Por Eduardo Luis Aguirre


Fue un verdadero honor participar del excelente I Congreso Internacional de Victimología en Homenaje al querido Profesor Juan Carlos Domínguez Lostaló como miembro del Comité Científico del mismo y como disertante en el Simposio por Invitación “Genocidio y Derechos Humanos: intervención de instancias internacionales en regiones de conflicto”, compartiendo palestra junto a  Ticciana Palumbo. Lic. en Psicología. de la Corte Penal Internacional de La Haya, Países Bajos,· Unidad de Víctimas y Testigos (VWU - Victims and Witness Unit);  Alejandra Slutzky. Consultora en ámbito de Derechos Humanos en regiones de post· conflicto y justicia transicional. Diputada por el Partido Socialista de Holanda(2001-2003).

Un merecido y memorioso reconocimiento a este emblemático docente y amigo, quien allá lejos y hace tiempo me invitara a intervenir en algunas de sus multitudinarias clases en la Facultad de Psicología de la UNLP. Un homenaje a Juan Carlos, en semejante encuentro, se asemeja en lo que el sistema cosmogónico de los antiguos pueblos originarios podría ser asumido como un hecho ordenador de la vida cotidiana, una restauración del equilibrio comunitario, que es bueno, muy bueno, que se propicie desde la propia Academia.
Más info de este extraordinario encuentro en http://www.psico.unlp.edu.ar/victimologia

 

 
Por César Manzanos Bilbao (*)
 
La exponencial aceleración de los acontecimientos en la era de la hipervelocidad hace que no nos dé tiempo a pensar lo vertiginosamente que cambian las cosas en un único sentido: homogeneización, generalización del control y del malestar social, aislamiento del individuo en su cárcel interior y, sobre todo, merma de la capacidad de resistencia para así conseguir convertirnos sin que lo apreciemos en sujetos enfermos, sujetados, pasivos, fatigados, estresados, en un estado anímico permanente de ansiedad difusa cuya única salida es recurrir a la droga televisiva, a la evasión puntual y desenfrenada, a los psicofármacos y a no pensar en nuestra condena aceptada.
Por Fernando Casullo (1)
" El capitalismo ha creado, desde que reina en forma absoluta, las condiciones que permiten demasiado a menudo y trágicamente la asimilación del pobre, del proletario y del deportado, asociados en una comunidad de destino, despojados de su individualidad, sometidos, sujetos, sin esperanza de dejar las prisiones en las que se pudren, como quien expía una falta mayor , un pecado capital: el de salir a la luz, el de haber nacido"
Michel Onfray. Política del Rebelde[2].

Louk Hulsman

Por Francisco Bompadre
En términos generales se entiende por abolicionismo a la corriente de pensamiento que propone la abolición del sistema penal: se trata de una postura muy radicalizada, que no propone una política criminal alternativa, sino una alternativa a la política criminal. El nombre proviene de las luchas y disputas políticas, jurídicas y éticas en torno a la legalidad o no de la esclavitud en el siglo XIX en EE.UU, y más tarde sobre la pena de muerte.Si bien loa autores más conocidos de esta corriente venían publicando textos desde los años 60 y 70, la presentación con fuerza del abolicionismo a nivel mundial se dio en el año 1983, en ocasión del Noveno Congreso Mundial de Criminología realizado en Viena.
No es fácil definir al Abolicionismo, y no sólo por las diferentes tradiciones intelectuales que se reconocen como tales, sino porque el Abolicionismo es al mismo tiempo un movimiento social además de una perspectiva teórica. Desde el punto de vista del primero, no caben dudas de la existencia de grupos que tienen como metas la abolición del sistema carcelario y la presión contra el sistema penal, como son los casos del KROM noruego, el KRUM sueco, el KRIM danés y finlandés, el KRAK alemán, el Grupo de Información sobre Cárceles en Francia, la Liga COORNHERT en Holanda y el RAP inglés, entre otros. Desde el punto de vista de la segunda, existe una abundante literatura que se reivindica a sí misma como abolicionista (y otras que no, aunque pueden ser consideradas como tales) y que presenta una cierta falta de precisión y de conceptos descriptivos firmes, de allí que se la haya definido como “una teoría sensibilizadora”(SCHEERER, 1989: 17, 20-21; PAVARINI, 1987: 141, LARRAURI, 1987: 95) que se hace eco de lo que sostiene SCHEFF para otra perspectiva criminológica: 

Una teoría que tenga la posibilidad y el objetivo de trascender los modelos, clasificaciones y presunciones tradicionales, pero sin presentar pruebas acabadas de esas nuevas ideas ni el inventario de sus propias herramientas conceptuales y metodológicas (SCHEERER, 1989: 21).



Consideramos entonces junto a SEBASTIAN SCHEERER, que el Abolicionismo es “una perspectiva estructurada sobre analogías y metáforas y sobre ejemplos históricos y etnológicos. Es una crítica negativa en el sentido iluminista, escéptica en cuanto al marco de referencia del derecho y la justicia penal” (1989: 21-22), o bien, que se trata de “esa bandera bajo la que navegan barcos de distintos tamaños transportando distintas cantidades de explosivos. En cuanto a la manera en que deberían explotar no hay una única idea” (DE FOLTER, 1989: 59, destacado personal). 

Abolicionismo en sentido restringido y amplio.
Sumado a estas consideraciones previas, debemos también distinguir entre el Abolicionismo en sentido restringido y otro de carácter más amplio. El primero de éstos se refiere a la abolición de un aspecto específico o determinado del sistema penal (abolición de la pena de muerte o abolición de la cárcel por ejemplo) y hablamos del segundo cuando:
No sólo una parte del sistema de justicia penal, sino el sistema en su conjunto es considerado como un problema social en sí mismo y, por lo tanto, la abolición de todo el sistema aparece como la única solución adecuada para este problema (DE FOLTER, 1989: 58, subrayado personal).   

