“Avances en la implementación del Protocolo Facultativo en las provincias y en la CABA” Para describir el estado actual de la implementación del Protocolo Facultativo en Argentina presentamos tres ejes, de acuerdo al grado de avance en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura (MLP) presentados en legislaturas provinciales; Anteproyectos de ley de creación de MLP desarrollados de manera conjunta con la SDH; y Procesos de construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de MLP. 1 1. Proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura presentados en legislaturas provinciales Al momento de la creación en la SDH del área responsable de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas en Argentina, existían proyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura presentados en las legislaturas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La SDH se ha vinculado con actores claves de estas provincias con el objetivo de impulsar la aprobación de los proyectos. Dicho trabajo se concentra en brindar apoyo político y asistencia técnica con el objetivo de que los mecanismos diseñados en dichos proyectos se adecuen a los principios establecidos por el Protocolo Facultativo, la jurisprudencia del SPT y las recomendaciones del SPT al Estado Argentino. 2. Anteproyectos de ley de creación de Mecanismo Locales de Prevención de la Tortura desarrollados de manera conjunta con la SDH En las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los anteproyectos de ley de creación de Mecanismo Locales de Prevención de la Tortura se encuentran en distintos grados de avance. En las mismas ya se han consensuado o elaborado conjuntadamente con la SDH anteproyectos de ley. Este trabajo conjunto se ha desarrollado desde la SDH con las máximas autoridades de derechos humanos provinciales, poderes ejecutivos y legislativos y organizaciones de la sociedad civil. Y, además, en 1 Por una descripción de las provincias en que existen Mecanismos de Prevención de la Tortura en funcionamiento o creados por ley pero aún no implementados, ver: Línea de Trabajo 3.algunas de estas provincias se mantuvieron reuniones con altas autoridades del poder judicial, de la defensa pública y de los ministerios de la acusación. 3. Procesos de construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura Con las provincias de Jujuy, La Pampa, Neuquén y San Juan, desde la SDH nos abocamos a la construcción de consensos para la elaboración de anteproyectos de ley de creación de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura. Este trabajo se realiza con las máximas autoridades de derechos humanos provinciales, los poderes ejecutivos y legislativos y organizaciones de la sociedad civil. En el caso de La Pampa, además de lo anterior, hemos establecido un dialogo con la Defensa Publica provincial, en tanto esta institución les viene proponiendo a los poderes ejecutivo y legislativo desde el año 2011 la creación del Mecanismo en la provincia. 
La Asociación Pensamiento Penal expresa su agrado por la decisión presidencial de disolver la ex SIDE y proponer una reforma de la Ley de Inteligencia para saldar una gran deuda histórica de los gobiernos democráticos con los argentinos. Es imprescindible que una ley estratégica y vital, en lo que respecta a nuestra historia y a las necesidades futuras, sea debatida de una manera amplia, profunda y de cara a la sociedad, pensando en el resultado final y no en cumplir plazos que no ameritan urgencia. Si tenemos en cuenta que desde espacios oficialistas y opositores se ha señalado que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional inició con serias falencias técnicas y conceptuales, que no sólo no corrigen los problemas de la actual ley -como las capacidades de investigación criminal-, sino que se empeoran otras, rompiendo los buenos consensos generados en 2001, más necesario es dar un debate amplio que permita realizar una verdadera y efectiva reforma del sistema de inteligencia nacional al servicio de la democracia. Es importante destacar que este proyecto está siendo tratado en una situación de emergencia producto de una autonomización de la ex SIDE a lo largo de muchas décadas, donde se está involucrado personal que ingresó en la dictadura y trabajaba para agencias de inteligencia de otros países. Por estos motivos, entre otros, no se puede hacer una transferencia de todo el personal sin establecer mecanismos de reevaluación y depuración de los actuales agentes bajo criterios claros de permanencia e incorporación en función de servir a la democracia. Así como tampoco sin hacer las adecuadas judicializaciones de los agentes que se apartaron de la legalidad. El principio de transparencia debe primar en todo el Estado, incluida la Agencia Federal de Inteligencia. Esto no significa pecar de ingenuidad. Significa establecer criterios claros sobre la real necesidad de mantener cierta información confidencial o reservada durante un período de tiempo, para evitar nuevos ocultamientos y arbitrariedades. No se puede mantener el actual culto al secretismo donde ni siquiera la Comisión Bicameral de Control del Parlamento accede a decir cuántas veces se reunió. Las capacidades de control parlamentario de los recursos y actividades deben ser reforzadas explícitamente y no quedar libradas a la reglamentación. Así como también debe explicitarse qué información pueden y deben difundir nuestros representantes a la ciudadanía para saber cómo y cuanto está controlando el Parlamento a las agencias de inteligencia. Si bien algunas reformas del proyecto son necesarias y positivas, no se está proponiendo una reforma integral del sistema de inteligencia y creemos que esto es necesario y fundamental. Significa, entre otras cosas, quitarle poder operativo a la Agencia Federal de Inteligencia y que sus fuentes sean los organismos que debe dirigir, eliminar la "Orgánica del cuerpo de informaciones de la Policía Federal Argentina", creada por decreto en 1963 y tomar toda una series de medidas complementarias para controlar la forma en que el Estado recolecta y protege los datos personales y la privacidad de la ciudadanía. El oficialismo hoy tiene la obligación histórica de garantizar que el proyecto sea consensuado con la sociedad y con la oposición, quien también tiene la obligación de debatir y consensuar pensando en el país. Si este proyecto es para defender a los argentinos y la democracia, es una contradicción seria modificar una ley ampliamente consensuada, sin el actual consenso de las diversas voces del espectro político y social. 6 de febrero de 2015



