Desde hace mucho tiempo se ha naturalizado, sobre todo desde las agencias jurídicas y políticas occidentales y los medios de control social informal de que dispone el imperialismo, la idea de que existe en la comunidad internacional un acuerdo mayoritario alrededor de una obligación consuetudinaria de castigar las violaciones a los derechos humanos.

Esta postura se basa en la especial relevancia de los delitos de masa, que poseen una connotación cualitativamente diferente de cualquier otro tipo de macrocriminalidad organizada, dado el rol que juegan los Estados como perpetradores de estas gravísimas violaciones de Derechos Humanos.

Por eso, se afirma, es que la “comunidad” se inclina abiertamente por la necesidad de que este tipo de delitos sean juzgados y castigados, dado que existe sobre el particular, una suerte de obligación no escrita asumida por los Estados y la comunidad internacional, de recurrir en estos casos excepcionales a soluciones únicamente penales, como única forma de conservar la confianza en la validez y vigencia de las normas internacionales.

Podríamos advertir, frente a esta formulación absolutamente falaz, que lo que predomina a nivel mundial es la hegemonía de una cultura del castigo como forma de resolver las diferencias, que trasciende los ordenamientos internos y se proyecta con la misma impronta a las normas del derecho internacional, incluso con el beneplácito de los discursos progresistas.
Creemos que más que un deber de penalizar, asistimos a un penalismo asentado en una relación de fuerzas políticas y sociales que le son extremadamente favorables a los países opresores, en particular a Estados Unidos y su complejo militar industrial.
De otra forma, no podría entenderse la aparición, el indudable prestigio y la permanencia en el tiempo de los Tribunales de opinión y de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Más aún, destacamos que los mismos se consolidaron a favor de la desconfianza que por su intrínseca e histórica selectividad ha empañado al sistema penal internacional, lo que desmiente a priori esta supuesta obligación de penalizar, porque si algo ha caracterizado a estas nuevas formas de resolución de conflictos es, justamente, su imposibilidad de recurrir a las penas institucionales; más precisamente, a la pena de prisión. No obstante, los mismos han contribuido de manera decisiva al mantenimiento de la confianza de la sociedad global en sus decisiones, justamente porque se basan en valores fundamentales, igualitarios y universales, tales como la vida, la dignidad  y los Derechos Humanos.
Fue en el marco de estas acotadas experiencias no punitivas, por el contrario, donde se han puesto en práctica ejercicios de vergüenza reintegrativa, se han observado los mayores casos de aceptación de la culpa por parte de los agresores y de sus disculpas por parte de las víctimas, produciendo genuinos procesos de reintegración social y pacificación comunitaria.
Y han sido las decisiones de los Tribunales de opinión las que han condenado, por primera vez, a los grandes genocidas que eludieron sistemáticamente al derecho penal internacional, a los depredadores y contaminadores mayores del planeta, o a quienes con sus conductas promueven las más grandes iniquidades del mundo moderno.
Esto ha ocurrido a expensas del deterioro sostenido de la legitimidad de organismos tales como los tribunales internacionales, la OEA y la ONU, a partir de su probada matriz antidemocrática, selectiva y recurrentemente funcional a los intereses y designios de los Estados más poderosos. Solamente de esta manera puede entenderse que no se haya levantado todavía una sola voz orgánica de esa pomposa comunidad, para condenar las amenazas belicistas absolutamente ilegales y violatorias de los más elementales derechos humanos en la que incurre jactanciosamente la administración del paradójico Premio Nobel de la Paz, Barack Obama.
Estados Unidos se apresta a cometer un crimen contra la Humanidad. De ninguna manera puede soslayarse una evidencia tan palmaria e incontrastable. Llama la atención, como mínimo, la defensa a ultranza del realismo político que lleva al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a las restantes instituciones y organismos jurídicos y políticos del mundo a convalidar una posible agresión masiva, legitimidad únicamente por la fuerza del agresor. Que, vale recordarlo, hace pocos meses amenazó con desatar otro infierno bélico contra Corea del Norte, culminando así una saga interminable de “operaciones humanitarias” que agreden la conciencia colectiva de la Humanidad y la condición humana.


Se ha sostenido que la pena de prisión se justifica en los casos de delitos contra la humanidad (más bien, se la concibe como imprescindible) atendiendo a vertientes utilitaristas que hacen hincapié en la necesidad de delimitar el cometido de la ley, que regula aspectos futuros, de la función de los tribunales, que deciden cuestiones pretéritas que son sometidas a su consideración. El juez desarrollaría en el juicio una función asimilable a la retribución, toda vez que castiga el mal inferido ex ante, y el legislador, en cambio, intenta prevenir disuadiendo mediante la ley penal al delincuente para que no perpetre actos futuros, que lesionen bienes jurídicos fundamentales. La ley penal tendría una función de prevención general positiva, que se expresa en la adhesión a valores fundamentales cuya afectación se habría de disuadir mediante la amenaza de la ley penal. 


En cada caso concreto en que se produjera la afectación de esos bienes jurídicos esenciales, la realización del juicio justo, esto es, la contracara de la impunidad, sería la única forma en que la ley recobraría su aptitud preventiva. La veta simbólica del juicio estriba en la exhibición de la supremacía del Estado de derecho frente a todo resabio cultural de la dictadura y el realzamiento del rol de las víctimas, respecto de las cuales el derecho parece estar en contra cuando asume las formas de indultos, amnistías, jurisdicciones especiales, estado de excepción o cualquier otro tipo de instrumento tendiente a consagrar la impunidad de los perpetradores. Esta lógica utilitarista contrapone el juicio y la capacidad preventiva de la ley (efectivizada mediante la condena penal) a la falta de juicio y la impunidad. La pena se legitima en tanto coadyuva a mantener la confianza en la norma, exteriorizando la desaprobación social frente al comportamiento desviado.

Por nuestra parte, estimamos que en todo Estado Constitucional de Derecho los jueces se avocan a conocer y decidir cuestiones que en el pasado han sido conminadas de manera genérica y abstracta por el legislador. Por ello, esta mera enunciación, de por sí, no autoriza a suponer que el rol de los tribunales coincida con el de imponer prácticas retribucionistas, y mucho menos que la ley penal pueda leerse en clave de prevención general positiva. Creo más bien en la posibilidad de que el Derecho (entendiendo al mismo ampliamente, como todas las agencias vinculadas a la cuestión criminal) actúe como productor de verdad a través del juicio justo. Pero no necesariamente el juicio justo y su resultado equivalen a la imposición de una pena de prisión draconiana, que vulnere las más mínimas garantías de un Estado democrático y contradiga el fin de las penas tolerado por un Estado Constitucional de Derecho. Una sociedad civilizada puede reforzar su confianza en la norma de cara al futuro sin necesidad de presenciar la ejecución de Damièn en la plaza de París. Le debería bastar con saber que tribunales imparciales, a través de un juicio inatacable, han logrado (re) producir la verdad de lo ocurrido en circunstancias particularmente dolorosas del pasado, ha identificado a los culpables, les ha podido hacer sentir su unánime reprobación (mediante la imposición de penas razonables y compatibles con el ideal resocializador o de otro tipo de medios alternativos de resolución de ese conflicto), e igualmente ha decidido reintegrarlos a su seno. Además es pertinente realizar una pormenorizada lectura crítica de las posturas que legitiman el poder punitivo desde una mirada compatible con la prevención general positiva, como en este caso, cuando es reivindicada por parte del pensamiento progresista nacional.
La teoría de la prevención general positiva es una rara amalgama entre las actitudes que en el pasado reducían a la religión a un valor instrumental y la vieja postura durkheimniana que planteaba que el delito y el castigo tenían una función positiva al provocar cohesión social y reforzar la confianza ciudadana en el sistema social en general y en el sistema punitivo en particular. Pero si atendemos a que, como los mismos impulsores de esta postura lo admiten, una de las características que definen al sistema penal es su tendencia a una criminalización selectiva -de resultas de la cual únicamente son perseguidos y condenados los más torpes, los más vulnerables- la aceptación de la prevención general positiva, fundada en el supuesto consenso y la cohesión social que lograría el castigo, equivale a tolerar como valor socialmente positivo a la punición ejemplarizante de un chivo expiatorio como creadora de consenso, prescidiendo de la evidencia de que nada sucederá respecto del universo de personas que protagonizan injustos mucho más graves, pero que, por su poder o habilidad, no serán seleccionadas.
Esta selectividad es la rémora más preocupante del sistema penal internacional, y aceptada que sea la prevención general positiva, también habrá que admitir un sistema que cosifica a una persona derrotada, utilizando su dolor como símbolo, sencillamente porque debe priorizar la reproducción del sistema a la propia persona. En definitiva, esta construcción propia de un funcionalismo sistémico extremo no se compadece fácilmente con una idea agnóstica o negativa de la pena, reivindica la existencia de un ius puniendi y convalida procesos cada vez más injustos y selectivos en materia de persecución y enjuiciamiento penal.
La creencia de que la reparación sólo es viable en tanto y en cuanto exista una instancia previa de castigo, impuesta por un tribunal como consecuencia del desarrollo previo de un juicio, acarrea al menos tres problemas no menores que afectan decididamente la lógica y la consistencia de esa formulación. El primero de ellos tiene que ver con una subestimación de la capacidad que las formas alternativas de resolución de conflictos pueden llegar a asumir como instrumentos autónomos eficientes, frente a cualquier tipo de conflictividad social. Por otra parte, se advierte una inexplicable sobreestimación de las aptitudes del  Derecho penal para resolver esas circunstancias y también de sus supuestas connotaciones simbólicas. Finalmente, podemos decir que la postura desconoce las peculiaridades de la justicia restaurativa y las diversas formas y diferentes perspectivas que caracterizan a la misma.