Uno de los exponentes más reconocidos del Abolicionismo, el criminólogo holandés LOUK HULSMAN, plantea la abolición del sistema penal en su totalidad, superando de esta manera las primeras propuestas que apuntaban a la abolición del sistema carcelario solamente, lo que podríamos considerar una fuerte radicalización de su pensamiento abolicionista: “Durante mucho tiempo, LoukHulsman trató de desarrollar criterios racionales de criminalización y penalización. Sin embargo, se fue convenciendo de a poco que sería mejor abolir el sistema penal en su totalidad debido a la abrumadora contraproductividad del sistema en relación con sus objetivos” (DE FOLTER, 1989: 61). Y llega a esta conclusión sobre la base de tres importantes argumentos acerca del sistema penal: 1) causa un sufrimiento innecesario, 2) está desigualmente repartido y 3) el Estado “expropia” el conflicto de sus verdaderos protagonistas e involucrados (De FOLTER, 1989: 61, CHRISTIE, 1992). Al mismo tiempo, el criminólogo holandés también va a plantear la necesidad de empezar a utilizar otro lenguaje, “otras definiciones, otras categorizaciones [que] conducían a soluciones diferentes” (van SWAANINGEN, 2011: 206).        
Sin embargo, como nos advierte RENÉ van SWAANINGEN “los abolicionistas no sostienen que la policía o los tribunales deban desaparecer. La cuestión es que el delito no puede ser apartado de otros problemas sociales no criminalizados y la exclusión social de los culpables casi nunca brinda solución a los problemas” (2011: 188, subrayado del autor). Así las cosas, el Abolicionismo va a propugnar que los problemas delictivos deberían tratarse en el propio contexto específico donde surgen, y las reacciones que se brinden deberían orientarse hacia la inclusión social, erradicando el carácter vertical (de arriba hacia abajo), represivo, punitivo e inflexible del control penal: la clave está en la respuesta de una justicia de tipo informal, reflexiva y participativa, evitando infligir dolor como lo hace el sistema penal (van SWAANINGEN, 2011: 188-189).
Entre los abolicionista, NILS CHRISTIE (1992) ha sido uno de los que más ha criticado la “expropiación” del conflicto que el Estado lleva a cabo en perjuicio de los interesados directos: víctima y victimario, obstaculizando de esta manera la posibilidad de un entendimiento entre las partes en pos de una salida menos violenta que la impuesta por el derecho penal.
LOUK HULSMAN nos propone un ejemplo muy gráfico (el caso del televisor) para mostrar las diferentes maneras en que tendemos a ver e interpretar las situaciones problemáticas. En este sentido, el autor holandés describe que:
Cinco estudiantes viven en una casa. Una noche, uno de ellos se enoja y arroja el televisor por las escaleras. Sus compañeros podrán tener distintas opciones sobre el hecho.Uno lo podrá interpretar en el marco penal. “Acusará” al compañero y pedirá que se lo expulse de la casa. Otro podrá tener una idea más liberal y aplicará el marco compensatoriode interpretación. “Todo el mundo tiene derecho a enojarse –dirá– pero también uno es responsable de sus acciones. Todo estará bien si compra otro televisor”. Un tercer estudiante, quien no está acostumbrado a tales expresiones de enojo, se sentirá muy mal y pedirá ayuda médica para controlar esos arranques. Aplicará el marco terapéuticode interpretación. El cuarto estudiante podrá aplicar el marco conciliatorio de interpretación. Interpretará el hecho como un signo de tensión en el grupo y pedirá el análisis colectivo sobre las relaciones mutuas (1989: 100; subrayado en el original).
De esta manera muy simple HULSMAN nos presenta una situación, las posibles maneras de comprenderla y su traducción en las diferentes opciones de políticas públicas existentes a los efecto darle una solución a la problemática que se nos plantea.

La edad de oro del encarcelamiento masivo.
SEBASTIAN SCHEERER da cuenta que durante la década de los 80 hubo“una cantidad de movimientos que una vez fueron antiestatistas y antiinstitucionalistas, como el movimiento feminista, el ecologista y otros, y que tenían una actitud negativa frente a la ley represiva, y que hoy parecen estar descubriendo los beneficios del derecho penal” (1989: 33). Aquí vemos un cambio de relación del Abolicionismo con ciertos sectores con los que antes compartía la deslegitimación del sistema penal y el apoyo a la lucha antirrepresiva, pero que en determinado momento cambian su actitud hacia la cárcel, la policía y los jueces penales y por ende, la manera de relacionarse con la perspectiva y el movimiento abolicionista. Estos cambios radicales en las posturas políticas y culturales acerca del uso del sistema penal como medio para resolver los conflictos sociales, se traduce también en la enorme cantidad de presos tras las rejas en todo el mundo.
En efecto, según describe NICOLÁS MAGGIO para el año 2009 la población mundial de reclusos alcanzó la pavorosa cifra de 10.650.000 personas. Entre los países con más presos se encuentra EE.UU con 2.400.000 (con una tasa de 780 presos casa 100 mil habitantes); China con 1.589.222; Rusia con 877.595 (tasa de 618), Brasil con 469.807 (tasa de 243) yMéxico 193.889 (tasa de 204) (MAGGIO, 2010: 83-89); y entre aquellos con menor tasa de encarcelamiento se encuentra Islandia, con menos de 150 presos (tasa de 45) (CHRISTIE, 2004).
Finalmente, los autores llamados neoabolicionistas sostienen perspectivas teóricas más reflexivas y visiones políticos menos liberales que los abolicionistas de la primera generación (Hulsman, Christie, Mathiesen, Scheerer, Bianchi, Steinert, entre otros), haciéndose eco de algunas de las críticas recibidas: “aceptan que el delito es una realidad sociológico e histórica, ponen mayor énfasis en sus causas socioeconómicas y no lo ven simplemente como un conflicto entre víctimas individuales y agresores. Desmitifican la imagen idílica de la justicia informal” (van SWAANINGEN, 2011: 321).