Al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Dr. Julio Cesar Alak S________/_______D 
 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Vice Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa a los efectos de hacerle llegar la opinión de nuestra comunidad académica con relación al anteproyecto del código penal elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada por el Decreto 678/2012, conforme la invitación que oportunamente se nos cursara mediante Resolución Ministerial número 567. En tal sentido debo señalar a Ud. que el Consejo Directivo de la Facultad por Resolución 087/12 dispuso la conformación de una Comisión Coordinadora para el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal, con una integración igualitaria de sus claustros (Guadalupe Bustos –alumna-, Mariano Gette -graduado, Alejandro Osio –docente-, Cecilia Bertole - Coordinadora área Derecho Público-, la que dispuso a tal fin la realización de una serie de actividades que a continuación se detallan. Así, el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal Argentino, tuvo su comienzo el día jueves 19 de Junio del corriente año a las 18 horas en el Salón Azul de la misma facultad (Coronel Gil N° 353, primer piso). En este primer encuentro, se llevó a cabo una conferencia-debate con la presencia del Dr. Roberto Manuel Carles, Coordinador de la Comisión para la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad de Ciencias Económicas y Jurídica Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, y los Mag. Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes de Derecho Penal de esta Facultad. La actividad fue gratuita y abierta a toda la comunidad universitaria, organismos gubernamentales, ONG’s y la sociedad en general, y tuvo por finalidad constituirse en un primer espacio de análisis del objeto en cuestión, con el fin de reseñar sus características más salientes, y detectar aquellos temas que resulten de mayor interés para el debate. Posteriormente, el lunes 23 de junio a las 19:00 horas en el Salón Azul de la Facultad, se llevó a cabo una conferencia debate con la presencia de la Doctora María Elena Barbagelata, ex Diputada Nacional por el Partido Socialista e integrante de la Comisión redactora del Anteproyecto del Código Penal. La actividad presentó similares características al anterior encuentro. Finalmente el viernes 4 de Julio a las 19:00 horas en los recintos de la FCEyJ, se desarrolló un foro debate público, con comisiones temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado en las primeras actividades para arribar a una reflexión y discusión más profunda y específica del Anteproyecto de reforma. Además, con posterioridad a la conformación de la comisión coordinadora, la misma dispuso una casilla de correo electrónica al público en general, para receptar hasta el 6 de Julio –inclusive- opiniones, ideas, críticas y todo otro aporte relacionado al Anteproyecto (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.). Como resultante de todas estas actividades la Comisión recibió propuestas de distintas personas y organizaciones, las que analizó, estudió y debatió conforme se desprende del Informe Final que se adjunta al presente con el contenido integral de las propuestas recibidas y el tratamiento dado por la Comisión. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad de Ciencias Económicas y Jurídica Como conclusión, la Comisión puso en mi conocimiento que la opinión que pretendía se hiciera llegar a Ud. como expresión de toda la comunidad académica de nuestra Facultad es la que fuera expresada por el Dr. Eduardo Luis Aguirre Profesor titular regular de la cátedra Derecho Penal II de nuestra Facultad y que se vincula a una temática de hondo contenido emotivo y experiencial para todos los pampeanos. En tal sentido hago saber a Ud. que la cátedra entiende que, dada la sistemática elegida, en lo que concierne a los Delitos contra el Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204, debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este contexto histórico de la Humanidad, cual es la que, perpetrada de manera dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas superficies o contribuya a la producción de la misma. 
 En este sentido, cabe recordar que el artículo de referencia describe
, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en cuanto se "contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora. Esas conductas, se agravan en diversos casos (Inciso 2°), algunos de los cuales hacen referencia a supuestos en que la conducta infractora: a) Tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural. b) Impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas. c) Provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de las áreas afectadas. d) Causare daños directos a la salud de la población. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad de Ciencias Económicas y Jurídica e) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una comunidad. Finalmente, la cátedra, y la Facultad toda, entiende que el artículo debería agregar expresamente una conducta crucial en términos de contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado. Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación del poder punitivo del Estado, sino una adecuación típica y una correcta y detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación. Sin otro particular y esperando que estos aportes sean de utilidad para el trascendente objetivo que el Ministerio a su cargo se ha fijado, saluda a Ud. muy atentamente.