La crisis de legitimidad del sistema penal radica justamente en su reconocida ineptitud para dar soluciones mínimas a las cada vez más apremiantes demandas de las sociedades modernas respecto de la delincuencia. No obstante, las lógicas legitimantes del Derecho penal siguen remitiendo al mismo al momento de intentar solucionar la nueva conflictividad social tanto a nivel estatal e internacional. Ello ha contribuido a una inflación sin precedentes del Derecho penal, que en modo alguno ha reflejado una disminución de los estándares de conflictividad ni ha contribuido a la construcción de una mayor seguridad humana en nuestras sociedades. Se han incrementado desmesuradamente las míticas funciones simbólicas que se atribuyen al sistema penal, que se ha revelado como manifiestamente incapaz de resolver ninguno de los problemas o cuestiones en virtud de los cuales se sigue acudiendo al mismo cada vez con mayor frecuencia. Preocupa entonces obervar cómo, frente a la dilusión de las esperables funciones simbólicas del Derecho penal, sistemáticamente incumplidas, los particulares, los empresarios morales y los medios de comunicación, presionan sobre las agencias secundarias de criminalización, en particular las policías y las agencias jurtisdiccionales, en la búsqueda de respuestas que por supuesto tampoco habrán de encontrar en esos ámbitos, concebidos constitucionalmente para el cumplimiento de otros objetivos. Sobre todo, porque en muchos casos esas presiones logran influir sobre la imprescindible independencia que debe regir la toma de decisiones jurisdiccionales en cuestiones de semejante trascendencia. La agencia judicial, la menos democrática entre los poderes del Estado, sigue siendo la más vulnerable frente a esos planteos neopunitivistas, efectuados por grupos de presión que en no pocas oportunidades terminan construyendo la agenda e incidiendo decisivamente en las resoluciones que adoptan esos funcionarios.
El sistema de Administración de Justicia penal es integrado en Argentina, en una proporción todavía importante, de funcionarios y magistrados designados por la dictadura o tributarios ideológicos de la misma, que padecen de un ritualismo y un burocratismo endémico, y cuyo fetiche y vórtice de muchos de sus temores es la preservación de la “carrera” judicial, ante cuyo altar se rinden muchas de las convicciones democráticas que deberían profesar y respetar ordinariamente. Esto ha generado un sistema penal de neto corte prevencionista y retribucionista, que deja de lado la naturaleza constitucional del paradigma resocializador en materia de castigos institucionales. El Derecho penal ha avasallado virtualmente al Derecho procesal penal y sus garantías, lo ha doblegado, y ha evolucionado desde un Derecho penal liberal hacia un Derecho penal de prevención de riesgos, impactando brutalmente en la cultura jurídica y en el sentido común hegemónico de las sociedades postmodernas.
Admitida la hipertrofia del carácter simbólico del Derecho penal y su exagerada confianza en el mismo, que además demuestra cotidianamente su incapacidad para resolver los conflictos interpersonales, las medidas alternativas de resolución, establecidas de manera autónoma a los procedimientos previstos institucionalmente para el ejercicio de la jurisdicción penal, encarnan un cambio cultural plausible a favor del que, debe reconocerse, mucho falta por hacer, sobre todo en materia cultural, respecto de los operadores del sistema, la sociedad y las propias víctimas, fuertemente influidas por un sistema de creencias neopunitivista. Mientras el proceso penal trata de reproducir una pretendida verdad histórica, que incluye extremos tales como la existencia del delito y la participación del imputado en el mismo, la reparación reconoce otro punto de partida, diametralmente distinto, que se vincula al reconocimiento voluntario de la existencia del conflicto por parte de la víctima y el infractor, cosa que, en este último caso, casi nunca se verifica en los juicios criminales.
La cultura punitiva a que hacemos mención se encuentra estimulada por discursos vindicantes que asimilan la idea de “justicia” a la de imposición de duros castigos, en especial de penas de prisión extremadamente prolongadas. Este es un dato objetivo de la realidad contemporánea global, en el que la víctima, luego de recuperado el rol que intuían a priori los reformistas, no solamente no tracciona a favor de medidas alternativas de resolución de los conflictos, sino que puja en aras de una mayor punición. Por supuesto, en los no pocos casos en que obtiene su finalidad, termina advirtiendo la insatisfacción que el castigo supone como medio efectivo de reparación de su pérdida. Pero son muy pocas las advertencias que en este sentido se efectúan desde las agencias oficiales implicadas o desde los demás medios de control social capaces de formar opinión.
La mediación, a diferencia del sistema penal, abjura de las lógicas binarias y tiene como punto de partida el reconocimiento de la existencia del conflicto, por parte de víctima y victimario, en lo que significa el primer tramo de un recorrido lógico que la diferencia de la cultura punitiva. Esta primera mirada ya es, por cierto, superadora de  las categorías inquisitoriales del sistema penal, que se despreocupa olímpicamente de las representaciones e intuiciones de los perpetradores y los ofendidos, y constituye un magnífico estímulo para intentar remitir -precisamente- los denominados “delitos ideológicos” o “espirituales”, que son aquellos que sienten que su conducta está justificada con arreglo a supuestos fines religiosos, políticos, ideológicos o patrióticos, justamente porque uno de los recaudos de la justicia restaurativa radica en considerar especialmente las causas que generaron el conflicto, intentando encontrar los medios más eficaces para satisfacer las necesidades de las partes, lo que constituye otro dato innovador de relevancia a través de la comunicación y el diálogo entre el ofensor y el ofendido, con la intervención de una tercera persona –el mediador- frente a la cual las partes oponen sus diversas realidades, sus biografías y sus identidades frente a frente.
A través de medios eficientes para evitar la doble victimización del ofendido, se intentará que la víctima pueda conocer las causas de la conducta del ofensor y que éste comprenda la magnitud del daño inferido, como paso previo, inexcusable, para incorporar la culpa moral y propender al arrepentimiento y la reparación. Este posible acercamiento ayudaría a la víctima a encontrar respuestas a sus múltiples preguntas e indagaciones sobre pérdidas incomprensibles y a superarlas más prontamente. Deberá trabajarse arduamente con las víctimas, a veces en una dirección contraria de la que lo hacen las agencias que dicen ocuparse de las mismas. Tal vínculo podría permitir que el propio autor recapacitara y aceptara su responsabilidad, frente al seguro derrumbe de sus preconceptos ideológicos, incapaces de tolerar el impacto profundo del dolor infinito y la sinrazón brutal. Con base en tales argumentos se podría evitar una pena de privación de libertad inútil, que no satisface a ninguna de las partes y banaliza la respuesta estatal frente a la sociedad, que termina naturalizando el dolor sin limites de víctimas y victimarios y se monta en una lógica vengativa francamente regresiva. Estas instancias no puntivas permiten que la víctima sea escuchada y reparada y la alejan del fetiche de asimlar la idea de justicia a la de castigo. El infractor podría reintegrarse a una sociedad que lo ha repelido, aunque esa sociedad y su propia conducta lo avergüencen.
La vergüenza reintegrativa es también un instrumento importante a considerar como sucedáneo superador de la cárcel en la medida que pudiera recuperar a las partes, pacificar los espíritus y recomponer la convivencia. Algo que no podemos pedir al Derecho punitivo, porque su propia naturaleza es negadora de esa visión más sensible y compleja de los conflcitos sociales, y no podría adaptarse a modelos no verticales de resolución de problemas. En general, las sociedades occidentales mantienen una concepción jurídica del poder, totalmente insuficiente y restrictiva, basada en la primacía de la regla y la prohibición, cuya matriz remite paradigmáticamente a la filosofía kantiana y su ley moral binaria en términos de deber ser. Por paradójico que resulte, el sistema penal, tal y como aparece hoy configurado, genera irresponsabilización, despersonalización, incapacidad para asumir consecuencias. Todo un impagable servicio a la reincidencia. En efecto, no puede dejarse de lado que, aunque dotado de límites y garantías de todo tipo, el Derecho penal encarna siempre una dosis de violencia e irracionalidad que, por estar en su naturaleza, conspira contra su legitimidad social y política. Más cuando un análisis del sistema penal, en sus consecuencias, revela que las formas de resolución alternativa de conflictos podrían llegar a reconstituir decisivamente la confianza en el sistema de administración de justicia, y por ende, en la convicencia pacífica.
La justicia restaurativa, la mediación y la conciliación tienen la indiscutible virtud de devolver a las partes el conflicto incautado y la responsabilidad de resolverlos, superando el exceso grosero de judicialización de las diferencias que caracteriza el paisaje social contemporáneo. Además permiten satisfacer en clave indudablemente más civilizada las necesidades reales de las víctimas (no las inducidas ni las cultural y discursivamente hegemónicas) y también la de los ofensores: la reparación del daño, las explicaciones, el perdón y los tratamientos y abordajes necesarios para nivelar las asimetrías sociales existentes entre las partes. Para ello, es imprescindible desmontar, mediante un trabajo sostenido y sin plazos, la obsesión social del castigo al culpable, el sentimiento más básico de mera venganza, que ha pasado a cumplir una serie de funciones simbólicas y casi ninguna real, como no sea la estigmatización y el sufrimiento de los sancionados. Es claro que tenemos plena conciencia de que, así planteados, nuestros objetivos despenalizadores bien pueden ser tildados de utópicos, y por ende, entendidos como irrealizables. Pero también nos queda absolutamente claro que el rol de los teóricos en materia penal es justamente entrever las futuras coordenadas del Derecho criminal y tratar de acumular fuerzas en dirección a formas menos violentas de comportamiento social e institucional. Desde el fondo de la historia, nos observan los utópicos que abogaban por la abolición de los castigos corporales,  la venganza de la sangre,  las ordalías, los juicios de dios y  la pena de muerte.
La crisis del fordismo de posguerra puso al descubierto el quiebre de la utopía del "buen capitalismo" a partir de mediados del Siglo XX. Años después, la disolución de la Unión Soviética y la caída del emblemático Muro de Berlín, confirmaron un proceso inédito  de globalización de la economía y concentración de la riqueza (también el advenimiento de una era de exclusión y fragmentación de las sociedades sin precedentes), y profundizaron la crisis de credibilidad de un sistema que se asentaba en la idea fuerza colectiva de formar parte de un "mundo justo". Durante todo ese período histórico, se exacerbó la crítica a los sistemas penales que desde la modernidad habían disciplinado a occidente en torno a los paradigmas de previsibilidad y controlabilidad   respecto de los aparatos ideológicos y represivos del estado burgués, mediante los que se expresaba el modelo clásico de control social  en el capitalismo temprano.