Críticas al abolicionismo.
A lo largo de los años han sido muchas las críticas al movimiento abolicionista. Desde las más burdas como que se trata de una corriente solo aplicable en sociedades prósperas y relativamente pequeñas del norte de Europa (península nórdica y Holanda), hasta el carácter utópico de sus propuestas. Desde el campo de la Criminología Crítica se le ha criticado que su postura radical frente al sistema penal le hizo perder identidad cuando se involucró en actividades de colaboración con el sistema (medidas reduccionistas o alternativas del sistema penal). También se criticó la visión que tiene del ser humano, excesivamente idealizada en un hombre bondadoso y de buena fe (como si estuviese desprovisto de pasiones y/o conflictos). Una crítica interesante le apunta que la ausencia del Estado no necesariamente se traduce en una relación simétrica entre víctimas y victimarios, sobre todo en sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas (a veces el Estado garantiza un mínimo de chances entre las partes del conflicto). De allí la crítica de ALESSANDRO BARATTA cuando el Abolicionismo pretende utilizar las herramientas del derecho civil en vez del penal, como si se tratase de un campo jurídico en el que las partes efectivamente tengan igualdad de armas. Por otro lado, la imagen que el Abolicionismo presenta respeto de la víctima también es muy criticada, sobre todo a la luz de los nuevos colectivos de víctimas y sus demandas de mayor punitividad. Finalmente, un punto que genera dudas es también la posibilidad de llevar adelante acuerdos compensatorios –como propone el Abolicionismo– en sociedades que presentan un 70 % de presos por delitos contra la propiedad y con escasa capacidad económica (ELBERT, 2012: 102-104).



Bibliografía


CHRISTIE, Nils (1992). “Los conflictos como pertenencia”, en AA.VV. De los delitos y de las víctimas. Buenos Aires: Ad-Hoc, pp. 157-182.
-          (2004).Una sensata cantidad de delito. Buenos Aires: Del Puerto.
DE FOLTER, Rolf (1989). “Sobre la fundamentación metodológica del enfoque abolicionista de sistema de justicia penal. Una comparación de las ideas de Hulsman, Mathiesen y Foucault”, en AA.VV. Abolicionismo penal, pp. 57-85.Buenos Aires: Ediar.
ELBERT, Carlos (2012). Manual básico de criminología. Buenos Aires: Eudeba.
HULSMAN, Louk (1989). “La criminología crítica y el concepto de delito”, en AA.VV. Abolicionismo penal, pp. 87-107.Buenos Aires: Ediar.
LARRAURI, Elena (1991). La herencia de la criminología crítica. Madrid: Siglo XXI.
-          (1987). “Abolicionismo del derecho penal: las propuestas del movimiento abolicionista”, en Poder y Control, N° 3, pp. 95-116. 
MAGGIO, Nicolás (2010). “Hacia el gran encierro: un panorama cuantitativo de la población carcelaria en el mundo actual”, en GESPyDH. Cuadernos de estudios sobre sistema penal y derechos humanos, pp. 83-97, Año 1, N° 1, septiembre.
PAVARINI, Massimo (1986). ”El sistema de derecho penal entre abolicionismo y reduccionismo”, en Poder y Control, 1987, 1, pp. 141-157.
POSTAY, Maximiliano (coordinador) (2012). El abolicionismo penal en América Latina. Imaginación no punitiva y militancia. Buenos Aires: Del Puerto.
SCHEERER, Sebastian (1989). “Hacia el abolicionismo”, en AA.VV. Abolicionismo penal, pp. 15-34.Buenos Aires: Ediar.
VAN SWAANINGEN, René (2011). Perspectivas europeas para una Criminología Crítica. Buenos Aires: BdF.


Con la organización de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, el Observatorio de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Defensa se llevó a cabo ayer la conferencia "Los organismos estatales encargados de la resocialización de personas en conflicto con la ley penal", que estuvo a cargo de Carlos Barbagallo, presidente del Patronato de Liberados Bonaerense.

La presencia del disertante tuvo una gran trascendencia, no solamente porque se trata de una institución que tiene a su cargo alrededor de 45.000 tutelados -lo que transforma a la institución en el órgano de estas características más importantes del país y uno de los más importante de América Latina-, sino por la centralidad que el tema tiene para La Pampa, en la que se vienen realizando múltiples esfuerzos para la creación de un ente oficial encargado de la resocialización de las personas en conflicto con la ley penal.
La experiencia bonaerense, en este momento, merecía ser conocida en nuestra provincia, por cuanto abarca una temática sensible respecto de un tema crucial en materia de conflictividad social.
Por Francisco Bompadre


HOWARD BECKER escribe en el año 1963 el libro central sobre la Teoría del Etiquetamiento o Labelling Approuch: Outsiders. Hacia una sociología de la desviación, donde describe la vida de los músicos de jazz y de los fumadores de marihuana. Si bien el mismo autor reconoce que su texto no inició el camino en este tipo de interpretaciones en torno a la reacción social del delito, sí acepta es el libro de mayor prestigio en este campo. En efecto, tanto EDWIN LEMERT en 1951, como FRANK TANNENBAUM en el año1938, ya habían publicado ideas similares a las de Outsiders. Incluso, podemos identificar el viejo teorema de WILLIAM THOMAS (la profecía autocumplida) de 1928, como premisa estructurante de todo el libro:
Las situaciones que los hombres definen como reales, tienen consecuencias reales” (BECKER, 2009:14). Sobre estos antecedentes es que Outsiders cambia para siempre la mirada acerca del delito y las respuestas que genera en el resto de la sociedad. Si hasta ahora se sostenía que el control social era una respuesta a la desviación/delito, ahora, por el contrario, se establece que el propio control social es el que genera o produce la desviación/delito. De allí que se vuelve fundamental estudiar a los agentes del control del delito: policías, jueces, psiquiatras, trabajadores sociales, penitenciarios, etc. (LARRAURI, 1991:28).