Durante el mes de Febrero se llevará a cabo en la Facultad el Curso de Verano La cuestión penal: mitos y verdades, a cargo de los docentes Mg. Alejandro OSIO y Abog. Sebastian PAÍS ROJO.
El objetivo del Curso es abordar una temática ampliamente difundida en la comunidad en la actualidad, e intentar clarificar conceptos de la cuestión penal, comparando la información que emana de las agencias de comunicación con la base teórica, normativa y estadística de cada tema específico, desde un lenguaje llano y comprensible.
El Curso se desarrollará en nueve -9- encuentros, entre el miércoles 4 y el miércoles 25 de febrero, en las siguientes fechas: lunes 9 y 23, miércoles 4, 11, 18 y 25, y viernes 6, 13 y 20, en todos los casos en el horario de 19:00 a 21:00 (salvo los días 4 y 23, en que la actividad se extenderá hasta las 22:00), en espacios de la Facultad a confirmar. 
La propuesta es abierta y gratuita, y está destinada a toda la comunidad, docentes, estudiantes, graduados, público en general. Se expedirá certificado de asistencia a quienes asistan a siete -7- de los nueve -9- encuentros. Los participantes podrán optar por la presentación de un trabajo, en cuyo caso y ante su aprobación (más el requisito de asistencia), se expedirá el certificado de aprobación correspondiente. 
En general se abordarán conceptos del Derecho Penal y Procesal Penal, del sistema penal, de las agencias intervinientes, y del marco Convencional, Constitucional y legal de la cuestión penal, para en particular analizar las siguientes temáticas: la pena de prisión – situación carcelaria – prisión preventiva – reincidencia – minoridad y delito – reforma del Código Penal. No se requieren conocimientos previos de Derecho Penal u otras disciplinas científicas.
Las inscripciones se realizarán a los correos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Es muy probable que haya comenzado a escribir este breve texto urgido, como habitualmente nos ocurre, por la necesidad de reflexionar acerca de aquello que no ha sido escamoteado pensar. Y que ese comienzo esté marcando el límite de la pasividad posible frente a la forma malintencionada, interesada y banal con la que se describe, desde la mayoría absoluta de los medios de comunicación de este país (y de los extranjeros, que reiteran y replican un sentido común que a nuestras anestesiadas clases medias imponen los grupos mediáticos dominantes), la muerte lacerante y dolorosa del fiscal Nisman. Aclaro, entonces, que si bien debo inexorablemente referirme a la banalidad del mal (como señala Hanna Arendt), mi objetivo no es detenerme especialmente en la gigantesca maquinaria de manipulación instalada, sino, más bien, y por el contrario, en las consecuencias posibles de esa concertada operación. Lo que quiero expresar es el resultado de haber pensado sobre lo que no nos permitimos pensar, como sugiere Heidegger.
Lo que nos está vedado pensar, en este caso, es mucho más grande y terrible que lo que se exhibe tediosamente en los medios televisivos y escritos. Tiene que ver con la necesidad de despejar lo conjetural de lo probable, pero en todo caso, no descartar ninguna de ambas escrutaciones posibles.
La muerte de Nisman parece destinada, objetivamente,  a poner de manifiesto -en definitiva- que este "discolo" país no ha querido o no ha podido juzgar el más terrible crimen terrorista de su historia, cuya causa lleva 20 años empantanada. Un hecho que, por supuesto, ha rebasado holgadamente, por su envergadura, los límites políticos y geográficos de nuestro apendicular -aunque estratégico- país, insertado en un continente que tampoco parece fácil de arriar en este tramo de la historia.
La muerte de un fiscal general dedicado específicamente a perseguir y enjuiciar a los responsables de la voladura de la AMIA sugiere muchas cosas, y enmascara otras, que hasta ahora no pronunciamos, quizás por el comprensible temor que la sola mención de esas hipótesis acarrea.
Definir, insisto, que la Argentina no quiere o no puede esclarecer judicialmente ese hecho, más allá de de los intereses que se alinean detrás de cada hipótesis, abre internacionalmente una suerte de caja de Pandora de consecuencias tremendas.
Ese conjunto de prácticas de permanente emergencia denominado " derecho internacional", habilita la justicia universal justamente en estos casos, en base a los principios de subsidiariedad y complementariedad. Dicho en otros términos, y para que se entienda más claramente, la CPI (otro organismo funcional a los designios imperiales, como lo fueron sus antecedentes inmediatos, en especial el TPIY) y cualquier país con un "interés legítimo" en la averiguación de un crimen de masa, estaría habilitado para perseguir extraterritorialmente a los "responsables" de la catástrofe y del "no enjuiciamiento", previa y conveniente demonización de los mismos por los mass media locales y extranjeros, tarea que ya ha comenzado inescrupulosamente (no hace falta que nombre como ejemplos previos elocuentes a Milosevic, Saddam, Khadaffi, Bashar Al Assad, Hugo Chávez, Correa, Evo, Allende, Fidel Castro, etc,etc).
O sea, que se ensaye una variante para nada original de golpe blando.
Analicemos: ¿ tiene la justicia internacional facultades para intervenir en casos en los que, unilateralmente, se entienda que "no existe la voluntad o la posibilidad de perseguir y enjuiciar a responsables de crímenes masivos"? Si (veamos, sino, lo que expresa sobre el particular el profesor Kai Ambos, una de las mayores autoridades mundiales en materia de Derecho Penal Internacional:http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20120808_02.pdf ). ¿ Se encuentra el crimen de terrorismo dentro del catálogo de delitos susceptibles de habilitar esa instancia de "justicia global"? Claro que sí (para constatarlo, sugerimos la lectura de este brevísimo texto: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20120808_02.pdf). ¿Se han hecho eco los poderes de facto transnacionales de esta posibilidad? No caben dudas. Basta con leer las presiones que en ese sentido ejerce explícitamente  el New York Times (http://www.infobae.com/2015/01/21/1622194-el-new-york-times-llama-crear-un-equipo-internacional-investigacion-resolver-el-caso-amia:"la mejor esperanza" de resolver el caso AMIA es a través de un equipo internacional de investigación"). ¿Existen condiciones subjetivas, además de estas claramente ojetivas, que precipiten un conato de quiebre y rendición de la Argentina? Sin duda. La módica capacidad de comprensión y la facilidad para ser presa de manipulaciones de todo tipo de amplios sectores de la sociedad argentina eximen de mayores comentarios. Digámoslo con dolor, pero digámoslo al fin: si bien hay muchos que tienen muy claro el juego que juegan, la mayoría de la sociedad argentina no se representa el verdadero riesgo ni mucho menos se asume como un factor desestabilizador y necesario de la peor pesadilla. Urge, entonces, que la justicia proporcione rápidas respuestas sobre la muerte de Nisman y el crimen de la AMIA. y que sus fuentes de inspiración dejen de ser los oscuros y macabros servicios de inteligencia.

(Un nuevo avance del libro que esperamos presentar en  2015)


         Los criminales bombardeos contra Serbia, absolutamente impunes, pusieron al descubierto la crisis sistémica del Derecho Penal Internacional, y la capacidad del imperialismo de exhibir y asimilar sus intereses a los del resto del planeta, utilizando en todos los casos, de allí en más, apelaciones a valores tales como la seguridad, el humanitarismo, la democracia y la libertad, con los que se encubría la intencionalidad de una recolonización imperial del mundo, al amparo de un predominio cultural, discursivo y propagandístico nunca antes visto.
Casi tres meses de bombardeos ininterrumpidos precipitaron la caída de Belgrado, y con ella, la capitulación de las expectativas de la vigencia de un derecho internacional democrático.
Los crímenes perpetrados durante la guerra se dirimieron en La Haya, por parte de un tribunal creado después de finalizada la agresión.
El TPIY fue siempre sospechado de ser un títere de la OTAN. Basta con poner de manifiesto que nunca ha presentado acusaciones  contra líderes de la alianza atlántica o jerarcas militares occidentales, desoyendo voces que en ese sentido le reclamaban una actitud más equilibrada, tales como el grupo de procuradores canadienses dirigidos por el magistrado Michel Mendel o la propia Amnistía Internacional.

Una masacre como aquella, seguida de una ominosa impunidad, probablemente vuelva a ocurrir en cada caso en que el Imperio decida volver a las andadas y castigar a los pueblos subalternos con una nueva cruzada humanitaria apoyada por la “comunidad internacional”. 

