Por Rocío Sánchez (*)

"En determinados momentos las personas se encuentran en situaciones, en que su vida o libertad, se pueden encontrar amenazadas por diversas causas. Es en este momento cuando el Estado puede o en otros casos debe, ayudar a determinadas personas ejerciendo sus competencias.
Una de la forma de los Estados de ejercer esas competencias es a través de la figura del asilo.
El otorgamiento del asilo es un acto que emana de la soberanía de los Estados, evitando de esta manera que se convierta en un derecho que puede ser solicitado por los individuos y que los Estados se vean obligados frente a estas situaciones a otorgarlos, es decir, un derecho subjetivo".




I.      INTRODUCCIÓN.

En la presente monografía se va a tratar el derecho de asilo como derecho humano, con el propósito de fundamentar porque se considera un derecho humano y a partir de ese punto de partida, realizar una crítica a la discrecionalidad de los estados en su otorgamiento.
En determinados momentos las personas se encuentran en situaciones, en que su vida o libertad, se pueden encontrar amenazadas por diversas causas. Es en este momento cuando el Estado puede o en otros casos debe, ayudar a determinadas personas ejerciendo sus competencias.
Una de la forma de los Estados de ejercer esas competencias es a través de la figura del asilo.
Por asilo, como señala Díez de Velasco (2007:622) -generalmente llamado Derecho de Asilo-, se entiende: “La protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad están en peligro por actos, amenazas y persecuciones de las Autoridades de otro Estado o incluso por personas o multitudes que hayan escapado al control de dichas Autoridades”.
El otorgamiento del asilo es un acto que emana de la soberanía de los Estados, evitando de esta manera que se convierta en un derecho que puede ser solicitado por los individuos y que los Estados se vean obligados frente a estas situaciones a otorgarlos, es decir, un derecho subjetivo.

II.    ANTECEDENTES – NORMATIVA.
Desde la creación del sistema de protección y ayuda para los refugiados de Naciones Unidas a principios de la década de los años ’50 dos sistemas coexisten en América Latina; el Universal y el Regional. Hoy en día, la mayoría de los países de la región son parte de los dos sistemas. Sin embargo, con la aceptación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, se creó un tercer sistema de asilo.
Dentro del ámbito universal la fuente de esta institución es la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre asilo territorial.
El sistema latinoamericano tiene como fuentes El Tratado de derecho penal internacional de 1889, el Acuerdo sobre extradición de 1911, la Convención sobre asilo de 1928, el Código de derecho internacional privado de 1928, la Convención sobre asilo político de 1933, el Tratado de derecho penal Internacional de 1940, la Convención sobre asilo territorial de 1954, la Convención de asilo diplomático de 1954 (Caracas) y la Convención Interamericana sobre extradición de 1981. El sistema latinoamericano ha desarrollado su propio sistema de asilo desde la aparición de las Repúblicas independientes tras la ruptura con España y Portugal.
El otro sistema regional -el Interamericano- tiene como fuentes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Es a partir de este momento que el derecho de asilo se empieza a considerar un derecho subjetivo.

III.  DESARROLLO.

Clases de asilo: “asilo territorial” o interno, y el “asilo diplomático”.

Para comenzar con el desarrollo de las dos clases de asilo, resulta menester tener en claro -a priori- que la protección otorgada dentro del territorio es conocida como asilo territorial, mientras que la dada en las representaciones diplomáticas se denomina asilo diplomático.
El asilo territorial es aquella protección que un Estado presta en su territorio al acoger en él a determinadas personas que llegan perseguidas por motivos políticos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro en el Estado de procedencia (son nacionales de este último o eventualmente pueden ser nacionales de un tercer Estado).
El asilo territorial concedido a los perseguidos políticos ha sido una práctica constante por muchos Estados. La institución tiene su fundamento en el momento actual de la evolución del derecho internacional en la competencia que ejerce el Estado sobre su territorio, y en virtud de ella puede conceder no solo la entrada en el mismo, sino también otorgar protección mientras se habite dentro de su esfera territorial.
Esto trae como consecuencia que así como para el Estado la concesión de asilo es un derecho derivado de su soberanía territorial, para el particular asilado –por el contrario- no aparece como un derecho sino, como una concesión graciosa del Estado asilante.(Diez de Velazco, 2007)
El asilo es un derecho del Estado derivado de su soberanía. Pueden beneficiarse de él las personas perseguidas y las que luchan en contra del colonialismo. El asilo debe ser respetado por todos los demás Estados. La situación de las personas que se benefician del asilo interesa a toda la comunidad internacional. Quedan excluidas del asilo los que hayan cometidos delitos contra la paz, crímenes de guerra o delitos contra la humanidad. Dichos delitos se consideran como crímenes internacionales. La calificación de las causas del asilo corresponde al Estado territorial. (Blanco Anes, 2014:270)
El asilo diplomático, es una institución controvertida cuyo origen consuetudinario se ubica en los países iberoamericanos. Consiste en la protección que otorga un Estado en favor de personas perseguidas por razones políticas y que buscan refugio en la sede de su Misión diplomática no acreditada ante otro Estado y en los lugares que gozan de inviolabilidad diplomática, tales como la residencia de los Jefes de Misión, los campamentos y aeronaves militares, y los buques de guerra.
     Tradicionalmente, para concederse el asilo diplomático se ha requerido que el peticionario fuera un perseguido político y que al solicitarlo se dé una situación de urgencia. El artículo 6 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático entiende por casos de urgencia “aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las Autoridades, o por las Autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política o no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad”.
     Pese a estar estrechamente vinculado a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, el Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, no recogió este tipo de asilo, al considerar la Comisión de Derecho Internacional que no hay en el Derecho Internacional General un derecho de asilo en las representaciones diplomáticas. (Blanco Anes, 2014:269)

El asilo en el sistema de las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas siempre han tenido en cuenta la importancia del asilo en la protección de los refugiados. Para satisfacer este objetivo la organización ha tomado una serie de medidas para darle directrices a los Estados, incluyendo la formulación legal del asilo en un tratado internacional. El asilo es concedido universalmente a aquellos refugiados reconocidos como tales de acuerdo con la definición de la Convención de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. Según estos instrumentos jurídicos un refugiado es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos del país de residencia habitual, no pueda o no quiera, regresar a él.
En el orden regional tanto en África como en América Latina, se otorga asilo a aquellos que son reconocidos como refugiados. El sistema de Naciones Unidas también incluye el problema de los apátridas.

-   La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre asilo territorial.
La Declaración Universal de DD.HH establece que: “toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de el en cualquiera país (art. 14)”. A partir de esto queda claro que los individuos tienen derecho a buscar asilo sin limitaciones geográficas y a disfrutar de él.
La citadas Declaraciones señalan que la búsqueda de asilo es un derecho de las personas. No es difícil que los Estados reconozcan el derecho individual de buscar asilo y aún el derecho de beneficiarse de él, el problema está en la obligación de otorgar asilo. Los Estados prefieren mantener la concesión de asilo, como una prerrogativa que emana de su soberanía.
Tanto la Declaración sobre Asilo Territorial como la Declaración Universal, niegan el derecho de solicitar asilo “en caso de persecuciones legítimas con motivo de crímenes no políticos o de actos contrarios a los objetivos y principios de las Naciones Unidas”. La primera de estas, desarrolla en forma más extensa este principio, al establecer que “no podrá invocar el derecho de buscar asilo o de disfrutar de este, ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad”. Esta lo define como un acto pacífico y humanitario y como tal no puede ser considerado como inamistoso por ningún otro Estado.

-   El asilo en los instrumentos sobre los refugiados de la O.N.U.
El Estado tiene el poder para conceder el asilo según el derecho consuetudinario. De conformidad con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, los Estados se comprometieron a respetar ciertos principios fundamentales de protección de personas que soliciten asilo y a la determinación del Estatuto de refugiados.
El reconocimiento de la condición de refugiado y la concesión de asilo son dos cosas distintas: aceptar la primera no obliga al Estado a conceder lo segundo. En el sistema de Naciones Unidas la concesión de asilo se da tras el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona, ya sea por un Estado o por el ACNUR. Además de contar con la protección contra la devolución forzosa a un país en el que su vida, libertad o seguridad esté o pueda estar en peligro (principio de no devolución). Un refugiado necesita un lugar en el que pueda llevar una vida normal.
En el derecho internacional de los refugiados el asilo tiene 3 elementos:
  • Protección contra la devolución de la persona a un país de persecución, incluyendo la protección contra la extradición;
  • Permiso para que la persona permanezca en el territorio;
  • Observancia en el trato de la persona de los estándares sobre derechos humanos.
“Un Estado puede negar a un solicitante de asilo ingreso legal en su territorio y mantenerlo detenido mientras se considera su solicitud. En tal caso, no habría asilo temporal desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Refugiados, pero lo habría por el Derecho Internacional de Extradición”. (Galindo Vélez, 2011:182)  
El asilo que el Estado brinda al refugiado es distinto de la residencia que le da a los extranjeros ya que ellos gozan de la protección diplomática de sus países. Los refugiados con o sin asilo no tienen este recurso y no pueden ser enviados de regreso a un lugar en el cual, su vida, libertad y seguridad están en peligro.
La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 establece los derechos de los refugiados y las obligaciones de los Estados que le conceden asilo. En relación con los derechos se definen tres tipos básico de trato:
·         El trato más favorable posible (derecho de asociación empleo remunerado, etc.);
·         El mismo trato acordado a los extranjeros en general (exención de reciprocidad);
·         El mismo trato acordado a los nacionales (ej. libertad de religión, derecho de propiedad intelectual, entre otros).

Sistema Latinoamericano.

Hay dos sistemas regionales en América Latina; el sistema establecido por tratados y convenciones sobre el asilo territorial y diplomático así como extradición, y el sistema de DD.HH desarrollado a partir de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana de DD.HH de 1969. En general se califica a ambos sistemas como interamericanos y casi nunca se hace el esfuerzo por separarlos. El primer sistema regional está conformado por países latinoamericanos. El segundo, desarrollado a partir de instrumentos legales de DD.HH de alcance regional, podría denominarse sistema interamericano, porque algunos países no latinoamericanos como el Caribe, forman parte de él.
Los tratados que componen el sistema latinoamericano a pesar de que son muchos, están todos en vigencia y no se ha aplicado la regla de que el posterior tiene precedencia sobre el anterior. Además como no todos los países son parte de los mismos ni tampoco han hecho las mismas reservas algunos Estados están obligados mientras que hay otros que los están por disposiciones distintas. Hay instrumentos que tienen alcance regional de toda América Latina, otros están limitados  a ciertas subregiones.
El asilo en este sistema tiene dos formas; el asilo diplomático también conocido como asilo político y el asilo territorial también denominado refugio.

Naturaleza del asilo en el sistema latinoamericano.
La naturaleza del asilo es humanitaria, apolítica inviolable. Acerca del asilo territorial los instrumentos del sistema latinoamericano establecen que: “[…] todo Estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente y que cualquier violación de soberanía consiste en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutándose en el territorio de otro Estado”.
Más allá de que los términos usados difieren entre los tratados y convenciones latinoamericanas en materia de asilo, no existe contradicción entre ellos y se pueden identificar varios principios:
·         El asilo territorial y diplomático es una institución apolítica, humanitaria e inviolable;
·         Otros Estados no puede objetar la concesión de asilo;
·         Cualquier persona sin importar su nacionalidad puede beneficiarse del asilo;
·         Los Estados no tienen la obligación de conceder asilo de acuerdo a la regla consuetudinaria;
·         Las violaciones a las soberanías de los Estados son inadmisibles;
·         El Estado que conceda asilo califica las causas.


Personas que pueden beneficiarse del asilo.

El asilo diplomático como el territorial se concede por razones políticas o por razones relacionadas a ella. El asilo puede concederse a refugiados políticos, a delincuentes políticos, a personas perseguidas por razones o faltas políticas, y a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. No es lícito dar asilo a los inculpados por delitos comunes.
Otorgar asilo territorial o diplomático, es el acto por el que se sustrae a la persona de la jurisdicción que la persigue. El asilo diplomático se establece que solo se concederá en casos urgentes y por un periodo indispensable para que el asilado deje el país y se ponga de otra manera en seguridad.
Vale decir que cuando cesan beneficios del asilo, las personas afectadas dejan de denominarse refugiados para convertirse en inmigrantes políticos (Artículo 12, párrafo 1), y en caso de que el país de origen solicite vigilancia o internamiento258, se les denomina internados políticos (Artículo 13). Para estos últimos, se establece que darán aviso al gobierno en el momento en que decidan salir de su territorio, y que la salida les será concedida bajo la condición de que no se dirigirán al país de origen (Artículo 15 y, también, Convención sobre Asilo Territorial de 1954, artículo 1 O). (Galindo Vélez, 2011:202)  


Sistema Interamericano.

Los instrumentos de este sistema son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Convención Americana sobre DD.HH de 1969. La segunda de ellas establece que: “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de ser perseguida por delitos políticos o comunes conexos con delitos políticos”.
 El derecho a obtener asilo ha sido interpretado por algunos analistas como indicativo de que esta Convención reconoce al asilo como un derecho subjetivo. Y por lo cual implica un avance significativo con respecto a la situación tradicional.
La fórmula que más se parece a la de la Convención Americana aparece en la Declaración Universal de DD.HH que establece el derecho a buscar el asilo y a gozar del asilo. La cuestión es determinar si el cambio de derecho de buscar y a gozar (Declaración Universal), a derecho para buscar y a recibir (Convención Americana) implica reconocimiento de un derecho subjetivo de asilo, con la consiguiente obligación de los Estados de otorgarlo.
En este sentido, la Comisión Interamericana de DD.HH y la Corte Interamericana de DD.HH han tomado una serie de decisiones que benefician la protección de los refugiados, su derecho de regresar a sus países y de su derecho a permanecer en sus países para que no tengan que convertirse en refugiados. También ha reiterado el derecho de las personas a buscar asilo, y en consecuencia, ha otorgado medidas cautelares en varios casos de refugiados, y en caso de expulsión de extranjeros.
La Comisión por su parte también expresó, su preocupación en caso de expulsiones masivas de extranjeros, señalo por ejemplo que las expulsiones colectivas causan horror a la consciencia y a la humanidad y que constituyen una violación del derecho internacional. Otro aspecto en que la Comisión ha hecho hincapié es el principio de solidaridad en materia de refugiados. Señalo que los países miembros de la O.E.A tienen como obligación cuando ocurre una crisis mayor de enfrentarla conjuntamente.
La Corte ha tomado decisiones que pueden tener un impacto en refugiados y desplazados, por ejemplo, cuando estableció la obligación de los Estados de adoptar medidas que aseguren el ejercicio libre y pleno de los derechos reconocidos para toda persona bajo su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar el aparato gubernamental.

El asilo en Europa.

En Europa desde fines del siglo XVIII el asilo diplomático sufrió la misma evolución que el asilo territorial, fue admitido primero solo para crímenes de derecho común, y luego justificado y practicado en los casos de los perseguidos políticos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló exclusivamente en este nuevo continente pues en Europa el asilo diplomático paso a ser objeto de un rechazo doctrinario, y “casi todos los autores lo condenan como contrario de la soberanía de los Estados y a la noción de una comunidad internacional que engendra deberes recíprocos”. En efecto en ese siglo el asilo diplomático quedo restringido a España (hasta 1873), Grecia (hasta 1862) y a los principados danubianos (hasta 1867) con ocasión a la persecución a los judíos. (Esponda Fernández, 2004:85)

IV.    CONCLUSIÓN.
No hay dudas de que el asilo es una medida tutelar trasnacional en salvaguarda de derechos fundamentales inherentes al hombre porque se preserva su vida, su libertad y su seguridad. Se ejerce a través de un procedimiento administrativo internacional por el cual las autoridades de un Estado impiden el ejercicio de la jurisdicción penal de otro Estado sobre quien ha realizado conductas políticas, ideológicas atentatorias o modificatorias de su orden jurídico y o institucional.
Las personas que lo soliciten no deben estar imputados ni condenados por delitos comunes, es decir deben ser sospechados como autores de delitos políticos, se los debe presumir autores de conductas políticos-ideológicas, que llegan a ser delictivas cuando afectan el orden público, la seguridad de la Nación o los poderes públicos.
En caso de que el sujeto solicitante sea tratado como autor de un delito común conexo a uno político deberá prevalecer el delito común por lo tanto deberá otorgarse la extradición de su posible autor.
De acuerdo a las fuentes internacionales la calificación la realiza el Estado asilante y no supone actividad procesal alguna.
La figura del asilo requiere un sujeto que haya realizado conductas políticos ideológicas en un Estado y a consecuencias de ellas deba recurrir en protección de sus derechos ante la autoridad de otro Estado. Es un supuesto de prevalencia del derecho internacional por sobre el derecho interno de los Estados. Es un instituto típico del derecho internacional.
El Estado asilante que se encuentra ante una solicitud de asilo en un “estado de necesidad”, ponderará bienes jurídicos protegidos y opta por el que cause un mal menor a la comunidad. En esta puja de intereses se pone por un lado los derechos fundamentales de una persona y por el otro la potestad soberana de un Estado.
Una vez otorgado el asilo subsistirá siempre y cuando la persona asilada cumpla con las obligaciones establecidas. Su incumplimiento lleva a la revocación de la tutela por parte del Estado asilante. Si el Estado asilante no cumpliera con sus deberes, podría generar su responsabilidad internacional.
El asilo –tal como quedara establecido supra-, es un derecho de toda persona perseguida por conductas políticas ideológicas pero el hecho de ser así, no lleva al deber de todo Estado de otorgarlo. Ningún Estado tiene el deber de otorgarlo pues ponderará la conveniencia o no de concederlo, incluso una vez concedido puede revocar su otorgamiento.
Finalmente, se destaca que hay un sistema universal y dos regionales que tienden a unificarse: el sistema latinoamericano y el interamericano, cada uno de ellos con sus respectivas fuentes.
No hay lugar a dudas de que el asilo es un Derecho Humano fundamental, su importancia radica en que el refugiado –que busca asilo- es una persona que huye de una situación en la cual su vida, su integridad física o su libertad -derechos humanos fundamentales- están en peligro.
Lo alarmante de esta institución –y sobre todo en los tiempos en que vivimos-,  es la discrecionalidad con la que cuenta el Estado para otorgar -o no- el asilo. En este sentido, lo reprochable resulta ser la ponderación que el Estado puede realizar respecto a la conveniencia o no de su otorgamiento, como si de algo conmensurable se tratara.
Ahora bien, considerando el avance del derecho internacional en materia de derechos humanos, considerando que el asilo es un derecho humano fundamental- por tratarse de una condición que le permite a la persona su realización-, considerando que están en juego otros derechos humanos fundamentales que escapan a valoración alguna por parte de cualquier Estado, considerando los tiempos en que vivimos: ¿No es hora de que la comunidad internacional despierte? –o dicho de otra manera-, ¿Se saque el velo de los ojos? ¿No es hora de que se avance en una modificación normativa respecto a la discrecionalidad con la que cuentan los Estados para el otorgamiento del derecho de asilo? Considerando que el refugiado es una persona que huye de una situación en la cual su vida, su integridad física o su libertad, están en peligro ¿es viable que dicha circunstancia quede a la suerte de la voluntad del Estado en la decisión de su otorgamiento? ¿No es hora de que esta realidad internacional cambie? Seguramente ya es hora -el caso de los refugiados sirios es un claro ejemplo-.
Por último, -a modo de cierre- y compartiendo la opinión de Pascual I Lagunas (2015:2), no me quedan dudas de que: “La protección de los refugiados es una cuestión de solidaridad internacional y, tanto la Convención como los demás instrumentos insisten en la necesidad de la cooperación internacional para compartir la problemática y las responsabilidades de acoger a los refugiados. Especialmente cuando la concesión de asilo constituye una carga pesada para los Estados se necesita una responsabilidad internacional para encontrar soluciones globales”.


BIBLIOGRAFIA:
DIEZ DE VELASCO, MANUEL (2007). Instituciones de Derecho Internacional Público. Ed. Tecnos. Madrid.

EULALIA PASCUAL I LAGUNAS (2015). El derecho de asilo como derecho humano universal. Barcelona.

ALBERTO D’ALOTTO, JAIME ESPONDA FERNÁNDEZ, LEONARDO FRANCO, MARÍA LAURA GIANELLI DUBLANC, JUAN ALEJANDRO KAWABATA, MARK MANLY, JUAN CARLOS MURILLO GONZÁLEZ, CÉSAR WALTER SAN JUAN (2004). El asilo y la protección internacional de los refugiados en América Latina. Análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Editorama, S.A. San José, Costa Rica.

GALINDO VÉLEZ, FRANCISCO (2011). La Protección internacional de refugiados en las Américas. Ed. Mantis Comunicación. Quito – Ecuador.

MURILLO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS. El derecho de asilo y la protección de refugiados en el continente americano: contribuciones y desarrollos regionales.

FUENTES:
} http://www.icab.cat
} http://www.oas.org

} http://www.acnur.org/

(*) Abogada (UNLPam).
Por Daiana Belén Ludueña y Santiago Lorda (*)


"La cárcel es un ámbito del todo inadecuado para preparar a las personas para la vida en libertad y lejos de las actuaciones delictivas; es una experiencia empobrecedora y debilitante.
La hostilidad es una variable que puede estar relacionada con la re-ofensa, ya que está alimentada por el encierro".


 La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades (período de observación, período de tratamiento, período de prueba; período de libertad condicional), tiene por finalidad "lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad".
El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.
Es una forma de seguir cumpliendo condena, pero en libertad, otorgando el Estado su confianza a quien ya está a punto de terminar su condena y quiere volver a ser parte activa de la misma. Es la última fase del cumplimiento de la condena.
Esta finalidad ya estaba consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

Nuestro trabajo consistirá en analizar y ampliar los conocimientos el período de la libertad condicional, que por ser último no es menos importante.



ANTECEDENTES DE LA LIBERTAD CONDICIONAL:
Es la “gracia” que establecía el Código Tejedor y la del Código de 1886, son antecedentes de estas instituciones. El principal distingo es que mientras en la gracia se da la libertad definitiva, en la libertad condicional se mantiene un período de prueba, y si no se cumplen las condiciones impuestas puede ser revocada.

DESARROLLO:

ARTICULO 13 CP:  El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones:

1º.- Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
Esto permite comprobar cuál es la conducta que observa el penado, el que debe comunicar su domicilio, estableciendo vigilancia sobre él, que es efectuado en principio por la policía. 
2º.- Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes;
Por medio de éste requisito, el juez puede imponerle obligaciones especiales al liberado según lo aconsejare las circunstancias.

3º.- Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
Esta condición es considera como una de las más importantes aún cuando a veces resultad difícil borrar la desconfianza que la condición de ex penado despierta entre quienes tiene que darle trabajo.

4º.- No cometer nuevos delitos;
Una nueva transgresión de la ley penal indicaría que la presunción de la reforma, que la observancia de los reglamentos carcelarios por parte del penado hiciera suponer, era equivocada y que no se hallan en condiciones de vivir en sociedad.

5º.- Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes;
Permite al penado tener quien lo guíe en la salida de la cárcel, le procure trabajo y lo vigile si observa las demás condiciones exigida y que determine si en realidad es exacta la presunción sobre su reforma.

6º.- Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de peritos.
Mediante la realización de estos tratamientos, el juez va a poder determinar que el penado está en condiciones de acceder a la libertad condicional, además del cumplimiento de los requisitos anteriores.

Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional.

Éste artículo establece que se proceda la liberación cuando se haya cumplido con una parte de la pena y observado regularmente los reglamentos carcelarios. Con respecto a éste último requisito, el código penal presupone que el reglamento carcelario es un conjunto de normas tendientes a la readaptación del recluso, de manera que la libertad condicional no es algo mecánicamente determinado, sino que debe ser el resultado de una fina apreciación de los datos relativos a la conducta.
La libertad se concede bajo una serie de condiciones que enumera el art.13, las cuales rigen hasta el vencimiento del término de las penas temporales, y en los casos de penas perpetuas, durante 5 años. Transcurridos esos términos, sin que la libertad haya sido revocada la pena queda extinguida, lo mismo que la inhabilitación accesoria del art.12. Sin embargo, esos términos pueden ser ampliados por el juez, como consecuencia del incumplimiento de alguna de las condiciones impuestas por parte del liberado.
No cualquier quebrantamiento de las condiciones estipuladas trae la revocación de la libertad, medida extrema que solo está autorizada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. Las demás infracciones, determinan que no se compute en todo o en parte el término transcurrido de libertad hasta que el condenado cumpla la condición.
Revocada la libertad condicional, ésta no puede ser nuevamente concedida. Es dudoso si ésta disposición se refiere solamente a la condena presenta o a cualquier condena futura, que se imponga al penado después de transcurridos los términos para la prescripción de la reincidencia.