En el libro anteriormente referido, BECKER estudia el proceso de desviación de un sujeto, y pone en cuestión el postulado –derivado del “sentido común” instaurado por el positivismo criminológico– de que exista algo inherente a la desviación (cualitativamente distintivo) en el acto de transgresión de las reglas sociales; e incluso, cuestiona también la idea acerca de que el sujeto infractor de la norma social posee algún tipo de características en su personalidad que lo impulsa inevitablemente a realizar este tipo de acciones (2009: 23). BECKER desecha –por considerarlas limitadas– las definiciones de “desviación” desde el punto de vista estadístico (entendiendo por tal aquello que se aparta demasiado del promedio) y aquella que la considera una enfermedad abordándola desde una mirada patológica, la llamada analogía médica (2009: 24).



BECKER nos previene acerca de los numerosos grupos que conforman nuestras sociedades actuales, muy heterogéneas, y nos recuerda además que cada uno de estos posee sus propias reglas. Sostiene que cuando nos preguntamos por el sujeto que rompe las normas sociales e indagamos sobre su personalidad y los motivos que lo llevaron a cometer ese acto –buscando que den cuenta del acto realizado–, estamos presumiendo que estos sujetos constituyen una categoría homogénea, pues consideramos que han cometido el mismo acto desviado. Y ante esta situación nuestro autor nos brinda una de sus tesis más importantes: la desviación es creada por la sociedad como consecuencia de su propia respuesta a las acciones del sujeto (2009: 28).

En efecto, expresa BECKER que:
[…] los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad de acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el “infractor” a manos de terceros. Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (2009: 28, subrayado en el original).

Que un acto sea entonces desviado o no lo sea, depende de la forma en que los otros reaccionan ante él. Y ésta respuesta de los otros, la reacción social frente al acto, debe ser considerada como parte del problema. Por el solo hecho que el sujeto cometa una infracción a la regla no se desencadena necesariamente un proceso de desviación exitoso, e incluso puede darse el caso de que sin cometer ninguna infracción el sujeto termine siendo exitosamente rotulado como desviado. Por ello la desviación no es una cualidad presente en determinados tipos de comportamientos y ausentes en otros, sino que se trata en todo caso, del producto de un proceso que involucra la respuesta de los otros (BECKER, 2009: 31, 33 y 39). 
BECKER sostiene que la respuesta de la gente frente a un acto considerado como desviado varía enormemente, por ejemplo entre otras:
1) La variación del tiempo es digna de tenerse en cuenta, dado que el sujeto que ha realizado un acto desviado en cierto momento puede en otro momento recibir un trato diferente por la comisión del mismo hecho (se trataría de los llamados “embates” frente a ciertos comportamientos), y
2) La intensidad con que un acto será tratado como desviado dependerá también de quién es el sujeto que lo comete y a quién perjudica con la realización del mismo, a pesar de que se trate de la misma infracción (las reglas suelen ser aplicadas con más fuerzas sobre determinadas personas que sobre otras: el caso paradigmático es la aplicación de procesos legales contra los jóvenes pobres y negros en relación a los blancos de clase alta o media) (2009: 31-33). 

Como decíamos al principio, las reglas sociales son creación de grupos sociales determinados. Nuestras sociedades actuales no son organizaciones simples, por el contrario, “están altamente diferenciadas en franjas de clase social y en franjas étnicas, ocupacionales y culturales. Estos grupos no necesariamente comparten siempre las mismas reglas, de hecho, no lo hacen” (BECKER, 2009: 34). Y de aquí se desprende el desacuerdo acerca del tipo de comportamiento adecuado según la clase de situación que se trate, porque las normas de los diversos grupos entran en conflicto y se contraponen unas a otras. Y sostiene BECKER que: “la persona puede sentir que la juzgan de acuerdo a normas en cuya factura no participó y con las que no está de acuerdo: reglas que le son impuestas desde afuera por marginales” (2009: 35). En este punto aparece otra caracterización importante en el esquema beckeriano. En efecto, no todo el mundo está todo el tiempo haciendo cumplir las reglas que considera que se han violado. Por el contrario, HOWARD BECKER expresa que:
Sólo quienes efectivamente forman parte de un grupo pueden tener interés en hacer e imponer ciertas reglas. Si un judío ortodoxo desobedece las normas del kosher, sólo otro judío ortodoxo lo considerará una transgresión. Los cristianos y los judíos no ortodoxos no lo verían como una desviación de la norma y no tendrían interés en interferir […] La cuestión de hasta dónde está dispuesto a llegar un grupo que intenta imponer sus reglas sobre otros grupos de la sociedad nos plantea un problema diferente: ¿quién puede, de hecho, obligar a otros a aceptar sus reglas y cuáles serían las razones de su éxito? Ésta es, por supuesto, una cuestión de poder político y económico (2009: 35 y 36; subrayado personal).


Las diferencias de poder (legal y/o extralegal) y las distinciones de edad, sexo, etnia y clase explican el grado y la capacidad que tiene cada grupo de crear e imponer sus reglas a otros grupos sociales, como parte del proceso político de toda sociedad (BECKER, 2009: 37).

BECKER señala que en muchas ocasiones el primer paso en una carrera desviada es la realización de un acto de inconformismo, y que la mayoría de la gente considera que este tipo de actos son intencionales y a propósito, y que si bien la intención puede ser plenamente consciente o no, siempre existe un motivo detrás del accionar. Aquí nuestro autor nos vuelve a llamar la atención cuando nos aclara: “debo señalar que muchos actos de inconformismo son cometidos por gente que no tenía la menor intención de hacerlo” (2009: 45). Y agrega que las personas integrantes de ciertas subculturas pueden llegar a ignorar que no todos actúan “de esa manera” y por ende, incurrir en la falta (ibid.). Pero también nos aclara BECKER que “la persona que se desvía de la norma una vez no nos interesa tanto como quien mantiene un patrón de comportamiento desviado durante un período largo de tiempo, quien hace de la desviación un modo de vida, quién organiza su identidad alrededor de un patrón de comportamiento desviado” (2009: 49; subrayado personal). Y nos señala que uno de los pasos cruciales en ese camino es la experiencia de haber sido identificado y etiquetado públicamente como desviado: “Que la persona transite por esa experiencia no depende tanto de lo que haga o deje de hacer sino de la reacción de los demás, de si deciden o no aplicar la ley que se ha violado” (2009: 50, subrayado propio).