Todo lo que el derecho internacional pueda hacer para impedirlo, implicará una postura militante para evitar una catástrofe sin precedentes[1]. “Y durante tres meses los aviones de la OTAN bombardearon puentes, fábricas, barrios residenciales, trenes, coches de línea, hospitales, una embajada, un convoy de refugiados, el edificio de la televisión estatal…el concepto crimen de guerra cuadra bastante bien con muchos de aquellos ataques y la verdad no me hubiera importado acudir ante un tribunal, como testigo presencial de aquellos crímenes, si alguno de ellos hubiera sido alguna vez juzgado. Pero siempre supimos que no lo serían. Que el derecho internacional no rige para EEUU y sus aliados. Que no se trataba de derecho sino de poder[2].
El 23 de marzo de 1999, el diario El País anunciaba de esta manera el inicio del histórico martirio serbio, que comenzaría en menos de 24 horas: “Solana ordena el bombardeo de Serbia. La hora del fuego parece haber llegado de forma inevitable. El secretario general de la OTAN, Javier Solana, ordenó anoche el ataque militar contra territorio yugoslavo. Los primeros bombardeos con misiles, que abrirán paso a la intervención de la fuerza aérea, pueden producirse esta misma noche. Sólo una "señal muy contundente" del dictador Slobodan Milosevic impedirá ya el ataque internacional para pacificar Kosovo. Solana evacuó consultas con Bill Clinton, con Jacques Chirac, con el jefe del Gobierno español, José María Aznar, y con otros líderes. Todos ellos le confirmaron su apoyo para lanzar un ataque aliado en caso necesario. Esa necesidad se reveló inevitable tras la segunda ronda de negociaciones mantenida ayer en Belgrado por el enviado especial estadounidense, Richard Holbrooke, quien tiró la toalla tras algo más de dos horas de conversaciones con Milosevic. Holbrooke voló anoche en dirección a Bruselas para informar de la situación al secretario general de la OTAN. Fuentes de la Alianza señalaron poco antes de la reunión que Solana había tomado ya la decisión de atacar. Esta fue anunciada poco antes de la medianoche. La orden de ataque significa que el general Wesley Clark, jefe supremo de las fuerzas aliadas en Europa, puede abrir fuego cuando le parezca que se cumplen las mejores condiciones para asegurar su éxito.
Ese mejor momento parece que podría ser esta misma noche, dada la tradición aliada ya demostrada en Irak de lanzar ataques aprovechando la oscuridad. La orden de ataque puede ser revocada por Solana en cualquier momento, aunque la OTAN se mostraba anoche pesimista y descartaba una vuelta atrás salvo en el caso de que Milosevic diera "una señal muy contundente" y acatara sin ambages el plan de paz auspiciado por la comunidad internacional en Rambouillet.
El primer ataque intentará destruir con misiles las potentes defensas antiaéreas yugoslavas. Una vez cumplida esa finalidad, la OTAN podrá bombardear otros objetivos militares utilizando la aviación. Los milimétricos preparativos de las últimas semanas intentan no sólo asegurar la victoria militar aliada, sino reducir al mínimo posible las bajas de civiles. "El ataque se realizará exclusivamente sobre objetivos militares", insiste la Alianza.
Objetivo político.
El bombardeo del territorio serbio tiene ante todo un objetivo político: obligar a Slobodan Milosevic a firmar la paz y poner en marcha el plan suscrito ya por los albanokosovares en Rambouillet bajo el patrocinio de la comunidad internacional. "La fuerza es siempre el último recurso de la OTAN. Algunos nos han criticado por no haberlo utilizado antes y otros nos criticarán porque lo hacemos ahora. Pero el único fin del ataque, si llega a realizarse, es un objetivo político una vez agotados todos los canales de negociación", sostenían anoche fuentes de la Alianza Atlántica. Bombardear territorio serbio tiene como objeto no sólo forzar a Milosevic a entenderse con los kosovares, sino evitar una catástrofe humanitaria: la muerte de centenares de personas y la emigración forzosa de miles de refugiados. Caso de producirse, el bombardeo de territorio serbio sería la segunda intervención aliada en los Balcanes, tras la efectuada en 1995 en el conflicto de Bosnia-Herzegovina”[3].
Por su parte, los líderes europeos, solidarios en la cruzada criminal, daban cuenta al mundo del inicio de la agresión. El presidente del Gobierno español, José María Aznar, uno de los protagonistas de la derecha dura hegemónica de la época, advertía desde Berlín, que la decisión sobre la intervención de la OTAN en Kosovo "está tomada" y que el Gobierno español "la apoya". “El presidente de EE UU, Bill Clinton, el primer ministro británico, Tony Blair, y el jefe del Estado francés, Jacques Chirac, entre otros, se dirigieron ayer a sus opiniones públicas o a sus respectivos Parlamentos para informarles sobre la participación de sus tropas en el inminente ataque aéreo contra Serbia[4]. El ataque, que, como recordamos, debía acotarse únicamente a “objetivos militares milimétricamente” establecidos, causó una masacre entre la población civil afectada. Un periódico español de derecha da cuenta de algunos de los recurrentes “errores” (así eran denominados) de los pilotos de la mayor fuerza militar del planeta.

 “Errores de la OTAN hasta el momento”
“El 30 de mayo la OTAN reconoce su "último error": bombardeó un puente en Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado), pero aseguró que no tuvo intención de causar bajas civiles en este ataque, el décimo tercero que se salda con víctimas indeseadas. Ese ataque dejó once muertos y 40 heridos, quince de ellos en estado grave y cinco en estado crítico. En total, 254 personas han perecido en estos bombardeos asesinos desde que la OTAN lanzó su ofensiva aérea contra Yugoslavia el 24 de marzo, según fuentes serbias.
La Alianza considera "inevitables" estos "errores" que ocasionan "daños colaterales indeseados" y sostiene que su porcentaje es ínfimo con respecto al enorme número de misiones aéreas cumplidas.
- 5 de abril: 17 muertos en el bombardeo de la ciudad minera de Aleksinac (Serbia, 200 kilómetros al sur de Belgrado). Una bomba guiada por láser con destino a un cuartel del centro de la ciudad erró el blanco.
- 9 de abril: Los habitantes de Pristina, capital de Kosovo, fueron víctimas de un ataque contra una central telefónica. Ni la OTAN ni los serbios han suministrado un saldo de las víctimas.
- 12 de abril: Varios misiles disparados contra un puente por el que pasaba un tren en Grdelicka Klisura (sur de Serbia) mataron a 55 personas.
- 14 de abril: La OTAN bombardeó una caravana de fugitivos kosovares en la región de Djakovica (Kosovo) y ocasionó 75 muertos. La Alianza argumentó que pensaba que se trataba de una caravana de vehículos militares.
- 28 de abril: La OTAN mató a 20 personas cuando, al intentar bombardear un cuartel en Surdulica (250 kilómetros al sur de Belgrado), erró el blanco y sus proyectiles cayeron en una zona residencial.
- 1 de mayo: 47 muertos en el bombardeo del puente de Luzane (Kosovo) por el que pasaba un autocar.
- 7 de mayo: Una bomba de racimo, destinada al aeropuerto de Nis (sureste de Serbia) cayó en el centro de la ciudad en pleno día y causó por lo menos 15 muertos y 70 heridos.
- 8 de mayo: La OTAN bombardea la Embajada de China en Belgrado y mata a tres periodistas chinos que pernoctaban en ella. El ataque dejó además unos 20 heridos y generó una grave crisis diplomática entre China y Estados Unidos. La OTAN arguye que cometió este error por haber utilizado un plano anticuado de la ciudad.
- 13 de mayo: 87 albanokosovares murieron en Korisa (Kosovo) al bombardear un "objetivo legítimo", un campamento militar, en el que no pudo explicarse la presencia de civiles.
- 20 de mayo: Por un error de encaminamiento por láser, una bomba disparada por la aviación contra Belgrado alcanzó el hospital Dragisa Misovic, en el barrio de Dedinje. Cuatro pacientes murieron.
- 21 de mayo: Por lo menos 19 personas murieron al ser atacada la cárcel de Istok (Kosovo), en la que se cobijaban según la OAN la Policía y el Ejército yugoslavos.
- 22 de mayo: la OTAN bombardea por error una posición de la guerrilla independentista de Kosovo y causa siete muertos y 15 heridos.
- 30 de mayo: Al menos 11 muertos y 40 heridos en el bombardeo del puente de Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado).
- 1 de junio: 20 ancianos muertos tras el bombardeo de un geriátrico en un suburbio de Belgrado. El error también causa la muerte de una mujer y provoca heridas en otras ocho personas.
- 2 de junio: Aviones aliados lanzan bombas sobre territorio albanés, a cuatro kilómetros de Morina, creyendo que destruyen trincheras del Ejército Yugoslavo”[5].
En síntesis, la OTAN llevó a cabo un proceso de exterminio sistemático con pretensión reorganizadora destinado a la recolonización y disciplinamiento de los pueblos eslavos del sur europeo.
Para lograrlo en primer término, necesitó imponer una campaña global de desinformación y mentiras a través de los grandes medios de comunicación aliados, que reconoce, según lo advierte el periodista Michel Collon, varios elementos que luego se han reproducido en cuanta intervención más o menos velada, primaveras o golpes suaves haya alentado, estimulado o impulsado el imperialismo en todo el mundo.
Este es el nuevo sistema de control global punitivo, estrenado en los Balcanes, que incluye fabulosas operaciones mediáticas, bloqueos y otras formas de estrangulamiento económico y financiero, exacerbación de las diferencias de los países víctimas y, por supuesto, operaciones policiales de alta intensidad o guerras de baja intensidad, según lo demande cada realidad en particular.
No existen demasiadas diferencias entre lo ocurrido en Yugoslavia con lo que el imperialismo intentó en Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Paraguay o Argentina, con suerte diversa. Los recursos a los que ha echado mano responden a una misma lógica punitiva global, y no difieren, en ese sentido, de lo ocurrido en Irak, Afganistán, Ucrania o Libia.
Compartimos con nuestros lectores un avance del trabajo que esperamos presentar en la Feria Internacional del Libro 2015.

