Por Eduardo Luis Aguirre

Desde hace varios años, en este mismo espacio, venimos promoviendo la necesidad de crear Tribunales de Opinión en todo el mundo, frente al proceso sistemático de deslegitimación de los tribunales orgánicos a nivel internacional y doméstico. Más aún, desde nuestro propio sitio de facebook, alentamos la  creación de un ámbito concreto de esas características, profundamente democráticas, basadas en la autoridad de las personas que lo integran y su compromiso militante en el caso de crímenes contra la humanidad (1).
La lucha por la construcción de tribunales de opinión se inscribe en la necesidad de articular formas de democracia directa capaces de subrogar las burocracias que, en el orden internacional, han reproducido y garantizado durante las últimas décadas los intereses de los países más importantes del mundo, en perjuicio de los pueblos subalternos.
Este comportamiento de los tribunales institucionales a nivel internacional, en muchos casos fue imitado por las burocracias judiciales internas de los países donde el imperialismo y sus socios locales necesitaban interrumpir procesos democráticos o debilitar a gobiernos populares. A tal punto que, los sistemas jurisdiccionales, las policías y demás fuerzas de seguridad, los medios de comunicación concentrados, los grupos económicos más poderosos y otros poderes fácticos de similar connotación regresiva han tenido un rol preponderante en los intentos (fallidos o no) de asestar golpes suaves a los gobiernos elegidos por la voluntad popular, siguiendo el manual de Gene Sharp o las estrategias de última generación en materia de dominación o manipulación de la voluntad de los electores.