Para BECKER, una vez que el sujeto es descubierto y etiquetado como desviado tendrá importantes repercusiones en la imagen que se hacen las personas sobre sí mismas y en su futura vida social: pasa a adquirir un nuevo status, que revela que es diferente a los que se suponía que era, a partir de ahora será una “loca”, o un “fumón”, o bien un “adicto”, y se lo va a tratar acorde a este status maestro, es decir, un status que tiene más fuerza que los demás, que se convierte en dominante y que conlleva toda una serie de rasgos indeseables asociados (2009: 51-52). Y BECKER sostiene que a partir del etiquetamiento comienza entonces la profecía autocumplida en el sujeto desviado, proceso en el cual se ponen en vigencia una serie de mecanismos que terminan dándole forma a la imagen que el resto tiene del sujeto desviado: el individuo identificado tiende a aislarse de las actividades convencionales para finalmente integrarse a un grupo desviado organizado. A partir de allí, pasan a tener en común la desviación y se solidifica la identidad desviada, aprendiendo a racionalizar su conducta y a justificar racionalmente la línea de acción tomada (2009: 56-57).       

Respecto al grupo creador y aplicador de las normas, BECKER señala que la aplicación de una norma requiere iniciativa para castigar al culpable (de la infracción); además de esto, el grupo con iniciativa debe hacer pública la infracción al resto, dando la voz de alarma; y esta voz de alarma surge cuando el grupo ve algún tipo de beneficio en dar la alerta, siendo ese interés personal el que los lleva a tomar la iniciativa; por último, sostiene BECKER que “el tipo de interés personal que desencadena la aplicación de la norma varía de acuerdo a la complejidad de la situación en la que es aplicada” (2009: 142). BECKER sostiene que el prototipo del creador de normas es el cruzado reformista, al que le interesan los contenidos de las normas: las reglas existentes no lo satisfacen porque existe un mal que lo perturba profundamente y el mundo no va a estar bien hasta que las normas o puedan corregir. El cruzado opera sobre una ética absoluta, y lo que ve en el mundo es malo, sin matices; e incluso utilizaría cualquier medio para eliminar ese mal. Los cruzados reformistas se creen generalmente superiores en términos morales, pertenecen a los niveles más altos de la estructura social y consideran que su misión es sagrada, aunque muchos de ellos tienen un fuerte sesgo humanitario. Asimismo, el cruzado no suele ocuparse de la elaboración de las normas legales; delega en otros su implementación satisfecho con saber que ya está ganada la partida (2009: 167-171). Sin embargo, como bien expresa BECKER sobre el asunto, al dejar la elaboración de una norma específica en otras manos, los cruzados morales “dejan la puerta abierta a influencias impredecibles. Pues quienes redactan los borradores de las leyes para los cruzados también tienen intereses propios, que pueden afectar la legislación que están elaborando” (2009: 171-172).      

La consecuencia más obvia de una cruzada exitosa es la creación de una nueva norma (aunque puede darse el supuesto de que fracase estrepitosamente), al tiempo que supone entonces un nuevo conjunto de agencias y funcionarios para su aplicación: “el resultado final de una cruzada moral es la creación de una fuerza policial” (BECKER, 2009: 175). Y con ella, un nuevo grupo de marginales para etiquetar. Sin embargo, la actitud de la policía, necesariamente selectiva si consideramos la cantidad de violaciones normativas a las que debería conjurar y los medios disponibles que tiene a su mano para realizar su trabajo, puede poner en jaque el sentido original de quienes iniciaron la cruzada moral: la policía se va a fijar prioridades en su tarea, ocupándose de los caso más importantes y urgentes, y además carece del ingenuo fervor moral de los cruzados. En resumidas palabras, la escala de prioridades del agente policial puede diferir notoriamente de las de los cruzados morales. Y es aquí justamente donde el cruzado moral puede volver con su tarea sosteniendo que el resultado de la última cruzada no ha sido satisfactorio (BECKER, 2009: 175-181). También habría que decir, por otro lado, que a veces el sujeto infractor logra evitar el proceso exitoso de etiquetamiento. No obstante, es sólo a modo de comentario, dado que la parte más interesante del modelo beckeriano se aprecia justamente cuando la reacción social logra su cometido.


Críticas a la Teoría del Etiquetamiento.
Muchas fueron las críticas a la teoría del etiquetamiento: la falta del lugar (central) del Estado en el proceso de reacción social, o del poder y la estructura social; la ausencia de investigaciones en delitos con víctimas (se analizó más que nada al fumador de marihuana, el músico nocturno de jazz, la persecución a las brujas, la homosexualidad, la prostitución, etc.); la falta de especificidad acerca de si todos los delitos son producto de la reacción social; la toma de posición de acuerdo al sujeto investigado (¿qué sucedería si se estudiase el delito de cuello blanco o la desviación de los poderosos?); la reafirmación de los estereotipos al estudiar las desviaciones típicas; no habría ningún efecto positivo en el control social (no hay prevención delictiva nunca); etc. Pero quizás la crítica más feroz a la interpretación de estos autores provino de parte de ELLIOTT CURRIE, quién les criticaba la concepción del desviado como “siempre bueno, siempre es un luchador rebelde, no importa cuán inarticulada, ininteligible y equívoca sea su forma de protesta”, y sobre todo la crítica que apuntaba a la imposibilidad de aplicar esta categoría a los delincuentes de “cuello blanco”, quienes no se rebelan ante el sistema sino que en todo caso se benefician del mismo (LARRAURI, 1991: 126).



Bibliografía


BECKER, Howard (1963). Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009.
LARRAURI, Elena (1991). La herencia de la criminología crítica. Madrid: Siglo XXI.

TAYLOR, Ian, WALTON, Paul y YOUNG, Jock (2001). La nueva criminología. Contribuciones a una teoría social de la conducta desviada. Buenos Aires: Amorrortu.   