La fragmentación política y territorial de la ex Yugoslavia, perpetrada a manos de las potencias occidentales, fue una de las evidencias más claras de la vigencia de un nuevo orden mundial. Una  forma de dominación imperial sustentada en la nueva geopolítica de la unipolaridad, impuesta por medio de la fuerza al resto del planeta después de la disolución de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín.
Eran tiempos del fin de las ideologías y de la historia, de la más plena vigencia del pensamiento “único”. Esto es, el triunfo del neoliberalismo a nivel global.
Los Balcanes expresaban, hasta ese momento, un experimento institucional y social sin precedentes. Yugoslavia era un país equitativo y promisorio, cuyas singularidades sociales, económicas, culturales y políticas lo diferenciaban claramente del resto de las burocracias socialistas europeas.
Es obvio que las potencias occidentales habrían advertido que resultaba intolerable, para el nuevo paradigma del capitalismo global, conservar en medio de Europa un país socialista con estado de bienestar, derechos civiles y libertades compatibles con los significantes vacíos de la propaganda capitalista en boga, capaces de ser comprendidos con apego a paradigmas de progreso y solidaridad sustentables.
Se trataba de una oportunidad geopolítica única. Rusia, un aliado histórico de Serbia, atravesaba el período de postración, debilidad y retroceso más grave de su historia política. Conclusión: el pequeño país, epicentro de la creación del Movimiento de los No Alineados, estaba a merced de la barbarie imperial.
Rápidamente, Occidente comenzó a profundizar las contradicciones latentes  al interior del país desde la segunda posguerra. Y puso en práctica lo que, con el correr de los años, Gene Sharp denominaría “doctrina de los golpes blandos”, intentados con suerte diversa en Medio Oriente y América Latina.
Aunque, en el caso yugoslavo, el desmembramiento se produjera como consecuencia de la masacre llevada a cabo por las principales potencias capitalistas, a través de su brazo armado, la OTAN, prescindiendo incluso, inicialmente, de su amable y funcional fachada institucional: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.