Las formas que ese criticismo postwelfarista asumió en el ámbito de las ciencias sociales, referidas en particular a los sistemas penales, fueron diversas: abolicionismo(s); criminología radical; criminología crítica; minimalismo penal; teoría del etiquetamiento; dogmática crítica; garantismo penal; nuevo realismo de izquierda, entre otras. Todas ellas han venido cuestionando históricamente al sistema penal, por su brutalidad y/o su selectividad. En general, todas  significaron, de una u otra forma, la puesta en crisis de la naturaleza misma de las penas, de las connotaciones autoritarias y asimétricas de los procesos de criminalización y de las formas a partir de las cuales el proceso penal se realiza o, en definitiva, se ejecuta. Todas  insistieron en relevar la influencia que los condicionantes sociales tienen respecto de la actividad delictiva. La diferencia central que entre ellas podría hacerse, radica en las diversas actitudes que asumieron  respecto de la legitimidad de los sistemas punitivos.
Las corrientes liberales, positivistas y funcionalistas, construyeron a manera de común denominador la convalidación necesaria y contractual del sistema penal como herramienta idónea para el mantenimiento y reproducción de una escala de valores percibida como justa "por toda la sociedad", en medio de  la influencia histórica de las ideologías contractualistas. A ellas se opuso un criticismo dogmático que caracterizó al sistema penal como un instrumento formidable de control y dominación en manos de los sectores sociales más poderosos. Empero, la constatación histórica de sociedades contemporáneas, organizadas mediante formas de producción y distribución no capitalistas que conservaron (en algunos casos de manera intacta) sus sistemas penales, obligó a repensar esos conceptos y a indagar si el derecho penal no podía llegar a configurar una creación cultural distinta y distante a las dos ya explicadas y que   -incluso- las trascendiera. Un instrumento de lucha política, por ejemplo; o, en su defecto, un sistema de estabilización de expectativas sociales.
Ante esa mera posibilidad, entonces, sin atender tanto al perfil  eventualmente ilegítimo del derecho penal (en sentido lato) ni a sus violentas manifestaciones o expresiones cotidianas, en virtud de su connotación polemogénea, es preciso centrar el interés y el propio análisis en un aspecto tal vez insuficientemente explorado por la criminología: las particularidades y la intensidad que en cada caso esa tutela  asume, y  con qué objetivos.
Aún aceptando la disputa inacabada respecto de si los bienes jurídicos anteceden a las normas penales o, por el contrario, son lo que estas normas en definitiva expresan, es necesario, desde una perspectiva crítica, inquirir acerca de la escala de valores que el sistema penal expresa.
Si el sistema penal es la autoconstatación del estado, como sostienen algunos autores, tendiente a penalizar las conductas que revelan cierta hostilidad de los delincuentes con relación a los valores  que las sociedades tienden a defender, el dilema central queda planteado en estos términos: ¿resulta verosímil que el estado no exprese ideologías ni defienda estructuras axiológicas  con las que pretenda disciplinar al conjunto, y que el sistema penal responda únicamente a su arbitrariedad y violencia antes que a la vocación de preservar y reproducir determinadas condiciones sociales? ¿O deberíamos reconocer finalmente la “autonomía relativa” de los estados de occidente y, por lo tanto,  resultaría difícil desatender o negar la existencia de determinados bienes jurídicos, cuya protección asimétrica define, precisamente,  a nuestros sistemas penales? En otros términos, deberíamos preguntarnos si este estado de la modernidad tardía, en el marco de su mayor crisis histórica de legitimidad, no pone al descubierto la crisis del modelo contractualista y termina expresando ciertos intereses de determinados sectores sociales. Aceptada que fuera esta posibilidad, la cuestión se desplaza a cuál es la tutela que se brinda a esos bienes y cuál es la racionalidad de ese resguardo normativo.
Ese sesgo  es el que, por una parte, supongo que permitirá pensar el sistema penal desde una perspectiva que exceda la visión estrictamente dogmática. Por otro lado,  posibilitará analizar la racionalidad de la escala de valores dominante, en función de la tutela que el sistema otorga a determinados bienes jurídicos, atendiendo a los objetivos sociales que el propio estado persigue mediante esos instrumentos, en lo que constituye un análisis acaso relegado especialmente a partir del auge de las concepciones post-estructuralistas.
En ese contexto, en lo que atañe específicamente a la criminología, conviene destacar que la disciplina se debate todavía en la incertidumbre de su perfil epistemológico. Históricamente, se ha admitido su connotación inter y/o transdisciplinaria y en consecuencia,  la multiplicidad  de instrumentos  que permiten  abordar la cuestión criminal. En cualquier caso, desde la dogmática moderna, la discusión puntual de los bienes jurídicos es un aspecto que no deja de concitar una renovada y necesaria atención. Por supuesto, el acercamiento a ese objeto gnoseológico desde la criminología, únicamente puede aspirar a constituir una especie de constante profundización  de la labor reflexiva, en una dinámica imperfecta y permanente de tesis, antítesis y síntesis.
        Piénsese en la elocuencia de las comprobaciones emergentes del análisis de la población carcelaria en virtud de los parámetros ya explicados (verbigracia, la cantidad de internos condenados por afectar  el derecho de propiedad privada), en las características de los productos de los procesos de criminalización, en la comparación entre distintos plexos normativos del saber penal, en las peculiaridades del sistema penal de la posmodernidad, etcétera.
Si la estructura social constituye un objeto esencial para comprender las características que asumen los sistemas penales, los bienes protegidos y su forma y alcance de protección,  no debe el análisis centrarse sobre individuos aislados, sino respecto del modo en que ciertas conductas humanas "son seleccionadas según ciertos mecanismos institucionales, dentro de una conformación histórica de poder, en orden a organizar jerárquicamente valores mediante normas"[1].