 Por Francisco M. Bompadre

David Matza
Gresham SYKES y David MATZA son dos autores que prestan más atención al contenido específico de lo que se aprende (en nuestro caso el comportamiento criminal juvenil) que al proceso a través del cual algo se aprende (2004: 127). Los autores cuestionan con diversos ejemplos y argumentos la premisa que sostiene que los integrantes de una subcultura delictiva(sobre todo en la versión de Albert COHEN) consideran sus comportamientos ilegales como moralmente correctos. En efecto, expresan que de ser cierta aquella no nos encontraríamos con delincuentes juveniles que presentan sentimientos de culpa y de vergüenza ante su detención o encierro; o bien no encontraríamos a delincuentes juveniles que muestran admiración y respeto por las personas que cumplen con la ley, reconociendo así validez moral en numerosas oportunidades al sistema normativo dominante; e incluso tampoco distinguirían los jóvenes delincuentes entre aquellos que pueden ser victimizados y los que no (ya sea por causas de parentesco, amistad, grupo étnico, clase social, edad, género, entre otros) lo que bien podría llevarnos a concluir que las “ventajas” de la delincuencia nunca son “indiscutibles”; o finalmente, que los jóvenes no internalicen las demandas de conformidad, aunque luego las intenten neutralizar por distintas técnicas, que preceden al acto desviado y lo hacen posible (SYKES y MATZA, 2004: 128-131).


Los autores también cuestionan la idea que sostiene que las reglas o normas sociales que exigen un comportamiento conforme a valores, casi siempre se formulan en términos categóricos e imperativos: por el contrario, SYKES y MATZA presentan la idea de los “valores y normas como guías para la acción contextualizadas y de aplicabilidad limitada en función de tiempo, del espacio, de otros individuos y de las circunstancias sociales” (2004: 130, subrayado en el original). Esto es lo que explica el diferente tratamiento que se le da, por ejemplo, al acto de matar: no es lo mismo matar en tiempos de paz que en tiempos de guerra; no es igual matar al enemigo en armas que al enemigo prisionero, e incluso no es lo mismo matar en legítima defensa que sin esta causal de justificación. Es por ello que el sistema normativo se caracteriza por cierta flexibilidad y no consiste en un conjunto de reglas de cumplimiento obligatorio en toda circunstancia y en todo lugar (2004: 131). Bajo estas premisas y argumentos es que paraSYKES y MATZAel delincuente no representa una oposición radical para la sociedad que cumple con la ley (2004: 131).

Para SYKES y MATZA las técnicas de neutralización no son posteriores al acto desviado (como un modo de protección del sujeto contra el sentimiento de culpa) sino que, pareciera que en todo caso, son previos al mismo y lo hacen posible. En algún sentido, las técnicas de neutralización vienen a cumplir el lugar que E. SUTHERLAND le daba a las definiciones favorables para el incumplimiento de la ley (además de la asociación diferencial): “Es a través del aprendizaje de estas técnicas que un joven se convierte en un delincuente juvenil, y no a través del aprendizaje de imperativos morales, valores o actitudes en total contradicción con aquellos de la sociedad dominante” (SYKES y MATZA, 2004: 131).

Los autores describen y agrupan a estas técnicas de neutralización en 5 categorías. La primera de ellas se llama:
1)      “La negación de la responsabilidad”, y se observa cuando el sujeto aprende en cierta forma a explicar que no actúa “libremente” sino por la influencia de factores externos (las malas compañías, la ausencia de afecto por parte de sus padres, vivir en barrios de mala fama, el entorno de la pobreza, etc.), es decir, fuerzas que son ajenas y se encuentran fuera de su propio control. De esta manera, el joven va preparando su desviación del sistema normativo dominante, pero sin necesidad de un ataque frontal a las normas (SYKES y MATZA, 2004: 132).
2)      “La negación del daño”: El autor del hecho puede reconocer su responsabilidad, pero el daño que implica la comisión de un delito puede ser interpretado de muchas maneras. El joven manifiesta que su acción delictiva es una travesura nomás, o bien que el dueño de los bienes afectados puede soportar el daño (o lo paga el seguro), e incluso que las peleas callejeras son duelos acordados voluntariamente por las partes (y por ende la sociedad no debiera entrometerse). Es decir, a pesar de que el joven sabe que contradice la ley, piensa que no es para tato o bien que no produce un verdadero daño como para abstenerse de realizar ese tipo de conductas. Se trata en todo caso de la extensión de una práctica social más general y extendida (como “hacerse la rata”, “hacer una jugarreta”, etc.) antes que de un gesto de oposición al sistema (SYKES y MATZA, 2004: 133).
3)      “La negación de la víctima”: Incluso si el joven llegase a admitir que es responsable del acto y que éste produjo un daño, puede no obstante, alegar que a la luz de determinadas circunstancias “ese” daño no es algo malo. En efecto, se trataría de una forma de castigo o retribución justa: el delincuente asume el rol de vengador y la víctima es puesta en el lugar del delincuente (ataques a homosexuales, a minorías discriminadas, robos a dueños de comercios que se consideran deshonestos, venganzas contra maestros catalogados como injustos, etc.). De esta forma, al negar la existencia de la víctima (convirtiéndola en un sujeto que merece el castigo), el acto queda moralmente habilitado. También se da en los casos en que la víctima no está presente en la comisión del delito, o bien es lo suficientemente abstracta como para no producir una interferencia sólida en el joven.
4)      “La condena a quien condena”: en este caso el delincuente traslada el foco de sus acciones desviadas a los motivos que tienen aquellos que desaprueban sus actos: el joven delincuente alega que quienes lo van a condenar son hipócritas o desviados encubiertos (los policías son corruptos, los maestros tienen alumnos preferidos, los padres se desquitan con sus hijos, etc.). Al atacar a quienes lo sancionan o condenan, el delincuente logra que su acción se pierda de vista con mayor facilidad.
5)      “La apelación a lealtades superiores”: El control social se puede neutralizar mediante el sacrificio de las demandas de la mayoría de la sociedad en pos de aquellas de los grupos sociales más pequeños a los que pertenece el joven delincuente (sus hermanos, la pandilla, el círculo de amigos, etc.). En este punto el joven delincuenteno necesariamente rechaza el orden legal dominante, pero se niega a respetarlo en pos de un mandato más fuerte; pero se cree en los dos tipos de normas (son las típicas frases: “siempre hay que ayudar a un compañero”, “nunca se delata a un amigo”, etc.).