Los arts. 13 a 17 y 53 del código penal y la ley 24.660, regulan la posibilidad de que el condenado a una pena privativa de libertad, pueda recuperarla condicionalmente por decisión judicial y después de haber cumplido una parte determinada de ella en encierro.
Se trata de una suspensión parcial de la privación de la libertad -es decir, del encierro- que tiene lugar durante un período de prueba que, resultando favorable, determina la extinción definitiva del resto de la pena privativa de libertad que le quedaba por cumplir el condenado.

En cuanto a la naturaleza de la libertad condicional el criterio dominante se inclina por considerarla una forma de cumplimiento de la pena, y se funda en que tiene lugar después de un encierro parcial y no se trata de una suspensión total, toda vez que el condenado queda sometido a una serie de restricciones, como la limitación de la residencia. Así, el último tramo de la ejecución, aunque tenga lugar sin encierro, está sometido a una restricción ambulatoria, que no puede dejar de considerarse pena.
La libertad condicional es un beneficio y un derecho del preso. Cuando estás reunidos sus requisitos formales y materiales, el condenado tiene derecho a reclamarla y el tribunal tiene el deber de acordarla.
La expresión podrán del art.13 no puede entenderse en el sentido de que el tribunal la puede negar pese a estar reunidos los requisitos legales, sino que se refiere al condenado, quien por cierto puede solicitarla.

El primer y más importante requisito para la obtención de la libertad condicional consiste en que el condenado haya cumplido una parte de su pena en encierro carcelario.
Este período es:
A)     De 20 años (35 para los delitos que se cometan desde el año 2004, si se considerase en su momento constitucional este plazo) para las penas de la libertad perpetuas.
B)     2/3 para las penas privativas de libertad temporales mayores de 3 años.
C)     8 meses para las penas de 3 años o menos (el período de 1 año para la reclusión perdió vigencia al unificarse las penas privativas de libertad en la prisión).


La ley de ejecución de pena privativa de libertad canceló toda duda acerca de la aplicación del beneficio a imputados presos sin condena, de modo que lo que es aplicable a los penados debe extenderse a los que cumplan pena sin condena, pues el encierro, en ambos casos, no sólo es equivalente en términos materiales (pena), sino que su identidad deriva del reconocimiento normativo (art.11), por el cual se conceden al imputado los beneficios del condenado, en resguardo al principio de inocencia.

El segundo requisito de observancia con regularidad de los reglamentos carcelarios es el precepto más criticado de la ley vigente. En tal sentido, la valoración es exclusivamente jurisdiccional, es decir, que los organismos administrativos informan e ilustran con sus informes (art.28 de la ley 24.660), pero quien valora la gravedad de las infracciones es únicamente el tribunal. Para el código penal lo único necesario es que el preso haya cumplido el encierro sin faltas de disciplina de inusitada  gravedad. En los casos en que hubiese serias dudas sobre la regularidad del cumplimiento de los reglamentos, el tribunal puede apelar a la prueba del condenado en régimen de salidas transitorias y de semidetención, pues si éste está previsto para la revocación de la libertad condicional, con mayor razón podrá echar mano del mismo cuando sólo existan dudas acerca del cumplimiento de las condiciones.

El Art.17 dispone que ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. Esta disposición significa que no puede volver a alcanzarla para el cumplimiento de esa pena, sin que obste para cualquier otra en el futuro.
Lo cierto es que no es del todo correcta la afirmación de que no puede obtenerse nuevamente la libertad condicional por el mismo delito, pues existen supuestos que no son de revocación, sino de revisión, en caso que la libertad se revisase en razón de unificación de condenas o de penas, porque el tiempo de encierro no sea suficiente para obtenerla por la pena unificada o por la condena única, nada obsta a su derecho una vez cumplido el plazo de ésta.

El último requisito a que puede quedar sometida la concesión a la libertad condicional debe ser cumplido por el tribunal en el momento de concederla, consistiendo en la fijación judicial de la parte de los salarios que el condenado debe destinar a la reparación del daño. La exigencia consiste únicamente en la fijación de la fracción que debe destinar ese efecto, pero que en modo alguno queda subordinada la libertad condicional al pago, puesto que éste no es requisito para concederla ni su falta constituye causal de revocación.



DIFERENCIA ENTRE CONDENA CONDICIONAL Y LIBERTAD CONDICIONAL:
Es pertinente dejar sentado que no es lo mismo la condena condicional con la libertad condicional.
La primera se funda en el reconocimiento de la naturaleza deteriorante de la prisionización, como también en la necesidad de su evitación. La condena condicional implica una condena sometida a condición resolutoria, que suspende la pena durante el tiempo de prueba y que, cumplida la condición, no sólo hace desaparecer la pena, sino también la condena. Lo que desaparece, conforme al Art.27, es la condenación a la pena privativa de libertad con todas sus consecuencias, pero no la sentencia en sí misma, pues eso sería tan imposible como pretender que lo que fue no haya sido. Por lo tanto, en nada modifica el contenido de la condenación condicional que permanezcan sus efectos obstando a una segunda condenación condicional durante cierto período de tiempo. En cambio, en la libertad condicional, si importa la ejecución de una condena.


Continuando con el análisis de la libertad condicional, podemos concluir que en la práctica es una parte del cumplimiento de la pena, que tiene para su observancia agencias estatales diferenciadas del sistema penal/penitenciario, los genéricamente llamados “patronatos de liberados” –que actúan (o debieran actuar) como referentes durante su transcurso, con el fin (en la teoría) de que sea una etapa lo más alejada posible del transcurrir carcelario.
En otras palabras, el período fuera de la cárcel, pero el libertad condicional, es una continuación del cumplimiento de la pena, pero su seguimiento se ha adjudicado a instituciones independientes del sistema penal-penitenciario.

Cualquier infracción de los requisitos que se deben cumplir –fijar domicilio, tener trabajo en regla, no salir de noche, abstenerse del consumo de drogas y alcohol, asistir a programas contra las adicciones– es suficiente para retornar a la cárcel y completar allí la condena. De esta forma, la libertad condicional, se vive bajo la constante amenaza de la vuelta a la cárcel.
Desde el punto de vista jurídico es una prolongación de la cárcel con niveles de sometimiento y estrés parecidos, que se vive bajo una mirada vigilante que amenaza continuamente a retornar a la cárcel si se violasen alguna de las exigencias con que fueron prevenidos, de acuerdo a la ley, para obtener la libertad condicional en una audiencia especial.

Desde el punto de vista social la libertad condicional, si no fuera en la práctica una parte de la pena, podría ser un momento de reacomodamiento de las relaciones sociales.
Las personas con registros criminales permanecen estigmatizadas, excluidas del empleo y de oportunidades educativas por algo que ya hicieron y que no tiene retorno, salvo el arrepentimiento y la asunción de la responsabilidad.
Tampoco el prejuicio y el etiquetamiento de que son objeto tienen retorno.

Los liberados condicionales son personas en quienes los diversos y casi constantes ciclos de violencia (familiar e institucional, principalmente) y las adicciones han interrumpido o nunca iniciado las posibilidades de generación de empleos legales y estables, impidiendo la mayoría de veces, la escolarización y privado de las posibilidades de acceso a una vivienda digna.

Uno de los temas más trabajados y denunciados como un obstáculo principal en el fracaso para superar el período de la libertad condicional es el de las dificultades  que encuentran las personas recién salidas de la cárcel para encontrar un lugar para vivir y un empleo más o menos estable y en “regla”; y si no se halla vivienda y trabajo quizá no sea pensable incorporarse al programa de libertad condicional, ya que son requisitos que se deben arreglar previo a la salida.

No hay acceso a tratamientos psiquiátricos-psicológicos sea por dolencias anteriores a la condena o sobrevenidas durante el encarcelamiento.
Estas necesidades como otras, son significativas y siempre urgentes y presentan serias barreras a la reintegración.

Son otros ahora los problemas que  agobian a la salida de la cárcel y en su agenda de prioridades van dejando a un lado el cuidado de su salud.
La ayuda social estatal es escasa. Los recursos con que cuentan los genéricamente  llamados “patronatos de liberados” son insuficientes tanto en los aspectos materiales como humanos.
No tienen a disposición ni proveen de convenios con los organismos responsables de la salud, la vivienda, el empleo y la educación que permita a los “detenidos condicionales”, o aun a quienes ya están en libertad pero estuvieron detenidos, transitar acompañados hasta que puedan incluirse con el resto de la gente; tampoco hay recursos generados especialmente para esta población.
De manera tal que al mismo momento que salen en libertad, después de un tiempo transcurrido en un ámbito especial y hermético como lo es la cárcel, tienen que comportarse como una persona que no ha delinquido, ni ha sido condenada ni ha estado presa, es decir, como si su paso por el delito y su estadía carcelaria no hubieran existido.
Se tendría que hacer de cuenta de que nunca se pasó por este transcurso que ha incidido en lo oculto de las identidades individuales y sociales, generando inhabilidades comunicativas y laborales, entre otras complicaciones que debieran superar por convencimiento propio.

La criminalización a la que están sometidos es doble.
Por un lado, el estilo de vida previo al que se suman los efectos de la cárcel: exclusión-carcelarización/carcelarización-exclusión.
Hay un cierto acuerdo entre los investigadores de que las personas que enfrentan el período de libertad condicional vuelven a los mismos lugares desde donde salieron, poco o mucho tiempo después.
En cualquier caso encontrarán a su barrio o vecindario en las mismas o peores condiciones de cuando se fueron removidos por la detención.
Se trata de zonas sociales marginales, de empleo de baja calificación o inestable, de insuficiente nivel educativo y de viviendas precarias donde todo el conjunto poblacional hace esfuerzos para sobrevivir y mantener las mínimas condiciones que se necesitan para una vida digna.
El hecho de que haya integrantes que han estado condenados es un ingrediente más que desmejora el estatuto social del barrio o vecindario, dejándolo a la vera de las consideraciones políticas en cuanto a la implementación de planes públicos sostenidos en el tiempo y que respondan a las necesidades vitales urgentes y de mediano y largo plazo.

La cárcel es un ámbito del todo inadecuado para preparar a las personas para la vida en libertad y lejos de las actuaciones delictivas; es una experiencia empobrecedora y debilitante.
Las personas recién salidas de la cárcel se consideran víctimas de un sistema inadecuado e injusto y por ende del papel de victimarios pasan al de víctimas (se puede ser ambas cosas a la vez), de modo que su familia y el conjunto social se vuelven hostiles si no se cumplen sus reclamos en forma inmediata y satisfactoria.
La hostilidad es una variable que puede estar relacionada con la re-ofensa, ya que está alimentada por el encierro.

El período de libertad condicional se ha definido como “caótico”.
La liberación es una situación que marca un corte radical con la racionalidad carcelaria y obliga al ahora expreso a reorganizarse sin tener medios para hacerlo.
La rutina operacional de la cárcel y la nulidad de opciones deja profundas huellas desfavorables en la identidad individual y social de las personas.
Deben acarrear con diferentes estigmas que tiene fuertes connotaciones referidas a la “peligrosidad”, sobreviniente de su pasado carcelario, consumo de drogas y alcohol, uso de armas, lo que genera un rechazo y alejamiento ya sea por temor a ser víctima o porque los hijos de los demás establezcan relaciones con los hijos de esta familia etiquetada como “criminal”.
El haber estado en la cárcel desestabiliza todo intento de transformarse en una persona útil, productiva, que aporta recursos a su familia y que se empiece a respetar en la comunidad por el cumplimiento de estos valores.
De ahí que la línea de continuidad entre cárcel y comunidad sea tan visible en estos casos y ambas se conviertan en un vehículo de mayor opresión, siendo que una refuerza a la otra.
La cárcel no da lugar a la expresión de las emociones ni al sufrimiento, más bien al contrario. Y en el período de libertad condicional ya no tienen tiempo ni oportunidad.

De modo tal que la reducción de la reincidencia no puede ser una función primaria de la cárcel porque los requerimientos que ellas tienen son primordialmente las de mantener a la gente bajo custodia y vigilancia, además de alejadas del resto de la sociedad; siendo así, el eventual carácter terapéutico queda suspendido o anulado.
No puede pretenderse que un tiempo de encierro pueda servir como propuesta inclusiva; la falta de capacitación y la recuperación de un sentido social aceptable tampoco puede adquirirse en la vida libre “a prueba”.
De hecho, cuanto más altas en tiempo sean las condenas y mayores las medidas de seguridad, menores serán las oportunidades para un retorno exitoso a la vida en libertad.

JURISPRUDENCIA:

FALLO: LA CÁMARA DE CASACIÓN DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL QUE PROHÍBE CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL A REINCIDENTES

En un fallo del pasado 8 de mayo, en la causa “Argañaraz, Pablo Ezequiel s/ recurso de casación”, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por la Defensa Pública y declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal, el cual establece que no se podrá conceder la libertad condicional a los reincidentes. 
La sentencia de la Sala II, integrada por el Dr. Alejandro Slokar como Presidente, y las Dras Ana M. Figueroa y Angela E. Ledesma como Vocales, hizo lugar al recurso interpuesto por el Defensor Público Oficial Ad Hoc, Dr. Pablo Antonio Matkovic -cuyos fundamentos fueron ampliados luego por la Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dra. Laura Beatriz Pollastri- y se pronunció a favor de la declaración de inconstitucionalidad para el artículo que impide otorgar la libertad condicional a los reincidentes. La decisión fue compartida por los jueces Slokar y Ledesma. En tanto, la Dra. Figueroa coincidió en que resultaba necesario reiterar el cómputo de la pena impuesta a Argañaraz, tal como había solicitado la defensa, pero rechazó la declaración de inconstitucionalidad.
De acuerdo con la resolución adoptada por la mayoría de los integrantes del tribunal, se decidió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la resolución recurrida y remitir las actuaciones al tribunal de origen a fin de que se confeccione un nuevo cómputo de acuerdo a la doctrina establecida en el fallo y declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal.


CONCLUSION:
En este trabajo hemos tratado los principales problemas sociales así como los vacíos de investigación de la vida post-penitenciaria, en la etapa de “libertad condicional”.
Si bien se quiere creer que la cárcel promueve conductas y formas de ser que se consideran caminos a la “rehabilitación” (cumplir horarios, hacer a tiempo tareas específicas, mantenerse fuera de escenarios de violencia), es cierto, también, que las sentencias se agotan y las personas vuelven a las comunidades para seguir, en lo posible, con sus vidas; cargando estas maneras carcelarias que son del todo inútiles, y promotoras de conflictos, para la vida en la sociedad libre.
No hay posibilidades que la cárcel actúe de otra forma que no sea la estrictamente punitiva.
Si bien la reincidencia o, en forma más general, la repetición del delito tiene múltiples causas, una de ellas puede ser justamente la estadía carcelaria.


BIBLIOGRAFIA:
-Zaffaroni, Eugenio Raul. Manual de Derecho Penal.
-Beatriz Kalinsky. Condiciones de cumplimiento de la libertad condicional en Argentina. Un período de transición.
-Código Penal Argentino.
-La guía de derecho. http://derecho.laguia2000.com
-Noticias Jurídicas. http://noticias.juridicas.com
-Wikipedia.
- Revista de derecho penal, procesal y criminología.www.derechopenalonline.com.
-Biblioteca jurídica. www.eldial.com.ar.
-www.infoprisión.com

(*) UNLPam.
Por Jairo Vladimir Llano (*) (**)


 Introducción. 

Los antecedentes de la confrontación armada entre las guerrillas y las fuerzas oficiales que representaban los respectivos Gobiernos se remonta hacia mediados del siglo XX, cuando aparecen las primeras organizaciones guerrilleras de carácter partidista (1), teniendo su origen en el conflicto de los partidos tradicionales conservadores y liberales que se han turnado los espacios burocráticos de decisión al interior de las instituciones públicas desde el siglo XIX y que se ha mantenido hasta la actualidad. Las tensiones y disputas por el acceso a las instancias de dirección del Gobierno entre los partidos tuvo su manifestación más grave con el asesinato del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, convirtiéndose en el referente para que las confrontaciones armadas entre uno y otro partido se extendieran por todo el territorio nacional. Los conservadores, que se encontraban en el Gobierno, tenían a su disposición las fuerzas policiales y militares, mientras los liberales se organizaron en guerrillas con fuerte influencia en las zonas rurales; esta confrontación armada originaría desplazamientos masivos de población rural a las ciudades, reformas y contrarreformas agrarias dirigidas por los caciques regionales de cada uno de los partidos (2) y, lo más grave, estaría representado en asesinatos, masacres  y desapariciones de personas de ambos bandos y de ciudadanos que no tenían vinculación partidista. Las guerrillas liberales tuvieron un crecimiento inusitado en las regiones de Cundinamarca, Tolima, Huila y los Llanos Orientales; desestabilizaron a los Gobiernos locales y resquebrajaron las instituciones públicas centrales, situación que se puede determinar como insurreccional y que ponía en cuestionamiento el statu quo de las burocracias de ambos partidos. Tales circunstancias dieron paso al golpe militar de Rojas Pinilla (3). Posteriormente, se entablaron diálogos con las guerrillas, con el fin de pactar una negociación que incluyera a los líderes del Partido Liberal en las instancias de decisión gubernamental, a cambio de que estas se desintegraran. Este pacto se concretó con la propuesta del Frente Nacional, consistente en la alternancia en los cargos decisorios del Gobierno entre el Partido Liberal y el Partido Conservador (4). 



Ante estos acontecimientos, la mayoría de las guerrillas entregó sus armas y se puso a disposición de los líderes del Partido Liberal. Algunos grupos guerrilleros que no compartían el proceso se convirtieron en bandoleros dedicados a actividades de robo y chantaje a comerciantes, dineros y mercancías que en ciertos casos eran redistribuidos entre la población más pobre y otros grupos conformaron las nuevas guerrillas comunistas, específicamente en los departamentos de Tolima, Huila, Cauca y Cundinamarca. Estas guerrillas comunistas comenzaron como autodefensas, con el fin de confrontar la presión que ejercían caciques y terratenientes de los partidos tradicionales por la apropiación de las tierras de los campesinos y colonos que se encontraban en estas regiones. Después de los acuerdos del Frente Nacional, el Gobierno central evitaba la creación y expansión de guerrillas que cuestionaran los Gobiernos; por eso, desde el Ejecutivo y en concordancia con el Parlamento, se determinaron la persecución y las acciones de las Fuerzas Militares sobre los campamentos de las guerrillas. Estos operativos, realizados por los militares, debilitaron la organización guerrillera, pero su aniquilamiento sería difícil de lograr, pues los grupos guerrilleros se fortalecieron y en la década del sesenta conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzaron su estrategia de expansión por varias regiones e incorporaron militantes para su causa, provenientes en su mayoría de las zonas campesinas e indígenas y uno que otro intelectual que, al unirse a las FARC (5),  encontraba en la revolución cubana un modelo a replicar para el contexto colombiano; ideológicamente, esta guerrilla tuvo origen marxista y promulgaba el comunismo para el país. La hegemonía de los partidos tradicionales en los Gobiernos centrales y las Administraciones locales sin la posibilidad que los partidos de oposición accedieran a estas instancias, el triunfo de la revolución cubana y los distintos movimientos revolucionarios sociales que se constituían en América Latina, impulsaron a distintos sectores sociales a la conformación de guerrillas, que pretendían tomar el poder político por las armas y transformar la realidad social de exclusión por sociedades más igualitarias, como sucedió en los países donde las revoluciones triunfaban. Así surgieron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos de Norte de Santander y Santander, incorporando en sus filas a estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, intelectuales y algunos sobrevivientes de las guerrillas liberales; esta guerrilla combinaba el marxismo, la teología de la liberación y el castrismo (6). Al mismo tiempo se conforma el Ejército Popular de Liberación (EPL) en la región de la Costa Atlántica, vinculando en sus incipientes frentes a campesinos, obreros, sindicalistas e intelectuales; este grupo se consideraba marxista, leninista y maoísta. Cierta parte de sus militantes era disidente del Partido Comunista y de las FARC (7). Pese a la aparición de los distintos grupos guerrilleros, para el Gobierno central estos no eran desestabilizadores, debido a su focalización y además contaba con el respaldo militar de sus Fuerzas Armadas, que comenzaban a hacer operativos militares de envergadura en las regiones y localidades de influencia de las guerrillas. En estos operativos fueron debilitadas las guerrillas del ELN y del EPL. Por su parte, las FARC mantuvieron una estrategia de retaguardia y crecimiento de sus frentes. No obstante las persecuciones a las guerrillas, estas lograron resistir las acciones militares y entraron en una segunda fase en la década del setenta. El movimiento estudiantil internacional y nacional, los movimientos guerrilleros que se conformaban en Centroamérica y el triunfo de la revolución sandinista en 1979 imprimieron una nueva dinámica a las guerrillas colombianas: las FARC, el ELN y el EPL ampliaron el número de combatientes, por lo que multiplicaron sus frentes en todo el territorio nacional. A su vez aparecieron grupos insurgentes innovadores, como el M-19 de ideología socialdemócrata, que ejercía una militancia de carácter más urbano y de acciones simbólicas de cierta trascendencia nacional (8). Otra guerrilla que surgió y que tenía origen étnico fue el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, con militantes y combatientes exclusivamente indígenas que reivindicaba la identidad y la recuperación de tierras colectivas ancestrales (9). 

La expansión guerrillera y la negociación con el Gobierno central. 

Ante la expansión de las guerrillas por diversas regiones del territorio nacional durante la década del ochenta, se cuestionaba la estabilidad política, los intereses  de las élites económicas y el statu quo de los sectores sociales hegemónicos. Para impedir estos avances de los movimientos insurgentes, los Gobiernos emplearon distintas estrategias que oscilaban entre medidas represivas, como el estatuto de seguridad o los estados de excepción donde se otorgaban y ampliaban las funciones de la Fuerzas Armadas gubernamentales a procedimientos judiciales sin previa investigación, limitando los derechos de libertad de los ciudadanos y, por otro lado, medidas de convivencia por medio de los procesos de diálogo, acuerdos y negociaciones de paz, que en ciertos casos culminaron en ruptura y, en otros, con propuestas como la apertura política que permitiría la conformación de partidos políticos de izquierda, de la cual saldrían movimientos como la Unión Patriótica, Frente Popular y A Luchar, cuyos líderes y militantes fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte de extrema derecha, situación que en pocos años llevaría al desmonte de estos partidos (10). Varios de los militantes sobrevivientes optaron por pedir asilo en los países centrales o por vincularse a las guerrillas, lo que justificaban por los pocos espacios de participación política que se gestaban desde las instancias de decisión gubernamental. Los inicios de la década del noventa muestran claramente la estrategia combinada del Gobierno, tanto de fomentar la negociación con los grupos insurgentes como de la confrontación militar. En estos años se desmovilizaron los primeros grupos guerrilleros, el M-19, el EPL y el Quintín Lame, que pretendían la transformación de la sociedad y del Estado para que fuera incluyente y se redujera la marginalidad socioeconómica de la mayoría de la población donde tenían su influencia, objetivos soportados en diversas ideologías que se perciben como socialdemócratas, marxistas o indigenistas, dependiendo de la procedencia del movimiento insurgente. Estas reivindicaciones de los grupos desmovilizados pasan a la arena política estatal por medio de su participación en la Constituyente (11), acontecimiento que también era impulsado por ciertas élites para promocionar constitucionalmente el libre mercado proveniente del consenso de Washington. Estos intereses opuestos, pero coincidentes en el objetivo de la transformación jurídica del Estado colombiano, dieron inicio a la Asamblea Nacional Constituyente para diseñar una Constitución que sea progresista y adecuada a los desafíos de la globalización económica, situación contradictoria que trajo mayores beneficios para las élites económicas que para los intereses sociales de la mayoría de los colombianos (12). Entre las organizaciones de mayor votación en esta constituyente se encontraba la Alianza Democrática M-19, partido conformado a partir de la desmovilización del grupo guerrillero. También participaron delegados del EPL, del Quintín Lame y del Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT ), que se encontraban en negociaciones con el Gobierno central. Mientras los delegados de las guerrillas desmovilizadas iniciaban sus intervenciones en la Constituyente, las Fuerzas Armadas colombianas ejecutaban la ofensiva militar contra Casa Verde, donde se encontraban los máximos dirigentes de las FARC (13).

