El Observatorio de Derechos humanos de San Luis emitió un comunicado de prensa en el que se critica la decisión del gobierno de la Provincia de San Luis de construir una Cárcel en Pampa de las Salinas. La nota dice: El lugar ubicado a aproximadamente 180 Km. de esta ciudad, 270 km de la ciudad de Villa Mercedes y 320 km. de la localidad de Concarán, aproximadamente, donde tienen asentamiento los Juzgados Penales y Federal de la Provincia de San Luis, hace pública su oposición, manifestando que la decisión del Poder Ejecutivo Provincial conlleva en su génesis vicios que deberían haberse previsto, tales como: Que, dado que es un tema de incumbencia social, hubiera sido conveniente haber realizado consultas a los distintos poderes del Estado, y a las Instituciones No Gubernamentales que tienen injerencia en el tema, como por ejemplo las Organizaciones que atienden a la rehabilitación de los procesados, condenados y liberados, o las organizaciones que atienden la temática de los derechos humanos, ninguna de las cuales fueron consultadas. Que tal como lo han expresado la Asamblea por los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis, con la edificación del establecimiento carcelario en un lugar inhóspito y desierto a tanta distancia de los medios poblados (de donde provienen normalmente la población carcelaria), se estarían violando los más elementales derechos humanos de los detenidos, los cuales verían menguadas las posibilidades de acceder fluidamente al contacto con sus familiares, verían conculcadas asimismo las posibilidades de estudio y prácticas laborales, a los cuales pueden acceder muchos de ellos cuando exhiben conductas que así lo ameritan, y también se vería gravemente perjudicado el derecho que tiene todo detenido de tener un contacto fluido con los jueces que han seguido su proceso y determinado su condena. La inmediatez del Juez natural en la etapa de la ejecución de la sentencia se vería así seriamente dañada por la circunstancia de la distancia entre el lugar donde está alojado el detenido y el lugar de asentamiento de los Juzgados. Que no sólo se violan derechos de los alojados detenidos, sino que también se violentan los de los trabajadores penitenciarios, sean éstos personal guardia cárcel o personal civil que prestan servicios en el complejo carcelario, atento a que los alejan de los lugares naturales de asentamiento de sus familias. Que no existen estudios que justifiquen fehacientemente la creación de un Complejo Penitenciario de Seguridad Mixta, de condenados, bajo la legislación correspondiente a Alta Peligrosidad (según lo expresado por el Poder Ejecutivo Provincial), ni motivos de necesidad alguna para fundamentar su creación, más aun siendo el complejo penitenciario provincial existente de no tan lejana creación. Que los sistemas penitenciarios, de acuerdo a nuestras leyes deben estar orientados hacia la "reeducación” de los presos, para que una vez cumplida la condena puedan volver, rehabilitados, a reinsertarse en la sociedad. En este sentido es que se habla de "Educar desde la privación de libertad para la vida en libertad”, ya que la cárcel no es una institución al margen de la sociedad. Es un reflejo de ella y, de hecho, algunos estudiosos miran la calle en ese espejo invertido que es la prisión, como una institución producto de las políticas del Estado. Y en este caso, y como derivación de esas políticas, la situación de aislamiento de este nuevo complejo que se propone, no facilitaría el citado proceso de reeducación, con los consecuentes resultados para la sociedad, dado que una vez terminada la condena, los presos deben ser liberados y por ende volver a su comunidad, hayan o no sido rehabilitados. Considerando que este pronunciamiento, además de la defensa particular de los Derechos Humanos de los presos, implica esencialmente también una defensa de los Derechos Humanos de la comunidad en su totalidad, ya que no solo hay que pensar en el período de condena, sino también en el tiempo que sigue a cuando ésta se termina, a todos conviene que los presos que vuelven para reinsertarse, lo puedan hacer rehabilitados, cuestión esta que no parece haber sido tenida en cuenta, en el Proyecto citado, en dimensión de complejidad que ella implica Por todo lo dicho se espera que haya una revisión de la medida, en orden a cada uno de los aspectos apuntados, para bien de toda la comunidad. Original de sanluis24.com.ar

El próximo viernes 17 del corriente, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo el primero de los cuatro encuentros previstos en el Seminario "Nueva Geopolítica de la liberación. Integración, seguridad y Defensa en América Latina", en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Durante la primera reunión, se abordará el tema "Relaciones Internacionales y Relaciones de Fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional". El seminario lo imparten Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre y la entrada será libre y gratuita para los estudiantes de nuestra Universidad.
A continuación, transcribimos la nota enviada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam a la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal, con el aporte que nuestra Casa ha considerado favorablemente. 




Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad
de Ciencias Económicas y Jurídica


 Santa Rosa, 19 de agosto de 2.014.
Al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Dr. Julio Cesar Alak
S________/_______D
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Vice 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa a los efectos de hacerle llegar la opinión de nuestra 
comunidad académica con relación al anteproyecto del código penal elaborado 
por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, 
Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada por el 
Decreto 678/2012, conforme la invitación que oportunamente se nos cursara 
mediante Resolución Ministerial número 567. 
 En tal sentido debo señalar a Ud. que el Consejo Directivo 
de la Facultad por Resolución 087/12 dispuso la conformación de una Comisión 
Coordinadora para el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal, con 
una integración igualitaria de sus claustros (Guadalupe Bustos –alumna-, 
Mariano Gette -graduado, Alejandro Osio –docente-, Cecilia Bertole -
Coordinadora área Derecho Público-, la que dispuso a tal fin la realización de 
una serie de actividades que a continuación se detallan. 
 Así, el análisis y debate del Anteproyecto del Código 
Penal Argentino, tuvo su comienzo el día jueves 19 de Junio del corriente año a 
las 18 horas en el Salón Azul de la misma facultad (Coronel Gil N° 353, primer 
piso). En este primer encuentro, se llevó a cabo una conferencia-debate con la 
presencia del Dr. Roberto Manuel Carles, Coordinador de la Comisión para la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídica 

Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del 
Código Penal de la Nación, y los Mag. Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes 
de Derecho Penal de esta Facultad. La actividad fue gratuita y abierta a toda la 
comunidad universitaria, organismos gubernamentales, ONG’s y la sociedad en 
general, y tuvo por finalidad constituirse en un primer espacio de análisis del 
objeto en cuestión, con el fin de reseñar sus características más salientes, y 
detectar aquellos temas que resulten de mayor interés para el debate. 
 Posteriormente, el lunes 23 de junio a las 19:00 horas en 
el Salón Azul de la Facultad, se llevó a cabo una conferencia debate con la 
presencia de la Doctora María Elena Barbagelata, ex Diputada Nacional por el 
Partido Socialista e integrante de la Comisión redactora del Anteproyecto del 
Código Penal. La actividad presentó similares características al anterior 
encuentro. 
 Finalmente el viernes 4 de Julio a las 19:00 horas en los 
recintos de la FCEyJ, se desarrolló un foro debate público, con comisiones 
temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado en las primeras actividades 
para arribar a una reflexión y discusión más profunda y específica del 
Anteproyecto de reforma. 
 Además, con posterioridad a la conformación de la 
comisión coordinadora, la misma dispuso una casilla de correo electrónica al 
público en general, para receptar hasta el 6 de Julio –inclusive- opiniones, 
ideas, críticas y todo otro aporte relacionado al Anteproyecto 
(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). 
 Como resultante de todas estas actividades la Comisión 
recibió propuestas de distintas personas y organizaciones, las que analizó, 
estudió y debatió conforme se desprende del Informe Final que se adjunta al 
presente con el contenido integral de las propuestas recibidas y el tratamiento 
dado por la Comisión. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídica 

 Como conclusión, la Comisión puso en mi conocimiento 
que la opinión que pretendía se hiciera llegar a Ud. como expresión de toda la 
comunidad académica de nuestra Facultad es la que fuera expresada por el Dr. 
Eduardo Luis Aguirre Profesor titular regular de la cátedra Derecho Penal II de 
nuestra Facultad y que se vincula a una temática de hondo contenido emotivo y 
experiencial para todos los pampeanos. 
 En tal sentido hago saber a Ud. que la cátedra entiende 
que, dada la sistemática elegida, en lo que concierne a los Delitos contra el 
Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, 
debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este 
contexto histórico de la Humanidad, cual es la que, perpetrada de manera 
dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso 
acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas 
superficies o contribuya a la producción de la misma. 
 En este sentido, cabe recordar que el artículo de 
referencia describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en 
cuanto se "contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o 
especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud 
humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa 
de la flora. 
 Esas conductas, se agravan en diversos casos (Inciso 2°), 
algunos de los cuales hacen referencia a supuestos en que la conducta 
infractora: 
a) Tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural. 
 b) Impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas. 
 c) Provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de 
las áreas afectadas. 
 d) Causare daños directos a la salud de la población. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídica 

e) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una 
comunidad. 
 Finalmente, la cátedra, y la Facultad toda, entiende que el 
artículo debería agregar expresamente una conducta crucial en términos de 
contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la 
desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en 
muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas 
situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado. 
 Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación 
del poder punitivo del Estado, sino una adecuación típica y una correcta y 
detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres 
humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la 
convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando 
incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de 
refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación. 
 Sin otro particular y esperando que estos aportes sean de 
utilidad para el trascendente objetivo que el Ministerio a su cargo se ha fijado, 
saluda a Ud. muy atentamente
Finalmente, se dictará en la Facultad el Seminario “Nueva geopolítica de la liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina”, a cargo de los docentes Dn. Modesto Emilio Guerrero y Dr. Eduardo Luis Aguirre. El seminario, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad , tendrá una duración de 16 horas presenciales, distribuidas en cuatro (4) encuentros, a realizarse los días viernes 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2014, todos de 17:00 a 21:00, La actividad está destinada a estudiantes, profesionales y docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general. Se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes cumplan con el 75% de la carga horaria establecida. El Seminario será gratuito para estudiantes y docentes de la UNLPam , y arancelado para los restantes destinatarios ($ 400) Temas del Seminario: Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional. Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos. Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes. Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que todavía falta hacer. Pagina web Inscripciones en https://docs.google.com/forms/d/1gItD2UVdIo4g3YyIY2BRvAM_YtzsP0pRuzcVbgZV3u8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

La situación de las personas privadas de libertad en La Pampa es, desde hace algunos años (y no desde hace algunos meses, como podría pensar algún iniciado) un problema que responde a situaciones y circunstancias que parecen ser un misterio cerrado con siete llaves para quienes tienen a su cargo la administración de la conflictividad. Prueba de ello, son las insólitas y tardías reacciones que se han precipitado luego de constataciones objetivas sobre la materia.

Aquella Provincia que durante el año 2000 exhibía tasas de prisionización cercanas a las de los países más avanzados del mundo (59 reclusos cada 100.000 habitantes), llegó a tener alrededor de 140 presos cada 100.000 durante la Argentina post crisis de 2001 (no tengo a la mano la cifra exacta que consigné en mi primer tesis doctoral).
En los últimos años, si bien las cifras de prisioneros ha disminuido sustancialmente (la última medición de diciembre de 2013 daba cuenta de 100 presos y fracción cada 100.000), nunca disminuyó hasta alcanzar a aquel guarismo señalado inicialmente.
Pero lo peor es, sugestivamente, que la capacidad de alojamiento de estas personas se habría visto limitada severamente en los últimos tiempos, y aquí empiezan las confusiones y aporías conceptuales. Más allá de la intención insólita de sugerir nuevos gulags de distinto cuño y ubicación, nadie se ha preguntado por qué "faltan" esas plazas.
Las razones son varias, pero, en cualquier caso, nos gustaría concurrir con algunos datos oficiales para ayudar a comprender estas situaciones de una manera más o menos fiable.
La tesis del hoy Magister Martín García Ongaro, proporciona algunas pistas de suma utilidad. Este Defensor Oficial ha obtenido algunos datos evolutivos que parecen no ser tenidos en cuenta por las agencias competentes de un Estado provincial que cree que es posible seguir prescindiendo de una estrategia holística y unitaria en materia político criminal.



