmocionantes o la incidencia de grupos de presión, o la prensa, o la "opinión pública" ocasionan en las decisiones de los operadores. El año pasado, luego de dos hechos singularmente violentos y luctuosos perpetrados contra mujeres, el 20% de la población de presos preventivos en Santa Rosa, eran agresores de género.
4.- Militar continua y orgánicamente para que las Provincias adopten legislación compatible con el Protocolo Facultativo contra la Tortura. Muchas de ellas, entre las que se encuentra La Pampa, no han avanzado a pesar de nuestra insistencia, nuestras reuniones con las comisiones respectivas en la Legislatura y la presentación concreta de un modelo para comenzar a discutir la cuestión.
5.- Tratar de incidir para que el SPF profundice las tareas de democratización de esa agencia, a la sazón la única que no ha avanzado en la materia desde el advenimiento de la democracia. Esta democratización debería abarcar, entre una multiplicidad de cuestiones, la erradicación de retóricas positivistas en los "informes criminológicos", el manejo unidireccional y arbitrario de los traslados concebidos como parte de un sistema de premios y castigos, limitar el traslado de internos a cárceles federales ubicadas a varios cientos de kilómetros de sus respectivos grupos de referencia, etc.
6.- Coadyuvar culturalmente para revertir, mediante ejercicios continuos de discusión sincera y fraterna, la prédica de ciertos grupos de presión, colectivos de víctimas y organismos de DDHH que reivindican y hasta festejan las condenas, cualquiera sean los hechos por las que las mismas se dictan. Este es un tema que, fatalmente, tarde o temprano, debería mancomunarnos en un debate con muchos compañeros de militancia, generalmente bien intencionados, que han caído en distintas aporías que, por numerosas, dejan de constituir una excepción a favor de justificaciones basadas en las concepciones de "pena merecida" o "valor simbólico" de los castigos, para transformarse en una regla no escrita, que además se expresa en un mayor rigor punitivo institucional. El populismo punitivo es, a la vez, una cuestión y un problema en la Argentina.
7.- En concordancia con el punto precedente, variar el enfoque, o al menos completarlo, frente a todo tipo de incidencia violenta o catástrofe carcelaria, que ocasione víctimas entre los internos. El sistema es lo suficiente autopoiético para garantizar su existencia o reproducción ofreciendo el "sacrificio" de los operadores de menor cobertura institucional y política de cara a estos conflictos. Luego de verdaderas masacres, pareciera que "se hace justicia" condenando únicamente a policías o guardias. Cosa que, obvio es señalarlo, en muchos casos puede ser lo que corresponde. Pero lo que llama la atención es que nadie cuestiona a los operadores judiciales que decidieron encerrar a esas víctimas, a sabiendas del estado de las estructura carcelaria argentina y de las lógicas y el sistema de creencia de muchos de los miembros de los servicios penitenciarios. Tampoco a los responsables políticos de las carencias de los reclusos, las torturas, el hacinamiento y todas las privaciones, degradaciones y humillaciones de las que son víctimas.




Este Tribunal fue  conformado conjuntamente por el Gobierno de Sierra Leona y las Naciones Unidas, con el objetivo de juzgar a los principales responsables de los crímenes contra el derecho internacional humanitario y el derecho interno sierraleonés ocurridos en esta nación africana de alrededor de cuatro millones de habitantes, poseedora de grandes riquezas mineras pero también del índice más bajo de desarrollo humano del mundo[1], desde el 30 de noviembre de 1996, fecha en que se firmaron los acuerdos de paz de Abidjan[2].
La competencia temporal de la Corte fue motivo de encendidas polémicas, toda vez que, en rigor de verdad, las acciones militares que marcan el comienzo del conflicto armado datan de 1991[3]. Durante esos cinco años que quedaron fuera de la competencia del Tribunal, se cometieron feroces asesinatos, torturas, ofensas sexuales y otras violaciones a los Derechos Humanos que quedarían impunes por ser anteriores al 30 de noviembre de 1996.
A lo largo del conflicto armado,  que duró una década, se produjeron violaciones gravísimas a los Derechos Humanos tales como masacres sistemáticas, miles de ejecuciones extrajudiciales, infinidad de ofensas sexuales y secuestros de niños[4].
Si bien gran parte de estos crímenes los habrían cometido los combatientes del Frente Unido Revolucionario (ruf), también participaron de las mismas los integrantes del gobierno militar que tomó el poder en 1992; las milicias progubernamentales denominadas Fuerzas de Defensa Civil; la Junta militar que depuso el gobierno constitucional del presidente Ahmad Tejan en 1997; mercenarios y hasta elementos integrantes de las propias fuerzas de paz[5]


El Tribunal es producto de un acuerdo alcanzado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, a pedido de este último, mediante la Resolución 1315 del 14 de agosto del año 2000 del Consejo de Seguridad, que requirió formalmente al Secretario General que llegara a un acuerdo con el gobierno sierraleonés para conformar una Corte Especial independiente[6].
The Special Court shall, except as provided in subparagraph (2), have the power to prosecute person  El Tribunal Especial es un por lo tanto un tribunal sui generis, de composición mixta, que tiene competencia para perseguir y enjuiciar a aquellas personas who bear the greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and Siersobre las que recae la “mayor” responsabilidad por  las graves violaciones a los Derechos Humanos producidos en territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996 2, consistentes en cualquier transgresión al mantenimiento de la paz en ese país[7].3.
El artículo 1 del Estatuto extiende la competencia personal del Tribunal a aquellos líderes que “al cometer esos crímenes, amenazaron el establecimiento o el desarrollo del proceso de paz en Sierra Leona”[8]. En esta categoría ingresan los líderes políticos y militares u otras personas con posibilidades de mando que pudieran haber ordenado (autores mediatos) o cometido los delitos que juzga el tribunal. Los crímenes de lesa humanidad respecto de los cuales tiene competencia la Corte, son similares a sus precedentes de los Estatutos de los Tribunales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia[9].Article 2
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following crimes asEl artículo 2 del Estatuto expresa, en este sentido, que el Tribunal Especial será competente para juzgar a las personas físicas que hayan cometido los siguientes delitos, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra poblaciones civiles: a.a. Murder; Asesinato; b.b. Extermination; Exterminio;c. c. Enslavement; La esclavitud;d. d. Deportation; Deportación;e. e. Imprisonment; Prisión;f. f. Torture; Tortura;g. g. Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other form of sexual Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y cualquier otra forma de violencia sexual:violence; h.h. Persecuciones por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos; i. Other inhumane acts. Otros actos inhumanos[10].
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed or ordered tEl Tribunal Especial también tendrá competencia (art. 3 del Estatuto) para enjuiciar a personas que hayan cometido u ordenado la comisión violaciones graves del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 1949 para la Protección de Víctimas de la Guerra, y del Protocolo Adicional II, de 8 de junio de 1977. These Estos delitos incluyen:commission of serious violations of article 3 common to the Geneva Conventions ofor the Protection of War Victims, and of Additional Protocol II thereto ofviolations shall inclua. a. Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in particular murder as Atentados contra la vida, salud e integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio, así como los tratos crueles como la tortura, la mutilación o cualquier forma de castigo corporal;well as cruel treatment such as torture, mutilation or any form of corporal punishment; bb.Collective punishments; los castigos colectivos;c. c.Taking of hostages; La toma de rehenes;d. d. Acts of terrorism; Los actos de terrorismo;e. e.Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, Los atentados contra la dignidad personal, los tratos humillantes y degradantes, en particular, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de asalto indecente; ff.Pillage; Pillaje; g.g.The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees whichpronunciada por un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales que son recognized as indispensable by civilized peoples; reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados;h. h.Threats to commit any of the foregoing acts. Las amenazas de cometer cualquiera de los actos mencionados[11].
Article 4 The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the following seriousEl artículo 4 determina que el Tribunal Especial tendrá competencia para enjuiciar a personas que hayan cometido los siguientes graves violaciones al Derecho internacional humanitario, entre las que se enumeran:aIntentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual a) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra las personas civilians not taking direct part in hostilities; civiles que no participaran directamente en las hostilidades;b. b)Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos involucrados en una misión de asistencia humanitaria o mantenimiento de la paz de conformidad con la Carta y reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades[12].
c