 Intensificación del conflicto armado Gobiernos-guerrillas. 

Estos procedimientos militares contra las FARC y el ELN por parte de las Fuerzas Armadas gubernamentales se desarrollaron e intensificaron en el transcurso de la Constituyente y después de su promulgación, convirtiéndose en la estrategia gubernamental que mostraría los beneficios a los que podrían acceder los desmovilizados y la persecución a la que se sometería a las guerrillas activas. En este tiempo de confrontación y persecución, las guerrillas continuaron con su crecimiento militar, multiplicaron sus frentes en las zonas de influencia y se expandieron hacia las ciudades por medio de las Milicias Bolivarianas, organizadas por las FARC y las Milicias Revolucionarias o Populares, por el ELN (14), es así como las posibilidades de que estas guerrillas se desmovilizaran o fueran derrotadas militarmente se fueron diluyendo desde las mismas instancias gubernamentales, debido, en parte, a los pobres resultados de las desmovilizaciones anteriores; la exclusión y la marginalidad se mantenían, varios desmovilizados fueron asesinados por grupos de extrema derecha, otros terminaron vinculados a actividades delincuenciales comunes y algunos fueron captados por los partidos tradicionales, entre otras opciones de vida que desvirtuaban la desmovilización de las organizaciones guerrilleras activas. Aunque tales desmovilizaciones no se encontraban en las agendas guerrilleras en el período entre siglos, procedieron a participar en diálogos, acuerdos, negociaciones, zonas de encuentro y de despeje con el Gobierno central para avanzar en propuestas políticas que motivaran, en un primer momento, la disminución de la intensidad del conflicto armado y, en una segunda fase, la posibilidad de acabar estas confrontaciones que paulatinamente se habían agudizado en las distintas regiones. La pretensión era desmontar el conflicto armado que cada vez adquiría dimensiones más complejas, ya que los involucrados y afectados se ampliaban a sectores sociales que hasta ese momento eran simples observadores; el crecimiento de los frentes guerrilleros por la incorporación masiva de combatientes, las derrotas militares sufridas por las Fuerzas Armadas gubernamentales en las acciones adelantadas por las FARC de desmantelar bases de las Fuerzas Militares y los secuestros masivos realizados por el ELN en las entradas a las ciudades, entre otras acciones que desequilibraban la confrontación para el lado de las guerrillas, cuestionaban las instituciones públicas y alentaban la posibilidad de que los frentes guerrilleros llegaran al poder por la vía armada. Ante este panorama, los Gobiernos redefinieron su estrategia y priorizaron la reorganización de las Fuerzas Armadas gubernamentales mediante la profesionalización del Ejército, de la Policía y de los organismos de inteligencia, el mejoramiento del equipamiento y la ampliación de la fuerza en combate. Estos ajustes necesitaban amplios presupuestos en lo correspondiente al gasto militar, razón por la cual se requería el apoyo del mayor socio comercial del Gobierno colombiano: Estados Unidos, que por medio del Plan Colombia invirtió varios millones de dólares en la transformación y modernización de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo adquisición de equipos militares de última tecnología que tendrían como primer objetivo combatir el narcotráfico y luego a las guerrillas (15). En poco tiempo se pasó a la confrontación directa con las guerrillas, originando la intervención de un tercero a favor del Gobierno y sus fuerzas armadas en una situación de conflicto armado interno. A partir de esta intervención el conflicto se internacionalizó y saltó de una confrontación doméstica e interna a una confrontación internacional de repercusiones regionales y globales.  

La prevalencia del concepto conflicto ante el de violencia y terrorismo. 

La reciente historia de Colombia está atravesada por las constantes confrontaciones armadas entre guerrillas y fuerzas gubernamentales. Dentro de esta situación se han utilizado diferentes conceptos que tienen implicaciones positivas o negativas para alguno de los grupos enfrentados y para encontrar salidas a la compleja circunstancia de disputas y confrontaciones entre los distintos protagonistas. En este orden de ideas se examinará qué implicaciones tiene la utilización del concepto de violencia o el de conflicto para la compresión de los acontecimientos del contexto colombiano, la determinación de la instrumentalización o manipulación de cada uno de estos conceptos y los aportes al referenciar una y otra propuesta relacionada con la agudización de la confrontación o con la salida concertada que lleve al desmonte gradual de los enfrentamientos y los grupos que lo generan.

Antecedentes del concepto de violencia para la situación colombiana.

El término violencia fue utilizado de forma recurrente por parte del Gobierno, sus instituciones, ciertos académicos y algunos sectores sociales. En unos casos explicativos y en otros se manipulaba la percepción sobre los sucesos acontecidos a finales de la década del cuarenta y la del cincuenta, que consistían en la confrontación armada, mucho más aguda en las zonas rurales que en las ciudades, entre los militantes del Partido Conservador, que se encontraban en el Gobierno central y el Partido Liberal, que era la oposición, cuyos partidarios tenían presencia en ciertas instancias de decisión nacional y regional. La intención de los líderes y las bases partidistas liberales era acceder a las instituciones públicas centrales, mientras los conservadores querían expandir su dominio a las regiones y localidades de influencia liberal; esto originó enfrentamientos a lo largo del territorio nacional y dejó como resultado miles de muertes, expulsión masiva de campesinos a las ciudades y concentración de la tierra en los caciques regionales y locales de ambos partidos, entre otras situaciones negativas que resultan de los enfrentamientos armados generalizados. Como en muchos casos de tensión y confrontación, la mayoría de las víctimas provenía de zonas rurales marginadas. Al denominarse estos sucesos históricos de la confrontación entre los partidos tradicionales como la época de La Violencia, se limita su explicación y la culpabilidad se diluye hasta el punto que la impunidad es la reinante, pese a que las víctimas –tanto en vidas como en lo correspondiente a la subsistencia económica de las familias– de estos acontecimientos sean amplios sectores poblacionales de la sociedad colombiana. Esta concepción de la violencia, construida por los líderes de ambos partidos al crear el Frente Nacional y lograr los respectivos acuerdos políticos, mostró que los intereses de las élites se imponían de nuevo, al pretender que dichos acontecimientos queden en el olvido, rescatando prioritariamente el consenso y dejando estos hechos de forma restringida a las narraciones históricas, con lo que ocultaron la jerarquización socioeconómica que se desprendió al final de este período. Incluso los sectores sociales y políticos que fueron protagonistas de la confrontación, como las guerrillas liberales provenientes de los departamentos de los Llanos, consideraron estos sucesos como la revolución liberal, dando una connotación más cercana a los intereses de los campesinos que conformaban esta región, en contra de la concepción manipuladora e instrumental de violencia por parte de los líderes del Partido (16).

 La aparición de las guerrillas de tendencia socialista y comunista, como el ELN, M-19, EPL y las FARC que comenzaban a ampliar sus influencias en las zonas rurales, fomentó una confrontación directa contra las élites políticas y económicas nacionales y regionales, teniendo como objetivo su destitución de las instancias de decisión. Tal situación llevó a las Fuerzas Armadas gubernamentales al fortalecimiento y ampliación de sus operativos en las zonas alejadas de colonización campesina, donde estas guerrillas se fundaban y consolidaban. La confrontación generó la reelaboración del concepto de violencia, dependiendo de la apreciación ideológica y los intereses en juego; para las guerrillas se llevaba a cabo una revolución y las acciones armadas eran parte de la violencia que se debería implementar en un proceso revolucionario, lo que se llamaría como la justificada violencia revolucionaria, esencial para el triunfo de las guerrillas. Por su parte, desde ciertos sectores gubernamentales se concibió la propuesta de la violencia como la acción legítima del Estado para mantener el orden social, propuesta que justificaba las prácticas represivas por parte de las Fuerzas Armadas oficiales. Estas percepciones opuestas sobre el término de violencia, coincidentes con los intereses de cada uno de los grupos enfrentados, no es explicativa; por el contrario, agudiza la confrontación. 

La aparición del concepto de conflicto y sus efectos en la confrontación.

En la década del ochenta, cuando los grupos insurgentes y el Gobierno central comenzaron los acercamientos para entablar diálogos, acuerdos y negociaciones, aparece el concepto de conflicto como parte explicativa de la situación de confrontación entre las guerrillas y las Fuerzas Militares y puede llevar a la terminación del mismo. Este término se sustenta en el siglo XX, en las distintas disciplinas que forman parte de las Ciencias Sociales, como la Sociología (17),  la Antropología y el Derecho, con el fin de comprender las complejas situaciones de confrontación armada a las que acuden en ciertas circunstancias los grupos humanos y que pueden resultar nocivas, como lo ocurrido con los conflictos internacionales. Además, de manera reciente se han constituido sendas teorías sobre el estudio de los conflictos, convirtiéndose en especialidad para académicos y gobernantes. Desde esta percepción, los conflictos sociales se consideran como parte de la cotidianidad de las culturas humanas, que alcanza un punto crítico cuando se llega a transgresiones del Derecho Internacional en el conflicto armado, donde se expone la vida individual y colectiva de forma permanente. El análisis sobre los enfrentamientos que atraviesa el país pone a los actores en igualdad de condiciones, se exponen sus motivos, los intereses en disputa, las apreciaciones ideológicas que soportan las acciones armadas y los objetivos de las organizaciones enfrentadas, entre otras posibilidades que pueden desprenderse de esta concepción para dirimir o transformar el conflicto armado en un conflicto de ideas e intereses, en el cual podría propugnarse por el abandono de las acciones armadas por actividades políticas de movilización social donde los sectores confrontados sean claros en sus intenciones y objetivos políticos, impidiendo que se vuelva a incurrir en las acciones militares. 

Conflicto y diálogos.

Esta percepción fue utilizada para los diálogos, acuerdos y posterior desmovilización de las guerrillas como el M-19, EPL y Quintín Lame, las cuales, en un primer momento, fueron reconocidas por parte del Gobierno como actores armados que tenían un carácter político, con sus respectivos intereses y apreciaciones ideológicas que serían no solamente respetadas sino impulsadas por las instituciones públicas, con el fin de reducir la confrontación armada y tener las posibilidades de la actuación política. Parcialmente se otorgaron dichos reconocimientos, mientras se desarrollaban los diálogos y la desmovilización, hasta la conversión en partidos políticos de estos grupos. Los Gobiernos apoyaron el impulso de estos nuevos movimientos, mas cuando comenzaron su ascenso político y se encontraban cercanos a las instancias de decisión, se truncaron los procesos y generaron en las restantes guerrillas poca credibilidad en dichos tratados. Debido a los resultados más o menos aceptables de la desmovilización de las guerrillas, se siguió utilizando la concepción de conflicto armado por parte de los Gobiernos, los funcionarios públicos, los analistas, las ONG y la sociedad en general, avanzando en la compresión del conflicto. Esta concepción y comprensión de la situación llevó a que se reanudaran los diálogos y acercamientos con las guerrillas que defendían la vigencia de la lucha armada para la transformación política y social. En este proceso de diálogos esporádicos y pasajeros el Gobierno aceptó la incorporación del Derecho Internacional Humanitario, para avanzar en forma paulatina en el desmonte del conflicto armado (18). Esta propuesta jurídica internacional reconoce, para el caso colombiano, el conflicto armado interno y aplica el Protocolo II de Ginebra, situación en la que ha sido esencial la participación de los países europeos y del Comité Internacional de la Cruz Roja que, en un primer momento, hicieron actividades de difusión sobre este proyecto jurídico que regula los conflictos internos entre los funcionarios gubernamentales, los actores armados y las poblaciones afectadas por la confrontación; en un segundo momento, se ejecutaron acciones humanitarias como la visita y atención de combatientes de las guerrillas detenidos en algunas prisiones, la entrega de secuestrados y rehenes, contactos entre Gobierno y grupos disidentes, zonas de encuentro y veeduría de diálogos, entre otras actividades adelantadas desde la perspectiva del DIH y la concepción del conflicto armado.


 La reelaboración de la violencia y el terrorismo para la confrontación reciente.

A finales de la década del noventa y en los primeros años del siglo XXI, el conflicto armado colombiano pasó de diálogos, acercamientos y negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas de las FARC y el ELN a una intensificación de la confrontación armada que culminaría con las negociaciones (19).  Esta agudización se debió,  en parte, a la entrada del Plan Colombia, financiado por el Gobierno de Estados Unidos, que combinaba tanto la estrategia antinarcóticos como la contrainsurgente. En esta fase, el concepto de conflicto se desplazó y recobró importancia el término de violencia desde las percepciones gubernamentales. La manipulación y su instrumentalización por parte de los funcionarios pertenecientes a las instituciones públicas fue avasallador: ya no se reconocía explícitamente la legitimidad de la violencia por parte del Estado, puesto que quienes acudían a la violencia como práctica eran las guerrillas, el narcotráfico y la delincuencia común, cuyos directos afectados eran los ciudadanos del común. Estas circunstancias llevaron a que el Gobierno denominara como violentos a los pertenecientes a estos grupos y afirmaba que estas agrupaciones debían ser desenmascaradas no solo por los organismos de seguridad del Estado, sino por la misma sociedad, que debía colaborar con las instituciones y su legitimidad. Esta utilización del término “violentos” para describir a los diferentes grupos armados disidentes del Gobierno promueve las acciones represivas y militaristas por las instituciones públicas responsables del control social, contando con el beneplácito de ciertos sectores sociales que se perciben como afectados por las prácticas que llevan a cabo estas organizaciones, configurándose sutilmente el postulado de que los violentos limitan su accionar a procedimientos igual o más violentos a los que acuden en sus correspondientes prácticas. Esta concepción acentúa las tendencias militaristas, al elevarse las pretensiones de que con las acciones armadas el Gobierno avanza en la reducción de las guerrillas o, por el contrario, las guerrillas consideran que la única posibilidad para lograr sus objetivos está en el aumento de sus prácticas militares. Dicha situación rompe con la posibilidad de entablar diálogos y negociaciones entre las partes, aumenta las confrontaciones armadas y cada uno de los actores se dedica a la preparación y expansión de sus estrategias militares a mediano y largo plazo. Esta inclinación hacia lo represivo por parte del Gobierno y el fortalecimiento militar por parte de las guerrillas se agudiza con la apreciación de la guerra al terrorismo, que se inicia desde Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y que se expande hacia los países que tienen conflictos armados –considerados aliados por parte de los estadounidenses, como es el caso  colombiano- (20) donde se financian ampliamente las actividades de fortalecimiento militar de los distintos organismos de seguridad del Estado con estrategias de mediano plazo propuestas desde Estados Unidos, como el Plan Colombia, lo que lleva a considerar a los diferentes grupos armados disidentes o clandestinos como terroristas por ambos Gobiernos, acentuando aún más la confrontación entre los actores armados y restringiendo la posibilidad de salidas negociadas al conflicto. 



Referencias

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(1) El momento histórico cuando se inician las confrontaciones armadas entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas gubernamentales que perduran hasta la actualidad es un tema de amplio debate: “[…] existen dos lecturas enfrentadas en la historiografía colombiana. Por una parte, la de aquellos quienes sostienen que el conflicto actual echa sus raíces en el período de la Violencia, y que si bien los protagonistas centrales del enfrentamiento armado han cambiado, existe una continuidad básica entre ese período y la emergencia y consolidación de las guerrillas posrevolución cubana. Por otra, la de quienes plantean una diferenciación básica entre la guerra civil que enfrentó a los dos partidos tradicionales (1946-1953) y la violencia revolucionaria que emergió desde el triunfo de Fidel Castro, en 1959. Por ello, si tomamos como fecha de inicio la del período de la Violencia (1946), nuestro conflicto bien podía ser considerado el más antiguo del mundo. Si, por el contrario, como origen el efecto de la revolución cubana y el nacimiento de las denominadas ‘guerrillas de primera generación’ –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL)–, entre 1964 y 1967, solamente dos conflictos la guerra entre Israel y Palestina y la disputa por la región musulmana de Cachemira, entre India y Pakistán superan en duración la trágica lucha que afecta a nuestro país”. Eduardo Pizarro Leongómez, “Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión?” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 173-174.

(2) Las confrontaciones armadas entre los conservadores y los liberales en las zonas rurales originaba la redistribución o concentración de la tierra para los caciques del partido que dominara la localidad por medio de los grupos armados que lo apoyaran, situación que se llevó a cabo en regiones de aceptable producción agrícola como el Quindío, donde el café se convirtió en el principal producto del departamento: “Al afianzarse las cuadrillas de ambos bandos y la consecuente homogenización partidista de las veredas, quienes habían abandonado temporalmente sus terrenos son progresivamente llevados a vender, no importa a qué precio […]. Las oportunidades se posibilitan tanto a conservadores como a liberales, pues los procesos de homogenización operan de ambos lados, según las veredas. Las ventas de liberales, que ya se habían empezado a dar desde los primeros años de la violencia, serán ahora más frecuentes; las ventas de conservadores serán especialmente numerosas en la zona de cordillera desde 1954, y en la zona del río La Vieja conocerán su mayor intensidad desde 1958-1959, bajo la amenaza de las cuadrillas alineadas en el ‘MRL’. Carlos Miguel Ortiz Sarmiento, ‘La violencia’ y los negocios Quindío años 50 y 60” en Pasado y presente de la violencia en Colombia, comp. Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez (Bogotá: Cerec, 1991), 278.

(3) Mientras los golpes militares en América Latina tuvieron una larga duración, el ocurrido en Colombia se limitó a un período reducido: “La abstención electoral de los liberales a finales de 1949 propició el ascenso de Laureano Gómez a la presidencia de la República. Durante su administración el país se vio sometido a la comprobación trágica de la imposible aplicación de las teorías y postulados políticos y programáticos del Partido Conservador […]. Empeñado en su proyecto conservador para gobernar la sociedad colombiana, Gómez radicalizó aún más la oposición armada liberal y profundizó la división del Partido Conservador. El ospinismo fuertemente vinculado a la producción agroexportadora, con el auspicio de los liberales, organizó su derrocamiento mediante un golpe de Estado comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Bajo la dictadura de Rojas Pinilla (1953- 1957), la supremacía del poder ejecutivo sobre el legislativo fue absoluta […] se puede afirmar que el régimen de excepción de Rojas logró cumplir los dos cometidos para los cuales fue propiciado: en primer lugar, reprimir las luchas campesinas y contener el avance de la lucha reivindicativa de los trabajadores que perturbaran la acumulación de capital y, en segundo lugar, lograr la conciliación entre las diferentes fracciones de la clase política”. Gabriel Ricardo Nemogá, “Contexto social y político de las transformaciones institucionales de la administración de justicia en Colombia” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 232-233. 

(4) El Frente Nacional redujo la participación política al Partido Liberal y al Partido Conservador, que desde finales del siglo XIX han tenido posiciones de decisión en los Gobiernos nacionales y locales: “El Frente Nacional erradicó la violencia política de mediados del siglo XX y por ello llevó a cabo una importante tarea histórica. Sin embargo, este logro se produjo a un alto precio. En primer lugar, la ausencia de competencia política entre los partidos tradicionales redujo el sistema político casi a una mecánica clientelista y disminuyó drásticamente la participación electoral; en segundo lugar, el tratamiento militar de los reductos campesinos derivados de la época de la violencia que luchaban contra el Estado, condujo a la formación de la guerrilla, tal como sucedió un poco más tarde en otros países latinoamericanos; y en tercer lugar, el uso casi permanente del estado de excepción, como sucedáneo del régimen militar, tuvo por efecto la conformación de una institucionalidad no sólo hermética desde el punto de vista político, sino anómala desde el punto de vista constitucional y democrático”. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas, “Colombia: el revés del contrato social de la modernidad” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 57-58.

(5) Los inicios de la guerrilla más antigua de América Latina se remontan a finales de la década del sesenta cuando, a partir de varios encuentros de los insurgentes, deciden denominarse FARC: “A finales de 1965 con presencia de 100 combatientes la llamada I Conferencia del Bloque Sur en Riochiquito (Cauca) […]. Dos años más tarde, en la II Conferencia Guerrillera, celebrada en la región del Pato (Meta), el Bloque Sur cambia de nombre y pasa a denominarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) […] el cambio de nombre buscaba expresar la voluntad de este movimiento guerrillero de pasar de una estrategia eminentemente defensiva a una estrategia más ofensiva, para lo cual sus 350 hombres son distribuidos en seis frentes guerrilleros”. Pizarro Leongómez, “Las FARC-EP”, 182.

(6)  La inconformidad con el Frente Nacional, que impedía la participación política de sectores críticos y de izquierda en las instancias de decisión del Gobierno central, sumada al modelo de revolución cubana, llevaría a que varios grupos sociales conformaran la guerrilla del ELN: “El ELN surge en 1964, en el Magdalena Medio Santandereano, en una región que en los años cincuenta había sido escenario de la actividad de la guerrilla liberal dirigida por Rafael Rangel Gómez y en que la primera parte de los años sesenta había tenido alguna notoriedad el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). En la zona también existía una importante tradición de luchas obreras, debido al centro petrolero de Barrancabermeja y había irrumpido recientemente un fuerte movimiento estudiantil liderado por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (Audesa). El grupo inicial del ELN estuvo constituido por estudiantes universitarios identificados con la posibilidad de repetir el proceso surgido por la revolución cubana, algunos campesinos portadores de la memoria partidista de la década anterior y unos pocos obreros que contaban con cierta trayectoria en el movimiento sindical […]. El efecto inicial del ELN fue también resultado de la vinculación a sus filas del sacerdote Camilo Torres, quien había atraído la atención nacional de impulsar el Frente Unido, un movimiento de oposición al Frente Nacional y que planteaba la necesidad de diversas transformaciones revolucionarias para el país”. Mario Aguilera Peña, “ELN: entre las armas y la política” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 214. 

(7)  El inicio de la guerrilla del EPL se remonta a las discusiones internas del Partido Comunista, donde un sector de militantes reclamaba acciones de mayor envergadura para la transformación social que no se promovían desde el Partido, constituyendo una disidencia que reclamaba la vía armada: “El EPL tuvo su origen en septiembre de 1963 cuando el 29 pleno del Partido Comunista de Colombia expulsó de su seno una fracción disidente acusándola de desviaciones izquierdistas. Esta fracción dio lugar, dos años después, al Partido Comunista Marxista-Leninista, PC-ML, de ideología maoísta y reconocida por el Partido Comunista Chino, con objetivos revolucionarios definidos por la lucha armada en el campo como escenario principal. Una de las regiones escogidas para el implante guerrillero se situaba en la parte alta del río Sinú con el San Jorge, en el departamento de Córdoba, abierto tanto a las montañas antioqueñas como el Gran Urabá, sede de antiguas guerrillas liberales y refugio de rebeldes llegados de distintos puntos del país”. William Ramírez Tobón, Urabá. Los inciertos confines de una crisis (Bogotá: Planeta, 1997), 83.

(8) La guerrilla del M-19 se caracterizó por sus acciones simbólicas y por las simpatías de las que gozaba entre la población de los barrios marginados de las principales ciudades: “El ascenso de los movimientos populares y el debate interno de las guerrillas coincidió con la aparición de nuevos grupos guerrilleros y con el fortalecimiento de sus redes urbanas. Nacieron en ese contexto el Movimiento 19 de abril M-19, la Autodefensa Obrera –ADO– y el grupo indigenista Quintín Lame. De los tres, el de mayor relevancia fue el M-19, tanto por su impacto social como porque se apartó de algunos de los rasgos y métodos de las organizaciones políticas y militares de izquierda. El M-19 no solo rompió con las abstracciones teóricas de la izquierda tradicional, sino que se abstuvo de matricularse en alguna vertiente del marxismo internacional. Con ello se alejaba tanto de las referencias poco atractivas y a los héroes y episodios revolucionarios de otras culturas, como del examen de los problemas colombianos a través de dogmas sacralizados del marxismo. A cambio, el M-19 se apoyó en el imaginario político del país recuperando a los héroes nacionales y las luchas históricas inconclusas contra la oligarquía y la ampliación de la democracia. La ruptura también se hizo extensiva a los métodos de acción política ya que este movimiento se caracterizó por tratar de obtener simpatía y legitimidad apelando a actos espectaculares, al uso de símbolos y a las campañas de propaganda”. Mario Aguilera Peña, “Justicia guerrillera y población civil, 1964-1999” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo II, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 405-406.