Para SYKES y MATZA, las técnicas de neutralización decisivas para disminuir la eficacia del control social y explican en buena medida el comportamiento delictivo de los jóvenes. Sin embargo expresan que debemos estudiar más este tipo de técnicas: “es necesario obtener más conocimiento sobre la distribución diferencial de técnicas de neutralización como patrones de pensamiento operativo, por edad, género, clase social, grupo étnico, etc.(…) Segundo, es necesario que se llegue a una mejor comprensión de la estructura interna de las técnicas de neutralización, en tanto sistema de creencias y actitudes, y su relación con varias clases de comportamiento delictivo. Algunas técnicas de neutralización parecen adaptarse mejor a determinados actos desviados que a otros” (SYKES y MATZA, 2004: 135).


El concepto de “Deriva” acuñado porDavid MATZA para comprender el delito juvenil.
Como buen lector de Jean-Paul SARTRE, nuestro autor no puede aceptar la versión del determinismo estricto que ofrece la teoría de la subcultura en torno a las causas del joven que delinque. En efecto, aceptar un determinismo moderado le permite a MATZA recuperar la capacidad de elección y acción al sujeto: “Algunos hombres son más libres que otros. La mayoría de los hombros, incluidos los delincuentes, no son del todo libres ni están enteramente condicionados; más bien, ocupan algún lugar en el medio” (2014: 72). Por eso es tan pertinente la imagen que nos propone MATZA en torno a la deriva, a esa situación que el autor describe como “la imagen de un actor que no está obligado ni comprometido a cometer sus actos, pero que tampoco es libre de elegirlos” (ídem.). El proceso de deriva se encuentra en medio del camino entre el control y la libertad:
A decir verdad, el delincuente es accesible para muchas líneas de acción legal y convencional incluso durante el periodo óptimo involucramiento. No sólo es accesible sino que, si reflexionamos unos segundos, veremos que concomitantemente con su involucramiento ilegal participa en forma activa en una amplia variedad de actividades convencionales. Si el compromiso implica, como sabemos, declararse no accesible para otras líneas de acción en el presente y el futuro, entonces el delincuente no es un individuo comprometido. No está comprometido con la actividad delictiva ni con la actividad convencional (MATZA, 2014: 73; subrayado personal).

La derivaentonces, es la postergación de la elección para más adelante, es la falta de decisión del “compromiso” con alguna de las dos formas de vida: de esta manera el joven puede ir y venir permanentemente sin la necesidad de definirse por una acción u otra (la delictiva o la convencional). De allí que MATZA describa que: “El delincuente existe de manera transitoria en un limbo situado entre la convención y el crimen, respondiendo por turnos a las demandas de ambos, coqueteando ora con una, ora con el otro, pero siempre posponiendo el compromiso y evadiendo la decisión” (2004: 75; subrayado en el autor).El concepto de deriva explica, en parte, esa extraña situación que da cuenta de un innumerable (pero mayoritario) porcentaje de delincuentes juveniles que llegados a la edad adulta deciden “hacer las paces” con la sociedad y abandonan las actividades delictivas.



Bibliografía

MATZA, David (1969).El proceso de desviación. Madrid, Taurus, 1981.
- Delincuencia y deriva. Cómo y por qué algunos jóvenes llegan a quebrantar la ley. Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

SYKES, Gresham y MATZA, David. “Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia” (1957), en Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Nº 20, Santa Fe, 2004, pp. 127-136.



Desde algunas miradas jurídicas respetables y comprometidas con la militancia permanente en materia de Derechos Humanos, se ha sostenido que la sanción penal se justifica en casos de delitos de lesa humanidad y genocidio, y hasta resulta imprescindible, a pesar que no exista equivalencia posible alguna entre la magnitud del delito y cualquier sanción que se ensaye frente a este tipo de atrocidades, razón por la cual las teorías retribucionistas deben dejarse de lado en la especie.
En consecuencia, descartada la justificación retribucionista, la sanción penal debería explicarse con arreglo a una tesis utilitaria o consensual. Esa tesitura diferencia claramente la labor del legislador, que instituye una norma para que rija en el futuro, intentando lleva a cabo un cometido preventivo de determinadas conductas ilícitas, de la del juez, que se acerca mucho más a una función retributiva, castigando el mal ocasionado en el pasado[1].