The Special Court shall have the power to prosecute persons who have committed the following crimesEl art. 5 destaca que el Tribunal Especial será también competente para juzgar conductas de personas que han cometido delitos tipificados conforme la legislación penal doméstica de Sierra Leona, tales como el abuso sexual de niñas, destrucción intencional de la propiedad, incendio doloso de las mismas e incendio de edificios públicos.
Article 6El art. 6 regula todo lo atinente a la responsabilidad personal, incluyendo, en primer lugar, a los que planearon, instigaron, ordenar, alentaron, prepararon o ejecutaron los delitos previstos en el los artículos 2 a 4 del Estatuto.1.
La condición de funcionarios no exonerará en ningún caso de la responsabilidad que eventualmente pudiera caberles a los mismos.2. Esa responsabilidad se extenderá a los delitos cometidos por subordinados si los superiores responsables no adoptaron las medidas pertinentes a su alcance para prevenir o evitar esas conductas[13]4. .
Se elimina la posibilidad de que los subordinados, a su vez, puedan ampararse o intentar relevarse de responsabilidad penal invocando la obediencia debida a una orden de sus superiores[14].5.
Article 7El Tribunal Especial, en cambio, no tendrá jurisdicción sobre menores de 15 años al momentoof the alleged commission of the crime. de la presunta comisión de los crímenes[15]Should any person who was at the time of the allegad.
Las personas que en esos momentos tuvieran entre 15 y 18 años, en cambiocommission of the crime between 15 and 18 years of age come before the Court, he or she shall be, podían presentarse ante el Tribunal que, en virtud de la edad de las mismas, le habrían de conferir un tratamiento diferenciado, compatible con los derechos de niñas y niños  receptados en el derecho internacional, situación ésta polémica por carecer de precedentes en el derecho penal internacional moderno[16]society, and in accordance with international human rights standards, in particular the rights of the.2. correctional, educational and vocational training programmes, approved schools and, as appropriate, Article 8
Como ha ocurrido en los casos de los restantes tribunales ad-hoc, el art. 8 determina la jurisdicción concurrente entre el Tribunal Especial y las instancias judiciales internas de Sierra Leona, pero se reconoce igualmente la primacía de aquel[17]1.. Por tanto, el Tribunal puede en cualquier estapa procesal requerir que los tribunales nacionales se inhiban y le remitan las causas. Sin embargo, esta primacía se limita a los tribunales de Sierra Leona y no puede extenderse a la de terceros Estados que pudieran estar juzgando hechos análogos, ni tampoco, por lo tanto, solicitar a esos terceros Estados la entrega de personas acusadas que podrían ingresar en la competencia del Tribunal, limitación ésta que ha sido motivo de fundadas críticas.
Article 9 1.El artículo 9 establece la vigencia del principio de cosa juzgada, por el que ninguna No person shall be tried before a national court of Sierra Leone for acts for which he or she has persona podrá ser juzgada por  un tribunal nacional de Sierra Leona por aquellas conductas que ya fueron materia de juzgamiento por parte del Tribunal Especial An amnesty granted to any person falling within the jurisdiction of the Special Court in respect of theThe Special Court shall consist of the following orga[18].
Los jueces, al igual que en el caso de los restantes tribunales especiales, deberán ser personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, que además reúnan las qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices.cualidades requeridas en sus respectivos países para el ejercicio de las más altas funciones judiciales[19].
            En este sentido, deberá tratarse de magistrados con experiencia en derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, derecho penal y  de menores (artículo 13).
El artículo 17 del Estatuto enumera los derechos de los acusados, empezando por la ratificación del principio de igualdad de todos ellos ante el Tribunal. Se consagran el derecho a un juicio justo, oral y público, las reglas del debido proceso, la protección de víctimas y testigos, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado en su idioma de la acusación que pesa sobre ellos, a una defensa en juicio, a ser juzgado en un plazo no dilatorio, a defenderse por sí o por medio de defensor, acceder a un plazo razonable para preparar su defensa y a ejercer el derecho de comunicarse con su abogado, a ofrecer prueba, ser asistido por un intérprete[20]. Según el artículo 18 del Estatuto, las sentencias se dictarán en acto público, de manera fundada y por mayoría de los miembros del Tribunal. Se admiten contra las sentencias definitivas, apelación ante la Cámara o acciones de revisión[21]. El artículo 19 del Estatuto prevé la aplicación de sanciones de privación de libertad  para acusados adultos por parte de la Sala de Primera Instancia, que se impondrán articulando las penas que establece el Tribunal Internacional para Ruanda y el Derecho interno de Sierra Leona, para cuya cuantificación deberá tenerse en cuenta la gravedad del delito y las circunstancias personales del condenado. Igualmente, podrá ordenar al momento de la condena el decomiso de los bienes secuestrados y su restitución a las víctimas o al Estado de Sierra Leona[22].
La Fiscalía, que es el órgano responsablede de perseguir penalmente y acusar a los imputados de estos crímenes, formuló trece acusaciones en el año 2003, las que debieron ser retiradas por la muerte ulterior de los acusados[23].
Se encuentran terminados en su integridad, incluso los recursos de apelación,  los procesos contra tres ex referentes de las “Fuerzas Armadas del Consejo Revolucionario”, dos miembros de las Fuerzas de Defensa Civil y tres miembros del Frente Revolucionario Unido[24].
   El proceso contra el ex presidente liberiano Charles Taylor (foto), culminó  con una sentencia que lo  convirtió en el primer ex jefe de Estado condenado por la Corte Penal Internacional  por crímenes contra humanidad perpetrados entre los años 1991 y 2001. Deberá cumplir la pena impuesta en una cárcel británica.
Como podemos observar, existe también en este caso un recurso casi exclusivo  a la pena de prisión como respuesta central del Tribunal frente a la infracción y un devaluado rol de la víctima durante el proceso.