(9) El Movimiento Guerrillero Quintín Lame se caracterizó por sus objetivos de lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y por su organización local, que se concentró en el departamento del Cauca, donde se asienta diversidad de comunidades indígenas: “[…] podemos observar los gérmenes organizativos que dieron nacimiento al QL [Quintín Lame]. Los grupos de apoyo fueron la reproducción gestada desde el mundo social. Sus integrantes obedecían a la misma gama social diversificada y agrupada en una nueva identidad; había entre ellos hablantes y no hablantes del Nasa Yuwe, afroamericanos, campesinos, viejos cabildantes, familias enteras, hombres, mujeres y niños que poco a poco se fueron transformando […]. Los grupos de apoyo, inscritos en esta memoria social, dispersos en los diferentes resguardos, se transformaron en grupo móvil: El Comando Armado Quintín Lame. Se dieron a conocer públicamente en diciembre de 1984 en una acción no sólo política sino que se llevó a cabo como una expresión de defensa territorial lograda con la recontextualización histórica por un acto significativo y material. Un mes después del último desalojo en diciembre de 1984, el día anterior a la toma de Santander de Quilichao, van llegando grupos pequeños de 20 hasta sumar unas 120 personas armadas entre hombres y mujeres. Se van ubicando en sitios estratégicos y empiezan a distribuir volantes y arengar a la población presentándose como QL en ‘defensa a las comunidades indígenas’ y como respuesta al desalojo y posteriores asesinatos de líderes. Con esta primera aparición se da a conocer el QL a la luz pública”. Myriam Amparo Espinosa, Surgimiento y andar territorial del Quintín Lame (Quito: Abya-Yala, 1996), 65-66.

(10) Los movimientos políticos de izquierda reconocidos legalmente y las organizaciones de derechos humanos en las últimas décadas han sido perseguidos, reprimidos y eliminados físicamente por los grupos de extrema derecha: “Desde mediados de los ochenta se inicia el tenebroso ascenso de los asesinatos políticos y las desapariciones […] en 1983, durante las negociaciones del proceso de paz sólo se conocieron 1.325 detenciones políticas, pero el número de desapariciones superó el centenar de personas y se presentan aproximadamente 600 asesinatos políticos. La gran mayoría de estas acciones fueron atribuidas incluso por altos funcionarios del Estado a grupos paramilitares. Estos grupos se conformaron en las zonas de la frontera agrícola con el objeto de luchar contra la guerrilla, y luego se extendieron a las zonas urbanas contra líderes populares de todo tipo y, con un ensañamiento especial, contra la organización política de izquierda conocida como Unión Patriótica […]. Se calcula que más de mil militantes de esta agrupación fueron asesinados entre ellos su presidente, dos de sus candidatos a la presidencia, alcaldes, senadores y militantes. El movimiento M-19 también fue minado con el asesinato de su líder y candidato a la presidencia Carlos Pizarro. Cinco meses después fue acribillado el candidato a la presidencia de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Pero la eliminación selectiva de los opositores políticos no solo afectó las filas de la izquierda; posteriormente cayeron periodistas como Guillermo Cano, defensores de derechos humanos como el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia Héctor Abad Gómez”. Mauricio García Villegas, “Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997” en El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I, ed. Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas (Bogotá: Siglo del Hombre, 2001), 325.

(11) Inicialmente la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente estaba relacionada con el proceso de paz adelantado con los grupos insurgentes, pretendiendo que se afirmara la posibilidad de extenderse a todos los grupos armados disidentes: “La Asamblea Constituyente de 1991 tuvo una composición bastante pluralista para los estándares colombianos, en donde la política ha estado usualmente controlada por los partidos liberal y conservador. Este carácter, así como un cierto optimismo que se vivió en esa coyuntura histórica debido a la negociación de paz exitosa con algunas fuerzas insurgentes como el M-19 y el EPL y a las mismas esperanzas cifradas en el proceso constituyente, llevó a que en la Asamblea tendiera a dominar el siguiente diagnóstico: la exclusión social, la intolerancia, las limitaciones a la participación política y las violaciones de los derechos humanos eran algunos de los factores esenciales de la crisis colombiana. La nueva Constitución debía entonces enfrentar esos defectos de la política y la sociedad colombianas; había entonces que instituir un orden constitucional que controlara la arbitrariedad estatal, favoreciera la participación de las nuevas fuerzas políticas, estimulara el pluralismo y lograra mayor justicia social. Los Constituyentes creyeron encontrar en la idea del Estado social y democrático de Derecho, de amplia aceptación en el Derecho Constitucional contemporáneo, una fórmula política que enriquecida con los aportes del multiculturalismo y del reconocimiento a la diversidad, permitiera poner en marcha ese proyecto histórico de desarrollar una sociedad menos arbitraria y más pluralista, participativa y justa”. Rodrigo Uprimny, “Constitución de 1991, Estado social y derechos humanos: promesas incumplidas, diagnósticos y perspectivas” en El debate a la Constitución, ed. V. M. Moncayo, C. Gaviria, R. Uprimny, W. Villa, S. Kalmanovitz y M. T. Uribe, (Bogotá: ILSA, 2002), 55-56.

(12) Pese a los avances en materia del reconocimiento de los derechos sociales fundamentales, los sucesos recientes demuestran que el libre mercado que se encuentra constitucionalmente propuesto se impuso sobre las necesidades de la inmensa mayoría de colombianos: “Esta constitución de 1991 que hoy nos hemos propuesto evaluar fue vista como un pacto de paz, pero quizás sólo fue un elemento de armisticio con uno de los grupos de insurgencia, que sirvió eficientemente para echar a andar aquellas tendencias neoliberales armónicas con la nueva época del capital. En medio de las discusiones algunas bizantinas como siempre y otras intrascendentes o ingenuas, se colocó en todo su articulado el espíritu de la nueva era del capitalismo, bajo el disfraz ampuloso de esa amplia y prolífica declaración de derechos fundamentales y de derechos de todas las generaciones, de la cual se jactan aún sus autores y muchos de sus devotos, o de los cambios del régimen político o, lo que es aún peor, del espejismo de la descentralización y de la autonomía regional y local, que ha servido más para contribuir al desmonte del Estado, que para alcanzar la ansiada autonomía e independencia del vilipendiado centralismo, o de la trampa de la participación ciudadana y comunitaria introducida como nuevo elemento de la legitimación, para que todas las cargas y desdichas sean impotables a nosotros mismos”. Víctor Manuel Moncayo, “La Constitución de 1991 y el Estado de la nueva era del capitalismo” en El debate a la Constitución ed. V. M. Moncayo, C. Gaviria, R. Uprimny, W. Villa, S. Kalmanovitz y M. T. Uribe, (Bogotá: ILSA, 2002), 18.

(13) La estrategia gubernamental de combinar la negociación y la guerra al mismo tiempo quedó demostrada con el inicio del proceso constitucional de 1991: por un lado, se realizan pactos con ciertos sectores de la insurgencia y, por otro, se inicia una ofensiva militar contra las guerrillas no desmovilizadas: “La Constitución de 1991 es un pacto que nace muerto, tanto en términos del contractualismo más ortodoxo, como el  hobbesiano por ejemplo, para el que la paz es básicamente un principio fundamental del orden social, como del liberalismo clásico en términos de una auténtica participación popular. Nace muerto porque el día en que se vota la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (el 9 de diciembre de 1990), se desata la ofensiva contra Casa Verde, que había sido el símbolo de los diálogos de paz durante más de diez años, lo cual no puede ser tomado como un hecho irrelevante, pues simbólicamente signó el nacimiento de la Constitución de 1991 como un pacto de guerra más que como un pacto de paz. Se cerraron los cauces para un diálogo nacional, no solamente con las FARC, sino con todos los grupos alzados en armas que no se integraron al proceso, y ésa no era la intención ni el deseo por los cuales los colombianos habían abierto las puertas para la convocatoria de una nueva Constitución”. Óscar Mejía Quintana, “La Constitución de 1991 como proyecto inacabado”, El Otro Derecho, núm. 28 (2002): 149.

(14)  El avance guerrillero hacia las ciudades se configuró por medio de las llamadas milicias, como parte de su estrategia de expansión: “[…] las milicias constituyen particular de privatización de la fuerza por vía de la ilegalidad institucional que gana legitimidad y reconocimiento entre los habitantes de los barrios en que operan. En Medellín, se expresan con toda claridad estas tres tendencias: las Milicias Bolivarianas, que operan además en Bogotá y otras ciudades del país, actúan bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las del ‘6 y 7 de Noviembre’, ‘B. R. P.’ (Brigadas Revolucionarias Populares) y ‘América Libre’, con influencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN; Milicias Populares con influencia del Ejército Popular de Liberación […]. En Santafé de Bogotá básicamente operan dos grupos milicianos: las Milicias Bolivarianas y las Milicias Revolucionarias del ELN”. Astrid Mireya Téllez Ardila, Las Milicias Populares. Otra expresión de la violencia social en Colombia (Bogotá: Rodríguez Quito Editores, 1995), 70.

(15) Ante el crecimiento y fortalecimiento de las guerrillas y la expansión del narcotráfico, Estados Unidos intensificó su intervención en el país por medio del Plan Colombia, con el objetivo de neutralizar el negocio del narcotráfico y el avance guerrillero que ponía en peligro la estabilidad del Gobierno colombiano, aliado incondicional en la región: “[…] Washington ha considerado el Plan Colombia [como] el programa clave 7 a la confrontación directa con las guerrillas, originando la intervención de un tercero a favor del Gobierno y sus fuerzas armadas en una situación de conflicto armado interno. A partir de esta intervención el conflicto se internacionalizó y saltó de una confrontación doméstica e interna a una confrontación internacional de repercusiones regionales y globales. La prevalencia del concepto conflicto ante el de violencia y terrorismo La reciente historia de Colombia está atravesada por las constantes confrontaciones armadas entre guerrillas y fuerzas gubernamentales. Dentro de esta situación se han utilizado diferentes conceptos que tienen implicaciones positivas o negativas para alguno de los grupos enfrentados y para encontrar salidas a la compleja circunstancia de disputas y confrontaciones entre los distintos protagonistas. En este orden de ideas se examinará qué implicaciones tiene la utilización del concepto de violencia o el de conflicto para la compresión de los acontecimientos del contexto colombiano, la determinación de la instrumentalización o manipulación de cada uno de estos conceptos y los aportes al referenciar una y otra propuesta relacionada con la agudización de la confrontación o con la salida concertada que lleve al desmonte gradual de los enfrentamientos y los grupos que lo generan. Antecedentes del concepto de violencia para la situación colombiana El término violencia fue utilizado de forma recurrente por parte del Gobierno, sus instituciones, ciertos académicos y algunos sectores sociales. En unos casos explicativos y en otros se manipulaba la percepción sobre los sucesos acontecidos a finales de la década del cuarenta y la del cincuenta, que consistían en la confrontación armada, mucho más aguda en las zonas rurales que en las ciudades, entre los militantes del Partido Conservador, que se encontraban en el Gobierno central y el Partido Liberal, que era la oposición, cuyos partidarios tenían presencia en en su estrategia antinarcóticos para la región andina […]. El plan implica, a su vez, un cambio sustancial en la estrategia militar colombiana frente al conflicto armado […]. Con este objetivo se diseñó un programa que buscaba mejorar la recolección y el procesamiento de la información, así como el desarrollo de un sistema de comunicaciones integrado. Se crearon, entonces, brigadas de despliegue rápido y se buscó una mejor integración entre las fuerzas de tierra y aire para conducir operaciones nocturnas. La entrega de 16 helicópteros UH-60 Black Hawk y 30 UH-IH Huey para el transporte de tropas, así como la creacción de otros dos batallones antinarcóticos, buscaban que las Fuerzas Armadas colombianas pudieran utilizar sus ventajas en número y en poder de combate, y de esta forma estuvieran en condiciones de quitarle a las guerrillas la iniciativa táctica y operacional”. Diana Marcela Rojas, “Estados Unidos y la guerra en Colombia” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 50-52.

(16) Las guerrillas liberales de los Llanos habían logrado cierta autonomía con respecto a los dirigentes del Partido, configurando una concepción particular que pretendía una revolución para mejorar las condiciones de los campesinos llaneros, apreciación que estaba por encima de la confrontación partidaria: “La radicalización de la lucha campesina llegó a constituir un abierto desafío al Gobierno central. Las guerrillas del Llano habían declarado ya la guerra al Estado y amenazaban con extender el conflicto a amplias regiones agrícolas de influencia liberal. La misma dirección liberal perdía paulatinamente el control de las huestes armadas que habían promovido. Las leyes de la región de los Llanos Orientales y el orden social que buscaban regular, constituyen una referencia de primer orden para el estudio de lo que contemporáneamente se ha llegado a conocer como pluralismo jurídico. Frente a la legalidad constituida del Estado, se formuló un régimen jurídico paralelo fundamentado en usos y costumbres surgidos en tiempo de guerra, respaldado por las armas del movimiento guerrillero”. Nemogá, “Contexto social y político”, 234-235.

(17)  Desde la Sociología, el conflicto ha sido considerado esencial para comprender las interacciones humanas; así, en el interior de las teorías macrosociológicas se encuentran las teorías del conflicto: “Las teorías del conflicto se distinguen de las teorías de la integración por el hecho que no contemplan la sociedad como un conjunto de roles que interactúan armónicamente, sino más bien como un conjunto de roles en tensión manifiesta o latente, situados en posiciones asimétricas en la escala de la estratificación social. De aquí que se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, la representación que ofrecen de la acción social es menos abstracta que la funcionalista: los sujetos no se encuentran tan fuertemente aprisionados en el esquema simbólico del estatus-rol, y conservan su protagonismo como artífices de la acción misma. En segundo lugar, estas teorías representan el cambio social en términos no evolutivos, sino de discontinuidad”. Vincenzo Ferrari, Acción jurídica y sistema normativo. Introducción a la Sociología del Derecho (Madrid: Dykinson, 2000), 22-23.

(18) El Derecho Internacional Humanitario para los conflictos, sean internacionales o internos, pone en igualdad de condiciones a los distintos actores armados, situación que fue concebida como negativa para ciertas élites que consideraban este procedimiento como reconocimiento jurídico que fortalecería a la guerrilla: “[…] algunos sectores influyentes de la sociedad colombiana a finales de la década de los años 80 veían con muy malos ojos las normas humanitarias, en concreto el Protocolo II de Ginebra de 1977, por cuanto se consideraba que la adhesión del Estado a este instrumento internacional comportaba una ventaja política y militar para la guerrilla. En otros términos, el DIH era considerado como un obstáculo para el mantenimiento del orden público; un medio para que los miembros de los grupos armados fueran considerados en igualdad de condiciones con los integrantes de la fuerza pública; en otras palabras, para que se les tratase no como delincuentes comunes sino como combatientes. Se especulaba además muchísimo sobre la vigencia y los alcances de figuras del derecho internacional clásico como aquella del reconocimiento de beligerancia y las relaciones de ésta con la adhesión al Protocolo II de Ginebra de 1977”. Alejandro Ramelli, “El Derecho Internacional Humanitario como discurso político durante el desarrollo del conflicto armado colombiano” en Sociología Jurídica. Análisis del control y del conflicto social, ed. Rafael Prieto Sanjuán (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 270.

(19)  En los años finales de la década del noventa, el conflicto armado aumentó su escalada en la confrontación entre los distintos actores: “En 1991 las fuerzas del Gobierno desarrollaron una ofensiva importante contra posiciones estratégicas de las FARC […]. En el período inmediatamente posterior (1992-1995), que hemos llamado de estancamiento, tanto la intensidad del conflicto como la frecuencia de eventos disminuyó de manera casi continua. Finalmente, a partir de 1996 se inició el período de recrudecimiento, en el que se nota un incremento importante tanto de la intensidad del conflicto como en la frecuencia de combates y ataques. Este período de recrudecimiento terminó en 2002 cuando, de hecho, se alcanzó la mayor intensidad del conflicto armado”. Jorge Alberto Restrepo, Michel Spagat y Juan Fernando Vargas, "El conflicto en Colombia: ¿quién hizo qué a quién? Un enfoque cuantitativo (1988-2003)” en Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, comp. Francisco Gutiérrez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006), 520. 

(20) A partir de la agresión sufrida en el centro financiero de Estados Unidos, se inició la guerra al terrorismo en el contexto global, con el respectivo apoyo de Estados considerados como aliados y amigos: “Lo que hace el 11 de septiembre conmovedoramente inaugural es que clava el terror en el corazón mismo de la primera ciudad global del mundo y ataca además el poderío del Pentágono, exponiendo al hegemónico superpoder solitario de la posguerra fría a aguda crisis de racionalidad nerviosa […]. Igualdad soberana de todos los Estados, incluyendo los fuertes, ahora también significa en la vulnerabilidad estatal: dicha vulnerabilidad, además, comienza a operar como una fuente de fortaleza. Ya están en su sitio nuevas formas de articular la legitimación del poder global: el patriotismo global del Norte, una especie de versión neo-kantiana globalizante de ‘cosmopolitismo’, ahora en elaboración trae consigo devoción ciudadana a la ‘guerra contra el terror’, y la división aguda y siempre creciente entre ciudadanos ‘globales’ y seres humanos ‘violentos’ y ‘proscritos’. Una nueva guerra fría parece estar elaborándose, en el que el ‘patriotismo constitucional’ se esforzará, nuevamente, para justificar la reproducción global de ‘personas sin derechos’ en servicios de ‘nuestro’ futuro común”. Upendra Baxi, “Operación ‘libertad perdurable’ ¿Hacia un nuevo Derecho Internacional y otro orden mundial?”, El Otro Derecho, núm. 28 (2002): 15-16. 


(*) El artículo, subido a nuestro sitio con la anuencia de su autor, fue  publicado originariamente en http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/676/694 

(**) El Profesor Jairo Vladimir Llano es antropólogo, especialista en Antropología Jurídica, doctor en Derecho, becario del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati-España. Profesor de Investigación Sociojurídica de las maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Cali. Profesor de Sociología Jurídica, Filosofía del Derecho, Responsabilidad Internacional del Estado, Derecho Constitucional Comparado e Historia del Derecho de la Universidad Cooperativa y de la Universidad Libre de Cali.
Por Alejandro Osio  y Esteban Torroba (*)


I. Introducción.
            Este trabajo presenta un estado de situación sobre el derecho humano a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal en la provincia de La Pampa.
            Para ello, se realiza un recorrido histórico sobre la evolución de las instituciones y los mecanismos jurídicos que han existido en el ámbito provincial para asistir al colectivo de personas criminalizadas.
En primer lugar, se aborda la situación de la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, nacida en la década de 1970, bajo un contexto ideológico que propiciaba la creación e intervención activa de entidades privadas con fines caritativos y altruistas, como alternativa para reemplazar a un Estado que se suponía actuaría en forma burocrática, pesada y poco eficiente en la asistencia de estas personas. Luego, se analiza cómo esta entidad fue absorbiendo cada vez mas funciones delegadas formalmente por el Estado provincial y ampliando la cifra de personas que debía asistir, sin recibir el apoyo público necesario para poder hacer frente a esta situación. Esto, hasta arribar en el año 2010 a una profunda crisis económica, estructural y de personal que llevaría a replantear el papel mismo del Estado frente a la readaptación social. 
En segundo lugar, en este contexto crítico, se efectúa un examen de la Ley 2831, dictada por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa a principios del año 2015, mediante la cual se crearon el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.
Con posterioridad a ello, se concreta la recopilación y análisis de normas jurídicas de derecho legal, constitucional e internacional de los derechos humanos, así como de otros instrumentos útiles que carecen de naturaleza normativa, que reconocen a la readaptación social como derecho humano y describen las obligaciones exigibles al Estado.
A su vez, se complementa el punto anterior con un estudio más preciso sobre la naturaleza jurídica del derecho humano a la readaptación social, objetivo que comprende la definición de su esencia y la determinación precisa de sus alcances, para lograr clarificar su exigibilidad y la delimitación de la responsabilidad estatal.
Paralelamente, se introducen reflexiones sobre la posibilidad de que, frente a una criminalización selectiva, estigmatizante y excluyente impulsada por el Estado a través de las instancias oficiales de control social, resulte necesario imponer a su cargo una obligación de adoptar medidas de acción positiva para eliminar las condiciones de exclusión que ha contribuido a crear.
Por último, se relevan los medios a disposición de la provincia de La Pampa para afrontar los desafíos de asumir la readaptación social como derecho humano que merece una respuesta integral.