En ese sentido, resulta muy interesante tener en cuenta lo que el investigador denomina "Cuadro comparativo de detenidos en establecimientos provinciales desde el 01/01/2011 al 02/06/12", que brinda algunas cifras por demás elocuentes y ayuda a explicar en números el crecimiento de esta situación problemática. De ese cuadro, surge que a la fecha de inicio de la investigación, (01/01/2011), la Provincia contaba con 56 plazas vacantes. Al 01 de marzo de 2011, esa cifra había disminuido a 40. Pero al 1 de junio del mismo año llegaba a 100 vacantes. El 1 de septiembre de 2011 eran 84 las plazas disponibles. Al 31 de diciembre de 2012 había capacidad ociosa para alojar a 104 internos, y al 1 de junio de 2012 (fecha hasta la cual contabiliza la pesquisa analizada), la capacidad de alojamiento de presos de que se disponía era más que suficiente: 87 personas.
¿Qué pudo haber ocurrido para que se haya producido este cuello de botella que advierten algunas autoridades? Si nos atrevemos a pensar en lo gravísimo,en aquello que nos ha sido escamoteado pensar, como decía el maestro Heidegger, deberíamos explorar algunas cuestiones que exceden la relación tortuosa con las cárceles. Y que estriban más bien en la utilización absurda e irracional de la detención y la prisión preventiva. Allí está el huevo de la serpiente. Podríamos analizar también la duración de las condenas que se aplican contemporáneamente, pero detengámonos en lo efímero, lo cautelar, del encierro. La prisión preventiva sigue siendo  el núcleo duro del problema, y los criterios absolutamente erróneos, arbitrarios y brutales con los que se la utiliza, permiten explicar en gran medida la carencia de alojamiento para detenidos en nuestra Provincia. Aclaro: podemos probarlo con elementos incontrastables. Alberto Binder, inspirador de nuestro nuevo Código Procesal, decía lo siguiente sobre el encierro provisional: "La prisión preventiva es la institución maldita del derecho procesal. Lo es en varios sentidos. En primer lugar porque todavía muchas de las construcciones teóricas y normativas que diseñan un proceso penal moderno, garantista y democrático se estrellan ante la realidad masiva del encarcelamiento antes del juicio, que es precisamente la negación más cabal de sus principios básicos. En segundo lugar porque no hemos hallado aún una política constante de reducción y racionalización del uso de esta institución y, por el contrario, no sabemos nunca cuando estamos a la puerta de un nuevo período expansivo. En tercer lugar porque tampoco hemos hallado aún una adecuada conceptualización teórica de una medida, una práctica y un sistema que se resiste a ser explicado con los conceptos tradicionales. En cuarto lugar porque el encarcelamiento preventivo es la gran herramienta de la selectividad hiriente que empuja a los sectores más vulnerables de la sociedad a un encierro cada día más cercano a las penas crueles e infamantes que prometimos abolir. Frente a este panorama quien diga que se trata de un mero instrumento de cautela, cierra los ojos frente a las más clara 
de las realidades".
"En consecuencia debemos insistir en la necesidad de continuas investigaciones que nos permitan realizar hallazgos sobre su sustitución, reflexiones que nos permitan explicar con profundidad –y sin arquetipos fáciles- el funcionamiento del sistema penal y formas divulgativas que nos ayuden a cambiar los resortes de prácticas que, en definitiva, son decisiones de seres humanos concretos y cuantificables. Esto sólo es una justificación más que suficiente para esta publicación que explora el fenómeno de la prisión preventiva en el marco de los procesos de reforma de la justicia penal". 
Una de estas continuas investigaciones es, justamente, la que hizo Martín García Ongaro. Como de ordinario ocurre (triste destino de los académicos), sus principales destinatarios no se han dignado a leerla.

.

En un primer momento, como se recordará, fue un "movimiento ciudadano", denominado Comisión por la Seguridad Nacional, liderado por el ex presidente, Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional y el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado y otros grupos sociales, el que promovió el “Día del Firmazo por la Paz y la Justicia”. En ese marco, paradójicamente, solicitaron  a los ciudadanos uruguayos, su firma para conseguir que junto a las elecciones de 2014, se votara un plebiscito para rebajar de 18 a 16 años, la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser juzgados y encarcelados. Todo ello, por supuesto, ante el pretendido aumento de la "criminalidad juvenil". El ex presidente Lacalle expresó por entonces que la iniciativa regresiva implicó, por el contrario, una jornada de “protesta ante la inacción del gobierno frente al aumento de los delitos y de propuesta para cambiar la Constitución y adecuarla a la realidad”. Pedro Bordaberry también alabó el trabajo de los recolectores de firmas y confió en poder contar con “un empujoncito para conseguir las firmas que falten para llegar a 250 mil”. Este embate criminalizador de la derecha podría perjudicar seriamente a Uruguay..
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de pronunciarse en contra del plebiscito porque lo considera un "contrasentido" y un "retroceso" de los derechos de los adolescentes,  según denunció hoy la relatora de Derechos de la Niñez de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Rosa María Ortiz, durante la presentación de un informe sobre los derechos del niño en Uruguay.
La responsable advirtió que Uruguay podría ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), como ocurrió en el caso Gelman.
Como es sabido, en ese caso, la Corte obligó a Uruguay a adaptar su legislación para poder juzgar el caso de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman y uno de los casos más emblemáticos de los desaparecidos durante la dictadura.