[1] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD), 2000.
[2] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[3] http://www.amnesty.org/es/campaigns/special-court-sierra-leone
[4] Alía Plana, Miguel: “El Tribunal Especial para Sierra Leona”, disponible en http://www.fongdcam.org/ manuales/derechoshumanos/datos/docs/Punto%203%20Escenarios%20y%20actores/3.1%20Escenarios/3.1.17%20Tribunales%20Internacionales_Tribunales%20Ad%20Hoc%20Sierra%20Leona/Tribunal%20Sierra%20Leona.pdf
[5] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 91 a 106.
[6] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 90.
[7] Alía Plana, Miguel: “El Tribunal Especial para Sierra Leona”, disponible en http://www.fongdcam.org/ manuales/derechoshumanos/datos/docs/Punto%203%20Escenarios%20y%20actores/3.1%20Escenarios/3.1.17%20Tribunales%20Internacionales_Tribunales%20Ad%20Hoc%20Sierra%20Leona/Tribunal%20Sierra%20Leona.pdf
[8] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[9] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 91 a 106.
[10] Alía Plana, Miguel: “El Tribunal Especial para Sierra Leona”, que está disponible en http://www.fongdcam.org/manuales/derechoshumanos/datos/docs/Punto%203%20Escenarios%20y%20actores/3.1%20Escenarios/3.1.17%20Tribunales%20InternacionalesTribunales%20Ad%20Hoc%20Sierra%20Leona/Tribunal%20Sierra%20Leona.pdf Ver también http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx

[11] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[12] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[13] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[14] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[15] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[16] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 105.
[17] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[18] El Tribunal Especial estará integrado por los siguientes órganos: a.The Chambers, comprising one or more Trial Chambers and an Appeals ChambLa Sala, constituida por uno o más Salas de Primera Instancia y una Sala de Apelaciones; bThe ProsecutorEl Fiscal, y c The Registry.el Registro. Article 1Las Salas estarán integradas por no menos de ocho (8) ni más de once (11) jueces independientes. Tres de esos magistrados prestan servicios en la Sala de Primera Instancia, de los cuales uno será un juez designado por el Government of Sierra Leone, and two judges appointed by the Secretary-General of the UniGobierno de Sierra Leona, y dos jueces nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas.b.Five judges shall serve in the Appeals Chamber, of whom two shall be judges appointed bCinco magistrados prestan servicios en la Sala de Apelaciones, de los cuales dos serán jueces nombrados por el Gobierno de Sierra Leona, y tres jueces nombrados por el Secretario General (http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx).
[19] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[20] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[21] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[22] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
[23] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 102 y Alía Plana, Miguel: “El Tribunal Especial para Sierra Leona”, disponible en  http://www.fongdcam.org/manuales/derechoshumanos/datos/docs/Punto%203% 20Escenarios%20y%20actores/3.1%20Escenarios/3.1.17%20Tribunales%20Internacionales_Tribunales%20Ad%20Hoc%20Sierra%20Leona/Tribunal%20Sierra%20Leona.pdf
[24] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 86.
[25] http://www.sc-sl.org/HOME/tabid/53/Default.aspx
Este Tribunal ha dictado sentencias condenatorias[1], en las que consigna la consideración de la edad de los condenados en el supuesto de penas de privación de libertad de elevada duración[2], suponiendo relevar las condenas del Tribunal Especial, con prácticas restaurativas concomitantes, que complejizaron pero a su vez enriquecieron sustancialmente el proceso de paz.
En Ruanda se planteó, una vez finalizado el conflicto, la imposibilidad de llevar a juicio a los miles de individuos posiblemente implicados en violaciones flagrantes a los Derechos Humanos, ya que esto hubiera implicado una obligación de cumplimiento imposible para el tribunal penal “institucional”.
Ante una evidencia tan concreta, se resolvió en el año 2001 saldar esas dificultades objetivas recurriendo al procedimiento ancestral de las tribus locales, el Ikiko Gacaca (Tribunal de la hierba), en el que las partes en conflicto elegían a un tercero neutral, ajeno al mismo, quien se sentaba en la hierba (lo que explica la denominación de estas prácticas) e intentaba escuchar a los partícipes de las diferencias, intentando arribar a una solución consensuada que restaurara el equilibrio alterado por la situación problemática.
Originariamente, estas expresiones de justicia vecinal eran un claro ejemplo de justicia restaurativa. Su conversión forzada en tribunales penales despertó una serie de críticas respecto de su verdadero rol y de muchas de las decisiones adoptadas por esos cuerpos.


La más reiterada, por supuesto, señalaba que estas cortes no cumplían con las garantías mínimas esperables en procesos penales en materia de respeto a los Derechos Humanos. De la misma manera, se cuestionaba que jueces elegidos por sus vecinos, podrían encubrir intentos de llevar a cabo juicios sumarios, cuando no, verdaderas venganzas contra los acusados[3].
De hecho, investigaciones posteriores lograron determinar que el objetivo inicial de los tribunales Gacaca (terminar con la impunidad, promover la reconciliación y establecer la verdad de lo ocurrido durante el genocidio, en palabras de Paul Kagame) no se consiguió en la medida esperada, demostrando que el buen funcionamiento de estas experiencias dependía exageradamente de la aleatoria integridad de los jueces, y eso hacía que fuera demasiado variable entre las distintas comunidades, profundizando en muchos casos los conflictos locales, ya que en las percepciones mayoritarias, las cortes Gacaca eran, a diferencia de sus versiones originarias transicionales, tribunales esencialmente punitivos, cuyas respuestas fueron, mayoritariamente,  condenas a penas privativas de libertad, que aumentaron exponencialmente las tasas de encarcelamiento de las cárceles ruandesas[4].