II. La Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa.
Los patronatos de liberados se inspiraron en un clima de ideas y prácticas jurídicas que atravesó la política criminal europea y estadounidense, desde fines del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, y proponía la intervención de instituciones privadas, basadas en un sentimiento esencialmente caritativo y altruista, y destinadas a colaborar con la readaptación social de las personas que egresaban de las cárceles y sus familias (NUÑEZ, 2010: p. 4). Sin embargo, algunos autores han vinculado a esta institución con antiguas prácticas cristianas de piedad hacia las personas encarceladas (BELLED, 1986: pp.282-285).
En la República Argentina, la primera entidad de esta naturaleza fue el Patronato de Liberados y Excarcelados de la Capital Federal, inaugurado en 1918 por iniciativa de Jorge Frías. Esta idea de que el Estado no debía intervenir en la reinserción social más que a través de la subvención de instituciones privadas se refleja con claridad en el pensamiento de este abogado argentino convencido de sus beneficios, quien sostenía:
Debemos desechar las instituciones oficiales porque el espíritu que debe presidir una obra de esta naturaleza debe ser eminentemente altruista; se necesita, en cada caso, un hombre o un pequeño núcleo de hombres noblemente inspirados, dispuestos a hacer algo en bien de los desdichados y esos hombres motores de la institución deben tener personalmente o junto a ellos el asesor técnico que los oriente en la solución de los problemas penales que han de plantearse en el ejercicio de su ministerio. (…) El patronato oficial será siempre una función burocrática, pesada y desarrollada con desgano. Faltará el espíritu altruista, el deseo de difundir el bien, de proporcionar consejos morales, de escuchar las cuitas íntimas que el liberado de la cárcel ha de volcar en el corazón de su protector. Es preciso no olvidar que no basta dar techo, pan y trabajo a un hombre para asegurar su readaptación social. Ese hombre tiene problemas íntimos, conflictos de familia, luchas entre su propósito de ser bueno y los obstáculos que se cruzan a su paso, los prejuicios sociales que le cierran todas las puertas; la falta de comprensión de las autoridades policiales que los persiguen en mérito del antecedente que exhiben y todo esto no puede ser resuelto por simples empleados de la oficina o por funcionarios a cuyas tareas habituales se les acumule este nuevo trabajo como una carga más. (FRÍAS, 1922: p. 15)
Enrolados en esta misma corriente, el 13 de Noviembre de 1970, un grupo de personas de distintos ámbitos de la comunidad pampeana se reunieron con la finalidad de conformar una entidad avocada a la atención de los problemas derivados de la reinserción social de quienes egresaban de las cárceles. De esa asamblea constitutiva nació la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, con el objetivo fundamental de
(…) contribuir a la asistencia moral y económica de los internos, liberados o excarcelados y sus respectivas familias, a la moralización de sus costumbres, a su readaptación a la sociedad y a crear en ésta una conciencia de solidaridad con respecto a aquellos.[1]
En su Estatuto fundacional, el Patronato reconoce las siguientes funciones, atribuciones y deberes: contribuir a la disminución de la criminalidad y reincidencia; cuidar, proteger y procurar trabajo a los liberados condicionales, a los indultados, a los excarcelados, a los que cumplen condena de ejecución condicional y a todo egresado de establecimiento carcelario que lo requiera, siempre que se encuentre en jurisdicción provincial; facilitar a los beneficiarios de su acción los medios necesarios para trasladarse al lugar de residencia o aquel en que se propongan trabajar, y procurarles los socorros indispensables durante los primeros días de vida libre; mantener continua comunicación con la familia de las personas privadas de la libertad, a fin de prestarles asistencia, para asegurarles estabilidad; visitar a las personas privadas de la libertad; hacer saber a los funcionarios judiciales correspondientes su opinión sobre la conveniencia, inconveniencia u oportunidad de acordar a los condenados el beneficio de la libertad condicional y sobre el cumplimiento por parte de los liberados de los recaudos mediante los cuales les fue concedido dicho beneficio y, en caso necesario, recomendar su revocación; entablar relaciones y coordinar acciones con las autoridades penitenciarias y con los distintos organismos asistenciales y laborales, sean estatales o privados; mantener estudios actualizados sobre los diversos oficios o profesiones, en relación con el desenvolvimiento de las actividades económicas locales, para orientar el trabajo en las cárceles y aconsejar a sus beneficiarios; confeccionar ficheros privados para las personas que asiste; difundir sus actividades por todos los medios posibles; establecer delegaciones en las distintas Circunscripciones Judiciales de la provincia; realizar cualquier otra acción necesaria, conveniente o útil para lograr el cumplimiento de los fines institucionales.[2]
Paralelamente, a lo largo de los años, fue desarrollando algunos programas específicos para asistir a las personas en conflicto con la ley penal. Entre ellos se destacan el de Prevención de Violencia de Género, el de Asistencia Sanitaria, el de Documentación, el de Pre-egreso, el de Asistencia Inmediata y el de Asistencia Alimentaria, que, para su desarrollo, implican un importante entramado de vínculos con distintas instituciones públicas y privadas (Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, 2015: pp. 11 y 12). 
El 10 de Mayo de 1974, la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa aprobó la Ley 513, mediante la que otorgó a la Asociación competencia en todo el territorio provincial para asistir integralmente a las personas con penas privativas de la libertad, desde el período de pre-libertad y con posterioridad al egreso, en el marco de mecanismos de trabajo que involucraran al medio familiar y social.[3] La normativa dejó establecido que el Poder Ejecutivo otorgaría anualmente a la Asociación subsidios para posibilitar el cumplimiento de las tareas encomendadas.[4]
A lo largo del tiempo, la entidad fue refinando su actividad para suplir al Estado en funciones cada vez más específicas de supervisión y asistencia social, moral y material sobre las personas en conflicto con la ley penal. En la actualidad, la legislación nacional y provincial les otorga un importante papel en relación a diferentes categorías legales. En general, los patronatos se encuentran autorizados a intervenir en relación a aquellas personas con prisión domiciliaria[5], las liberadas bajo el régimen de libertad condicional[6] o con suspensión del juicio a prueba,[7] regulados por el Código Penal; sobre aquellas incorporadas al programa de pre-libertad,[8] beneficiadas con salidas transitorias,[9] por el sistema de semilibertad[10] o el de libertad asistida,[11] con prisión domiciliaria,[12] con trabajos comunitarios asignados,[13] y cualquier otra situación de necesidad de asistencia familiar o social pos-penitenciaria,[14] establecidos en la Ley nacional 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad; y también sobre las personas con programas de pre-libertad[15] regulado por el Decreto 396/99 sobre el Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución.
Por otra parte, la Ley 2287, que sancionó el Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, otorga a la Asociación Patronato de Liberados el rol de cuidado sobre aquellas personas sobre las que se haya decidido imponer una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva;[16] el carácter de colaborador con el Tribunal de Ejecución en la observación del liberado en lo que respecta a su lugar de residencia, el trabajo al que se dedica y la conducta que observa;[17] también lo faculta a solicitar la revocatoria de la libertad condicional;[18] y, por último, aunque el Código no lo menciona explícitamente, la atribución de controlar las reglas de conducta fijadas en la suspensión de los procesos a prueba, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2574 Orgánica del Poder Judicial, como consecuencia de una delegación formulada por el Ministerio Público Fiscal.[19] Además, por aplicación del artículo 479 del Código, que remite a la Ley 332 para las causas del sistema residual, se aplicarían las normas allí previstas para la suspensión del juicio a prueba[20] y cumplimiento de la pena[21].


III. La Ley 2831 de creación del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.
El 26 de Marzo de 2015 la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa aprobó por unanimidad la Ley 2831 de creación del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal. La normativa fue el resultado de la unificación de los proyectos de Ley 149/13[22], que proponía la creación del Ente de Políticas Socializadoras para Personas en Conflicto con la Ley Penal; y 21/13[23], que planteaba la institución de la Dirección General de Control, Seguimiento, Asistencia y Reinserción Social de personas en conflicto con la Ley Penal.
La Ley 2831 constituye un esfuerzo por reemplazar a la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, y persigue una reabsorción del Estado provincial de sus responsabilidades en materia de readaptación social integral de las personas en conflicto con la ley penal.
Su objetivo concreto es la disminución de la criminalidad y la reincidencia, mediante la inserción social, la asistencia material y personal, en el contexto familiar y comunitario, de la población en conflicto con la ley penal.[24] En el texto de la normativa, este último grupo se considera integrado por las personas incorporadas a los programas de pre-libertad, salidas transitorias y semilibertad; las personas en situación de liberadas, condicionales o asistidas; y las personas con condenas de ejecución condicional.[25] 
Para poder cumplir con estos objetivos, crea dos organismos con funciones específicas: el Ente de Políticas Socializadoras, como espacio de articulación, coordinación y concertación de políticas sociales; y, la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación, como institución de ejecución de las políticas públicas diseñadas. Ambas fueron pensadas para funcionar en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.[26] 
El Ente de Políticas Socializadoras tiene las siguientes funciones fundamentales:  diseñar las políticas socializadoras en la provincia de La Pampa en materia de personas en conflicto con la ley penal; estudiar, elaborar y proponer normas legales tendientes a efectivizar el cumplimiento de la Ley; tomar resoluciones de carácter vinculante para los organismos vinculados a la materia; acordar la elaboración de programas de prevención de la criminalidad con otras instituciones públicas o privadas; proponer la celebración de convenios estatales referidos a la ejecución de la pena; integrar organizaciones federales e internacionales que agrupen a las instituciones post-penitenciarias; publicar un informe anual de las acciones realizadas; y difundir sus actividades en los medios de comunicación.[27]
La normativa establece una composición diversa para dar representatividad a todos los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo tiene asignados un representante del Ministerio de Bienestar Social, uno del Ministerio de Salud, uno del Ministerio de Cultura y Educación, uno de la Secretaría de Asuntos Municipales, uno del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad y el Subsecretario de Justicia y Seguridad, quien a su vez tiene a cargo la coordinación del Ente de Políticas Socializadoras. El Poder Legislativo aporta tres legisladores, respetando la representatividad de la conformación política de la Cámara de Diputados. El Poder Judicial está representado por un ministro del Superior Tribunal de Justicia y los Jueces de Ejecución Penal en funciones. Paralelamente, prevé la participación del Coordinador de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación. Por último, cuando el caso lo requiera, se encuentra prevista la posibilidad de que participen otros organismos o entidades que no forman parte del Ente con carácter permanente.[28]
A su vez, se otorga a la Secretaría de Derechos Humanos el control del cumplimiento efectivo de las resoluciones emanadas del Ente de Políticas Socializadoras, debiendo informar anualmente a la Cámara de Diputados.[29]
La Ley dispone que la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación se integre con una Coordinación y Equipos Técnicos distribuidos en las distintas Circunscripciones Judiciales de la provincia. Además, prevé la creación de veinte cargos a distribuir en esas unidades territoriales, y determina que el organismo debe absorber excepcionalmente a la totalidad al personal que se encuentre desempeñando tareas en la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, procediendo a reubicarlo en la nueva estructura de acuerdo a la profesión de cada uno y los fines perseguidos por la Ley.[30]
La Coordinación, ejercida por un abogado elegido por la autoridad de aplicación, tiene por funciones: representar a la Unidad en toda actividad pública o privada al cumplimiento de sus fines; fijar la planificación de la Unidad y controlar su cumplimiento; diseñar y gestionar el presupuesto de la Unidad; organizar el personal de la Unidad; diseñar e implementar en programas de capacitación y aprendizaje para el personal administrativo de la Unidad y vinculado; celebrar convenios con instituciones educativas; concertar convenios con organismos públicos, privados o mixtos, como así también con aquellas empresas proveedoras del Estado provincial, a fin de contemplar la reserva de un mínimo de plazas laborales para personas en conflicto con la ley penal; remitir informes de las personas en conflicto con la ley penal al Juzgado de Ejecución Penal o la Unidad Fiscal intervinientes.[31]
Los Equipos Técnicos, por su parte, se componen de licenciados en psicología, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales, que varían en número dependiendo de las Circunscripciones Judiciales en las que trabajan, y tienen por funciones: realizar el seguimiento y asistencia de condenados con pena privativa de libertad que se encuentren incorporados al programa de pre-libertad o en situación de egreso; realizar el control, seguimiento y asistencia de tutelados que gozan de libertad condicional, libertad asistida o condenación de ejecución condicional; realizar el control, seguimiento y asistencia de las reglas de conductas impuestas al concederse la suspensión del proceso a prueba; coordinar y articular acciones con las diversas instituciones involucradas en cada caso en particular; llevar estadísticas sobre la ejecución de la pena en libertad y concesión de la suspensión del proceso a prueba; remitir informes de seguimiento de las personas alcanzadas con la libertad condicional, libertad asistida o condenación de ejecución condicional al Coordinador de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación; informar semanalmente las actuaciones realizadas al Ente de Políticas Socializadoras; crear, conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo, un Registro Permanente de Trabajo para los Liberados de las Cárceles de la Provincia de La Pampa y un Registro de Empresas que operen en nuestra provincia donde exista la posibilidad concreta laboral; remitir al Juzgado de Ejecución Penal o a la Unidad Fiscal correspondiente, según el caso, los informes de seguimiento, evolución o incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al concederse las libertades condicional o asistida, condenación de ejecución condicional o suspensión de proceso a prueba.[32]
El funcionamiento del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación fue previsto con un financiamiento derivado de las partidas específicas asignadas en el Presupuesto General de la Provincia, así como los recursos provenientes del Fondo que la misma Ley crea, y que se integra con los recursos que determinen las leyes especiales, fianzas ejecutadas en causas penales, multas impuestas en causas penales o contravencionales y donaciones y legados.[33] Provisionalmente, la normativa faculta al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las reasignaciones presupuestarias y creación de las partidas necesarias destinadas a poner en marcha los organismos de la Ley.[34]
Desde el ámbito de aplicación normativo, la Ley 2831 introduce modificaciones y agregados al Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa, para integrar las funciones de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación, en reemplazo de las que ejecutaba la Asociación Patronato de Liberados, y deroga la Ley 513.[35]
A pesar de su aprobación unánime, el 16 de Abril el Gobernador vetó la Ley 2831 mediante su Decreto 145/15. Esta decisión encierra fundamentos de muy diversa índole, algunos, en nuestra opinión, atendibles y otros equivocados o subsanables.
En primer lugar, entiende que el Poder Legislativo, al crear la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación, ha actuado en exceso de su competencia. Esto es así, a su criterio, porque es facultad privativa del Poder Ejecutivo la de crear, reestructurar, fusionar, subdividir o disolver los organismos de la administración hasta el nivel de Subsecretaría. Una posible alternativa para el Poder Legislativo a fin de evitar este cuestionamiento podría haber sido otorgarle a la Unidad naturaleza de entidad autárquica.
Además, critica la descripción del objeto de la Ley[36], pues en su opinión debería haber contemplado que el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación configuran organismos disímiles, con finalidades diferentes en relación a las personas en conflicto con la ley penal. Si bien la norma puede ser perfectible desde el punto de vista de la técnica legislativa utilizada, lo cierto es que la Ley en otros artículos diferencia con claridad los roles de los organismos, uno como espacio de articulación, coordinación y concertación de políticas sociales y el otro como institución de ejecución de las políticas públicas diseñadas. Por otra parte, entendemos que la descripción de un objeto legal unívoco resulta adecuada, en la medida en que los organismos creados cumplen funciones esencialmente complementarias.
            Por otra parte, cuestiona la redacción utilizada para describir la población objetivo de la Ley[37], específicamente cuando se refiere a “personas con condenas en suspenso”, pues alega que resulta confusa y poco clara. Para completar la apreciación, objeta la omisión de las personas que se encuentran con el beneficio de suspensión del proceso a prueba. Estas advertencias parecen razonables, pero se deben más bien a un problema de técnica legislativa que a una decisión de fondo sobre los alcances de la normativa. Tratándose de una Ley que busca reemplazar la actividad que venía desarrollando la Asociación Patronato de Liberados, debería asignar a las nuevas entidades que crea todas las funciones legales que aquella ejercía. En estas condiciones, debería contemplar las funciones descriptas en el Código Penal, en la Ley nacional 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, en el Código Procesal Penal de la provincia de La Pampa y también aquellas delegadas por otros organismos públicos, como sucede con el control de las reglas de conducta en los casos de suspensión del proceso a prueba, originalmente asignado al Ministerio Público Fiscal por la Ley provincial 2574 Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, si bien las personas que se encuentran con el beneficio de suspensión del proceso a prueba no han sido contempladas específicamente como población objetivo, más adelante la propia Ley incorpora al Código Procesal Penal el artículo 27 bis, y le asigna a la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación la función de control de las reglas de conducta en esos supuestos.[38]
Es igualmente acertada la observación sobre la omisión de la Ley de atribuir a las nuevas entidades un rol de control sobre aquellas personas sobre las que se haya decidido imponer una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva, pues se trata de una competencia originalmente otorgada al Patronato de Liberados en el artículo 254.b) del Código Procesal Penal de la provincia.
El veto también cuestiona los aspectos de la normativa vinculados al personal necesario para el funcionamiento y desarrollo de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación.[39] Señala que la necesidad de creación de veinte nuevos cargos, sin la posibilidad de ampliar, disminuir o modificar la integración de cada una de las sedes, constituye un importante defecto que impide prever futuras necesidades de las mismas. Además, ataca la falta de claridad en la determinación de la absorción de los empleados que pertenecen a la Asociación Patronato de Liberados. En realidad, ambas cuestiones resultarían subsanables por vía de reglamentación, sin necesidad de recurrir a la herramienta del veto, lo cual constituye una decisión extrema.
El financiamiento también constituye objeto de controversia.[40] En primer término, el Poder Ejecutivo interpreta que la nueva Ley pasa por alto la prohibición que le impone el artículo 68 de la Constitución Provincial al Poder Legislativo para votar aumentos de gastos que excedan los recursos, en este caso relacionados a los cargos necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación y la correspondiente contratación de especialistas. En consecuencia, como la normativa sancionada entraría en vigencia el 1 de enero de 2016, antes de la aprobación del nuevo presupuesto, el Poder Ejecutivo considera que la nueva entidad carecería de los recursos necesarios para afrontar el pago de las remuneraciones correspondientes y los gastos de funcionamiento. Estas objeciones pasan por alto que la normativa, en forma provisional, faculta al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las reasignaciones presupuestarias y creación de las partidas necesarias destinadas a poner en marcha los organismos.
Paralelamente, el veto considera que la función otorgada a la Secretaría de Derechos Humanos para controlar el cumplimiento efectivo de las resoluciones emanadas del Ente de Políticas Socializadoras, e informar sobre ello a la Cámara de Diputados,[41] debería hacerse a modo de un control cruzado de organismos. En este sentido, el Poder Ejecutivo entiende que tendría que haberse establecido en la norma que la Secretaría de Derechos Humanos debe informar obligatoriamente al propio Ente cuando detecte incumplimientos a sus resoluciones, como forma de favorecer el diseño de políticas eficaces. Esta observación, que puede resultar razonable, podría incorporarse directamente en la reglamentación que se dicte sobre la Ley.
A juicio del Poder Ejecutivo, las funciones atribuidas por la Ley a la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación[42] exceden lo establecido en el artículo 458 del Código Procesal Penal de la provincia, que describen un papel de colaboración con los Tribunales de Ejecución. De ninguna manera existe una contraposición entre las tareas asignadas a la Unidad y a los Tribunales de Ejecución, ello sigue una lógica complementaria. El hecho de que la Ley describa con mayor especificidad las funciones de la Unidad, y principalmente de los Equipos Técnicos, no genera en sí mismo un conflicto de competencias.
Por último, el veto advierte que la Ley 2831 no ha diseñado una estructura de transición hasta tanto se ponga en marcha el nuevo sistema y no ha contemplado las normas básicas de traspaso de funciones desde el Patronato de Liberados hacia la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación, así como la modalidad de control y traspaso de poblaciones ya asistidas. Se trata de una advertencia acertada, que debería haber sido tenida en cuenta en las disposiciones transitorias de la Ley, al margen de la mera absorción excepcional de personal establecida.[43]
En la sesión del 14 de Mayo de 2015, la Cámara de Diputados de la provincia, por unanimidad, rechazó las observaciones y modificaciones del veto del Poder Ejecutivo e insistió con su propuesta legal originaria, obteniendo de esa forma su promulgación. 

IV. El reconocimiento de la readaptación social como derecho humano.
En este apartado nos ocuparemos de la recopilación y análisis de normas jurídicas de derecho legal, constitucional e internacional de los derechos humanos, así como de otros instrumentos útiles, mediante los cuales se reconozca a la readaptación social como derecho humano y se describan las obligaciones exigibles al Estado. También compulsaremos otros instrumentos que carecen de naturaleza normativa, como jurisprudencia de tribunales internacionales, informes de comités, opiniones consultivas y observaciones generales de los sistemas de protección de derechos humanos, pero nutren la interpretación de las normas positivas.
Más allá de las numerosas críticas que pueden formularse desde perspectivas ideológicas a la reforma o readaptación social de las personas condenadas, resulta inobjetable que ésta constituye la única finalidad discursivamente aceptada en nuestro ordenamiento jurídico positivo para legitimar la pena de privación de la libertad. Ello es exigido por los artículos 18 de la Constitución Nacional, 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 40.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.[44]
La readaptación social, como indica Eugenia Vallejos citando al profesor y Juez de Ejecución de Catamarca, Luis Guillamondegui,
(…) representa un proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que éste pueda tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias personales, familiares y sociales presentes y futuras con el propósito de fomentar y consolidar su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley penal en lo sucesivo; proceso en el que se debe respetar su dignidad humana y favorecer su contacto activo con la comunidad en aras de mitigar la desocialización propia del encierro carcelario permitiendo que la interacción del mismo en el establecimiento penal se asemeje lo más posible a la vida en libertad y, en la medida de su ubicación dentro del Régimen y Tratamiento Penitenciarios, promover y estimular las actividades compatibles con dicha finalidad. (VALLEJOS, 2012: p. 5)
Por ende, y más allá de las críticas doctrinarias que puedan formularse al concepto, podríamos decir con esta primera aproximación, que aparece actualmente como un derecho constitucional de los condenados y, por contrapartida, como una obligación estatal.
A partir de ello, podría afirmarse que el Estado se ha comprometido convencionalmente ante la comunidad internacional a aplicar en su territorio únicamente penas privativas de la libertad que posean una finalidad resocializadora del condenado, lo que por exclusión deja fuera de todo viso de legalidad a las sanciones penales que persigan un fin distinto, tales como la inocuización o la exclusión o segregación social con motivos de peligrosidad o únicamente de castigo.
Incardinados en esa finalidad constitucional-convencional, los artículos 1 a 3 de la Ley 24660 disponen lo siguiente, luego de reiterar que esa y no otra debe ser la finalidad de la prisionización:
(…) durante el transcurso de tiempo en que el condenado permanezca privado de su libertad, es función del Estado arbitrar todos los medios necesarios para lograr esa finalidad; todo condenado a pena privativa de la libertad cuenta con la posibilidad de recuperarla y, para ello, el interno debe haber sido preparado durante su tránsito penitenciario. Es que la reinserción representa un proceso de introducción del individuo en la sociedad, implica favorecer y fomentar el contacto activo entre los reclusos y el resto de la comunidad que los ha excluido mediante el encierro, en procura de atenuar los efectos negativos de la pena. (MORABITO, 2005: p. 118 y 119).
En lo relativo al acogimiento jurisprudencial de la resocialización como derecho humano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado el derecho a la resocialización en una multiplicidad de fallos.[45] Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado su propia jurisprudencia de recepción de la finalidad de readaptación social o resocialización de las personas condenadas a pena privativa de la libertad.[46]
            En torno a ese fin resocializador es que los artículos 6 y 12 de la Ley 24660 establecen el principio de progresividad del régimen penitenciario, como forma de adecuar la legislación local en materia de ejecución de la pena privativa de libertad a los tratados internacionales incorporadas a la Constitución Nacional en el año 1994. En este sentido, Eugenia Vallejos indica que
El principio de progresividad receptado en los Artículos 6 y 12 de la Ley 24.660, establece que en pro de la resocialización del condenado, el Estado deberá utilizar dentro del régimen penitenciario todos los medios necesarios y adecuados a dicha finalidad (entre ellos, el ofrecimiento al penado de un tratamiento interdisciplinario), y que dicho régimen se basará en la progresividad, esto es, que la duración de la condena impuesta resultará dividida en fases o grados con modalidades de ejecución de distinta intensidad en cuanto a sus efectos restrictivos, etapas a las que el condenado irá accediendo gradualmente de acuerdo a su evolución en el régimen (y en su caso, en el tratamiento voluntariamente asumido) y procurando la incorporación del interno a establecimientos penales abiertos basados en el principio de autodisciplina y, en su momento, su egreso anticipado al medio libre a través de los institutos penitenciarios previstos (salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, etc.). (VALLEJOS, 2012: p. 6)
Además, del análisis legislativo surge que el propio Estado argentino ha asumido que la resocialización supone una obligación de cumplimiento efectivo, pues ha diseñado un tratamiento penitenciario progresivo que se estipula en cuatro períodos que paulatinamente van llevando al condenado al medio libre, desde el encierro más acabado hasta la preparación para el medio libre: período de observación al ingreso al penal; período de tratamiento cuando se aprueben los objetivos penitenciarios luego de la observación multidisciplinar; período de prueba durante el cual se egresa transitoriamente del penal; y período de libertad condicional, que implica el egreso pleno sujeto a condiciones, hasta el agotamiento de la pena y la libertad plena consecuente.
También existen algunos instrumentos que, si bien carecen formalmente de poder vinculante, resultan trascendentales por su valor interpretativo para el análisis propuesto. Entre ellos, es preciso destacar: la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el mejoramiento de la atención de la Salud Mental; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; los Principios básicos para el tratamiento de los Reclusos; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad; y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
            De lo vertido hasta aquí, vemos claramente que la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad constituye un derecho humano del que se desprenden obligaciones concretas para el Estado argentino.
            El principio resocializador (Guillamondegui, 2005), que debe servir no sólo de legitimación axiológica a la pena privativa de la libertad de los seres humanos, sino que además debe servir como justificación -en parte- de su quantum, modalidad, calidad y demás caracteres a decidir en su aplicación y ejecución, y posterior asistencia pos-penitenciaria, contiene necesaria y esencialmente a la readaptación social como derecho del condenado y obligación del Estado. Y quizá también su revisión periódica, lo cual actualmente no está prevista en el Código Penal vigente.
           