[1] Elbert: "Criminología latinoamericana", parte primera, Ed. Universidad, 1996, p. 142

Alrededor de trescientas personas se dieron cita ayer, a partir de las 19 horas, en el Aula 7 de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, para escuchar la presentación del docente de la USAL Juan Pablo Mollo, sobre el tema "La construcción del delincuente". Mollo, autor del libro "Psicoanálisis y Criminología", no llegó a Santa Rosa en un momento casual. Para variar, densas retóricas retribucionistas y manoduristas se  exhiben y asumen en estos días como relatos supùestamente mayoritarios y hegemónicos. No obstante, el desarrollo conceptual y un discurso claramente contrapuesto a las formas de construcción cotidiana  de una otredad negativa, concitaron la atención de una cantidad de público que resultaría impensado a priori para un encuentro anunciado con poco más de dos días de antelación, si no se lo pensara como un ágora elegido por un sujeto colectivo ávido de encontrar respuestas racionales, tolerantes y democráticas de cara a las nuevas formas de conflictividad urbana. Una concurrencia heterogénea, profundamente plural y decididamente participativa, constituyó el marco especial para debatir sobre las prácticas y narrativas estigmatizantes que se construyen para legitimar la creación de un (nuevo) enemigo interno. Huelga decir que estamos muy satisfechos de haber contribuido a esta iniciativa colectiva y presentado a Juan Pablo Mollo en su primera exposición en la UNLPam.


Ha ocurrido un crimen. Tremendo, conmocionante, inexplicablemnte cruel, por cierto. Dos adultos mayores han sido horriblemente asesinados. De inmediato, la policía, las fiscalías, los jueces, los peritos y las restantes agencias del sistema penal, se avocan, con apuro, con indisimulable ansiedad, y con un comprensible nerviosismo, a intentar un rápido “esclarecimiento” del hecho, que -como de ordinario en estos casos- rápidamente se incorpora a las prácticas dialógicas cotidianas. Se trata, la nuestra, de una comunidad pequeña. Las intuiciones, las percepciones y las solidaridades se establecen rápidamente, casi siempre de manera más o menos concordante. Las narrativas ocasionales, remiten, necesariamente, al hecho sangriento, el novedoso ordenador circunstancial de las vidas cotidianas. 


Con la misma fugacidad, reaparecen las marchas ciudadanas, las retóricas vindicativas, las proclamas más atávicas y las peores consignas. En los diarios, en las versiones digitales de los medios de comunicación, en los posteos publicados indiscriminadamente, en las editoriales de las emisoras radiales. Son nuestros medios de control social informales, los aparatos ideológicos del Estado, funcionando a pleno de cara a la catástrofe urbana. Los destinatarios son, como siempre, los autores supuestos del hecho. Que, como de ordinario acontece, serían “menores” provenientes de barrios empobrecidos, que han elegido construir sus subjetividades desafiando los códigos morales dominantes. Algo así, como una especie de subculturas “desviadas”, que expresarían tantas cosas con el delito, que no es ahora, para variar, el momento de analizar. Es el momento de restituir el orden perdido. De imponer, para ello, penas. Si es posible, las más duras. Las que se demandan aún a sabiendas de que violentan la constitución, los pactos y tratados internacionales y las leyes internas. Las que le han valido una reciente sanción a la Argentina por parte de la Corte Interamericana de DDHH. El reclamo es de “Justicia”, pero implica algo más. Tiende a inocuizar una otredad negativa, compuesta por agresores juveniles que, se suponen, son el nuevo enemigo con el que la sociedad de las almas buenas y puras debe ajustar cuentas. La demanda es de una sociedad, que, por supuesto, hace como que no tiene ninguna responsabilidad en la aparición de un sujeto colectivo capaz de ser visto como un enemigo al que, por supuesto, no se le debe permitir el acceso al derecho y la justicia. Una actualización de aquella máxima binaria de que, al enemigo, ni justicia.
Uno podría suponer, buenamente, que estos exabruptos no podrían o no deberían incidir en la investigación o en las decisiones de los operadores. Pero la vulnerabilidad de éstos es tal, que aquel arsenal draconiano, premoderno, violento, manifiestamente ilegítimo, los condiciona. Tanto, como para desplazar el punto de equilibrio en la toma de resoluciones. En ellas, ya no gravitan tanto la voluntad de los funcionarios, ni -mucho menos- el parecer de los expertos. Se prefiere habilitar, como punto de concordia, un “sentido común” punitivista, para evitar que los efectores estatales sigan siendo maltratados. Por los marchantes, los medios, los posteos, y las lógicas del ciudadano, también en este caso,  "común". Y para que éstos concedan la absolución a los que juzgan. Que, paradójicamente, deberían ser los que pusieran límites a los excesos del poder punitivo.
Es necesario, entonces, segur hablando del castigo.Más precisamente, de las penas.
Si se aceptara definir a la penología como el "estudio sistemático del castigo y, en especial, de las penas impuestas a los criminales"[1], esa definición importaría solamente un intento de aproximación genérico y acaso vago, al objeto de conocimiento que nos ocupa en este caso. Con ese concepto de la penología, las penas serían neutras e importarían solamente una respuesta ocasional (estatal) frente al delito y los “delincuentes”, categorías éstas socialmente desvaloradas y circunscriptas a la delincuencia convencional. En otros términos, expresarían la afiliación de la criminología "aplicada" al paradigma del "tratamiento" (en prisión).  Por supuesto, la definición en estos casos no aborda cuestiones esenciales vinculadas a  "por qué", "cuándo" y  “para qué" aplicar la pena de prisión.
En el contesto que propongo, se hace necesaria una visión alternativa  de las penas; que permita entenderlas, además, como  respuestas diseñadas por un estado con autonomía relativa, que apela a aparatos ideológicos y represivos (como el encierro en cualquiera de sus formas) para disciplinar al conjunto social y reproducir las condiciones del satu quo, valiéndose de la supuesta necesidad de preservar la "seguridad" ciudadana jaqueada por el delito. En rigor, se termina promoviendo la seguridad cotidiana de la vida burguesa que el delincuente convencional viene a conmover[2].
En este abordaje,  se plantea otro enfoque posible respecto del sentido del secuestro institucional y también de la temática irresuelta e insuficientemente explorada de la justificación ética del castigo, aspectos que Ribera Beiras dividiera en los siguientes principios: a) legitimación, y b) funciones de las penas[3].
Este autor, remitiendo a Ferrajoli, narra justamente lo que la literatura correccionalista define como modelo disciplinar articulado en el que interactúan las dos vertientes (positiva y negativa) de la prevención especial y que parece de absoluta aplicación respecto de la cuestión de los menores infractores. Dice textualmente, entonces, en estricta relación con lo que hasta aquí se expresa sobre el particular: "Por diferentes que sean sus matrices ideológicas (n. del autor: de las diversas doctrinas de la prevención especial), todas estas orientaciones miran no tanto al delito como a los reos, no a los hechos sino a sus autores, distinguidos por características personales antes que por su actuar delictivo. En esa perspectiva, el derecho penal no se usa sólo para prevenir los delitos: se utiliza también para transformar personalidades definidas como desviadas de acuerdo con proyectos autoritarios de homologación o, alternativamente, de neutralizarlas mediante técnicas de amputación y saneamiento social[4].
Estas doctrinas parten de la idea de que el infractor tiene un componente patológico (sea moral, natural o social) y que la pena ha de transformarse en una terapia política de la curación o la amputación. La pena, entonces, se convierte en tratamiento diferenciado que tiende a la transformación o neutralización de la personalidad del condenado, ya sea con la ayuda del sacerdote, ya sea con la del psiquiatra. "Y consiguientemente se resuelve, en la medida que el tratamiento no es compartido por el condenado, en una aflicción añadida a su reclusión y, más exactamente, en una lesión a su libertad moral o interior que se suma a la lesión de su libertad física o exterior, que es propia de la pena privativa de libertad"[5]. Como se ve, es la primera vez que se menciona aquí a este tipo de penas, las cuales entran directamente en el catálogo de prevenciones especiales positivas: reeducación, readapatación, resocialización, reinserción (las llamadas "ideologías RE")[6].
          En el caso de los "menores en conflicto con la ley penal”, el tratamiento, a la inversa, se convierte en pena, pero su ontología y justificación no difieren mayormente, y su justificación debe encontrarse en las funciones purgatorias, consuntivas, distractoras y simbólicas del encierro institucional[7]