La escalada militar, durante la cual la OTAN arrojó sobre Yugoslavia miles y  miles de toneladas de bombas y misiles, causando la muerte a un número indeterminado de víctimas entre la población civil, culminó con la impunidad absoluta de los perpetradores. Un elemento más que caracteriza lo que he definido anteriormente como control global punitivo.
Pero además, fue exhibida al resto del mundo de una manera absolutamente arbitraria y antojadiza por parte de las principales cadenas informativas imperialistas.
Los agresores fueron presentados como defensores de la libertad y la democracia y las víctimas, como totalitarios nostálgicos, nacionalistas extremos que no alcanzaban a comprender las bondades de un bombardeo que durante más de 90 días asoló a un país cuyo pecado capital fue no haberse allanado a los designios imperiales.
Pero el asalto militar fue el último tramo de un delicado entramado destituyente que inauguraba una época pródiga en primaveras y golpes de estado no convencionales.
La doctrina de los golpes blandos, debe recordárselo, concibe una primera etapa de exacerbación de la conflictividad y las diferencias al interior del país que se propone desestabilizar, para continuar con el calentamiento de la calle, la organización de manifestaciones de todo tipo, potenciando posibles fallas y errores de los gobiernos, la guerra psicológica, los rumores, y la desmoralización colectiva, hasta terminar con la dimisión de los gobernantes.
En el caso de Serbia, Occidente no necesitó que renunciaran sus gobernantes. Los juzgó –y condenó- por medio de un tribunal ad-hoc, uno de los más fuertemente cuestionados de la historia de la justicia y el derecho internacional, como habremos de ver.
La exacerbación de la conflictividad comenzó con la estimulación sistemática de los particularismos y las diferencias existentes entre las distintas repúblicas. La exaltación de la diversidad pivoteó sobre el falseamiento de hechos históricos, las diferencias religiosas, “étnicas” y políticas. El otro, que antes era un connacional, comenzó a percibirse como un enemigo, y de allí a las pulsiones “independentistas” amde in occidente hubo un solo paso.
El calentamiento de la calle contó con el aporte decisivo de una cobertura tan inusual como sesgada por parte de las grandes cadenas informativas de los países centrales, y los yerros –evidentes- del gobierno de Belgrado sirvieron para inaugurar la demonización del país y de sus habitantes, el pretexto perfecto para desatar una guerra “humanitaria” sobre los Balcanes.
La Guerra de los Balcanes,  comenzó en 1991, con la independencia que Eslovenia y Croacia declararon respecto de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, constituyó desde su inicio una clara amenaza para la paz y la seguridad de la región.
Si bien la guerra en Eslovenia fue efímera, el conflicto con Croacia fue singularmente cruento, y en 1992 se sumó Bosnia-Herzegovina al movimiento separatista desembozadamente promovido por las potencias de la OTAN.
Las fuerzas serbias que respondían al gobierno central de Belgrado, naturalmente, tendieron a la recuperación de Bosnia, territorio federal, lo que produjo un desenlace esperablemente cruento.
 La excusa perfecta para que los actores clamaran por la  funcional intervención de las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, una de cuyas funciones es, justamente, velar por la paz y la seguridad internacional.
Las consecuencias de esta intervención, más allá de las motivaciones explícitas convencionales, apuntaban a inferir a Serbia una derrota ejemplarizadora.
Obligarla, en primer lugar, a aceptar el amargo y obligatorio designio de terminar pugnando por ingresar a la Unión Europea, aceptando la implementación de recetas recesivas y regresivas por parte de los organismos internacionales de crédito.
Es decir, propender a su propia degradación y dependencia. Lo que en el particular léxico de los recolonizadores del mundo se conoce como el ingreso a la “economía de libre mercado”.
Desde entonces,  los crímenes de masa, las intervenciones “humanitarias” y preventivas, las “guerras justas”, los nuevos enemigos creados por el imperio y la violencia “legítima” internacional, debía, necesariamente, entenderse como la consolidación de un nuevo sistema de control global punitivo que implicaba  un proceso de transformación sociológica y geopolítica fenomenal, que demandaba un derecho penal y prácticas de control global en permanente “excepción” y emergencia.
Este sistema de control global era el nuevo instrumento de disciplinamiento global de los insumisos y los débiles.
Por lo tanto, cuando debatimos acerca de los cambios trascendentales, paradigmáticos, que deparó la globalización, necesariamente debemos enumerar entre ellos el declive de los Estados nacionales y del concepto de soberanía, pero también el renacimiento de las reivindicaciones locales, la legitimación de la fuerza como mecanismo recurrente para resolver los conflictos y la consolidación de un novedoso sistema de control global punitivo, destinado a reproducir las condiciones de hegemonía impuestas por el imperialismo.

El  sistema de control global punitivo constituye una nueva forma de control universal que se apoya en retóricas, lógicas, prácticas e instituciones de coerción, la más violenta de las cuales es la guerra.
Una guerra de cuño imperial. De características diferentes a los conflictos armados que acaecieron hasta la guerra fría. Un novedoso tipo de guerra que se inauguró, precisamente, con el bombardeo de la OTAN  a  Yugoslavia.
Una guerra en la que ya no se busca anexar grandes espacios geográficos o asegurar mercados internacionales.
Se trata, ahora de guerras que implican grandes disputas culturales, gigantescas empresas propagandísticas, que se emprenden con el objeto de imponer valores, estilos de vida, sistemas de creencias compatibles con la visión imperial del mundo. Y que incluyen, por supuesto, la vocación de apropiarse unilateralmente de recursos naturales escasos y la participación de arsenales bélicos y comunicacionales de última generación. Porque en estas guerras no se tiende a lograr solamente victorias militares, sino también imponer relatos, narrativas y productos culturales compatibles con los intereses “humanitarios” del imperialismo, e infligir a los vencidos derrotas aleccionadoras en el plano  político y moral. Aunque éstas impliquen, paradójicamente, la perpetración de horribles crímenes contra la humanidad.






    Mientras buscaba en mis archivos un texto vinculado al funcionamiento de la CPI, encontré un documento que reproducía mi intervención como representante de la Provincia de La Pampa en el Plenario de Comisiones del Senado, en la "Jornada sobre Régimen Penal de Menores", acaecida el 11 de mayo de 2004. Por ese entonces, el hasta allí "ingeniero" Juan Carlos Blumberg entregaba a las distintas comisiones del Senado sus propuestas "securitarias". El propio sitio web de la Cámara alta daba cuenta que el 11 de abril de ese año, Blumberg había estado en "el salón Arturo Illia del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849)", donde" se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. Juan Carlos Blumberg, autor de un petitorio que se presentó ante ambas Cámaras del Congreso para delinear una agenda legislativa en temas de seguridad y reformas penales, estuvo presente para explicar su propuesta" (http://www.senado.gov.ar/prensa/113/noticias)..A principios de mayo de ese año (hace más de una década), Blumberg lograba que un Senado en desprolijo retroceso comenzara a sancionar una saga de leyes represivas cuyos efectos todavía hoy lamentamos (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34969-2004-05-06.html).  Entre esas propuestas, estaba, por supuesto, la de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Y al plenario asistían, en actitud de claro contralor de los expositores, personas que comulgaban con las posturas punitivistas que se pretendían imponer con marchas multitudinarias frente al Congreso argentino. Este viejo fragmento del Diario de Sesiones sirve para analizar y reflexionar sobre lo que pasó en estos largos diez años en materia de niñez, en el país y en La Pampa. Y, por supuesto, me deja en absoluta tranquilidad con mi conciencia.



plenario de comisiones
martes 11 de mayo de 2004

Jornada sobre Régimen Penal de Menores









Casete Nº 1
Comisión de Seguridad y Narcotráfico
11 de mayo de 2004

En el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación el martes de 11 de mayo de 2004:

Presentador. — Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón Azul del Honorable Congreso de la Nación donde vamos a participar de la IV Jornada “Régimen Penal de Menores y Protección del Niño y Adolescente” que es organizado por las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Población  y Desarrollo Humano, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales. Como ya es habitual en cada jornada, primeramente vamos a escuchar las palabras de bienvenida e introducción sobre el Régimen Penal de Menores de la señora presidenta de la Comisión, senadora Sonia Escudero.
Sra. Presidenta (Escudero). — Buenas tardes, les agradezco a las provincias que nos acompañan; tenemos representantes de nueve provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de esta invitación es conocer cuáles serían las consecuencias en cada provincia si el Congreso Nacional avanza en la aprobación del proyecto que se está analizando y que prometió enviar el Poder Ejecutivo sobre Régimen Penal de Menores.
            Antes de escuchar a cada provincia quiero comentarles cuáles son los consensos sobre los que se está trabajando. En primer lugar, hay consenso con relación a que el régimen vigente, la Ley de Patronato, debe ser derogada inmediatamente; hay consenso en que es urgente aprobar la ley que implemente la Convención de los Derechos del Niño adecuándolo a nuestro derecho positivo; hay consenso en cuanto a que hay que aprobar un régimen penal especial de menores; y no hay consenso todavía en cuanto a la edad de imputabilidad, hay una petición concreta que recibió el Congreso en la marcha encabezada por el señor Blumberg donde se pide bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Con relación a ese tema hemos escuchado a distintos especialistas y por eso hoy empezamos la ronda con las provincias.
            Concretamente, nos gustaría saber: ¿Cuál es la situación de los menores en cada provincia?, ¿cuál es el régimen que se está aplicando?, ¿cuál es la situación de institucionalización de los menores?, ¿cuáles son los costos?, ¿cuáles son los efectos que eso tiene? Y si se avanzara en el cambio del régimen, ¿cuánto tiempo necesitarían las provincias para adecuar sus sistemas al régimen de la nueva ley?.... 
(Hablan en primer lugar varios representantes de distintas provincias)......
Le damos la palabra al representante de La Pampa. Es el doctor Eduardo Aguirre, subsecretario de Seguridad.
Sr. Aguirre. — Una primera coincidencia con todos los participantes que me precedieron en el uso de la palabra, que es el agradecimiento por la posibilidad de tener este espacio para debatir estos temas tan sensibles.
            Y una segunda coincidencia, por cierto, no formal, que es la evidencia de encontrar puntos de vista consensuados, si es que por consenso entendemos la capacidad de generar tendencias que se arraiguen en los sujetos colectivos. Podemos decir ya a esta altura de la tarde que hemos escuchado un sinfín de propuestas y hemos, seguramente, logrado un número no menor de acuerdos. Lo cual, de alguna manera, va a allanar el camino de lo que será mi exposición, en lo que tiene que ver con la posibilidad de encontrar un ejercicio de síntesis, o más bien, sincrético, de lo que se ha producido a lo largo de esta mesa.
            Quiero retomar una parte del planteo del doctor Cafiero, que realmente me impresionó. Porque creo que puso sobre el tapete un eje que me parece que está siendo sistemáticamente escamoteado de la discusión jurídico penal y, sobre todo, político criminal, al momento de diseñar estas estrategias, supuestamente de prevención, perfiladas únicamente desde el sistema penal.
            Ese eje es la selectividad evidente del sistema penal, a través de todos los procesos de criminalización, incluso de la criminalización primaria, como es el caso de una ley penal. Y esta huida hacia la punición, en mi modesta apreciación, acicateada por emociones comprensibles, pero por emociones al fin, nos pone prácticamente frente al abismo de no saber hacer una lectura retrospectiva mínima de lo que ha venido ocurriendo en la Argentina, con indicadores sumamente elocuentes en lo que tiene que ver con el perfil de la clientela de las institutos de menores y de las cárceles de la República Argentina.
            Cómo resuena, cómo golpea, cómo replica ese carácter selectivo del sistema penal, tiene yo diría una connotación que se vincula con lo que ocurría hace setenta años. Hace setenta años, recuerdo,  la autora italiana Eugenia Scarsarella (?) daba cuenta de cómo en la Argentina el 90 por ciento de los presos eran pobres. Esa cifra se repite hoy en nuestro país, y además de ser pobres son cada vez más jóvenes. Este es un dato que no podemos obviar de ninguna manera, porque esta evolución va alcanzando ribetes francamente dramáticos.
            Yo quería plantear lo siguiente —espero no aburrirlos con esta cita un poco desordenada, a lo mejor no del todo sistemática de datos—: en la Argentina, el porcentaje de inculpados menores de 21 años creció en forma sostenida desde 1995 a la fecha. De la misma manera, la proporción de inculpados menores de 21 años, ha crecido entre 1991 y 1997, en una tasa promedio anual del 2,1 por ciento. Pero en el período de 1995 a 1997 —esto no es casual—, este crecimiento adquirió una rapidez inusitada, alcanzando el 7,8 por ciento anual.
            Estas cifras son de por sí preocupantes. Pero son más preocupantes todavía si tenemos en cuenta que el 42 por ciento de las sentencias del año 1999 fueron dictadas contra ciudadanos que tenían entre 18 y 25 años.
            Otro dato que quiero considerar, es que el 47 por ciento de los imputados en el año 1997 tenían entre 18 y 29 años, y el 9,8 por ciento tenía menos de 18 años de edad.
            La edad promedio de las cárceles —me refiero a los internos, obviamente— a nivel nacional, ha bajado de manera sustancial, absolutamente notoria. Y hay provincias —como el caso de la provincia de Buenos Aires—, donde la edad promedio de los internos ha pasado a ser, de 31 años, en 1984, a 21 años, en 1994. Esto es, se ha producido un descenso promedio de diez años.
            Digo esto, porque es la antesala para prever correctamente, y sin demasiado esfuerzo, hacia dónde vamos en el planteo de estas políticas públicas adoptadas sin un marco de reflexión o, al menos, sin la mirada hacia otras racionalidades alternativas a la punición.
            Esa edad promedio se estima actualmente en 19 años.
            Ahora bien, en el período 1996-1999, el porcentaje de inculpados con nivel educativo inferior al secundario —esto es, analfabetos o de escasa educación formal o educación primaria solamente—,  superó el 91 por ciento en todos los años, en el orden nacional y en las provincias.
            Mientras tanto, los estudios más recientes están revelando que en la Argentina solamente se denuncia el 30 por ciento de los delitos, de los cuales un 80 por ciento son de autores desconocidos, por lo que queda sólo un 6 por ciento de este guarismo inicial que estaba señalando. Y de ese 6 por ciento son condenados sólo un 50 por ciento. De ese 50 por ciento, que equivale al 3 por ciento, sólo el 20 por ciento —esto es el 0,6 por ciento— cumple prisión efectiva.
            De esos sujetos “prisionizados”, de ese 0,6 por ciento sobre el cual actúa de manera selectiva el sistema penal, con una edad promedio —como habíamos visto— de entre 19 y 21 años, entre el 50 y el 80 por ciento está privado de libertad por delitos contra la propiedad. Y tenemos en la Argentina un promedio de ocho homicidios cada 100 mil habitantes.