V. La naturaleza jurídica de las obligaciones derivadas del derecho humano a la readaptación social.
Afirmar que la readaptación social constituye un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en normas de derecho interno sólo aclara una parte de la problemática vinculada a su naturaleza jurídica. La definición de su esencia y la determinación precisa de sus alcances, lejos de ser una mera discusión teórica, tiene importantes repercusiones prácticas vinculadas con su exigibilidad y con la delimitación de la responsabilidad estatal.
Es necesario aclarar en forma preliminar que, como sucede con todas las cláusulas normativas de protección de colectivos en situación de vulnerabilidad  que se redactan en un lenguaje genérico, el derecho a la readaptación social debe ser analizado a la luz de la aplicación de otros derechos en particular, para evaluar su cumplimiento o violación en casos concretos. Esto no significa que desaparezca su esencia de derecho autónomo, pero hace que la afectación de un derecho humano específico deba contemplarse bajo las concretas y especiales circunstancias de ese colectivo.
El derecho a la resocialización está dirigido fundamentalmente a establecer la obligación institucional del Estado de dar a las personas criminalizadas la asistencia y las oportunidades necesarias para desarrollar su potencial individual y hacer frente de manera positiva a su retorno a la sociedad, así como la prohibición de entorpecer este desarrollo. En consecuencia, nos encontramos frente a un corolario de la obligación de garantía que se integra con un complejo amplísimo de mandatos derivados, pues la criminalización afecta integralmente la existencia de las personas por ella alcanzadas y requiere de acciones positivas de respuesta igualmente comprensivas.
Como obligación de garantía, impone al Estado la adopción de todas aquellas medidas necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos de las personas criminalizadas que deben volver a insertarse en el medio libre. El logro de estos objetivos, depende necesariamente del establecimiento de un sistema integral en el que los Estados establezcan políticas públicas, planes y programas orientados a brindar a las personas criminalizadas las herramientas necesarias para su retorno a la sociedad con opciones a un proyecto de vida digno.
La adopción de medidas legislativas no agota por sí misma las obligaciones estatales. Si bien ellas revisten una especial significación o pueden llegar a ser incluso indispensables, deben ser complementadas con medidas administrativas, judiciales, económicas, financieras, sociales, educativas, de salud y cualquier otra adecuada para lograr la plena efectividad del derecho. 
Los Estados cuentan con un margen de discrecionalidad en la selección de los mecanismos a usar para hacer efectivas sus respectivas obligaciones. Sin embargo, estas consideraciones no habilitan en ningún caso el establecimiento de proyectos manifiestamente estériles e infructuosos. Las medidas adoptadas deben ser deliberadas, adecuadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia el objetivo perseguido. Así, creemos que esta obligación puede ser vulnerada tanto cuando no se adoptan medidas como cuando se adoptan medidas manifiestamente inadecuadas o que supongan una mera fachada sin posibilidades serias de obtener resultados efectivos.
Al tratarse de un derecho de implicancias integrales en la vida de las personas, y erigirse como respuesta a una criminalización selectiva, estigmatizante y excluyente, se requeriría de una estrategia de reducción del poder punitivo que contribuya a neutralizar el margen de discrecionalidad estatal en la elección de las medidas.
Como parte de esas indicaciones estratégicas para definir una verdadera política pública de resocialización, pensamos que es necesario: a) interpretar de manera diferenciada los fenómenos de comportamiento socialmente negativo que se encuentran en las clases subalternas (delitos contra la propiedad como expresión específica de las contradicciones que caracterizan la dinámica de las relaciones de producción y la distribución desigual de las riquezas) y de los que se encuentran en las clases dominantes (criminalidad económica, criminalidad de los detentadores del poder, gran criminalidad organizada), para comprender la naturaleza desigual del derecho penal; b) avanzar hacia la despenalización y la sustitución de las sanciones penales por formas de control legal no estigmatizantes (sanciones administrativas o civiles, privatización de los conflictos y ensanchamiento del sistema de medidas alternativas); c) abrir las instituciones carcelarias hacia la sociedad, derribar sus muros, para que no permanezcan como compartimientos aislados de exclusión; d) comprender y modificar el papel de los medios y de la opinión pública, así como de los procesos ideológicos y psicológicos que en ellos se desenvuelven para legitimar el derecho penal desigual. (BARATTA, 2009: pp. 213-219) 
En última instancia, para llegar a la raíz del mecanismo de exclusión es indispensable modificar la sociedad excluyente, antes que pretender transformar a los excluidos. Para ello, las medidas deben comprender un espectro de alcance amplio. En un momento previo a la aplicación de sanciones penales, para la eliminación de las condiciones sociales, económicas y culturales que promueven la criminalización selectiva y estigmatizante; y para el desarrollo de normas, estructuras y políticas públicas que garanticen la realización efectiva del derecho a la resocialización.
Durante la etapa de aplicación de las sanciones, el Estado debe respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, y asegurar condiciones de reclusión compatibles con su dignidad humana, como condición fundamental previa para cualquier forma de resocialización.[47] No puede suponerse que la resocialización debe comenzar una vez que ha finalizado la aplicación de la sanción. Muy por el contrario, bajo riesgo de generar una exclusión definitiva, la integración con la sociedad debe impulsarse con mayor fuerza mientras opera la privación de la libertad. Allí deben aplicarse con mayor intensidad los programas educativos, laborales, culturales, con una amplia participación familiar y de instituciones sociales.
Por último, la aplicación de medidas integrales debe proseguir en el proceso de reincorporación al medio libre. Esta etapa resulta crucial para confirmar el camino hacia la resocialización o, por el contrario, acentuar las condiciones que definen la reincidencia o la exclusión social.
Entender que nos encontramos frente a una obligación de garantía llevaría a afirmar, en paralelo, que se trata de una obligación de conducta, para lo que es necesario analizar si los pasos desarrollados por el Estado son razonablemente conducentes a lograr el propósito que persiguen las normas de protección de las personas criminalizadas, y si no quedaron conductas o acciones, en ese mismo sentido, por hacer o profundizar. Esto resulta comprensible, en la medida en que el hecho de que una persona criminalizada no logre resocializarse en un caso concreto no puede imputarse automáticamente al Estado, se trata más bien de analizar si éste ha adoptado todas las medidas que, de acuerdo a las circunstancias del caso, resultaban necesarias para el logro de aquel objetivo.
La evaluación de las medidas adoptadas debe quedar sujeta al ejercicio del control de razonabilidad, como toda norma que reglamenta o desarrolla un derecho. Por tratarse de un colectivo en situación de vulnerabilidad, el control debe ser agravado, evaluado a través de un criterio de escrutinio estricto, porque la carga de demostración del Estado es alta y, en caso de duda, debe estarse por su responsabilidad.
            Paralelamente, es necesario poner de relieve que nos encontramos frente a una obligación de cumplimiento inmediato, que no admite la invocación de ausencia o escasez de recursos para justificar su incumplimiento. En los textos normativos el derecho a la resocialización no se encuentra limitado por la cláusula de progresividad, que podría llegar a habilitar una dilación temporal en su pleno cumplimiento.


VI. La obligación estatal de implementar acciones positivas como respuesta a una criminalización selectiva y estigmatizante.
            Como derivado ontológico de los principios de igualdad y no discriminación, aparece para los Estados un mandato de proteger con carácter prioritario a los colectivos más vulnerables o marginados de la sociedad. Esto significa que resulta necesaria la instauración de un sistema que contemple distinciones razonables, en el que se adopten medidas especiales exclusivamente referidas a dichos grupos y, además, se destinen mayores recursos para llevarlas a cabo.
            La noción de vulnerabilidad social se vincula esencialmente a aquellos colectivos socialmente desfavorecidos, cuya identificación obedece a diferentes criterios: la existencia de algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido que se supone les origina riesgos o problemas comunes. (CEPAL, 2005: p. 5)
            Esta obligación suplementaria para el Estado tiene origen en el avance operado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde un concepto de igualdad formal, entendida como no discriminación, hacia un concepto de igualdad sustantivo, mediante el cual se busca proteger los derechos de los colectivos marginados. (ABRAMOVICH, 2009: p. 18)
            El fundamento de la obligación de los Estados de adoptar acciones positivas a favor de esos sectores sociales reside, precisamente, en la necesidad de reconocer y reparar las situaciones de inequidad, desventaja estructural y privación del acceso o ejercicio de derechos básicos de las personas.
            Si bien esta obligación no suele encontrarse enunciada explícitamente en los instrumentos de protección de derechos humanos, se desprende, con lógica incuestionable, de la necesidad de recurrir a medidas específicas para remediar las desigualdades a que estén sujetos los colectivos más vulnerables. Entonces, la prevención y reparación de la discriminación, por una parte, y la implementación de medidas especiales para proteger a los colectivos desfavorecidos, por la otra, no son más que dos facetas de un mismo problema: el de asegurar completamente la igualdad de derechos a todas las personas.
Indefectiblemente en este grupo deben quedar comprendidas las personas privadas de la libertad o estigmatizadas de alguna manera por el sistema penal. Los avances de la sociología jurídico-penal, principalmente impulsados a través de los aportes de las teorías conflictuales, del etiquetamiento, de la cultura marxista, de la criminología crítica y cautelar, han permitido categorizar a la criminalidad no ya como una cualidad ontológica de determinados individuos, sino como un estatus asignado por mecanismos de selección vinculados a las estructuras sociales y al desarrollo de las relaciones de producción y de distribución. Esta selectividad opera sobre los bienes protegidos penalmente y los comportamientos ofensivos a estos bienes considerados en las figuras penales; sobre los individuos estigmatizados que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas; y sobre las penas y de las medidas de seguridad asignadas a esos individuos. 
Ello permite desenmascarar el mito del derecho penal como derecho igual, que se encuentra en la base de la ideología de la defensa social. El derecho penal no es menos desigual que las otras ramas del derecho burgués y, antes bien, contrariamente a toda apariencia, es el derecho desigual por excelencia: el derecho penal no defiende los bienes esenciales en los cuales están interesados por igual todos los ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a esos bienes, lo hace con intensidad desigual y de modo parcial; la ley penal tampoco es igual para todos, los estatus criminales se distribuyen de modo desigual entre los individuos; y, por último, el grado efectivo de tutela es independiente de la dañosidad social de la acciones y de la gravedad de las infracciones a la ley. (BARATTA, 2009: pp. 167-170)
El sistema penal del control de la desviación revela, como todo el derecho burgués, la contradicción fundamental entre igualdad formal de los sujetos de derecho y la desigualdad sustancial de los individuos, que en tal caso se manifiesta respecto a las posibilidades de ser definidos y controlados como desviados.
La selectividad para formar parte de la población criminalizada aparece de hecho concentrada en los niveles más bajos de la escala social. La posición precaria en el mercado del trabajo y los defectos de socialización familiar y escolar, que son característicos de quienes pertenecen a los niveles sociales más bajos y que en la criminología positivista y en buena parte de la criminología liberal contemporánea son indicados como las causas de la criminalidad, revelan ser más bien connotaciones sobre cuya base los estatus de criminal son atribuidos. Ello puede ser comprobado a través del estudio de la criminología académica, la mediática y la cadavérica.[48] (ZAFFARONI, 2011b: pp. 1-19)
Pero además, no sólo las normas del derecho penal se forman y aplican selectivamente, reflejando las relaciones de desigualdad existentes, sino que el derecho penal ejerce también una función activa, de producción y reproducción, respecto a las relaciones de desigualdad. Esto es así porque la aplicación selectiva de sanciones penales estigmatizantes, especialmente la cárcel, es esencial para el mantenimiento de la escala vertical de la sociedad. Y, además, porque el castigo de ciertos comportamientos ilegales sirve para cubrir un número más amplio de comportamientos ilegales que permanecen inmunes al proceso de criminalización, funciona como una cobertura ideológica de esta misma selectividad. (BARATTA, 2009: pp. 173-175) 
La cárcel produce un sector social marginado y estigmatizado por el sistema punitivo del Estado, y por la realización de aquellos procesos que, en el nivel de la interacción social y de la opinión pública, son activados por la pena y concurren a realizar su efecto de exclusión. Pero la cárcel sólo representa un momento culminante de un proceso de selección que comienza aun antes de la intervención del sistema penal, con la discriminación social y con la utilización de los mecanismos disciplinarios. Esta situación encuentra una confirmación inequívoca en el análisis de la población carcelaria, que demuestra la extracción social de la mayoría de los detenidos entre los estratos sociales inferiores y el elevadísimo porcentaje que representan los reincidentes en la población carcelaria.
A pesar de ello, legitimado por la ideología de la defensa social, el derecho penal contemporáneo continúa autodefiniéndose como derecho penal de tratamiento. La legislación actual atribuye al tratamiento la finalidad de reeducar y reintegrar al delincuente en la sociedad. En realidad existe una imposibilidad estructural de la institución carcelaria para cumplir con estas funciones pues generan, más bien, efectos inversos, de marginación y exclusión permanentes. Toda técnica pedagógica de reinserción choca con la naturaleza misma de esta relación de exclusión introducida por el sistema penitenciario. No se puede excluir y al mismo tiempo sostener que se está incluyendo. (BARATTA, 2009: pp. 196-198)
No podemos dejar de reconocer que todas las tentativas por realizar tareas de socialización y reinserción por medio de los centros carcelarios han sido vanas. Tampoco la introducción de modernas técnicas psicoterapéuticas y educativas, ni parciales transformaciones de la estructura organizativa de las cárceles, han cambiado de modo decisivo la naturaleza y la función de esos centros. Y las innovaciones legislativas introducidas recientemente no parecen destinadas a trastocar decisivamente las instituciones carcelarias (por lo cual se impone como necesidad un modelo alternativo).
Esta realidad, que resulta ostensible, suele utilizarse como argumento para negar la naturaleza de derecho fundamental a la reinserción social, pues resultaría incongruente plantear que el objetivo resocializador pueda conseguirse a través de la imposición de una pena privativa de libertad. Al margen de que esto pueda ser cierto, y sin excluir la posibilidad de abrir paso a alternativas abolicionistas, el hecho de que el Estado no se encuentre en condiciones de asegurar la consecución de los fines resocializadores que ha reconocido no es obstáculo para que, desde una perspectiva de derechos humanos, aparezcan obligaciones concretas y puedan condenarse sus incumplimientos. 
Frente a una criminalización selectiva, estigmatizante y excluyente, impulsada por el Estado a través de las instancias oficiales de control social, es necesario plantear que surge a su cargo una obligación de adoptar medidas de acción positiva para eliminar las condiciones de exclusión que ha contribuido a crear. Esto se debe a que el Estado produce y reproduce estas condiciones bajo la justificación discursiva de combatir el delito y proteger determinados bienes jurídicos, y explícitamente reconoce a la resocialización como fin legítimo de la pena. Así, el colectivo que comprende a la población criminalizada merece una categorización específica y preeminente para exigir del Estado políticas y acciones específicas que tiendan a reconocer y reparar las situaciones de inequidad, desventaja estructural y privación del acceso y ejercicio de derechos básicos.
Este planteo, como desafío, encierra una idea de doble lectura: escéptica, por un lado, porque las innovaciones que puedan aportarse al sistema carcelario no podrían hacer desaparecer en forma instantánea los efectos negativos de la criminalización; realista, por el otro, porque permite exigir un espectro de acciones mucho más amplio e integral, que tenga en cuenta que la población carcelaria y estigmatizada proviene en su mayor parte de la zonas de marginación social, caracterizadas por problemáticas que influyen en campos que desbordan las cuestiones estrictamente penales.
Estas ideas deben cambiar definitivamente la relación entre la institución carcelaria y el conjunto de las instituciones, privadas y públicas, establecidas para realizar la resocialización. Asumir que el sistema carcelario viene a formar parte de una red capilar que involucra a la familia, la escuela, la asistencia social, la organización cultural del tiempo libre, la preparación profesional, la universidad y la instrucción de los adultos, permite involucrar a diversos actores y ampliar sustancialmente el campo de las acciones positivas que deben adoptarse para lograr la resocialización.

VII. Los medios del Estado provincial pampeano para generar acciones de asistencia integral en beneficio del colectivo de personas criminalizadas.
En este punto relevaremos los medios a disposición de la provincia de La Pampa para afrontar los desafíos de asumir la readaptación social como derecho humano y obligación estatal.
Para el cumplimiento de la asistencia y control durante la ejecución de las penas privativas de libertad, en sus etapas liberatorias, y de la asistencia pos-penitenciaria, la provincia de La Pampa ha utilizado históricamente el sistema del Patronato de Liberados.
            El Patronato es, desde su creación, una asociación civil sin fines de lucro, es decir una persona jurídica no estatal que, según su estatuto, tiene en esencia fines asistenciales y, sólo secundariamente, de algún control sobre las personas egresadas del medio penitenciario. Hasta la aprobación de la Ley 2831, La Pampa era la única provincia que conservaba la función de readaptación social delegada en una organización no gubernamental.
            Lo que presenciamos desde hace aproximadamente unos 10 años es la inversión de esos parámetros, puesto que con el aumento de las competencias legales otorgadas al Patronato, aún en contra del estatuto fundante de la asociación, se ha producido una exacerbación en las funciones de control y seguimiento de personas bajo diferentes regímenes de libertad ambulatoria controlada, y una consecuente disminución en la capacidad, tanto material como operativa, para llevar adelante acciones de asistencia pos-penitenciaria, y hasta el mismo control que se le exige.
En el Plan de Gestión para el período 2015, el Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa reconoce una profunda crisis económica, estructural y de personal que la institución viene padeciendo hace más de cinco años. En la reunión celebrada el 29 de Septiembre de 2010, la Comisión Directiva ya había adoptado algunas drásticas medidas frente a la imposibilidad de controlar y asistir a casi 1.300 personas en conflicto con la ley penal en toda la provincia, con una planta de personal estable de unos escasos 5 empleados, junto a 2 profesionales -una Asistente Social y una Psicóloga- contratadas sólo para los casos en que se solicitan al organismo informes técnicos o intervenciones de esas áreas: limitar la actuación de la institución únicamente frente a aquellas personas que sean derivadas por los Juzgados y Cámaras en lo Criminal de la provincia, y suspender temporalmente toda otra que pudiese corresponder; cerrar la delegación de la ciudad de General Pico, donde estaba asignado uno de los empleados de la planta estable de personal; cesar la supervisión de las personas con suspensión de proceso a prueba. (Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, 2015: p. 3). 
            El espacio físico utilizado por el Patronato fue cedido por el Superior Tribunal de Justicia en el Centro Judicial Santa Rosa, en el subsuelo del edificio del Fuero Penal. La persona que se desempeñaba en General Pico no poseía espacio físico asignado, por lo que cumplía sus tareas en una oficina del edificio de Tribunales de esa ciudad, en horarios variables, debido a la demanda de atenciones.
Además, los útiles y enseres de uso común para las tareas habituales también son proporcionados por el Superior Tribunal de Justicia, a modo de colaboración con la entidad, que carece de muebles y útiles propios y recursos para procurárselos.
            En relación a los recursos económicos, el Patronato recibe un subsidio estatal por año de pesos un millón novecientos sesenta mil ($1.960.000), otorgado por decreto, englobado dentro de las erogaciones del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad e incluido en el presupuesto provincial.[49] Es consumido por la entidad en un noventa por ciento (90%) en sueldos, y el restante diez por ciento (10%) en gastos administrativos, contables, de aportes y obras sociales, de mantenimiento de la personería jurídica y de la cuenta bancaria, requisitos necesarios para seguir recibiendo el subsidio estatal por la normativa provincial aplicable.
            Esta asociación civil no cuenta con ningún vehículo para la movilidad de sus dependientes o profesionales, estando dentro de su presupuesto discriminado un rubro por valor de pesos cinco mil ($5.000) mensuales para el traslado del personal por capacitación a los Juzgados de Paz a fin de coordinar las intervenciones derivadas a esos organismos. Sin embargo, ante la ausencia de seguro para el personal viajero, también ha dejado de cumplir esta función.
            Es necesario sumar a lo dicho que el organismo no cuenta con otros ingresos por subsidios u otras ayudas económicas estatales o privadas, como así tampoco cuenta con convenios de colaboración por parte de colegios profesiones o unidades educativas formales o informales que contribuyan en su funcionamiento.
             Como consecuencia de esta situación, el control, asistencia y seguimiento que realiza la entidad, en la actualidad, es meramente formal, pues sólo puede intervenir en los casos en que las personas condenadas se presentan voluntariamente a cumplir sus reglas en los espacios físicos de Santa Rosa y General Pico. En el resto del territorio provincial, únicamente se busca coordinar el trabajo con las Municipalidades y Comisiones de Fomento, a través de los Juzgados de Paz, como respuesta a derivaciones de casos que se introducen del mismo modo.
            Sin embargo, la acción de seguimiento, control y asistencia del Patronato es nula en ámbitos domiciliarios, en espacios de interrelación en la vía pública o en lugares de acceso público, así como también sobre las agencias estatales y las personas jurídicas mixtas o privadas, que cuentan entre sus dependientes o directivos a personas condenadas o en etapas pos-penitenciarias. Es decir, que las reglas de conducta que las personas con medidas restrictivas, ya sea por resoluciones durante procesos penales como impuestas por sentencias firmes, no son controladas ni seguidas por esta asociación, por carencia de recursos útiles para ello.
            Actualmente, con las limitaciones descriptas, el Patronato de Liberados se encuentra asistiendo y supervisando formalmente a 412 personas en todo el territorio provincial, de los cuales 229 tienen residencia en la ciudad de Santa Rosa y 183 en el interior. (Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, 2015: pp. 8 y 9). Sin embargo, debido al cambio permanente en la situación procesal de las personas que asisten y controlan, se estima que el número podría ascender a 550 o 600.
            Este número, antaño más significativo, se ha reducido en la actualidad porque se ha limitado la actuación del Patronato a las personas condenadas por causas provinciales y federales sólo de los Tribunales con asiento en la provincia de La Pampa. Hasta el año 2011 asistía, además, a las personas que concurrían con condenas de tribunales de otras provincias -ya sea por la justicia federal o provincial- a residir a instalaciones penitenciarias de La Pampa; a aquellas con suspensiones de juicio a prueba u otros medios alternativos de resolución de conflictos penales; a las que tenían impuestas medidas restrictivas de derechos sustitutivas de la prisión preventiva; y a las que poseían condenas agotadas y requerían asistencia pos-penitenciaria.
            De las personas que sí son asistidas por el Patronato, no todas se encuentran en la misma situación procesal: algunas están condenadas a penas de ejecución condicional; otras poseen penas efectivas con libertad condicional otorgada; y otras gozan de libertad asistida, prisión nocturna o diurna alternativas, trabajos comunitarios o prisión domiciliaria.
            Debemos aclarar que todos los regímenes enunciados son diferentes en estructura y cumplimiento, en algunos casos el control debe ser más estricto, como por ejemplo en la prisión domiciliaria, donde las personas están privadas de su libertad ambulatoria sólo que en vez de en una unidad penitenciaria cumplen su pena en un domicilio particular, y ese control, por disposición legal, no puede ser supervisado por personal de la fuerza policial o penitenciaria.
            En otros casos es menos estricto, como por ejemplo en la libertad condicional, donde el condenado puede desarrollar sus actividades en el medio libre pero debe cumplimentar una serie de reglas de conductas bajo apercibimiento de volver a la cárcel, por lo que en este instituto si bien es mayor la actividad de control, se combina con el seguimiento.
            En otras situaciones, lo que predomina es el seguimiento de las reglas impuestas a las personas, aunque también se combina con cierto grado de asistencia, como por ejemplo en los trabajos comunitarios, en la libertad asistida y en las suspensiones de juicio a prueba, e irremediablemente deben ser llevados a cabo por personal interdisciplinario que incluya profesionales de la educación, de la asistencia social, de la psicología, del derecho y de otras disciplinas y oficios afines, de los cuales carece la actual integración del Patronato.
            Por último, respecto de las personas que han agotado sus penas, población ésta que era el objeto principal en el estatuto de fundación del Patronato de Liberados, lo esencial es la función de asistencia e integración al medio social que se les pueda brindar, y ello incluye tareas tan variadas como: abordaje de las problemáticas particulares que los acosen, como adicciones por ejemplo; ayuda en sus capacitaciones educativas; enseñanza de oficios; composición de sus relaciones interpersonales; ayuda económica y elementos materiales para su subsistencia digna; inclusión en trabajos y centros de enseñanza-aprendizaje; acompañamiento vocacional; refuerzo socio-vincular; entre otras.
            Como ya lo hemos explicado, el Patronato tiene una muy amplia cantidad de funciones atribuidas por el Estatuto de la Asociación, la Ley provincial 513 que le otorga competencia, la Ley 332 que aprueba el antiguo Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, la Ley 2287 que aprueba el nuevo Código Procesal Penal, la Ley provincial 2574 Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal de la Nación Argentina, la Ley nacional 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad y el Decreto nacional 396/99 sobre el Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución. Este sistema de normas en continua aplicación ha generado las importantes cifras de personas con las que trabaja el Patronato y que aumenta en un tercio, aproximadamente, por año.
            La imposibilidad del Patronato de Liberados de asumir sus funciones no obedece a otra cosa que a las fallas estructurales en la política pública del Estado en relación a las personas en conflicto con la ley penal. La falta de apoyo de las administración estatal a esta entidad, que no llegan a cumplir acabadamente sus funciones de asistencia hacia estas personas, ha llevado a replantear el papel estatal en torno a la resocialización. Esto es así porque el Patronato ha concentrado sus tareas exclusivamente en el control y seguimiento del cumplimiento de reglas de conducta de personas condenadas, pero descuida las funciones preventivas y de asistencia pos-penitenciaria, por falta de recursos humanos, económicos y materiales.
            Ante esta realidad, se hace necesaria y urgente la asunción por parte del Estado de las funciones para el aseguramiento del derecho humano a la readaptación social del que ya hemos hablado en este aporte, sobre las cuales le cabe una responsabilidad indelegable.
            No debemos olvidar que las funciones primordiales de las instituciones públicas que buscan intervenir en la readaptación social persiguen terminar con la tarea iniciada por el Poder Judicial y continuada por el servicio penitenciario nacional o provincial, organismos todos que son estatales. Como en nuestro país no existen administradores de justicia privados ni unidades penitenciarias particulares, para una mejor coordinación y dirección de la política criminal, lo más razonable sería que la tarea de readaptación social sea llevada a cabo por un ente estatal que, en última instancia, asuma las obligaciones que le son propias por criminalización que ha contribuido a crear.
            La respuesta integral exigible en materia de derechos humanos se origina como consecuencia de que el Estado, como único sujeto obligado, ha asumido con exclusividad la materia político criminal, pues ejerce de manera unilateral las siguientes funciones de la cadena de criminalización: selecciona conflictos y les brinda relevancia penal (dicta las leyes penales); gestiona el procedimiento de selección de las personas a criminalizar (administra y conduce a las policías y fuerzas de seguridad); describe el mecanismo de responsabilización (dicta las leyes procesales y ejecuta los dispositivos sancionados); escoge los procedimientos previamente dictados (conforma y gestiona los poderes judiciales y ministerios públicos); y administra el producto criminalizante de todo ello (conforma y gestiona los servicios penitenciarios y otros lugares de detención). Sin embargo, en nuestra provincia, el Estado no completa la cadena al omitir asumir también las funciones de control, asistencia y seguimiento de personas condenadas o sobre las cuales pesan medidas restrictivas de derechos, tanto durante su vigencia como de manera pos-penitenciaria, o posterior al agotamiento de penas o medidas restrictivas cautelares.
            Abundando en esa idea, la propia Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, pregonan una intervención integral al mencionar la función resocializadora de la pena y, de la misma manera, lo ha ratificado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la política criminal de un Estado la diagraman y llevan a cabo entes públicos desde el proceso de selección primario, pasando por el sistema de proceso de casos y el cumplimiento de las penas privativas de libertad, para ser coherente en la culminación de todo ese proceso, también el mismo Estado debería culminar con la tarea de vincular al medio social a las personas que recorren ese camino. Todo lo cual, configura obligaciones ineludibles para el Estado, como también vimos con anterioridad.
            En este contexto, nuestra provincia ha agotado los recursos de un viejo Patronato de Liberados que se ve desbordado y aparece cumpliendo sólo ficticiamente una serie de obligaciones que lo exceden, tanto en su capacidad orgánica como operativa en razón de la cantidad de personas que debe integralmente abordar y las funciones asignadas. Por ello, aparece ya como improrrogable la decisión política de asumir la obligación de culminar el trabajo sobre personas en conflicto con la ley penal, ya sea que se trate de procesos culminados con condena o en trámite, mediante un abordaje interdisciplinario de la problemática de cada uno de esos individuos y favoreciendo la canalización de cada caso en particular y su vinculación a alguna realidad colectiva del medio social.
            La adopción de la Ley 2831, que crea el Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad  de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia, y al margen de las críticas formuladas por el Poder Ejecutivo en el veto, constituye una iniciativa que lleva al Estado provincial a reabsorber las funciones delegadas en el Patronato. Estos nuevos organismos buscan, respectivamente, crear un espacio de articulación, coordinación y concertación de políticas sociales y lograr su plena ejecución.
Es necesario destacar, por último, que esta normativa de reciente sanción no se encuentra aún reglamentada, pero de acuerdo a todo lo que hemos relevado en este apartado, sumado a las consideraciones del marco teórico propuesto y las aseveraciones críticas que hemos realizado, entendemos que concretiza la adopción de medidas por parte del Estado pampeano de una obligación internacionalmente contraída por la República Argentina en relación a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal.
De acuerdo a los objetivos formalmente consagrados, la Ley 2831 trasunta una visión holística de la problemática que nos hemos propuesto abordar, y la pretensión de cumplimiento de la función estatal de manera interrelacionada y corresponsable de diversas áreas del Estado auspicia un desarrollo integral e integrador en el abordaje de este colectivo. El fracaso del Patronato de Liberados representa una clara contradicción con las obligaciones que se desprenden del derecho humano a una readaptación social y su negación como función estatal específica, de acuerdo a como han sido reconocidas formalmente en la normativa y a los contornos interpretativos diseñados por la jurisprudencia.
A pesar de ello, entendemos que la Ley requiere de una reglamentación bastante amplia que permita hacer realidad el enfoque holístico propuesto para asistir a las personas en conflicto con la ley penal. Especial relevancia merecen la Unidad  de Abordaje, Supervisión y Orientación y los Equipos Técnicos, quienes, en última instancia, trabajarán en forma directa e inmediata con el colectivo criminalizado.