[1] http://www.unictr.org/
[2] Jean Paul Akayesu, ex alcalde de la ciudad de Taba, resultó condenado a prisión perpetua, el 2 de octubre de 1998. Michel Bagaragaza, empresario del té acusado de complicidad en el genocidio, fue condenado a 8 años de prisión el 5 de noviembre de 2009. Había nacido en 1945. Hassan Ngeze (1957, director y editor de la revista Kangura), Ferdinand Nahimana (1950), a cadena perpetua y Jean Bosco Barayagwiza  (1950) -ambos dirigentes de la Radio  Televisión Libre de las Mil Colinas o RTLM- fueron condenados a 35 años de prisión, el 3 de diciembre de 2003. Barayagwiza murió en abril de 2010 en el hospital de Benin, donde cumplía la pena que le fuera impuesta. Simón Bikindi, uno de los cantantes más populares de Ruanda, fue condenado a 15 años de prisión el 2 de diciembre de 2009 por incitación al odio racial y al genocidio. Paul Bisengimana, ex alcalde de la Comuna de Gikoro, en Kigali, fue condenado a 15 años de prisión el 13 de abril de 2006. Sylvestre Gacumbitsi, ex alcalde de Rusamo, fue condenado el 17 de junio de 2004 a 30 años de prisión. Gacumbitsi había nacido en 1943. Juvénal Kajelijeli, ex alcalde de Mukingo, nacido en 1951, fue condenado a prisión perpetua, reducida a 45 años de prisión en virtud de las violaciones de derechos de que fue víctima el acusado durante su arresto y detención, el 23 de mayo de 2005. Callixte Kalimanzira, nacido en 1953, ex Director de gabinete del Ministerio del interior, fue condenado a 30 años de prisión el 22 de junio de 2009. Jean Kambanda, ex primer ministro ruandés, nacido en 1955, fue condenado a prisión perpetua el 4 de septiembre de 1998. Jean de Dieu Kamuhanda, ex Ministro de Ecuación, Ciencia y Cultura ruandés, fue condenado a prisión perpetua por genocidio, en fallo no unánime, el 22 de enero de 2004. Francois Karera, ex Gobernador de la Provincia de Kigali, fue condenado a cadena perpetua el 7 de diciembre de 2007. Clement Kayishema, ex Gobernador de Kibuye, fue condenado el 1 de junio de 2001 a prisión vitalicia por encontrárselo culpable de genocidio. Mikaeli Muhimana fue condenado el 28 de abril de 2005 a cadena perpetua. Muhimana, nacido en 1961, era legislador municipal durante el genocidio. Alfred Musema, empresario, fue sentenciado el 27 de enero de 2000 a cadena perpetua. Siméon Nchamihigo, ex fiscal de la prefectura de Cyangugu, fue condenado el 12 de noviembre de 2008 a prisión perpetua. Emmanuel Ndindabahizi, ex Ministro de Finanzas de Ruanda, nacido en 1950, fue condenado a prisión perpetua el 15 de julio de 2004. Eliezer Niyitegeka, ex Ministro de Información y periodista, condenado a prisión perpetua, el 16 de mayo de 2003. Gérard Ntakirutimana, médico religioso que ejercía la medicina en el hospital perteneciente la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Mungonero, fue condenado por genocidio y por crímenes contra la humanidad y sentenciado a 25 años de prisión el 21 de febrero de 2003, cuando tenía 45 años de edad. Joseph Nzabirinda, monitor juvenil, condenado a 7 años de prisión el 23 de febrero de 2007. Juvénal Rugambarara, alcalde de Bicumbi en la Prefectura Rural de Kigali, fue condenado a 11 años de prisión,  el 16 de noviembre de 2007. Emmanuel Rukundo, sacerdote, ex capitán y capellán de las fuerzas armadas ruandesas, condenado a 25 años de prisión el 27 de febrero de 2009. Vincent Rutaganira, el 14 de marzo de 2005, contando con 60 años de edad, acordó con el fiscal una pena de 6 años de prisión. Obed Ruzindana, empresario, condenado a 25 años de prisión el 21 de mayo de 1999. Laurent Semanza, condenado a 35 años de prisión (unificando todos los cargos existentes en su contra)  el 15 de mayo de 2003. Athanase Seromba, sacerdote, condenado a 15 años de prisión el 13 de diciembre de 2006. Joseph Serugendo, directivo de Radio Televisión Libre fue sentenciado, el 3 de junio de 2006, a seis años de prisión por la transmisión de mensajes por radio y televisión incitando al genocidio. Omar Serushago, hombre de negocios y jefe de una milicia racista, fue condenado a 15 años de prisión en Malí el 5 de febrero de 1999. Aloys Simba, ex militar, fue condenado el 13 de diciembre de 2005 a 25 años de prisión.
[3] Pérez Vaquero, Carlos: “Los Tribunales Gacaca”, en Anécdotas y curiosidades jurídicas/Iustopía, disponible en http://archivodeinalbis.blogspot.com/2011/09/los-tribunales-gacaca.html
[4] Burnet, Jennie E.: “La injusticia de la justicia local: verdad, reconciliación y venganza en Ruanda”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 3, noviembre de 2009, Eduntref, Daniel Feierstein (Director), p. 24.

Con posterioridad a la creación del Tribunal Internacional Penal para la ex Yugoslavia, se creó el destinado a juzgar los crímenes producidos en Ruanda (en adelante podremos aludirlo como tpir), a los cuáles ya nos hemos referido de manera circunstanciada en  nuestro espacio (ver entradas antiguas).
Por Resolución Nº 955/94, el mismo Consejo de Seguridad, invocando las facultades ya aludidas que le confiere a este Organismo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, dispuso la creación de este Tribunal, que tendría como cometido la persecución y enjuiciamiento penal de las personas responsables de las prácticas genocidas perpetradas sobre el grupo étnico tutsi, además de otras graves violaciones a las reglas del derecho humanitario internacional[1].
Para ello, se adoptó un Estatuto que guarda grandes similitudes, como habremos de ver, con el que se elaboró para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (en adelante puede consignárselo como tpiy), con algunas diferencias puntuales que intentaremos analizar[2].
No obstante esas particularidades, el Tribunal Internacional para Ruanda reproduce una multiplicidad de identidades respecto de aquel, lo que en buena medida marca el grado de evolución que al momento de su creación había alcanzado el sistema penal internacional, sobre todo en algunos aspectos esenciales, como lo es el de las respuestas que se prevén frente a este tipo de ofensas.
Una vez puesto en funcionamiento el Tribunal, de unos pocos acusados iniciales, la mayoría ocupantes de cargos jerárquicos en la sociedad ruandesa, se pasó a más de 100.000 personas que aguardaban su juzgamiento, lo que provocó ingentes y razonables problemas al funcionamiento del organismo, que a fines del año 2000 había podido dictar sentencia solamente en siete casos[3].