La relatora de la OEA reiteró que "se es niño hasta los 18 años" y abogó por medidas de prevención y rehabilitación, en lugar de políticas de mano dura, que, a su juicio,"solamente han servido para profundizar la violencia".
En el cierre del Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, la Defensora General Stella Maris Martínez destacó “nuestro trabajo es una construcción colectiva y para que sea más grande, fuerte y autónomo debemos mirar a las personas que queremos proteger”.

Por Hernando Flórez

El viernes se clausuró el Congreso Internacional “20 años de Autonomía del Ministerio Público de la Nación”, en un acto presidido por la Defensora General, Stella Maris Martínez, y del que participaron integrantes del bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur. Eran más de 150 personas -entre juristas, defensores, curadores y académicos- en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
“La idea del bloque surgió en la época en que éramos avasallados por el poder judicial, fiscal y policial”, dijo el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio de la República Oriental del Uruguay, Luis Ferrari, refiriéndose a la fundación del grupo, hace diez años en Asunción (Paraguay). “Pensamos en la dificultad de los sectores vulnerables por acceder a la justicia y decidimos agruparnos, porque la unión hace la fuerza y porque el acceso fortalece la democracia”.
Entre los aspectos favorable de esta primera década, destacó las pasantías entre defensorías porque “renuevan las vocaciones y contagian el entusiasmo y convierten a la Defensoría Pública en un oficio vivo”. Por otra parte, lamentó que la Suprema Corte de su país se alejara del Bloque sin justificar la decisión. “Elaboramos una nota pidiéndole una relectura de su disposición porque el grupo es una herramienta útil para países chicos como Uruguay”.
El vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Públicos de la Justicia Nacional, Gustavo Kollmann, estuvo de acuerdo con la vitalidad que transmiten las pasantías y advirtió: “La autonomía se hace valer todos los días, más allá del papel escrito”. Además, agregó que “el Bloque del Mercosur es un modelo de asociacionismo, es la prueba de que la unión de voluntades permite cumplir objetivos como el de la independencia de la Defensoría en Paraguay”.
“Logramos independizarnos de la Corte Suprema de Justicia con autonomía funcional y autarquía financiera gracias a las experiencias de Argentina y Brasil”, confirmó el jurista paraguayo Carlos Flórez, quien habló en representación de la Defensora General de Paraguay, Noyme Yore Ismael.
“No todos los seres humanos son tratados como personas”
Las intervenciones confirmaron la idea de que el trabajo de los defensores es una “revolución silenciosa”, como la denominó Haman Tabosa de Moraes, Defensor Público General Federativa de la República Federativa del Brasil. “Tenemos el desafío de bajar la invisibilidad social porque no todos los seres humanos son tratados como personas. Es necesario contar con funcionarios profesionales y tener los instrumentos para llenar de defensores públicos a toda América Latina, América del Norte y porqué no, todo el mundo”.
Como una comprobación de las palabras de Tabosa de Moraes, el presidente de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa Argentina, Fernando Lodeiro consideró que “la institución que más crece en Latinoamérica, por encima de jueces y fiscales, es la Defensoría Pública”.
La Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez cerró el Congreso, desde el centro de la mesa. “Festejo esta reunión en la que juntos conformamos un marco colorido de gente diferente con cosas en común, que trabaja por defender los derechos”. Y enfatizó en las palabras que pronunció durante la inauguración: “Nuestro trabajo es una construcción colectiva y para que sea más grande, fuerte y autónomo debemos mirar a las personas que queremos proteger. Sigamos adelante”.
Al final, ella misma entregó una medalla a cada uno de los 165 defensores públicos de la Nación y una placa condecorativa al Defensor Público General de la República Bolivariana de Venezuela, Ciro Araujo; al representante de la Defensora General de Paraguay, Noyme Yore Ismael y a Georgy Schubert, Defensor Nacional de Chile.
Textual de Infojus Noticias