VIII. Conclusiones.
            Como corolario del presente trabajo, estamos en condiciones de arrojar algunas conclusiones en relación al tópico que nos hemos propuesto abordar.
            Podemos afirmar en primer lugar, que la readaptación social como criterio criminológico o de filología ideológica particular, es merecedor de una multiplicidad de críticas, desde diferentes aristas, pero haciéndonos a un lado de esas consideraciones, que no han formado parte de los propósitos de este texto, y que justificarían por sí solos un nuevo aporte, hemos podido verificar de manera concluyente, que constituye normativamente el único fin legitimante de las penas privativas de derechos, entre ellas, la más grave, de privación de la libertad.
            Ahora bien, al avanzar un tanto más en el análisis de su naturaleza jurídica, hemos podido ver también que ese derecho humano a la resocialización, implica obligaciones de promoción y garantía para el Estado, y no sólo deberes de protección o respeto.
            Y de manera más profunda aún, hemos tenido posibilidad de verificar que ello no acaba allí, sino que el Estado debe generar acciones positivas en relación al derecho humano a la resocialización, que tiendan hacia el logro de una igualdad sustantiva en las posibilidades de acceso al resto de los derechos humanos compatibles con los de una vida digna autodesarrollable y sustentable en el tiempo de manera autónoma en el marco de licitud exigible en el ámbito social libre, luego de haber sido criminalizado.
            He aquí la nota diferencial que justifica lo que afirmamos, puesto que la desigualdad provocada por la criminalización no proviene sino de aspectos coadyuvados y generados por la intervención estatal selectiva -primero-, segregadora -después- y estigmatizante -por último-. Por ende, al generar y coadyuvar activamente el Estado en esa generación de atributos que producen desigualdad en las porciones poblacionales criminalizadas, es la propia entidad quien se obliga por ello a generar las estrategias necesarias para reducir la vulnerabilidad resultante, lo cual implica obligaciones de cumplimiento inmediato a fin de evitar reiteraciones en los patrones conductuales delictivos o reincidencias en ámbitos de ilicitud. Es decir, el mismo Estado que crea las desigualdades sustantivas es el que debe corregirlas en clave de fortalecimiento y reasignación de derechos humanos de manera integral.
            Para generar las posibilidades de cumplimiento de las obligaciones de garantía en torno al derecho humano a la resocialización, el Estado debe: abordar el proceso de reintegración de derechos de las personas criminalizadas de manera integral; aplicar estrategias para la reducción de las vulnerabilidades que permitieron la asignación del estatus desigual de manera previa a la prisionización; y, por último, lograr la reincorporación de las personas criminalizadas al medio social libre con autonomías personales resignificadas, que impliquen posibilidades concretas de desarrollo de proyectos vitales propios, de manera autónoma y compatibles con los estándares de una vida digna.
            Desde el año 1974, la provincia de La Pampa ha venido asignando recursos escasos e insuficientes a una asociación civil sin fines de lucro, en vez de asumir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que le corresponden para asegurar su efectiva materialización.
Con la de la Ley 2831, parece avizorarse -al menos en términos formales- una transformación en el rol del Estado provincial. Sin embargo, sólo el tiempo, la asignación de recursos suficientes, la designación de personal capacitado, el entendimiento de la resocialización como derecho humano, la asunción de obligaciones de garantía y de cumplimiento inmediato y la integración e interrelación de todas las áreas de gobierno y de la sociedad civil en términos de corresponsabilidad marcarán un camino diferente. Únicamente así podrá lograrse una igualdad sustantiva para las personas criminalizadas, cuyos caracteres de integralidad se hallan vulnerados por el propio Estado y la comunidad.
           

Bibliografía.

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2. Normativa interna e internacional y documentos institucionales.
- Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa (1970). Estatuto de la Asociación Civil.
- Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa (2015). “Plan de Gestión para el período 2015”, Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
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- COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2011). “Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas”, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.64.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1977). “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1990). “Principios básicos para el tratamiento de los Reclusos”, adoptados y proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (1990a). “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad”, Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.
- Ley 332 de la provincia de La Pampa, que aprueba el antiguo Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa
- Ley 513 de la provincia de La Pampa, que otorga competencia a la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa.
- Ley 2287 de la provincia de La Pampa, que aprueba el Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa.
-  Ley 2574 de la provincia de La Pampa, Orgánica del Poder Judicial.
- Ley 2831 de la provincia de La Pampa, de creación del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal.
- Ley 11179 del Congreso de la Nación Argentina, que aprueba el Código Penal de la Nación Argentina.
- Ley 24660 del Congreso de la Nación Argentina, de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
- Decreto 396/99 del Poder Ejecutivo Nacional, sobre el Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución.
- Constitución Nacional Argentina.  
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
- Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, reunida en San José, Costa Rica, entre  el 7 y el 22 de noviembre de 1969.
- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

3. Jurisprudencia.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Lori Berenson Mejía Vs. Perú”, Sentencia de 25 de noviembre de 2004.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Mendoza y otros Vs. Argentina”, Sentencia del 14 de Mayo de 2013.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Giroldi, Horacio s/recurso de casación”, Sentencia de 7 de Abril de 1995.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Verbitsky, Horacio s/Hábeas Corpus”, Sentencia de 3 de Mayo de 2005.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, Sentencia de 7 de Diciembre de 2005.




[1]              Estatuto de la Asociación Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, en su artículo 1. 
[2]              Ibídem, artículos 2 y 3.
[3]              Ley 513 que otorga competencia a la Asociación Civil Patronato de Liberados de la Provincia de La Pampa, artículo 1.
[4]              Ibídem, artículo 2.
[5]              Ley 11179 (texto ordenado en 1984) que aprueba el Código Penal de la Nación Argentina, artículo 10.
[6]              Ibídem, artículo 13.5.
[7]              Ibídem, modificado por Ley 24316, artículos 76 bis, ter y quater.
[8]              Ley nacional 24660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, artículo 30.
[9]              Ibídem, artículo 16.
[10]             Ibídem, artículo 23.
[11]             Ibídem, artículo 55.
[12]             Ibídem, artículos 32 y 33.
[13]             Ibídem, artículo 51.
[14]             Ibídem, artículos 168 a 175 y 184.
[15]             Decreto 396/99 sobre el Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución, artículos 75 a 83.
[16]             Ley 2287 que aprueba el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, artículo 254.b).
[17]             Ibídem, artículo 458.
[18]             Ibídem, artículo 459.
[19]             Ibídem, artículo 27. Ley 2574 Orgánica del Poder Judicial, artículo 96.32).
[20]             Ley 332 (texto ordenado en 1995) que aprueba el antiguo Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa, artículos 334 bis y sexies.
[21]             Ibídem, artículos 478 y 479.
[22]             Diputados del Bloque Justicialista ALONSO, LAVIN, BAUDINO, LARRETA, GÓMEZ de BERTONE, LOVERA, BORTHIRY, SCHANTON y CAHAIS.
[23]             Diputados del Bloque del Frepam SOLANA, GIORGIS, DUPEROU, ODASSO, BERHONGARAY y OLIVERO.
[24]             Ley 2831 de creación del Ente de Políticas Socializadoras y la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, artículo 4.
[25]             Ibídem, artículo 3.
[26]             Ibídem, artículos 1 y 2.
[27]             Ibídem, artículo 8.
[28]             Ibídem, artículos 5 y 7.
[29]             Ibídem, artículo 9.
[30]             Ibídem, artículos 10 y 23.
[31]             Ibídem, artículo 12.
[32]             Ibídem, artículo 13.
[33]             Ibídem, artículos 14 y 15.
[34]             Ibídem, artículo 22.
[35]             Ibídem, artículos 20 y 21.
[36]             Ley 2831, artículo 4.       
[37]             Ibídem, artículo 3.
[38]             Ibídem, artículo 18.
[39]             Ibídem, artículo 10.
[40]             Ibídem, artículos 14, 15 y 22.
[41]             Ibídem, artículo 9.
[42]             Ibídem, artículo 13.
[43]             Ibídem, artículo 23.
[44]             Aunque no refieran específicamente al derecho humano a la readaptación social, otros instrumentos internacionales disponen normas vinculadas a las personas privadas de la libertad que contribuyen a dignificar su tratamiento: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Opcional; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
[45]             A modo de ejemplo, en el Caso “Lori Berenson Mejía contra Perú”, sentencia de 25 de noviembre de 2004, sostuvo:
101. Las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e “implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita”216. Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad pueden llegar a constituir una forma de pena cruel cuando, debido a las condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad física, psíquica y moral, que está estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de la Convención. Las situaciones descritas son contrarias a la “finalidad esencial” de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 6 del citado artículo, es decir, “la reforma y la readaptación social de los condenados”. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas establecidas.
Por otra parte, en el Caso “Mendoza y otros contra Argentina”, sentencia del 14 de Mayo de 2013, indicó:
B.3. Finalidad de la pena privativa de libertad (…) 165. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace referencia a la prisión o reclusión perpetuas. No obstante, el Tribunal destaca que, de conformidad con el artículo 5.6 de la Convención Americana, “[l]as penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño prevé que, cuando un niño haya sido declarado culpable por la comisión de un delito, tiene derecho a “ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. En este sentido, la medida que deba dictarse como consecuencia de la comisión de un delito debe tener como finalidad la reintegración del niño a la sociedad. Por lo tanto, la proporcionalidad de la pena guarda estrecha relación con la finalidad de la misma.
[46]             En el Caso “Verbitsky”, sentencia del 3 de Mayo de 2005, manifestó:
34. Que el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice”, reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. El alcance de este texto ha sido puesto en discusión, dudándose si abarcaba a los condenados, pues tiene un claro origen histórico iluminista referido a la prisión cautelar, como que parece provenir de Lardizábal: “Aunque la cárcel no se ha hecho para castigo, sino para custodia y seguridad de los reos (...)” (Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales de España, para facilitar su reforma, Madrid, 1782, pág. 211, ed. con estudio preliminar de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Fundación Sancho El Sabio, Vitoria, 2001). Sin embargo, ha quedado superada la discusión después de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a que los fines reintegradores sociales de la pena de prisión están consagrados en virtud del inc. 22 del art. 75 constitucional, y, además, en el caso se refiere al 75% de los amparados, que son presos cautelares.
                35. Que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. “Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal” (Nuñez, Ricardo; Dcho. Penal Argentino. Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960).
                36. Que este Tribunal ha expresado: “Que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos. Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral. La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario” (Fallos 318:2002).
                En el Caso “Maldonado”, sentencia del 7 de Diciembre de 2005, sostuvo:
23) Que el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores, es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento. (…)
41) Que, de acuerdo con lo precedentemente expuesto, se advierte que en la sentencia en recurso no se han respetado las exigencias derivadas de las normas legales y constitucionales aplicables al caso. En efecto, la decisión de la cámara no exhibe argumento alguno que permita entender por qué una pena de 14 años de prisión por un hecho cometido a los 16 años resultaba insuficiente. Y, ciertamente, sus fundamentos mucho menos alcanzan para explicar cómo es posible promover la reintegración social del condenado por medio de una pena que se define ex ante por la decisión de, llegado el caso, excluirlo para siempre de la sociedad.
[47]             La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es imposible cualquier expectativa de rehabilitación personal y readaptación en sistemas penitenciarios en los que existen patrones sistemáticos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos por parte de las propias autoridades; en los que se reportan altos índices de violencia carcelaria; en los que rigen condiciones de sobrepoblación; en los que existen cárceles en las que el control efectivo de la seguridad interna es ejercido por los propios presos, y no por las autoridades competentes; o en los que el Estado no provee condiciones mínimas de espacio, alimentación, higiene y atención médica. No tiene ningún efecto práctico relevante que el ordenamiento jurídico y el discurso político se refieran a la readaptación social y a la rehabilitación como fines del sistema penitenciario si las condiciones carcelarias condenan a la muerte cívica a las personas criminalizadas. Por lo tanto, el primer paso de toda política integral diseñada por el Estado para el cumplimiento de los fines de la pena, debe dirigirse a hacer frente a las deficiencias estructurales. (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 2011: pp. 229-233)
[48]             La criminología académica permite desentrañar un saber teórico y corporativo; la criminología mediática lo hace en relación al pensamiento del común de la gente, influenciada por los medios de comunicación; y la criminología cadavérica sobre los datos empíricos de la realidad de la violencia criminal.
[49]                            Ley 2829 de Presupuesto General Ejercicio 2015 de la provincia de La Pampa, Anexo de Erogaciones, p. 71. 

(*) UNLPam.
Por César Manzanos Bilbao (*)

En este comentario sobre la situación de las personas encarceladas a su salida de prisión, el autor expone las principales necesidades del ex-recluso, aporta datos referentes a estas necesidades extraídas de un estudio realizado en 1991, y ofrece algunas recomendaciones para afrontar con éxito la excarcelación

Tras la constatación del fracaso de los programas de «tratamiento penitenciario» vinculados a las ideologías de la resocialización penitenciaria que estuvieron de moda en los años 60 y 70 (Martinson R., 1974) y que comienzan a entrar en crisis en la década de los 80, se confirma la necesidad de plantear un modelo de ejecución penal fundamentado en la privación de libertad respetuoso con los derechos legalmente tipificados de las personas presas, con el fin de evitar lo más posible los efectos desocializadores de la reclusión, así como el plus de penosidad que supone el incumplimiento de las normas contenidas en la legislación sobre las condiciones en las que ha de ejecutarse esta pena. 