De todas maneras, el Tribunal ha cosechado una crítica medular, dada su concepción originaria, destinada a juzgar prioritariamente a los prisiones de elite acusados de la masacre. Esto hace que más 120.000 prisioneros menos relevantes políticamente debían esperar sus juicios depositados en las cárceles ruandesas, en condiciones francamente deplorables, las que produjeron 3000 muertes en 1999. Felizmente, durante el año 2002, Ruanda ha iniciado un sistema de justicia complementaria, cercana a las ideas de restauración y  reparación, dirigido por jueces legos: los denominados tribunales Gacaca[4], que constituyen una síntesis entre la exigencia de justicia y el imperativo de coexistencia social, que no parecen excluirse entre sí ni  encarnar objetivos contradictorios. Los gacaca importan, además, una valiosa experiencia historiográfica sobre el genocio, en los cuales se priorizan los alegatos y las confesiones de culpabilidad y las penas alternativa frente a la prisión[5].
El Tribunal de Ruanda tiene competencia para juzgar crímenes cometidos únicamente durante el año 1994, que fue el período donde se perpetraron las prácticas genocidas[6].
Este acotamiento en los tiempos en los que se asigna competencia al tribunal, ha sido cuestionado por parte de la doctrina, por entender que los actos preparatorios y la planificación del genocidio superan largamente ese lapso.
Desde otra perspectiva, podría señalarse que en muchas legislaciones democráticas del mundo los actos preparatorios de los delitos son impunes, por lo que mal podría suponerse que un tribunal internacional pudiera apartarse de este criterio acotante del poder punitivo supraestatal.
Sin perjuicio de ese límite temporal, la competencia en razón del territorio se extiende también a los crímenes cometidos en los estados vecinos, como un lógico corolario del principio de jurisdicción universal, teniendo en cuenta las características históricas y los hechos ocurridos en Ruanda[7].
El Tribunal tiene sede en Arusha, Tanzania, y al igual que lo que ocurre con el tpiy, el tpir tiene jurisdicción concurrente con los restantes tribunales domésticos, aunque conserva su primacía[8].
Los crímenes a los que puede avocarse, según lo establece el Estatuto, son similares a los que ocupan al TPIY, como así también las reglas procesales, que coinciden en lo sustancial en ambos casos. No obstante estas similitudes, se ha dicho que entre las diferencias más notables entre ambos Estatutos puede anotarse la propia naturaleza interna más que internacional del conflicto ruandés, lo que demandó “distintas referencias relativas al derecho aplicable a los crímenes de guerra”[9].
Es importante destacar que el Tribunal Internacional para Ruanda se ha expedido asertivamente sobre un tema de indudable sensibilidad que preocupa a la comunidad internacional. Ha decidido que la violencia sexual, entendida como cualquier acto de naturaleza sexual llevado a cabo contra la voluntad de las víctimas, por sus connotaciones especialmente dañosas, debe ser considerada también como una práctica social genocida[10].
Una de las cuestiones paradojales que plantea la jurisdicción concurrente del tpir con la de los estados nacionales, radica en que el Estatuto le prohíbe Tribunal Internacional la aplicación de la pena de muerte, la que sí está admitida en Ruanda. Esta sola circunstancia, más los resultados que va alcanzando el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, justifican claramente su creación, sobre todo si se lo concibe como lo que en realidad fue: un paso adelante decisivo para la gestación de la Corte Penal Internacional.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994 según las disposiciones del presente Estatuto (artículo 1)[11].
El Tribunal Internacional para Ruanda tiene competencia para perseguir a las personas que hayan cometido un genocidio, entendiendo como tal a cualquiera de los siguientes crímenes con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal: a) Asesinato de miembros del grupo; b) Graves atentados contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencionado del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial; d) Medidas para dificultar los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslados forzosos de niños del grupo a otro grupo. 3. Serán castigados los siguientes actos: a) El genocidio; b) La colaboración para la la comisión de genocidio; c) La incitación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio[12].
El mismo artículo 2º especifica que el Tribunal Internacional para Ruanda está habilitado para juzgar a los presuntos responsables de los siguientes crímenes cuando éstos han sido cometidos en el curso de un ataque generalizado y sistemático, y dirigidos contra cualquier población civil en razón de su nacionalidad o pertenencia a un grupo político, étnico, racial o religioso: a) Asesinato; b) Exterminación; c) Reducción a la servidumbre; d) Expulsión; e) Encarcelamiento; f) Tortura; g) Violaciones; h) Persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos; i) Otros actos inhumanos[13].
Igualmente, está dentro de la competencia del Tribunal Internacional la persecución de las personas que cometan o den la orden de cometer las graves infracciones previstas en el  artículo 3°, común a las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas en tiempos de guerra, y al protocolo adicional II a dichas Convenciones del 8 de junio de 1977. Tales violaciones comprenden, sin que sea ésta una enunciación taxativa: a) Los atentados contra la vida, la salud y el bienestar físico o mental de las personas, en particular el asesinato, así como los tratamientos crueles como la tortura, las mutilaciones o toda forma de castigos corporales; b) Los castigos colectivos; c) La toma de rehenes; d) Los actos de terrorismo; e) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratamientos humillantes y degradantes, las violaciones, el forzar a la prostitución y todo atentado contra el pudor; f) El pillaje; g) Las condenas excesivas y las ejecuciones efectuadas sin un juicio previo realizado por un tribunal constituido regularmente y provisto de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. h) Las amenazas de cometer los actos precitados (artículo 4°)[14].
           El artículo 5° establece que el Tribunal Internacional para Ruanda tiene competencia solamente para perseguir y enjuiciar a las personas físicas de acuerdo con las disposiciones del presente Estatuto.
Respecto de la responsabilidad individual de las personas a las que podrá implicarse en la persecución y enjuiciamiento, el artículo 6º incluye a: 1. Quienquiera haya planificado, incitado a cometer, ordenado, cometido, o ayudado y alentado de cualquier forma a planificar, preparar o ejecutar uno de los crímenes contemplados en los artículos 2 a 4 del presente Estatuto. 2. La categoría oficial de un acusado, ya sea como Jefe de Estado o de Gobierno, no le exonera de su responsabilidad penal y no es motivo de disminución de la pena. 3. El hecho de que cualquiera de los actos contemplados en los artículos 2 a 4 del presente Estatuto haya sido cometido por un subordinado no libera a su superior de  responsabilidad penal si sabía o tenía razones para saber que el subordinado se aprestaba a cometer ese acto o lo había cometido y el superior no tomó las medidas necesarias y razonables para impedir que dicho acto no fuera cometido o para castigar a los autores. 4. El hecho de que un acusado haya actuado en ejecución de una orden de un gobierno o de un superior no le exonera de su responsabilidad penal, pero puede ser considerado como un motivo de disminución de la pena si el Tribunal así lo estima[15].
El artículo 7 prescribe: “La competencia ratione loci del Tribunal Internacional para Ruanda se extiende al territorio de Ruanda, incluyendo su espacio terrestre y su espacio aéreo, y al territorio de Estados vecinos en el caso de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por ciudadanos ruandeses. La competencia ratione temporis del Tribunal Internacional se extiende al período que comienza el 1º de enero de 1994 y termina el 31 de diciembre de 1994”[16].
Este último párrafo del artículo ha despertado las críticas sobre las que ya alertáramos, en razón de que la preparación de las prácticas genocidas seguramente se llevó a cabo con anterioridad al 1º de enero de 1994, cuestión ésta sobre la que también pusimos de manifiesto nuestras reservas.