[1] Conf. Garrido Genovés- Gómez Piñana: "Diccionario de Criminología", Tirant lo blanch, Valencia 1998.
[2] Taylor, Ian; Walton, Paul y Young, Jock:,” La nueva criminología”, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1997, p. 228
[3] Conf.: "La carcel en el sistema penal (un análisis estructural); M.J. Bosch, Barcelona, 1995.
[4] Ferrajoli, op. cit.: 265.
[5] Ferrajoli, op. cit.: 271.
[6] Ribera Beiras, Iñaki: "La cárcel en el sistema penal", M.J. Bosch, Barcelona, 1995, p. 24 y 25.
[7] conf. Mathiesen, Thomas:“Juicio a la prisión”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 224.

Por Dalmiro Arosteguichar; Daiana Belén Vázquez y Álvaro Ruggiero (*)

TITULO V: LA CARCEL: ¿MEDIO RESOCIALIZADOR O DE
CASTIGO?
Siguiendo a Baratta, podemos decir la cárcel funciona (para algunas ideologías) para retribuir a los infractores y para aislarlos de la sociedad a la que agredieron y no para hacer efectivos los paradigmas de resocialización, a los que debe aspirar el derecho penal y realizar todo lo necesario para alcanzar este fin.
En términos de este autor “La reintegración social del condenado no puede perseguirse a través de la pena carcelaria, sino que debe perseguirse a pesar de ella, o sea, buscando hacer menos negativas las condiciones que la vida en la cárcel comporta en relación con esta finalidad”.
En aras de este objetivo, se debe tender, según Baratta, al principio político de la apertura de la cárcel hacia la sociedad y, recíprocamente, de la apertura de la sociedad hacia la cárcel.
Es necesario en consecuencia que la cultura de los operadores de los servicios penitenciarios cambie y que se redefina la concepción social sobre el problema de la cárcel para que ésta no resulte ser un medio de castigo para los que allí están o se encuentran sino, muy por el contrario un medio en el cual los presos adquieran los elementos necesarios para volver a vivir en el seno de la sociedad en armonía con sus principios.



PARTE II: ESTADÍSTICAS.