Así lo expresan las normas europeas mínimas del Consejo de Europa sobre trato a presos y detenidos de 1987, cuando plantean la necesidad de respetar los principios de mínima intervención y la idea de evitar la desocialización mediante el establecimiento de dispositivos para garantizar el cumplimiento de los derechos recogidos en la legislación. El primer reto con el que se encuentra una persona al salir de prisión es luchar contra los efectos de la prisionización, entendida como los efectos iatrogénicos y perniciosos que provoca la estancia en prisión y que son más intensos en función de muy diversos factores como por ejemplo el tiempo de estancia en prisión, el régimen de vida al que haya estado sometido, la edad de la persona encarcelada, la existencia de apoyos personales y/o familiares fuera de la prisión, la madurez psíquica de la persona así como su capacidad económica, etcétera. La cárcel ha supuesto un proceso de desidentificación personal y de reidentificación con valores y hábitos propios de la subcultura carcelaria que impone condiciones de vida anormalizadoras, característicos de una institución segregativa de exclusión social (Goffman E., 1984). La «clientela» habitual de la cárcel o, dicho de otro modo, la gran mayoría de las personas que son sancionadas con penas privativas de libertad, responden a un perfil sociológico bien definido. Efectivamente, entre el 70 % y 80 % de las personas encarceladas son reclutadas de entre los sectores socio-económicamente desfavorecidos, y están encarceladas por delitos menores contra la propiedad y contra la salud pública tales como robos y hurtos o tráfico a pequeña escala con drogas ilegalizadas (Manzanos C, 1991). Esto no quiere decir que la delincuencia sea patrimonio de la pobreza. Ni mucho menos. Tan sólo significa que en el proceso de selección de la delincuencia convencionalizada, en la construcción socio-penal del «problema del delito» podemos constatar la identificación de delincuencia, no sólo, pero si de un modo relevante, con pobreza (Manzanos C, 1991). Por lo tanto la existencia de problemas penales en los sectores sociales empobrecidos es una circunstancia que agrava aún más su situación objetiva y subjetiva de marginación social. Salir de la cárcel nunca ha sido fácil; hoy tampoco. Es una situación dura con grandes dificultades para la persona que ha pasado por prisión y que casi siempre se acompaña de un importante empobrecimiento y deterioro. No sólo se es pobre porque se entra y se sale sin dinero. Cuando se sale, la pobreza es además de ideas, de miras, de amigos. Es bastante frecuente salir con menos salud que se tenía al entrar. Es como si la condena no se limitase a privar de libertad; la condena debe enfermar al que pasa por una cárcel, debe quitarle la capacidad de comunicarse con otras personas, reducir al individuo hasta el punto que no se crea eso: individuo, persona, único, valioso, irrepetible (Ambit, 1997). La autoestima suele estar baja, muy baja, tan baja como para ver una montaña el mero hecho de acercarse a una oficina del INEM, ni muchísimo menos para intentar plantearse una entrevista para buscar trabajo. Preguntar a alguien por una calle o por un autobús pasa inevitablemente por una mirada acompañada de miedo, culpa y la inevitable pregunta: ¿se me notará que estuve allí? La cárcel, palabra cada día más en desuso, se ocupa de enseñar el miedo, inculcar muy adentro la idea de que el castigo es lo que merecías y mereces, que poco bueno se puede esperar de ti (Ambit, 1997). Sin embargo, resulta muchísimo más viable cambiar las condiciones de vida fuera de la prisión que dentro de ella, por eso, articular lugares, programas, recursos y, sobre todo, contar con personas cercanas que animen y apoyen a la persona en el difícil momento en que sale de la cárcel, es una forma muy eficaz y posible de conseguir luchar contra los efectos de las medidas penalizadoras que no hacen sino sangrar las heridas y sobre todo luchan para sortear las condiciones sociales y personales que le impiden llevar una vida en libertad con expectativas de futuro. 
1. PREPARACION DE LA SALIDA. El apoyo a las personas encarceladas, tiene sentido desde la perspectiva no de considerar la cárcel como un espacio resocializador, sino por el contrario como un lugar donde la desocialización y pérdida de sentido de la realidad exterior necesita de mecanismos y apoyo humano exterior que contribuya a que la salida de prisión no sea en unas condiciones tales, que por otra parte son las habituales, donde el abandono, la falta de ayuda y, en definitiva, el choque que supone la salida, siembren la semilla de un nuevo ingreso en prisión debido a la comisión de nuevos delitos. Antes de salir de prisión, interesa sacar las pertenencias y documentación: D.N.I., cartilla seguro, carné de conducir, etc., teniendo a punto los resguardos de las cosas depositadas al entrar, y en caso de que algo no aparezca, han de reclamarse. Es importante además tener los certificados y títulos de cursos, actividades, etc.; los papeles de juzgados, especialmente sentencias cumplidas y notificaciones de causas que se tengan en libertad como preventivo, el certificado de permanencia en prisión para el INEM y el certificado de cumplimiento de la condena (estos dos los dan al salir; si se sale en condicional, sólo darán el primero). Además, si se ha seguido un tratamiento que se necesita mantener fuera, es necesario pedir al médico los informes que facilitarán los trámites en el centro de salud u hospital. Lo mismo si se padece enfermedad crónica, para facilitar la tramitación de una minusvalía y posible pensión no contributiva. Por último también es importante recoger toda información o direcciones que se hayan conseguido durante el internamiento y que puedan ser útiles fuera. 
2. NECESIDADES BÁSICAS DE LA PERSONA PRESA A LA SALIDA DE PRISIÓN. Los datos e ideas que aquí exponemos están recogidos de las investigaciones empíricas que sobre la situación social de las personas presas y sus familias ha realizado y publicado quien suscribe este artículo (Manzanos C, 1991). En el momento de salir de prisión, tres necesidades son imprescindibles para disponer de las garantías mínimas de reintegración social. Estas tres cuestiones son fundamentales como indicadores de la situación personal y social que se va a encontrar la persona excarcelada: en primer lugar, tener a alguien esperándole a la salida (familia, pareja...); en segundo, disponer de una vivienda donde residir; y en tercer lugar, tener un trabajo para buscarse la vida por medios legales. En relación con nuestra población objeto de estudio obtenemos los siguientes datos: En primer lugar, la gran mayoría se encuentran en situación de desempleo al salir de prisión; es decir, que no han conseguido un trabajo con vistas a su reincorporación en la sociedad, ni a través de su familia, ni de las instancias penitenciarias responsables de este tipo de actividades tal y como lo establece tanto el mandato contenido en el art. 25.2 de la Constitución en relación con el derecho al trabajo y a los beneficios de la seguridad social —trabajo penitenciario entendido como dentro o fuera de la prisión— (De la Cuesta J.L., 1989), como en otros artículos de la legislación específicamente referidos a la responsabilidad de la administración de facilitar un trabajo como medida reinsertadora. Así el Reglamento Penitenciario actual, contempla en el caso de los liberados condicionales (hemos de tener en cuenta que la mayoría de los penados salen en libertad condicional) la obligación de la administración de «en caso de no disponerse de un puesto de trabajo, se indicarán las gestiones realizadas para encontrárselo». En segundo lugar, la mayoría disponen de vivienda y de alguien que les espera a la salida (normalmente su familia). Aproximadamente una de cada diez personas recluidas, no tienen vivienda a la salida, se encontrarán en la calle. Además, en parecidas proporciones, no tienen a nadie esperándoles, por tanto, estarán totalmente solas sin ningún apoyo familiar, afectivo o humano, teniendo que recurrir a las instituciones asistenciales de tipo privado o público. Por último, algunas personas salen de prisión hacia una situación de total abandono, cifra que es cada vez mayor puesto que es la situación que viven muchas de las personas presas procedentes de otros países, sobre todo del Sur y del Este. Se encuentran sin trabajo, sin vivienda y sin nadie esperándoles a la salida. Este es un colectivo, aunque bajo porcentualmente, relevante desde el punto de vista del deterioro de su situación social, y sobre todo, son personas sin posibilidades objetivas (laborales, económicas, afectivas) de eludir el reingreso en prisión. Prueba de ello es que muchas de estas personas cuentan con más de un ingreso y, en el caso de las personas extranjeras, son finalmente expulsadas. Hemos de preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones positivas que pueden incidir para evitar el reingreso en prisión, y de este modo hacer efectiva la posibilidad de reintegración social? Las necesidades mayoritarias con vistas a la reinserción social, como condiciones imprescindibles para que el componente que ha sido acusado o sentenciado a una pena privativa de libertad no vuelva a reingresar en prisión, son las siguientes: — Necesidad de un trabajo (dimensión laboral): entendiendo como tal un trabajo que le aporte una estabilidad e independencia económica y una ocupación productiva de una parte de su tiempo. — Alguien con quien compartir su vida (dimensión socio-afectiva): es decir, tener la posibilidad de constituir una familia adquirida o simplemente establecer lazos afectivos estables y consistentes que contribuyan a su equilibrio psico-afectivo. — Tener dinero (dimensión económica): se refiere a la posibilidad de disponer de bienes y servicios para atender necesidades materiales básicas. — Apoyo familiar (dimensión familiar): supone el reforzamiento de los lazos con los miembros de su hogar ante las situaciones de desvinculación y conflicto que han deteriorado la vida familiar como núcleo de pertenencia y de referencia primario. — Dejar la droga (dimensión socio-sanitaria): entendiendo por tal la deshabituación en el consumo y dependencia de las llamadas drogas duras (heroína, cocaína...) y del alcohol. — Cambiar de grupo de relaciones primarias no familiares (dimensión ambiental): hace referencia a la inclusión en círculos de relación donde priman el tipo de actividades cotidianas vinculadas a la actividad delictiva o paradelictiva y al consumo de drogas (colegas drogodependientes, camellos, socios de «trabajos», etc.). — Alguien que le ayude a reconstruir su vida (dimensión educativa, terapéutica y asistencial): supone la necesidad de un apoyo personal, profesional o institucional mediante un tratamiento (educativo, médico, ocupacional, sicológico...) con vistas a llevar un programa integral de tipo rehabilitador que incida en la transformación de las coordenadas personales y sociales en las que se desarrolla su vida actual. Una vez enumeradas las necesidades, vamos a cuantificarlas y ordenarlas de mayor a menor frecuencia con el fin de establecer una jerarquía de prioridades en función del peso específico de cada una. Observemos a priori que todas ellas son necesidades que se dan en más de la mitad de la población. Las necesidades de primer orden para hacer efectivo el proceso de reinserción social, son fundamentalmente tres: Primero, la reintegración laboral es la necesidad más importante, vinculada a la posibilidad de desarrollar un trabajo estable, y de reunir previamente para ello las condiciones necesarias para hacerlo posible: disposición y expectativas de trabajar, entrenamiento y experiencia laboral, cualificación técnica y formación académica o profesional. El hecho de que esta población se vea afectada por la falta de acceso al mercado de trabajo, y este sea un problema fundamental tanto antes de ingresar como cuando salen de prisión, tiene su explicación en las propias funciones sociales del sistema punitivo penitenciario que se aplica —y trata de ser un mecanismo de inculcación de la disciplina social— a aquellos sectores sociales que no son disciplinados por otras vías como la fábrica, la escuela o la familia (Melossi D. y Pavarini M., 1987). Segundo, la recomposición familiar, manifestada como necesidad de apoyo familiar y por tanto como carencia de este apoyo, se nos presenta en casi las tres cuartas partes de la población encarcelada. Es un indicador que se decanta en el mismo sentido que una de las hipótesis básicas de esta investigación: la incidencia de la aplicación de penas de prisión en la desvinculación familiar. Las propias familias consideran necesario el apoyo familiar, bien por ser inexistente, habiéndose deteriorado las relaciones en el hogar, bien por considerar necesario un reforzamiento de los lazos dado que éstos se han debilitado durante el tiempo en que ha permanecido un familiar recluido. Tercero, el tratamiento socio-sanitario, relacionado con la necesidad de dejar las drogas, problema que afecta a las dos terceras partes de las familias. Supone una especial preocupación por la realidad específica de drogodependencias que afecta aproximadamente a las dos terceras partes de personas sobre las que recae la sanción privativa de libertad. Posteriormente, en un segundo plano destacan otras necesidades que aun siendo también de tipo instrumental como el trabajo, el apoyo familiar o la deshabituación a las drogas, son necesidades más específicas que suponen cambios más concretos en relación con la ausencia o presencia de determinadas figuras referenciales: pareja, grupo de relaciones primarias, «educadores» (psicólogos, médicos, asistentes sociales, terapeutas...). En cierto modo, estas personas y figuras profesionales son contempladas como medios o canales a través de los cuales van a obtener refuerzos positivos o negativos para conseguir solucionar algunos de los problemas de rango mayor (desempleo, drogodependencia, delincuencia, conflicto familiar, etc.). Por último, la dimensión económica, referente a tener dinero para afrontar las necesidades básicas es un problema que vivencian casi la mitad de las familias como condición para la reintegración social de su componente encarcelado, y en este sentido establecen una relación directa entre su situación de penuria económica y la comisión de hechos delictivos. No obstante, hemos de tener en cuenta que la penuria económica, en algunos casos, puede venir ocasionada por la carencia de dinero para afrontar los gastos derivados de problemas económicos añadidos que ocasiona la drogodependencia o el despilfarro económico, por citar dos ejemplos relevantes; pero en cualquier caso, esta última afirmación no se constata empíricamente, al menos en el caso de las drogodependencias, dentro del colectivo de presos drogodependientes que manifiestan la necesidad de dejar la droga como una de las condiciones para su reinserción social. En relación con estas dificultades con las que esperan encontrarse los presos a la salida, cabe destacar su paralelismo con los resultados obtenidos en las investigaciones de autores como B. Maelicke (1977). Este autor mide asimismo factores como el trabajo, la familia, la vivienda y la situación afectiva, con indicadores paralelos a los nuestros, obteniendo resultados similares.
3. NECESIDADES ACUMULADAS Y DIFICULTADES DE REINTEGRACIÓN SOCIAL. El proceso de reintegración social va a depender directamente del grado y formas de desarraigo social que se presenten en la vida del individuo. Ya hemos definido y caracterizado éstas en el apartado anterior, pero aún nos resta precisar la medida y evolución de éstas dificultades, consideradas hasta el momento de forma aislada. Se presentan en los mismos individuos y familias, y por tanto son además dificultades acumuladas. Lógicamente, a medida que un sujeto esté afectado por una sola de estas necesidades (trabajo, dejar las drogas...) su proceso de reintegración será mas fácil y su nivel de desarraigo menor. Por el contrario, una persona que presenta todas las necesidades y por tanto problemáticas apuntadas, presentará un alto grado de desarraigo social; su proceso de reintegración será mucho mas difícil, puesto que tanto su situación actual como las condiciones objetivas necesarias para la normalización de su vida social, son muy desfavorables. El dato general de partida es la existencia de una mayoría aplastante de personas que al salir de prisión plantean al menos una de las necesidades apuntadas para hacer posible su proceso de reintegración social y evitar el reingreso en prisión. Muy pocas manifiestan no tener ninguna de las necesidades anteriores y por tanto, su proceso de reinserción depende de otras consideraciones. No deja de resultar esclarecedor hacer explícitos los problemas sociales de las personas recluidas cuando salen de prisión para comprender la necesidad de crear condiciones exteriores al sujeto para hacer posible su reintegración social, entre las que posiblemente se encuentra la eliminación de la acción nociva de la estancia en prisión. Pero más que tratar de abarcar el total de factores que inciden en el desarraigo social o que concurren en la explicación total del hecho delictivo —cuestión ésta, por otra parte, altamente compleja—, vamos a centrarnos en las dificultades sociales de la persona para hacer posible su reintegración dentro de los parámetros de lo que se considera una «vida normalizada» desde un punto de vista laboral, económico, familiar o afectivo. Y estas dificultades van a ser mayores a medida que el proceso histórico personal y familiar ha llegado a cotas mayores de marginación, es decir, a medida que las necesidades objetivas para la reintegración se han acumulado. Hemos de tener en cuenta diversos aspectos si queremos evitar el reingreso en la cárcel, en función del grado de acumulación de los problemas que se le plantean al preso. Podemos distinguir tres grados de acumulación de necesidades que inciden en la posibilidad o no de reintegración al salir de prisión: 3.1. Sin dificultades exógenas para la reintegración La de aquellas familias que a la salida de prisión de su componente excarcelado se encuentran en condiciones objetivas óptimas para su reintegración: sin problema de drogodependencia, sin conflictos graves en el hogar, con un relativo equilibrio afectivo con el excarcelado, etc. Estas familias representan aproximadamente el 2,5 % del total. Son por tanto tan sólo una de cada cuarenta las personas que no tienen estos problemas de reintegración social a la salida. Estas personas únicamente tendrán que afrontar los problemas derivados de los efectos nocivos de la estancia en prisión (imagen social, choque psicológico que produce la salida, readaptación ambiental del familiar liberado... . 3.2. Condiciones favorables para la reintegración Nos referimos a aquellas personas que a la salida de la prisión únicamente están afectadas por una de las distintas situaciones problemáticas arriba consideradas; consecuentemente esto significa que las posibilidades para neutralizar y atender esa necesidad específica sean mucho mayores. En esta situación se encuentra entre un 5% y un 10% del total de personas excarceladas y, por tanto, es una situación que afecta a una de cada veinte familias. 3.3. Condiciones desfavorables para la reintegración Hemos tipificado en este apartado a aquellas familias del excarcelado donde 68 se presentan de forma acumulada tres situaciones problemáticas. En este sentido, suele ser frecuente que existan conjuntamente problemas de reintegración laboral, recomposición familiar o tratamiento socio-sanitario. A este grupo pertenecen entre el 20 % y el 25 % de las familias, es decir, una de cada cinco personas al salir de prisión. 3.4. Condiciones muy desfavorables para la reintegración Cuando presentan al salir de prisión un alto grado de acumulación de necesidades; este grupo se ve afectado por cuatro o más problemas. Este es un sector con condiciones objetivas de alto riesgo de reincidencia dada la presencia de una gran multiplicidad de factores de desarraigo. Representan alrededor del 70 % de la población y son por tanto dos de cada tres personas que salen de prisión. Las situaciones más frecuentes son las dificultades de trabajo, de apoyo familiar, drogodependencias y los problemas afectivos o de relaciones primarias. Resulta especialmente interesante profundizar en la relación existente entre el número de ingresos en prisión y la acumulación de necesidades a la salida de prisión. Dos de cada tres hogares, son familias cuyo componente encarcelado ha ingresado al menos dos veces en prisión. Observamos también cómo a medida que aumenta el número de ingresos, lo hace el número de necesidades acumuladas a la salida de prisión. Parece existir una relación significativa entre número de ingresos y acumulación de necesidades a la salida de prisión. Podemos sugerir que la aplicación reiterativa de penas de prisión, incide negativamente en las posibilidades o condiciones objetivas necesarias para la reintegración social, siendo la privación temporal de la vida social en el exterior un factor de desarraigo a la salida. 
4. CRONIFICACION DEL DESARRAIGO A LA SALIDA DE PRISION. Todos los factores condicionantes anteriormente apuntados provocan la falta de posibilidades reales de realizar una actividad laboral a la salida de prisión y, además, van creando en la persona una serie de predisposiciones y actitudes subjetivas contrarias a su integración laboral. Estas se caracterizan por la progresiva pérdida de expectativas de encontrar un trabajo y de disposición a realizar estudios académicos o de formación profesional. Sobre la problemática de reintegración laboral, apunta R. Bonal (1985: 319): «La situación laboral del exrecluso, viene determinada por una fuerte inestabilidad personal y social; la estancia en prisión lo ha sometido a una forma de ser tal que, en cierta forma, lo incapacita para asumir una disciplina laboral con regularidad y una débil búsqueda personal de seguridad a través de la misma actividad laboral». Las predisposiciones influyen en gran medida en la falta de experiencia normalizada de trabajo estable que, según se cronifica, es un elemento crucial de reproducción de la delincuencia, pues trae consigo, como forma de vida, la introducción, o si ya participaba, la inclusión cada vez mayor en las redes de economía marginal de tipo delictivo. Introducción en calidad de mano de obra, no en puestos de privilegio en las mismas. Como «trabajador», no como «capital» o como «contratante». Nuevamente la implicación en actividades ilegales perseguidas por la maquinaria del control formal y, más específicamente, el carácter selectivo de la persecución policial y penal, que controla especialmente a aquellos sujetos con ficha y antecedentes policiales y penales, contribuye a que estos jóvenes sean reabsorbidos una y otra vez por los sistemas del control policial y penal y, en consecuencia, reingresen en prisión. Los aparatos de control social directamente coercitivos, consiguen además inculcar al sujeto el rol social de «delincuente» mediante las modernas técnicas propias de la aplicación de las teorías conductistas en la organización de los sistemas de control, de entre los que destaca la prisión (Cohen S., 1988: 208 y ss). Aquí se cierra el circuito de reproducción tanto objetiva como subjetiva de la marginación laboral criminalizada. Objetiva, por el conjunto de circunstancias apuntadas que concurren. Subjetiva, porque el propio individuo es víctima de la instrumentalización social de su papel de delincuente, y se comporta como el personaje que se le ha asignado en la sociedad.  

BIBLIOGRAFIA:

AMBIT: Tengo la Bola. Guía para buscarte la vida fuera, 1997, Generalitat de Valencia, Valencia. 

BONAL, R.: «La situación social del ex-recluso. Problemática de la reinserción», Terceras Jornadas Penitenciarias Andaluzas, 1985, Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación, Granada. 

COHEN, S.: Visiones de Control Social, 1988, PPU, Barcelona. 

DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L.: «Respetar los Derechos Humanos de los Presos: un camino hacia la transformación de la cárcel. El derecho de los presos al trabajo y a la seguridad social», Jornadas sobre Alternativas a la cárcel, 1989, Asociación «Salhaketa», Vitoria. 

GOFFMAN, E.: Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 1984, Amorrortu. 

MAELICKE, B.: Entlassung und Resozialisierung, 1977, Heidelberg.


 MANZANOS, C: Cárcel y Marginación social, 1991, Gakoa, San Sebastián. 

MARTINSON, R.: «What works? -questions and answers about prison reform», The Public Interest, 1974 Spring. 

MELOSSI, D. Y PAVARINI, M.: Cárcel y Fábrica. Los orígenes del Sistema Penitenciario (siglos XVI-XIX), 1987, Siglo XXI, México.

(*) Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad del País Vasco. El artículo se encuentra disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=231744
Por Eduardo Luis Aguirre

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ligado a los Tribunales Russell desde antes de su constitución, operada en 1979, está integrado también por caracterizados y reconocidos militantes del ámbito social, político, académico, literario, científico y artístico, que son designados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, y su objetivo y razón de ser estriba en caracterizar desde el punto de vista jurídico y visibilizar aquellas situaciones que implican violaciones de los derechos fundamentales de la humanidad, que no han sido atendidas por las instancias institucionales nacionales e internacionales[1].
El Tribunal Permanente de los Pueblos “es un tribunal de opinión internacional, independiente de cualquier autoridad estatal. Examina casos relativos a violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos” (…) “Las demandas vistas por el Tribunal son presentadas por las víctimas o por grupos o individuos que las representan. El PPT convoca a todas las partes afectadas y ofrece a los defendidos la posibilidad de que sus propios argumentos sean escuchados. El Jurado es seleccionado para cada caso combinando miembros que pertenecen a un listado permanente de miembros del jurado e individuos que son reconocidos por su competencia e integridad. Desde junio de 1979 al presente el PPT el tribunal ha celebrado unas 40 sesiones”[2].
De alguna manera, se puede decir que este tribunal intenta representar la conciencia ética de los pueblos, en su lucha contra un sistema global expoliatorio, concentrador de la riqueza, profundamente injusto y depredador de los recursos naturales del conjunto de la Humanidad[3]. Desde su conformación, el Tribunal Permanente de los Pueblos se ha reunido en más de 40 oportunidades para juzgar hechos ocurridos en los más diversos países de la tierra[4].
A lo largo de ese extenso recorrido, el Tribunal ha propendido a la defensa de los Derechos Humanos, con juzgamientos y condenas simbólicas de situaciones extremadamente variadas, que incluyen  casos de genocidios y delitos de lesa humanidad, el manejo de las finanzas internacionales por parte de instituciones cuyas recetas regresivas (y recesivas) han causado verdaderas calamidades y tragedias sociales, consecuencias de intervenciones armadas y daños ocasionados al medio ambiente, sean los mismos perpetrados por Estados u otras autoridades, grupos u organizaciones privadas, etcétera[5].


Desde unos años a esta parte, el TPP ha hecho especial  hincapié en acciones sustanciadas contra empresas multinacionales, sobre todo por los devastadores efectos ambientales de sus actividades en América Latina[6] y otras violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Según se señala en documentos del propio Tribunal: “Con los Tribunales Permanentes de los Pueblos se pretende contribuir a la construcción de una solidaridad de ida y vuelta entre los hombres y las mujeres del Norte y del Sur. Y es que las sesiones son rigurosas, estudian los hechos, analizan las declaraciones y los testimonios... pero no son neutrales, ya que apuestan por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por la defensa de los derechos de las mayorías. A través de la utilización de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder, y empleando las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos, amparan a quienes son castigados y desahuciados por la impunidad con la que actúan las compañías multinacionales. En definitiva, son una forma de globalizar la solidaridad, pues nos sirven para coordinar las luchas y las denuncias”[7].
El 21 de octubre de 2011, el Tribunal Permanente de los Pueblos inauguró su sesión en México, precisamente para tratar los siguientes ejes temáticos trascendentales que atraviesan dramáticamente al hermano país: Feminicidios y Violencia de Género; Migraciones, refugios y desplazamientos forzados; Devastación ambiental y derechos de los pueblos; Violencia contra los trabajadores; Medios de comunicación, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores;  Violencia contra el maíz (sic), la soberanía alimentaria y la autonomía; y  Guerra sucia como violencia, impunidad, acceso a la justicia y Derechos Humanos[8]. Para los años 2012 y 2013 se realizaron las distintas actividades preparatorias, preaudiencias y audiencias temáticas finales,  celebrándose las audiencias finales, en las que fueron leídas las resoluciones condenatorias del Tribunal, en el año 2014[9].
Durante la lectura del predictamen del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos en México se dictó una condena unánime por lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa.  

Del 5 al 8 de noviembre de 2015, el Tribunal dictó sentencia en la sesión sobre los derechos fundamentales y la participación de las comunidades locales (10)






[2] Sus resultados y juicios están disponibles en www.internazionaleleliobasso.it “Tribunal sobre Sri Lanka. Tribunal Permanente de los Pueblos”, en Revista de Estudios sobre Genocidio, Volumen 4, junio de 2010, dirigida por Daniel Feierstein, Editorial Eduntref, p. 74.
[3] El Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó primeramente en Bolonia, Italia, a partir del 23 de junio de 1979. Desde ese momento y hasta abril de 1984, el Tribunal dictaminó respecto de dos situaciones de manera consultiva, vinculadas al Sahara occidental y Eritrea, desarrollando luego sesiones sucesivas en Argentina, Filipinas, El Salvador, Afganistán, Timor Oriental y Guatemala, clausurándose las mismas en Madrid en 1984, donde los 35 miembros discutieron nada más y nada menos que la cuestión del genocidio armenio. Entre los días 13 y 16 de abril de 1984, se llevó a cabo una sesión especial en Madrid para investigar el genocidio armenio[3]. El panel de 35 miembros de este Tribunal estaba compuesto por tres Premios Nobel (Sean MacBride, Adolfo Pérez Esquivel y George Wald), diez juristas reconocidos, académicos e intachables figuras políticas, que dictaminaron declarando culpable al Estado turco por las prácticas sociales genocidas llevadas a cabo en contra del pueblo armenio. Otra sesión del Tribunal se llevó a cabo, también en Madrid, en mayo de 2010,  y en febrero de este mismo año produjo notables conclusiones en torno a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas en Sri Lanka.
[4] http://www.internazionaleleliobasso.it/.
[5] http://www.internazionaleleliobasso.it/.
[6] www.enlazandoalternativas.org
[7] www.enlazandoalternativas.org  (…), donde se concluye añadiendo: “Por lo tanto, las redes de solidaridad, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales tenemos así otra herramienta para globalizar nuestras luchas y derribar sus muros, ya que ir ganando estas pequeñas batallas contra las empresas multinacionales es seguir avanzando poco a poco en la construcción de otro modelo de sociedad. Por eso, ojalá que las próximas ediciones de los Tribunales Permanente de los Pueblos -donde lo deseable sería que los comités de empresa de Repsol, del BBVA, de Iberdrola o de Telefónica se hubieran sumado a esta lucha- sean, sobre todo, un lugar donde podamos encontrarnos todos y todas para continuar con la resistencia frente al poder de las empresas transnacionales”.
[8] http://www.tppmexico.org
[9] http://www.tppmexico.org/ y http://www.biodiversidadla.org/Principal/Cobertura_especial_Tribunal_Permanente_de_los_Pueblos_Mexico
(10) http://www.fondazionebasso.it/2015/la-sentenza-del-tpp-su-diritti-fondamentali-partecipazione-delle-comunita-locali-e-grandi-opere-dal-tav-alla-realta-globale-torino-almese-5-8-novembre-2015/