[1] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 126.
[2] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 126
[3] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 126.
[4] Christie, Nils: “Una sensata cantidad de delito”, Editores del Puerto, 2004, p. 141.
[5] Dumas, Hélene: “Los Tribunales Gacaca”, disponible en http://www.rebelion.org/noticias/ 2009/6/87412.pdf
[6] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 126.
[7] http://www.icty.org/
[8] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 127.
[9] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 127.
[10] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 127.
[11] http://www.unictr.org/
[12] http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
[13] http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
[14] http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
[15] http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
[16] http://www.derechos.org/nizkor/ley/ruanda.html
De todas maneras, y aun aceptando estos sesgos difícilmente eludibles, no hay ninguna duda que los juicios de Nuremberg y Tokio tuvieron una influencia decisiva en la construcción y desarrollo ulterior de un sistema de Derecho internacional, con las limitaciones objetivas con las que los conocemos hoy, y de ciertos principios que habrían de gobernarlos, que a su vez dieron pie a la formación de otros tribunales especiales, como los que juzgan (solamente [1].algunos de) los crímenes ocurridos en Ruanda y la ex Yugoslavia y de la propia Corte Penal Internacional
En principio, debe mencionarse que en 1947 la Asamblea de las Naciones Unidas decidió formar la Comisión de Derecho Internacional, que tenía como cometido impulsar el desarrollo de un derecho internacional codificado. La C.D.I, compuesta por 25 miembros elegidos por la propia Asamblea General, ha tenido un papel preponderante en la redacción de una importante cantidad de proyectos, pero fundamentalmente en la redacción de tres de ellos: a) El proyecto que contenía los denominados “Principios de Nuremberg”; b) El Proyecto sobre Responsabilidad Internacional, y c) El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad[2].


Los Principios de Nuremberg compendian las conclusiones a que arribara dicho tribunal y algunos de los principios contenidos en la Carta Orgánica del mismo[3].
El Principio I determina que toda persona que cometa un acto que constituya delito para el derecho internacional, será pasible de persecución, enjuiciamiento y eventual sanción por esa conducta reprochable.
El Principio II establece que el  hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituya un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales.
El Principio III prescribe que la circunstancia de que una persona que ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales sea Jefe del Estado o un oficial responsable del Gobierno tampoco lo releva de  responsabilidad penal de acuerdo a las leyes internacionales.
El Principio IV determina que el hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su Gobierno o de un superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales, siempre que se demuestre que tenía posibilidad de actuar de otra forma.
El Principio  V  establece que toda persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio justo ante la ley.
El Principio VI enumera los tres delitos que constituyeron causa de acción penal de acuerdo a la Carta Orgánica del Tribunal de Nuremberg: a) crímenes contra la paz; b) de guerra, y c) contra la humanidad[4].
Los crímenes contra la paz incluyen la planificación, preparación, iniciación o comienzo de una guerra de agresión, o una guerra que viole los tratados internacionales, acuerdos o promesas; y la participación en un plan común o conspiración para el cumplimiento de cualquiera de los actos mencionados en el  párrafo precedente[5].
Los crímenes de guerra aluden a las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, de manera no taxativa, asesinato, trato inhumano o deportación como esclavos o para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado, asesinato o trato inhumano a prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad pública o privada, destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas, o la devastación no justificada por la necesidad militar[6].
Por su parte, los crímenes contra la humanidad abarcan asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil, o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra[7].
El Principio VII establece que la complicidad en la comisión de alguno de los delitos enumerados en el Principio anterior constituye un crimen para la ley internacional[8].
Esta saga de artículos vinculados al tema, recuerdan que el próximo 17 de julio se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Seguiremos, antes y después de esa fecha, desmenuzando el funcionamiento de los tribunales internacionales desde una perspectiva histórica, política, jurídica e ideológicamente crítica, acaso el mejor homenaje y el más valorable aporte que podríamos hacer al ideal -hasta ahora lejano-de un sistema de justicia global más justo y democrático.




[1] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes. org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[2] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[3] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[4] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[5] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[6] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[7] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
[8] Fernández, Fernando M.: “Los Principios de Nuremberg”, disponible en http://www.analitica.com/va/ sociedad/articulos/2866118.asp y Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 85.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de La Pampa acaba de replicar en nuestra Provincia un simulacro de juicio por jurados, a la manera en que estas novedosas puestas en escena son reproducidas cada vez mayor frecuentemente en la región. Bienvenida la iniciativa, sobre todo para aquellos que conciben al juicio popular como una forma de profundización de la democracia en materia de administración de justicia en la Argentina (no hace falta recordar que reconocidos expertos se oponen a la implantación del mismo, invocando, paradójicamente, razones en el fondo análogas). Con esto, dejo en claro mi postura  favorable acerca del mencionado ensayo.
Ahora bien, en lo sustancial, siento la necesidad de analizar críticamente el orden de prioridades y los contenidos conceptuales que se infieren de la matriz de la convocatoria, que sí merecen  algunos reparos.
El sistema de justicia penal en La Pampa ha sufrido en los últimos tiempos sucesivas evidencias de su crisis de legitimidad, expresada simbólicamente a partir de episodios emblemáticos y socialmente conmocionantes.