TITULO I: ESTUDIO DE LAS TASAS DE ENCARCELAMIENTO.
Haciendo un análisis a nivel regional, observamos que Brasil pasó de 114.377 presos en al año 1992 a 469.807 a mediados de 2009 (TE de 243), cuadruplicando la población encarcelada en sólo 17 años, con superpoblación en cárceles de hombres de un 55 % y de mujeres en un 74 %, y con un alarmante porcentaje de presos entre los 18 y los 24 años: 50,8 %, lo que traduce una fuerte política represiva hacia la juventud pobre favelizada (en Argentina este sector representa un 26 % de la población carcelaria). Finalmente, la Argentina presenta una TE de alrededor a los 152,5 pasando de los 21.016 presos en el año 1992 a 60.611 en el 2008 (incluye presos en comisarías y dependencias de Prefectura y Gendarmería).
Si desagregamos la población carcelaria de nuestro país encontramos que la mayor cantidad de personas presas se encuentra en el Sistema Penitenciario bonaerense con unos 24.139 presos en el año 2008 (TE alrededor de 166), luego le sigue el Servicio Penitenciario Federal con unos 9149 prisionizados y continúa el Servicio Penitenciario cordobés con 5128 personas detenidas (TE de alrededor de 173). Sin embargo la TE más alta la presenta la provincia de Neuquén con alrededor de 200 cada 100 mil habitantes. Otro de los datos preocupantes lo representa el notoriamente elevado porcentaje de procesados que se encuentran detenidos en cárceles y comisarías, lo que puede interpretarse como un signo más de las políticas punitivas de las últimas décadas. En este sentido la provincia de Buenos Aires superó el 80 % de los detenidos en prisión en carácter de procesados, lo que la ubica en el nivel más alto de América Latina.
A continuación, mostramos las estadísticas sobre este tema del SPF correspondientes al mes de abril de 2012: En lo que respecta a edades, las cárceles de la Provincia de Buenos Aires tuvieron un descenso en el promedio de la edad de los reclusos de 31 a 21 años entre 1984 y 1994 y estudios recientes lo ubican en los 19 años. Pasando revista ahora a los índices de actividad delictiva en Argentina, La Provincia de La Pampa lidera (ba) los indicadores oficiales de decrecimiento de la actividad delictiva (-7,2% durante el 2001 en comparación con el 2002); posee uno de los guarismos más bajos del país respecto de delitos graves y además su sistema judicial es el que más alto porcentaje exhibe en la relación entre delitos denunciados y sentencias condenatorias). No obstante estas evidencias, paradójicamente, el único establecimiento de internación de menores, construido hace menos de una década (supuestamente para afirmar en toda su dimensión las ideologías “re”, tal como se lo concibió y enunció) con una capacidad para 16 internos, tiene a la fecha más de treinta. Y el dato cualitativo que surge al desagregar los delitos por los cuales han sido internados termina poniendo la descubierto la
lógica de la selectividad del sistema: en el mes de setiembre de 2001 había un solo residente internado por homicidio, dos por tentativa de homicidio, una violación y el resto eran menores acusados de perpetrar delitos contra la propiedad. Había niños de tan sólo 13 años de edad y diez de ellos vivían en
la calle antes de ser institucionalizados.
La Unidad 30 del Servicio Penitenciario Federal (sita también en la ciudad de Santa Rosa, Capital de la Pcia. de La Pampa), destinada a albergar menores de 18 a 21 años, con las excepciones de los artículos 197 y 198 de la Ley 24660 (que permite discrecionalmente que los internos “informados favorablemente” por la administración residan allí hasta los 25 años), poseía al 31 de octubre del 2001, 18 jóvenes alojados. De entre ellos, seis estaban condenados, en todos los casos por delitos contra la propiedad. Otros diez estaban procesados, también por delitos contra la propiedad. Otros dos, finalmente, estaban internados “a disposición” (esto es, ni condenados ni procesados) de los juzgados de menores, uno por delitos contra la propiedad y uno sólo por homicidio. El 90% provenía de familias de constitución irregular y un porcentaje análogo tenía estudios primarios incompletos (Estos datos no son actuales, ya que corresponden a un trabajo publicado en el año 2005).
Continuando con el análisis de estadísticas sobre criminalidad en esta provincia, Según los primeros datos recogidos por el Ministerio Público de la Defensa, la tasa de encarcelamiento en la Provincia de La Pampa se incrementó en un año en un 12,18 % y pasó de 110,67 presos a 124, 15 cada 100.000 personas. Esto implica una evolución de 353 personas privadas de libertad al 19 de diciembre de 2011, contra 396 al día de la fecha (2012). Según el doctor Eduardo Luis Aguirre, de mantenerse esta proyección, en cuatro años el aumento de detenidos sería de 58,36%.
Por otra parte, La cantidad de reclusos alojados fuera de nuestra Provincia ha aumentado también en forma considerable: De un total de 232 internos con condena dictada por tribunales de la justicia provincial, 169 se encuentran alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. De ellos, 97 se encontrarían en la Unidad 4 con asiento en la ciudad de Santa Rosa, y 69 han sido destinados a establecimientos carcelarios nacionales situados fuera de la Provincia. En materia de niños y niñas en conflicto con la ley penal, se ha verificado un aumento similar. En 2011 había 9 chicos en el IPESA, y al finalizar 2012 había 14.
Profundizando en el tema, podemos decir que, según el último censo nacional, la Provincia de la Pampa posee 318.951 habitantes, el indicador de prisionización era de 110,67 presos cada cien mil habitantes, sensiblemente menor al promedio argentino.
En la Primera Circunscripción Judicial había 199 personas privadas de libertad, 23 de las cuales se encontraban alojadas en establecimientos provinciales ubicados en otras provincias.
En la Segunda Circunscripción había 67 detenidos y 18 en la III Circunscripción. Si a ello sumamos que la Justicia Federal (integrada por el Juzgado Federal de Santa Rosa y el TOF) tenía 61 personas privadas de libertad (9 de las cuales se encontraban en prisión domiciliaria), la tasa de encarcelamiento
había descendido notablemente respecto de los estándares de años anteriores, donde se alcanzaban indicadores de hasta 166 presos cada 100.000 habitantes.

CONCLUSIÓN
Luego de haber analizado detenidamente la situación actual del sistema carcelario argentino, según las fuentes consultadas y en comparación con el precepto constitucional del Articulo 18 y su reglamentación en el articulo 1° de la ley 24660, llegamos a la conclusión de que los mismos no son
respetados ya que las cárceles no funcionan en obediencia al fin resocializador que persigue la mismísima Carta Magna toda vez que los detenidos en ellas sufren tratos inhumanos y viven en condiciones degradantes tanto para su salud física como psíquica.
Nosotros creemos que si a partir de ahora el sistema carcelario comenzara a cumplir con su cometido (resocializar) prestando un servicio que haga dignas las condiciones de vida de los reclusos como así también preparándolos para su futura reinserción en la sociedad, el tiempo hará ver los frutos de un correcto respeto al orden constitucional y a la dignidad humana, lo cual se vería reflejado en la disminución de la tasas de encarcelamiento teniendo en cuenta que gran parte de los presos son reincidentes, con lo que la prisión dejaría de ser una escuela del delito para pasar a convertirse en una institución de resocialización.

* Alumnos de la Carrera de Abogacía de la UNLPam.


Por Dalmiro Arosteguichar; Daiana Belén Vázquez y Álvaro Ruggiero (*)

PARTE I: SISTEMA CARCELARIO ARGENTINO. TITULO I: HISTORIA DE LA PRISIÓN
La revolución industrial en el siglo XVI, en Inglaterra, efectuó un cambio rotundo  en  la  forma  de  vida  de  la  sociedad.  La  aspiración  capitalista convirtió al tiempo en un valor monetario. En función de esto, se realizó una nueva organización de la producción con miras a obtener mayor cantidad de productos  en  menos  tiempo.  En  este  contexto  surge  la  prisión,  con  la función de retirar del espacio social al conjunto de personas que no se incorporaran al sistema de producción como trabajadores y establecerlos en un sitio destinado a la producción de mercancías mediante un régimen temporal ultra regulado. Luego, con el surgimiento de la fábrica, la prisión pierde su papel de unidad de producción de mercancías manteniendo sus otras funciones (aislamiento de la sociedad, etc.).
Ya con la sociedad “postmoderna”, la cárcel ha seguido vigente aunque sin adaptarse  a  los  cambios  que  aquella  impone,  convirtiéndose,  por  el contrario, en centros de máxima seguridad cuyo regimenes de aislamiento se presentan como un espacio físico limitado y con la finalidad de un disciplinamiento subsumido al objetivo de “neutralizar” la peligrosidad de la población de internos, respetando únicamente la vida biológica del preso.




            TÍTULO II: PRINCIPIO RECTOR: FIN RESOCIALIZADOR (Art. 1, Ley 24.660)
Reglamentando la parte aquí pertinente del articulo 18 de nuestra constitución nacional, el articulo 1° de la ley 24.660 reza lo siguiente: “la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por   finalidad   lograr   que   el   condenado   adquiera   la   capacidad   de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad.
El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todo los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.”.
Este artículo sienta el principio rector para el servicio penitenciario y a la luz de la realidad veremos si en la práctica es respetado.


              TITULO III: SITUACIÓN  ACTUAL DE LA POBLACIÓN CARCELARIA ARGENTINA.
Para comenzar con el desarrollo del presente punto, hemos de analizar la situación actual por la que pasan los menores  que tienen relación con la lay penal.
En tanto que para ser condenado un adulto debe necesariamente pasar por un proceso penal (que puede o no esperar en libertad) que finaliza con una sentencia firme dictada por un tribunal de sentencia, la Ley 22.278/22803 permite que los jueces “dispongan” arbitrariamente de menores que se encuentran  presuntamente  en  situación  de  “peligro  o  riesgo  material  o moral” incluso sin que se acredite de manera cierta su participación en un hecho delictivo y sin que se sustancie aún proceso penal alguno.
La ilegitimidad de estas privaciones de la libertad salta a la luz de los pactos y tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico al expresarse en tratos groseramente humillantes y degradantes de los menores en cuestión. Más aun todavía, cuando se ve que en esos periodos indefinidos de encierro, los menores se ven discriminados al no gozar con los beneficios de  los que participan  loa adultos  en el mismo  sistema  penal como  por ejemplo modalidades de prisión diurna, nocturna, de fin de semana, regimenes progresivos, entre otros.
Ya en vistas a la población carcelaria en general (entiéndase sin distinciones etarias), también saltan a la vista otras formas de desprecio a los derechos humanos de los presos. Entre ellas se constata la existencia de personas privadas de su libertad que son trasladadas arbitraria y unilateralmente por las autoridades del Servicio Penitenciario Nacional a cárceles que distan cientos de kilómetros de Sus respectivos hogares, lesionando su derecho a recibir visitas.   Por ejemplo, en el ámbito federal, presos que viven en la ciudad autónoma de Bs. As. o en el conurbano bonaerense son trasladados a cárceles ubicadas en Neuquén, Río Gallegos (Santa Cruz), Resistencia (Chaco) y Rawson ( Chubut).
Otras violaciones a los derechos humanos se encuentran en el hecho de que en las plazas para participar de tratamientos para personas con adicciones son escasas a tal punto que quienes las solicitan deben esperar años; en el modulo de jóvenes adultos de Marcos Paz son corrientes las humillaciones, golpes, abuso y amenazas; a su vez que se trata, mediante esto, a los familiares  de los  detenidos  en  forma  degradante  a  tal punto  que  deben padecer volverse de la cárcel sin haber podido entrar, “porque le faltaba un documento que e otra unidad no se les exigía o porque llevaban ropa de un color no admitido”, o habiendo entrado pero debiendo sufrir requisas tan humillantes como pasar por rayos x o en caso de no querer someterse a ellos, bajarse la bombacha y hacer flexiones. Además deben sufrir estas personas “la peor de las torturas: saber que sus seres queridos tienen frío, son golpeados, corren riesgos”, llaman llorando diciendo “me voy a suicidar”.