            Esto es, en rigor de verdad, esta huida hacia el sistema penal y hacia la punición, nos está colocando en una especie de callejón sin salida. Es decir, en una huida hacia adelante o, si ustedes mejor lo prefieren, concéntrica. ¿Por qué? Nosotros tenemos casos, como el de la provincia de La Pampa, que según los últimos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está considerada como la de situaciones más favorables, donde una lectura dinámica de cuál es la evolución de los indicadores de “prisionización” nos está diciendo lo siguiente: en junio del año 2000, la provincia tenía, contando todos los internos —nosotros no tenemos sistema penitenciario provincial; es decir, los internos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Nacional condenados o procesados por tribunales provinciales o federales con asiento en la provincia— 177 internos. Nuestra provincia tiene 300 mil habitantes. Saquen ustedes la cuenta. Teníamos 59 presos cada 100 mil habitantes, lo cual nos daba un índice de “prisionización” parecido al de Noruega, en ese momento. ¿Está claro?
            Hoy por hoy, a junio del año pasado, tenemos 393 presos. Es decir, hemos duplicado la cantidad de internos. Y al 29 de marzo de este año, tenemos 412.
            Quiero poner de relieve estos datos, porque sin la lectura objetiva de estas realidades, es bastante poco probable legislar con arreglo —insisto— a ciertas racionalidades. Porque cuando nosotros hablamos de políticas públicas, tenemos que poner de relieve que, además, la exigencia no es de mayor seguridad entendiendo la seguridad solamente como la posibilidad de ser víctima de un delito. La seguridad implica la elevación de la calidad de vida. Y la calidad de vida, desde el Estado, sólo se eleva con mayor calidad de gestión.
            Esto también es una demanda que es inexorable al momento de intentar articular políticas preventivas, generales, sociales, que no se agoten solamente en la política disuasiva o en la política situacional. Porque, en todo caso, estas políticas serían tremendamente regresivas y lo único que harían sería profundizar esta connotación asimétrica del sistema penal.
            Aún en la posibilidad de que el Estado nacional seguramente va a ser muy generoso en la arbitración y adjudicación de medios en el caso de que estas leyes finalmente se aprueben. Me refiero a las provincias, porque si no, obviamente no vamos a poder afrontar estas circunstancias venideras. Esto creo que también lo comparte el resto de los colegas.
            Creo que indudablemente vamos a tener que caer en esta cuenta. Si los indicadores evolutivos de la “prisionización” son similares a los que yo acabo de leer para la provincia de La Pampa, por más que creemos todos los institutos y bajemos los estándares de edad de la imputación penal, cuando logremos tener el primer instituto, ya esta realidad evolutiva geométrica y fugaz, nos iba a colocar en la misma situación que estábamos antes de tomar la decisión política.
            Por lo tanto, creo que este es un dato de la realidad objetiva que no puede soslayarse. Porque si se soslaya, lo único que hace es profundizar políticas que —como bien dijeron hace un rato— son erráticas desde 1903.
            Por otra parte, el doctor Cafiero decía hace un rato lo riesgoso que se suponía esta parte del discurso que plantea: si bajamos la edad de la imputabilidad, pero dotamos a los menores de un piso de garantías compatible con el paradigma de la Constitución, esto va a significar una suerte de neutralización del efecto de la disminución de la edad de la imputabilidad.
            Creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque comparto lo que decía el doctor Cafiero, por otro motivo inclusive. Si nosotros tenemos en consideración cuál es la realidad, por lo menos la que hay en nuestras provincias —particularmente a la que yo represento—, creo que este sesgo de arbitrariedad judicial que permite el paradigma tutelar, por imperio de la realidad, y precisamente por imperio de esta unilateral dirección de las estrategias de política criminal hacia la internación, han producido ya esa decantación.
            No sé si me explico. Nosotros tenemos algunos indicadores que están marcando lo siguiente: en la provincia de La Pampa hay un solo lugar de internación de menores que, paradójicamente, se llama Proyecto Vida, que tiene veintinueve residentes, y que tenía en el año 2001, también veintinueve chicos residentes en ese lugar.
            En el año 2001, teníamos por ejemplo, un solo caso de homicidio y veintiún casos de robo. Es decir, el 67,7 por ciento de esos chicos estaban privados de su libertad por la comisión de delitos que, por supuesto, no eran de homicidio ni violaciones, como se planteó al principio.
            Los indicadores del día de hoy, nos están señalando una mucha mayor complejidad de la actividad delincuencial de estos menores. Es decir, ya no se trata de un 67 por ciento de robos sino que, en todos los casos, lo que existe es, primero, mayor cantidad de homicidios; una mayor cantidad de robos agravados; la participación de menores en banda. Es decir, es probable que esta vuelta de tuerca en orden a la racionalidad de las motivaciones que impulsan una internación, ya se haya dado por imperio de las posibilidades acotadas que los Estados tienen y que los jueces advierten, naturalmente, que los Estados tienen.
            Eso por una parte.
            Por otro lado, lo que quería poner de relieve es que, cuando hablamos de políticas de prevención, creo que tenemos que tratar de lograr, no digo identidades, pero sí criterios similares respecto de qué vamos a denominar como políticas de prevención.
            En la provincia de La Pampa estamos trabajando fuertemente en un nuevo proyecto de ley que sustituya la ley 1.270, que era una ley compatible con el paradigma tutelar. Estamos tratando de que ese proyecto de ley se adecue a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño. Y ya hemos enviado un Código de Procedimientos Penales a la Cámara de Diputados de la provincia, con los contenidos que se planteaba recién. Sobre todo, el proyecto Maier del Código Procesal para América Latina; con adecuaciones, obviamente, particularizadas en las situaciones distintivas, que ya mencioné, que acontecen en la provincia.
            Ahora bien. El planteo es el siguiente: solamente con un Código y solamente con una ley, creo que no estamos en condiciones de revertir esta situación objetiva de criminalización de los sectores más vulnerables, cada vez más jóvenes, como bien decía la diputada hace un rato.
            En tanto y en cuanto, el mismo no se acompaña, en primer lugar, con un fuerte crecimiento presupuestario. Creo que las provincias, por supuesto, no están en condiciones por sí solas de afrontar, en lo que tiene que ver con la necesidad de articular políticas sociales de prevención, que hagan especial hincapié y eje en las familias.
            Por otro lado, en la necesidad de la capacitación de los operadores y de una adecuación de las psicologías de los operadores a los nuevos paradigmas sobrevinientes. Y, por si esto no fuera suficiente, creo que también es absolutamente necesaria la posibilidad de tener nuevos establecimientos de internación, pero que sí sean establecimientos que tengan algún grado de subsunción a los mandatos constitucionales. Porque de otra manera, lo único que estaríamos haciendo sería profundizar los niveles de violencia estatal que, como ejemplo para evitar la violencia individual de los menores, no parece a primera vista el más aconsejable.

            Muchas gracias. (Aplausos)