Desde los recordados casos Carla y Sofía, pasando por las penalizaciones injustificadamente asimétricas aplicadas en casos virtualmente análogos, la estupefacción que generó el posible acuerdo de imposición de penas levísimas para tres policías que remitieron a las peores prácticas dictatoriales, y el forzamiento de un tipo penal atenuado en el caso de un niño asesinado, las respuestas jurisdiccionales frente a la conflictividad social fueron colocadas en entredicho por la mayoría de la sociedad pampeana. Esa rampa de deterioro en términos de legitimidad, precipitó finalmente hacia un hecho verdaderamente escandaloso que no ha merecido –curiosamente- ni siquiera una editorial que lo abordara. Cinco personas acaban de ser absueltas al final de un juicio donde se investigaba el homicidio de un vecino de Santa Isabel. Los cinco imputados permanecieron más de once meses privados de libertad, sufriendo una prisión preventiva aplicada sin explicación ni razonabilidad alguna. Un ejercicio de justificación binaria alcanzaría para intentar expiar las falencias exhibidas por un sistema integrado por operadores de carne y hueso. Podríamos decir, para que todo quede en la nada, como hasta ahora, que ha fallado la investigación de la policía o de la fiscalía. Pues bien, ese relato, en apariencia tranquilizador, suprime un tramo significativo de la verdad histórica: un juez de control y tres jueces del TIP, en cuatro oportunidades sucesivas, desestimaron –durante el largo período de cautiverio cautelar- los planteos  de las defensas que intentaban reexaminar la gravísima medida de coerción impuesta.
Insólitamente, a pocos días de conocerse el fallo, se hizo público, mediante un procedimiento demasiado parecido a una operación de prensa, un proyecto de ley que, entre otras perplejidades, confiere más facultades a los fiscales y habilita mayor poder punitivo respecto de la prisión preventiva (entre otros desaguisados), justamente, en un embate en franca colisión con el paradigma de la Constitución. Demasiado, como para no ensayar un ejercicio imprescindible de réplica.
Estos son los hechos que, objetivamente, deberían marcar la urgencia y el orden de prioridades de la justicia pampeana. No existe una política criminal racional, no hay siquiera atisbos de planteos de democratización del sistema, se apela a un peligrosísimo y regresivo culto a la “eficiencia” y la “gestión” como forma de eludir un análisis y un diagnóstico serio en materia de sociología de las profesiones y de las organizaciones, un aumento de la población carcelaria y una “huída” a la prisionización como forma de autopreservación individual.

Y lo que es peor, sufrimos sin tomar debida conciencia de ello, un proceso de colonización cultural que la defensa pública ha venido marcando enfáticamente, incluso promoviendo encuentros de debate y reflexión que no tuvieron la generosa cobertura periodística del simulacro, pero que congregaron a casi un centenar de personas hace poco más de un mes.
Esta interpretación vacía de contenido de los procesos penales como forma de administración de la conflictividad, amenaza con menoscabar los derechos y garantías de los imputados en aras del fetiche de un eficientismo de tercera velocidad, que parece haber sido el paradigma que se ha impuesto hasta ahora en La Pampa. No  hace falta realizar ejercicios ficcionales para constatar estas consecuencias, sino simplemente hacer un seguimiento de la evolución de estándares objetivos que así lo demuestran.
Este descalabro político criminal no puede analizarse sin caracterizar debidamente el rol y la gravitación que en el mismo han tenido y tienen ciertos cenáculos internacionales que han logrado instalar en la región sistemas realizativos clonados que se caracterizan por la criminalización sumaria de sectores sociales postergados y la macdonalización de los procesos. En La Pampa, desde que se implementó el nuevo sistema adversarial, han aumentado las tasas de encarcelamiento y se ha incrementado de manera sostenida el recurso de la prisión preventiva, cosa que estaba en las antípodas de los que se quería cuando se ideó el nuevo código. Voy a decirlo con nombre y apellido: nos gustaría, por ejemplo, escuchar explicaciones convincentes del CEJA (la nueva meca de incautación de la cultura jurídico penal latinoamericana), sobre estos aspectos. Esperamos que las mismas excedan los aspectos rituales o extrínsecos de las puestas en escena y la salvaguarda de los ritos, que al parecer adquieren una curiosa centralidad en estos procesos.
Queremos debatir respecto de la ideología que precede a estas concepciones de gestual eficientismo, desde una mirada comprometida con la democratización de los procesos y en modo alguno nostálgica de los sistemas inquisitivos.  También aguardamos, ansiosamente, que nos demuestren que estamos equivocados. Y esta expectativa no está condicionada por la más mínima ironía, aunque sí atravesada por las evidencias objetivas que surgen de estas nuevas prácticas de criminalización secundaria de máxima “efectividad”.
Este proceso de virtual colonización intelectual, de control y dominación de nuevo cuño, encuentra su base de operaciones justamente en la OEA, un organismo recientemente cuestionado por gobiernos populares y antiimperialistas por su connotación sesgada en materia de resguardo de derechos y garantías de los países soberanos de la región, y de sumisión a los dictados de la administración imperial. Esto también quisiéramos que se añadiera a las futuras, indispensables y -en este caso sí- urgentes discusiones sobre la justicia penal.


La dificultosa síntesis de esas distintas concepciones fue uno de los más importante legados culturales del juicio de Nuremberg de cara al futuro del Derecho penal internacional. Ahora bien, el artículo 6ª de la mencionada Carta Orgánica del Tribunal Militar, determinaba que eran crímenes que generaban responsabilidad individual, y sujetos a la jurisdicción del Tribunal, a los crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.
La primera tipificación aludía a aquellas conductas enmarcadas en la planificación y preparación de la guerra por parte de la potencia agresora[1].
La segunda atendía a la violación del derecho de guerra existente en esa época, y  la tercera se proponía sancionar los asesinatos, el exterminio,  la esclavitud, las deportaciones y otros tratos crueles e inhumanos que se hubieran cometido contra la población civil. También alcanzaba las persecuciones motivadas por razones políticas, raciales o religiosas, aunque las mismas pudieran no infringir las leyes del o los países donde las mismas se hubieren cometido[2].