                 TITULO IV: EL IMPACTO DE LA CÁRCEL SOBRE LOS SERES HUMANOS.
Para demostrar el deterioro que ocasiona la prisión, a continuación detallaremos  3  investigaciones  realizadas  en  distintas  partes  del  mundo sobre esta cuestión.
El primer estudio sobre el que abordaremos fue realizado por el doctor Eduardo   Luis   Aguirre   y   se   titula   “Investigaciones   y   evaluaciones cualitativas sobre el impacto de la prisión en las personas privadas de libertad”. En el mismo el autor narra su experiencia personal vivida con reclusos de la unidad 26 de olmos que fueran estudiantes de la carrera de abogacía. Él se encontraba con ellos los días miércoles, de 15 a 17hs, siendo el número de asistentes variable (oscilando entre 4 y 20 asistentes) y heterogéneo (algunos internos tienen muy pocas materias aprobadas y otros están en un grado muy avanzado de la carrera). En los encuentros se desarrollaban temas relacionados a la cuestión criminal y sobre todo desde la   perspectiva   procesal,   como   medios   alternativos   de   resolución   de conflicto, plazo razonable, discursos punitivos hegemónicos, prisión preventiva, sistema penal juvenil, lógica de los operadores del sistema, entre otros.
Entre las impresiones que el Profesor recolectó de sus estudiantes, le llamó particularmente la atención la de un estudiante de Derecho avanzado (4° año) de más de 30 años de edad, quien le dijo: “ Doctor, pero allá afuera nos quieren  prender  fuego  a  todos…”,  consiguiendo  el  asentimiento  de  los demás compañeros. Por otra parte, el investigador alude a la sensación que los presos tienen de ser discriminados por los profesores de la Facultad y también de parte de otros alumnos:  “algunos profesores nos exigen más que a los “estudiantes” porque somos presos, y otros menos porque piensan que nunca vamos a poder ejercer como abogados”.
Al finalizar uno de los encuentros – el primero- los presos le manifestaron al profesor “que este tipo de intercambios les hacia muy bien”, “que habían quedado muy contentos con esa primera experiencia”. Otras de las alusiones a que refiere, es la de un interno que le confeso que “hace 5 años que no recibo visitas. Mi esposa me dejo en el 2000 y desde al 98 que no veo a mis hijas”. “la soledad te hace duro, pero te enseña cosas”. Dice, a su vez, que otro se quejaba porque n el penal en el que había estado alojado hasta hace poco tiempo, “debía trabajar al lado de las bombas, en un lugar cerrado y con un ruido tremendo”; que así no podía concentrarse.
Por último, el Doctor Aguirre nos hace notar que los presos son personas que tienen esperanza de salir de allí y de trabajar por un mundo mejor, cuando el refiere el haberles contado sobre su experiencia como profesional del derecho, sobre su cansancio tras 28 años de tarea intensa y continua, y sobre su falta de energía para continuar ejerciendo su labor en el fuero, y que  ellos  le  decían:  “Doctor,  no  se  preocupe,  cuando  nosotros  nos recibamos, nos ponemos a “laburar” con Ud. y le ayudamos…”. La   segunda   investigación   que   abordaremos   fue   realizada   por   Piotr Kropotkin y se titula “Las cárceles y su influencia moral sobre los presos”. Ésta fue expuesta por este autor en el discurso que el pronunció en París el 20 de diciembre de 1877.