Según se afirma, éste es el mismo alcance que en materia de prevención general positiva se espera  de la ley penal. El de reforzar la adhesión a valores esenciales para disuadir así, mediante la amenaza penal, respecto de cualquier tipo de práctica lesiva de derechos fundamentales de la persona humana, que deben respetarse en todo tiempo y en cualquier lugar. Por eso, el juicio justo -como contrapartida de la falta de juicio e impunidad- sería lo único capaz de devolver a la ley su capacidad preventiva.
Por lo demás, el juicio justo tendría también una profunda connotación pedagógica y simbólica, dado que muestran la supremacía del Estado Constitucional de Derecho sobre el sistema dictatorial, resignifica el rol de las víctimas y del derecho, que parece en muchos casos estar en contra de ellas, cuando se expresa mediante indultos, amnistías, jurisdicciones especiales o estado de excepción penal[2].
Como se observa, lo que se contrapone aquí es juicio justo y capacidad preventiva de la ley (explicitada mediante el castigo) a la falta de juicio y la impunidad. El sentido de la pena, de acuerdo a esta postura, estribaría, en el mantenimiento de la confianza en la norma, como modelo orientador de la relación social. En ello también residiría su justificación moral[3].
Frente a un comportamiento que defrauda las más mínimas expectativas de convivencia social, la pena se erige en la reacción más categórica del conjunto de una sociedad respecto de una conducta que considera particularmente reprochable y merecedora de un castigo institucional[4]. Como se advierte, son notorias las analogías entre esta perspectiva y la que descansa en la idea del deber de penalizar, especialmente en lo que atañe a la justificación moral de la aplicación de la pena.
Se ha sostenido, en definitiva,  que la pena de prisión se justifica en los casos de delitos contra la humanidad (más bien, se la concibe como imprescindible) atendiendo a vertientes utilitaristas que hacen hincapié en la necesidad de delimitar el cometido de la ley, que regula aspectos futuros, de la función de los tribunales, que deciden cuestiones pretéritas que son sometidas a su consideración. El juez desarrollaría en el juicio una función asimilable a la retribución, toda vez que castiga el mal inferido ex ante, y el legislador, en cambio, intenta prevenir disuadiendo mediante la ley penal al delincuente para que no perpetre actos futuros, que lesionen bienes jurídicos fundamentales. La ley penal tendría una función de prevención general positiva, que se expresa en la adhesión a valores fundamentales cuya afectación se habría de disuadir mediante la amenaza de la ley penal. En cada caso concreto en que se produjera la afectación de esos bienes jurídicos esenciales, la realización del juicio justo, esto es, la contracara de la impunidad, sería la única forma en que la ley recobraría su aptitud preventiva. La veta simbólica del juicio estriba en la exhibición de la supremacía del Estado de derecho frente a todo resabio cultural de las dictaduras y el realzamiento del rol de las víctimas, respecto de las cuales el derecho parece estar en contra cuando asume las formas de indultos, amnistías, jurisdicciones especiales, estado de excepción o cualquier otro tipo de instrumento tendiente a consagrar la impunidad de los perpetradores. Esta lógica utilitarista contrapone el juicio y la capacidad preventiva de la ley (efectivizada mediante la condena penal) a la falta de juicio y la impunidad. La pena se legitima en tanto coadyuva a mantener la confianza en la norma, exteriorizando la desaprobación social frente al comportamiento desviado.
Por nuestra parte, estimamos que en todo Estado Constitucional de Derecho los jueces se avocan a conocer y decidir cuestiones que en el pasado han sido conminadas de manera genérica y abstracta por el legislador. Por ello, esta mera enunciación, de por sí, no autoriza a suponer que el rol de los tribunales coincida con el de imponer prácticas retribucionistas, y mucho menos que la ley penal pueda leerse en clave de prevención general positiva. Creo más bien en la posibilidad de que el Derecho (entendiendo al mismo ampliamente, como todas las agencias vinculadas a la cuestión criminal) actúe como productor de verdad a través del juicio justo. Pero no necesariamente el juicio justo y su resultado equivalen a la imposición de una pena de prisión draconiana, que vulnere las más mínimas garantías de un Estado democrático y contradiga el fin de las penas tolerado por un Estado Constitucional de Derecho. Una sociedad civilizada puede reforzar su confianza en la norma de cara al futuro sin necesidad de presenciar la ejecución de Damièn en la plaza de París. Le debería bastar con saber que tribunales imparciales, a través de un juicio inatacable, han logrado (re) producir la verdad de lo ocurrido en circunstancias particularmente dolorosas del pasado, ha identificado a los culpables, les ha podido hacer sentir su unánime reprobación (mediante la imposición de penas razonables y compatibles con el ideal resocializador o de otro tipo de medios alternativos de resolución de ese conflicto), e igualmente ha decidido reintegrarlos a su seno. Además es pertinente realizar una pormenorizada lectura crítica de las posturas que legitiman el poder punitivo desde una mirada compatible con la prevención general positiva, como en este caso, cuando es reivindicada por parte del pensamiento progresista nacional.
La teoría de la prevención general positiva es una rara amalgama entre las actitudes que en el pasado reducían a la religión a un valor instrumental y la vieja postura durkheimniana que planteaba que el delito y el castigo tenían una función positiva al provocar cohesión social y reforzar la confianza ciudadana en el sistema social en general y en el sistema punitivo en particular. Pero si atendemos a que, como los mismos impulsores de esta postura lo admiten, una de las características que definen al sistema penal es su tendencia a una criminalización selectiva -de resultas de la cual únicamente son perseguidos y condenados los más torpes, los más vulnerables- la aceptación de la prevención general positiva, fundada en el supuesto consenso y la cohesión social que lograría el castigo, equivale a tolerar como valor socialmente positivo a la punición ejemplarizante de un chivo expiatorio como creadora de consenso, prescidiendo de la evidencia de que nada sucederá respecto del universo de personas que protagonizan injustos mucho más graves, pero que, por su poder o habilidad, no serán seleccionadas.
Esta selectividad es la rémora más preocupante del sistema penal a nivel globalius puniendi y convalida procesos cada vez más injustos y selectivos en materia de persecución y enjuiciamiento penal.
, y aceptada que sea la prevención general positiva, también habrá que admitir un sistema que cosifica a una persona derrotada, utilizando su dolor como símbolo, sencillamente porque se debe priorizar la reproducción del sistema a la propia persona. En definitiva, esta construcción propia de un funcionalismo sistémico extremo no se compadece fácilmente con una idea agnóstica o negativa de la pena, reivindica la existencia de un




[1] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 75.

[2] Mattarollo, Rodolfo: “Noche y niebla y otros escritos sobre Derechos Humanos”, Ediciones Le Monde Diplomatique, “el Dipló”, Buenos Aires, 2010, p. 75.
[3] Sancinetti, Marcelo: “Derechos Humanos en la Argentina Postdictactorial”, Lerner Editores Asociados, Buenos Aires, 1988, pág. 9.
[4] Stratenwerth, Günther, “Derecho Penal, Parte General, I. El hecho punible”. Traducción de la 2da. edición alemana (1976) de Romero, Gladys. Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, 1999. pág. 18.