Esa última cuestión resulta de suma importancia, habida cuenta que era la primera oportunidad en que aparecían plasmadas en una norma internacional, conductas calificadas como criminales, con independencia de que las mismas estuvieran o no tipificadas de esa manera en los derechos internos respectivos[3].
El Tribunal estaría compuesto por cuatro jueces, cada uno de los cuales representaba a las cuatro potencias principales vencedoras: la URSS, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia[4].
En el juicio de Nuremberg comparecieron como acusadas 21 personas, escogidas entre varios centenares de referentes nazis detenidos en las postrimerías del conflicto, cuando la caída de Alemania estaba asegurada. En principio, se había pensado en llevar a proceso a 24 imputados, de los cuales el industrial Gustav Krupp, fundamental en la tarea de proporcionar armamento bélico a los nazis, acusado de mantener en sus empresas un gran número de esclavos provenientes de distintos países ocupados y de campos de concentración, fue sobreseído por razones humanitarias, dada su avanzada edad y su precario estado de salud[5].
El responsable de campos de exterminio, Robert Ley se suicidó antes del juicio y Martin Bormann fue juzgado en ausencia dado que se desconocía si en realidad había muerto en su intento de huir del  asalto final a Berlín[6]. Después de un largo proceso, sobre cuyas incidencias habremos de reflexionar más adelante, el 1 de octubre de 1946 se dictó sentencia definitiva en el proceso.
El Tribunal encontró culpable de alguno de los cargos endilgados a 19 de los 22 acusados. Göering, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Seyss-Inquart, Sauckel, Jodl y Bormann (en ausencia) fueron condenados a morir en la horca; Hess, Raeder y Funk fueron sentenciados a cadena perpetua; Speer y Schirach sufrieron una condenada de veinte años de prisión; Neurath a quince años; Doenitz a diez años. Fueron absueltos únicamente tres imputados: Schacht, Fritzsche y Von Papen[7].
Vale destacar que el tribunal no pudo arribar a un acuerdo unánime a la hora de dictar su sentencia. El magistrado soviético dejó a salvo su disidencia en dos aspectos no menores: las tres absoluciones que se dictaron y la denegatoria respecto de su pedido de que la condena a dictarse alcanzara a organizaciones e instituciones políticas tales como el Gobierno Alemán y los altos mandos de sus fuerzas armadas, introduciendo en este caso un inquietante requerimiento extensivo de responsabilidad penal respecto de personas jurídicas públicas, que daba la pauta de las dificultades que en futuro sobrevendrían para articular y compatibilizar en un único sistema jurídico las tendencias políticas y las perspectivas jurídicas  disímiles que coexistían en el mundo de posguerra[8].
Una vez finalizado este proceso, los norteamericanos llevaron a juicio a 199 imputados más, también acusados de haber cometido crímenes durante la segunda guerra. De todos ellos, fueron absueltos únicamente 38 personas. Otras 36 fueron condenadas a muerte, resultando ejecutadas finalmente 18; hubo 23 condenados más a cadena perpetua y 102 condenas a penas de prisión de menor gravedad[9].
Las cruentas y terribles ejecuciones de los condenados tuvieron un ingrediente simbólico tortuoso adicional. Fueron llevadas a cabo por un verdugo militar profesional, que llevaba ejecutadas por entonces a casi 300 personas. A fin de prevenirse del “riesgo” de cualquier reivindicación de la memoria de los alemanes condenados a muerte, se ordenó que sus cuerpos fueran incinerados en un horno crematorio.
Paradojas de los crímenes masivos, se utilizó el mismo procedimiento de eliminación utilizado por los nazis, y se los privó de los ritos funerarios, en lo que supone una anticipación de las prácticas genocidas de Argelia y América latina en lo que hace al daño adicional que se causa a los familiares de los muertos al no poder elaborar debidamente sus respectivos duelos.
Más allá de estas formas punitivas brutales, se pusieron en práctica también los denominados tribunales alemanes de “desnazificación”, en las zonas ocupadas por  Estados Unidos[10].
La desnazificación, sobre cuyas formas y duración mucho se había polemizado entre las potencias vencedoras, era un verdadero proceso de contraculturación. Un intento de derogar la cultura nacionalsocialista y sustituirla por otra, compatible con las democracias indirectas de occidente, presentado como un intento de “reeducación” sobre las personas y las instituciones germanas.
Pero además, y fundamentalmente, la desnazificación implicaba una formidable campaña de propaganda masiva destinada a inculcar un sentimiento de culpa colectiva a los ciudadanos alemanes[11].
La dificultad de establecer niveles objetivos de participación y responsabilidad, llevó a determinaciones de un simplismo realmente humillante, tales como la división entre distintas categorías de nazis, a quienes se denominaba “delincuentes” principales (un símil de la denominación de “delincuentes” subversivos al que recurrió la dictadura en la Argentina, para intentar evitar el cumplimiento de pactos y tratados internacionales respecto de prisioneros que ellos mismos identificaban como miembros de uno de los “bandos” en supuesta “guerra”), “delincuentes” a secas, “delincuentes menores” y meros adherentes. Los crímenes horrorosos cometidos durante la segunda guerra mundial, revelaron la debilidad del sistema jurídico internacional existente hasta ese momento.
Esa evidencia, y la nueva relación de fuerzas imperante en un mundo bipolar, fueron factores que contribuyeron decididamente a la Creación de la Organización de las Naciones Unidas, que se constituye rápidamente en el ámbito dentro del cual comienza la construcción de un nuevo Derecho Internacional[12].
En ese sentido, el 9 de diciembre de 1948, la Asamblea de la ONU aprobó por 55 votos contra ninguno en contra, y sin abstenciones, la creación de la Convención sobre Prevención y Castigo del Delito de Genocidio (conug)[13].
Las palabras que preceden a la aprobación dan cuenta de la convicción y la urgencia en la consolidación de un sistema jurídico internacional: “En este campo que se relaciona con el sagrado derecho que tienen los grupos humanos a subsistir, declara Evatt, presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, vamos a proclamar hoy la eterna supremacía del Derecho Internacional”[14].
Previamente, en 1946, la Asamblea había declarado que el  genocidio era un  delito internacional, un delito iuris gentium[15].



[1] http://www.cgae.es/portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[2] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para Crímenes contra el Derecho Internacional”, Editorial Ad-Hoc, 2002, p. 50.
[3] Zuppi, Alberto Luis: “Jurisdicción Universal para crímenes contra el derecho internacional”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002, p. 50.
[4] Pérez Bustamante, Rogelio: “El juicio de Nuremberg”, disponible en http://www.cgae.es/ portalCGAE/archivos/ficheros/1170354664172.pdf
[5] “El Juicio de Nüremberg”, disponible en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[6]“El Juicio de Nüremberg”,  disponible  en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[7] “El Juicio de Nüremberg”, que se encuentra disponible en http://sgm.casposidad.com/nuremberg/nuremberg.htm
[8]  Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[9] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes. org/dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[10] Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 
[11]  Andrade Crespo, Ana Gabriela: “Proceso de Universalización de la Justicia Penal”, flacso, Ecuador, Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales, p. 60, disponible en http://www.flacsoandes.org/ dspace/bitstream/10469/2010/3/TFLACSO-AGAC2010.pdf 

[12] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 350.
[13] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 347.
[14] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 347.
[15] Díaz Cisneros, César: “Derecho Internacional Público”, Editorial TEA, Buenos Aires, 1966, Tomo I, p. 348.