El autor parte de la premisa de que “la distribución de justicia fue siempre el principal instrumento para crear derechos y privilegios, pues se basaba en sólidos fundamentos de derechos constituidos; el problema de lo que ha de hacerse con los que cometen actos antisociales contiene en consecuencia en sí el gran problema del gobierno y del Estado”; en base a lo cual se pregunta si la condena a muerte o a la cárcel son justas, en función de lo cual plantea el interrogante sobre si logran o no el fin doble que se pone como objetivo, entendiéndose por tal el de impedir la repetición del acto antisocial y ( en lo que atina a las cárceles) el de reformar al infractor. El estima que “de la solución que se les de depende no sólo la felicidad de miles de presos, no sólo el destino de mujeres y niños asolados por la miseria, cuyos padres y maridos no pueden ayudarles desde detrás de sus rejas, sino también la felicidad de la especie humana”.
Seguidamente, Kropotkin explica que ha tenido la oportunidad de conocer varias cárceles en Rusia, dos en Francia, y que diversas motivos de su vida lo han llevado a estudiar las cuestiones penales, en base a lo cual pretende relatar sus observaciones e ideas que fueron resultado de todo ello. A continuación expone sus conclusiones. La primera, basada en estadísticas, es que, para el, la cárcel es una escuela de delito: “cuando un hombre a estado en la cárcel una vez, vuelve”. Y más aún, el profundiza en la cuestión al decir que el hombre que ingresa a la cárcel por un delito leve vuelve a ingresar a ella por un delito más grave que el que cometió la primera vez.
Por otra parte, Kropotkin cree que las cárceles son inútiles pues, sean cuales fueren los cambios introducidos en el régimen carcelario, el problema de la reincidencia no disminuye. En una visión quizás fatalista expresa: “Esto es inevitable; así ha de ser; la prisión mata todas las cualidades que hacen al hombre adaptarse mejor a la vida comunitaria. Crea el tipo de individuo que inevitablemente volverá a la cárcel para acabar sus días en una de esas tumbas de piedra que tienen grabado: «Casa de detención y corrección»”. Afirma que la privación de libertad a un hombre no conseguirá que mejore; más todavía, se cultivarán delincuentes habituales.
La tercera conclusión a la que arriba es que en la cárcel se encuentran los delincuentes menores, y que los mayores gozan de libertad e impunidad en el seno de la sociedad. «Aquí están los de las pequeñas estafas, los de las grandes  andan  libres  y  gozan  del  público  respeto».  ¿Qué  responder, sabiendo que existen grandes empresas financieras expresamente dedicadas a arrebatar  los últimos  céntimos  de los  ahorros de  los pobres,  y cuyos fundadores se retiran a tiempo con botines legales hechos a costa de esos pequeños ahorros? Todos conocemos esas grandes empresas que emiten acciones, sus circulares falsas, sus inmensas estafas.
Refiriéndose al trabajo en la cárcel, concluye que los presos lo consideran como un castigo, pues se hacen a la fuerza, no ejercita las facultades mentales del trabajador y esta muy mal pagado.
Es por demás interesante apreciar las palabras de Kropotkin en referencia a las consecuencias que el cese de los contactos sociales provocan en las personas reclusas, en virtud de lo cual, y en razón de su elocuencia, trascribiremos la parte del discurso a que referimos: “¿Y qué inspiración puede lograr un preso para trabajar por el bien común, privado como está de toda conexión con la vida exterior?”(…) “En la vida sombría del preso, sin pasión ni emoción,  se atrofian  en seguida los buenos sentimientos. Los trabajadores especializados que amaban su oficio pierden el gusto por el trabajo. La energía corporal se esfuma lentamente.
La mente no tiene ya energía para fijar la atención; el pensamiento es menos ágil, y, en cualquier caso, menos persistente.
Pierde profundidad. Yo creo que la disminución de la energía nerviosa en las cárceles se debe, sobre todo, a la falta de impresiones variadas.
En la vida ordinaria hay miles de sonidos y colores que asaltan diariamente los sentidos, un millar de pequeños hechos llegan a nuestra conciencia y estimulan la actividad del cerebro. Esto no sucede con los sentidos de los presos. Sus impresiones son escasas y siempre las mismas”. 
A su vez, en otro lugar, trata del efecto de las ropas de la cárcel y de la disciplina, expresando en el mismo su inquietud en el que el preso no recibe el simple respeto debido a todo ser humano pues los hombres empiezan por entregar una vestimenta de lunático a quien afirman querer reformar, a la par de que se lo considera como una cosa, un número, y como a cosa numerada se le trata. Se le culpa de falta de disciplina si se comunica con un camarada, si no le gusta la comida, si verse registrado le resulta humillante, si gusta disgusto porque el guardián trafica con tabaco, si divide su pan con el vecino, si se enfada por un insulto: la mas leve infracción de disciplina significará  el más  grave castigo.  “Por la persecución  le  empujarán  a la locura”, se lamenta Kropotkin.
Ya finalizando el análisis al presente discurso, no podemos dejar de lado los resultados del estudio que este señor realiza sobre las personas de los carceleros. El autor es de la convicción de que estos hombres deben ser buenos,  pero que  sin  embargo,  obligado  a  vivir  en  terreno  enemigo,  el guardián no puede convertirse en un modelo de bondad. A la alianza de los presos se opone la de los carceleros.
En consecuencia, si consideramos las distintas influencias de la cárcel sobre el preso nos convenceremos de que hacen al hombre cada vez menos apto para vivir en sociedad. Por otra parte, ninguna de estas influencias eleva las facultades intelectuales y morales del preso, ni le lleva a una concepción mas elevada de la vida. La cárcel no mejora al preso. Y además, ya hemos visto que no le impide cometer otros delitos. No logra, pues, ninguno de los fines que se propone. La tercera investigación que analizaremos consiste en un estudio real que fue   volcado   en   la   película   “El   experimento”,   dirigida   por   Oliver Hirschbiegel en el año 2000. A tales efectos, tendremos como columna vertebral del desarrollo el trabajo sobre ésta efectuado por Francisco Maria Bompadre en su articulo “Pasión por encerrar”.
En dicha ficción, se buscan voluntarios para participar durante 14 días en un experimento acerca de una prisión simulada; la oferta se publicita en un diario de circulación masiva, y se ofrece a cambio de la participación una considerable suma de dinero. El experimento se centra sobre la conducta en la cárcel, destacándose el análisis en la obediencia/desobediencia a la autoridad.
El profesor Thon -director del experimento- les indica a los participantes que algunos de ellos deberán renunciar a sus derechos civiles durante dos semanas, lo que no deben subestimar. Seguidamente, les pregunta si alguno desea abandonar el experimento, obteniendo por resultado que nadie lo hará. Explica a los participantes que la regla principal del proyecto será la seguridad de los voluntarios y la prescindencia de violencia, bajo sanción de ser expulsado del mismo. A continuación, selecciona a quienes harán el rol de   guardiacárceles,   les   entrega   los   uniformes   y   los   elemnecesitarán para desempeñar sus tareas (esposas, silbatos, bastones); luego de lo cual les indica que a partir de ese momento su trabajo consiste en mantener la paz y el orden y que se acaten las reglas. También les dice que su primera asignatura es explicarles la situación a los prisioneros. Pasan a los  bañarlos  en  las  duchas  con  mangueras  y  les  dan  un  camisón  para ponerse, que  lleva  un número  que  los identifica,  un par de ojotas para calzarse y no tienen ropa interior para usar. Luego, van todos hacia las celdas para asignarlos. Son llevados por los guardiacárceles y durante el recorrido, en un clima de entusiasmo y relajación, un guardia llama la atención de un preso por el número que lleva en su bata. Esto provoca que todos los internos miren qué número le tocó a cada uno de ellos. Hacen fila y entran por un pasillo hacia las celdas. Los guardias les piden a los prisioneros que se formen detrás de la línea blanca trazada en el suelo del pasillo de las celdas. Uno de los guardias les lee las reglas a los prisioneros: la primera regla establece que se los identificará y se identificarán entre sí sólo por el número que llevan. La segunda establece que a los guardias se los llamará “Sr. Guardia de Prisión”. La tercera regla expresa que cuando se apaguen  las  luces  los  prisioneros  no  deben  hablar  entre  sí  (hasta  ese momento aún persiste un clima de camaradería, ejemplificado en el caso que uno de los prisioneros al escuchar esta regla contesta “entonces cantaremos”). La cuarta, establece que los alimentos se deberán consumir por completo (uno de los prisioneros retruca entonces “léanos el menú”, y todos   los   demás   aplauden).   La   quinta   regla   obliga   a   obedecer inmediatamente cada orden de los guardiacárceles. La sexta, sanciona la desobediencia de una orden con un castigo que no se especifica; y ante la consulta de un interno sobre el tipo de sanción un guardia expresa que son flexibles. Finalizado esto, los internos son ubicados de a tres por celda. El lugar cuneta con cámaras filmadoras para que se pueda ver lo que está sucediendo.  El  líder  que  asume  el  rol  de  tal  desde  el  principio  es  un ejecutivo, que según sus propias palabras en la entrevistas personal con los responsables del experimento expresa que “varias personas trabajan para mí”. Ninguno de los voluntarios tuvo algún tipo de experiencia en prisión alguna, por lo que no se puede atribuir sus conductas a esas experiencias previas que en este caso están ausentes.
En el primer día del experimento ya comenzaron los problemas cuando uno de los guardias se mezcla entre los presos para jugar al básquet, lo que deriva en una burla que un preso (el 77) le hace a uno de los guardias: “uno a cero a favor nuestro”, acto en el cual se ubica en el rol de líder de los internos. Durante la noche un guardia cárcel (Eckert) hace salir al 77 de su celda y lo hace hacer lagartijas ordenándole que mientras lo hace le bese los pies, lo que le consigue la felicitación de los demás guardiacárceles.
En el segundo día, a raíz de lo ocurrido la noche anterior continuaron los problemas. Entonces los guardiacárceles pretenden restablecer el orden humillando a los internos: al interno 77 lo hacen desvestir, lo esposan y lo sacan fuera de la celda dejándolo esposado junto a las rejas que están frente de la celdas como forma de advertencia a los demás internos; medida que fue reprobada por el director del proyecto con la recomendación de poner en práctica otro tipo de medidas de ahí en adelante.
En el tercer día algunos guardias le solicitan a los presos que no se repita lo de la noche anterior y toman a 77 lo atan, lo rapan y le orinan encima. Durante el trascurso del cuarto día no se desarrollan hechos de violencia física, pero sí hay internos que se quiebran emocionalmente y debates entre los participantes del proyecto y los directores sobre la expulsión del mismo de ciertas personas.
El quinto día fue terrible, se cometieron hechos Aberrantes, en otro intento de atropello de los guardiacárceles sobre los internos y también respecto de la asistente del profesor Thon (a quien intentaron violar), lo que arrojo como consecuencia la muerte de un interno y un guardia cárcel, y otras personas heridas.
A consecuencia de esto el experimento fue interrumpido.


Pareciera ser entonces que personas normales que no demuestran patología alguna, insertos en un determinado dispositivo de poder (la cárcel) terminan realizando ciertas acciones que en términos abstractos negarían ser capaces de realizar.
* Alumnos de la Carrera de Abogacía de la UNLPam.