En este sentido, señalábamos el 30 de junio de 2014: "Desde la creación del Tribunal Russell- Sartre (1966) hasta la actualidad, la importancia y gravitación de los tribunales de opinión no ha sido valorada, extrañamente, en su verdadera dimensión, defección ésta que se advierte particularmente en las academias de derecho, pero que constituye una constante de la política y el derecho internacional. Tanto aquel, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, o las diferentes comisiones de verdad (dentro de la cuales, la sudafricana es una referencia obligada, aún a sabiendas de las distintas valoraciones que existen sobre su cometido), han significado un avance sustancial en materia de construcción de instancias de denuncia, enjuiciamiento y condena de hechos significativos que implicaron, a lo largo de la historia, estremecedoras experiencias de afectación de Derechos Humanos fundamentales" (2). El Tribunal Russell fue el único en toda la historia que condenó a EEUU, en ese caso por sus crímenes en Vietnam.
El 24 de enero de 2016 escribíamos: "En tiempos en que los pueblos perciben que los organismos de resolución de conflictos internacionales reprodujeron sistemáticamente, a lo largo de casi un siglo, las desigualdades y asimetrías existentes entre los distintos países, y la selectividad de un sistema político y jurídico dominado por las lógicas imperiales, la evocación del Tribunal Russell repone en el escenario de las grandes discusiones globales la factibilidad de construcción e integración de foros mucho más igualitarios y democráticos de los que formalmente disciplinan al mundo.Fue éste el primer caso de un tribunal moral o de opinión que, a nivel internacional, se avocó al juzgamiento de conductas  configurativas de escandalosos crímenes que, sin su intervención, podrían haberse invisibilizado o naturalizado, obstaculizando de esa manera el acceso a la verdad histórica y la responsabilidad de los  perpetradores por parte de  la opinión pública mundial" (3).
El 5 de septiembre de 2013, aclarábamos sobre el mismo cuadro de situación: "Creemos que más que un deber de penalizar, asistimos a un penalismo asentado en una relación de fuerzas políticas y sociales que le son extremadamente favorables a los países opresores, en particular a Estados Unidos y su complejo militar industrial.
De otra forma, no podría entenderse la aparición, el indudable prestigio y la permanencia en el tiempo de los Tribunales de opinión y de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Más aún, destacamos que los mismos se consolidaron a favor de la desconfianza que por su intrínseca e histórica selectividad ha empañado al sistema penal internacional, lo que desmiente a priori esta supuesta obligación de penalizar, porque si algo ha caracterizado a estas nuevas formas de resolución de conflictos es, justamente, su imposibilidad de recurrir a las penas institucionales; más precisamente, a la pena de prisión. No obstante, los mismos han contribuido de manera decisiva al mantenimiento de la confianza de la sociedad global en sus decisiones, justamente porque se basan en valores fundamentales, igualitarios y universales, tales como la vida, la dignidad  y los Derechos Humanos.
Fue en el marco de estas acotadas experiencias no punitivas, por el contrario, donde se han puesto en práctica ejercicios de vergüenza reintegrativa, se han observado los mayores casos de aceptación de la culpa por parte de los agresores y de sus disculpas por parte de las víctimas, produciendo genuinos procesos de reintegración social y pacificación comunitaria.
Y han sido las decisiones de los Tribunales de opinión las que han condenado, por primera vez, a los grandes genocidas que eludieron sistemáticamente al derecho penal internacional, a los depredadores y contaminadores mayores del planeta, o a quienes con sus conductas promueven las más grandes iniquidades del mundo moderno.
Esto ha ocurrido a expensas del deterioro sostenido de la legitimidad de organismos tales como los tribunales internacionales, la OEA y la ONU, a partir de su probada matriz antidemocrática, selectiva y recurrentemente funcional a los intereses y designios de los Estados más poderosos" (4). 
El 11 de diciembre de 2012, Derecho a Réplica, analizando el recorrido histórico y la importancia del Tribunal Permanente de los pueblos, expresaba: "El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ligado a los “Tribunales Russell” desde antes de su constitución operada en 1979, está integrado por caracterizados y reconocidos miembros del campo político, académico, literario, científico y artístico que son designados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, y su objetivo y razón de ser estriba en caracterizar desde el punto de vista jurídico y visibilizar aquellas situaciones que implican violaciones de los derechos fundamentales de la humanidad, que no han sido atendidas por las instancias institucionales nacionales e internacionales.
El Tribunal Permanente de los Pueblos “es un tribunal de opinión internacional, independiente de cualquier autoridad estatal. Examina casos relativos a violaciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos” (…) “Las demandas vistas por el Tribunal son presentadas por las víctimas o por grupos o individuos que las representan. El PPT convoca a todas las partes afectadas y ofrece a los defendidos la posibilidad de que sus propios argumentos sean escuchados. El Jurado es seleccionado para cada caso combinando miembros que pertenecen a un listado permanente de miembros del jurado e individuos que son reconocidos por su competencia e integridad. Desde junio de 1979 al presente el PPT el tribunal ha celebrado unas 40 sesiones, cuyos resultados y juicios están disponibles en www.internazionaleleliobasso.it”.
"De alguna manera, se puede decir que este tribunal representa la conciencia ética de los pueblos en su lucha contra un sistema global expoliatorio, concentrador de la riqueza, profundamente injusto y depredador de los recursos naturales del conjunto de la Humanidad" (5).
Esta lucha, que se intentó cuando visibilizamos el sesgamiento de los tribunales internacionales y su profunda selectividad, y la debacle de una gran cantidad de jueces convertidos en operadores del capital y de la que enumeramos solamente algunos de nuestros aportes, no nos confiere más que la autoridad de la persistencia y la de llevar adelante un ejercicio de anticipación impostergable en esta materia.
Por eso, hoy nos sentimos sumamente reconfortados cuando comprobamos que en Brasil, el intento de golpe contra Dilma (6) será juzgado por un "inédito" tribunal Internacional por la Democracia, que estará integrado por expertos de diversos países. Según destacan las crónicas periodísticas de las últimas horas,el juzgamiento será realizado por especialistas de la más alta calificación procedentes México, Francia, Italia, España, Costa Rica y Estados Unidos.
El Tribunal Internacional por la Democracia en Brasil quedará instalado hoy, y mañana tendrá lugar el voto de los jueces, la sesión de deliberación y se dictará sentencia.
Este simbólico proceso, inspirado en el llamado Tribunal Russel que juzgó en la década de 1960 los crímenes cometidos por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, seguirá todas las etapas de un juicio tradicional.
Entre los invitados a formar parte del jurado figurarían las abogadas Almudema Barnabeu, el obispo de la diócesis de Saltillo en México, Raúl Veras, y el escritor hispano-argentino Gerardo Pisarell, entre otros (7). Éste es el camino de los pueblos del Sur, el recorrido obligatorio por la emancipación, dejando de lado los artificios institucionales creados por los poderosos de la tierra para expedirse -siempre- en contra de los pueblos oprimidos del mundo. Hoy es un día continental de júbilo. Estemos a la altura. Y no paremos. 




 (1) https://www.facebook.com/groups/248314142028757/
(2) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2014/06/crear-dos-tres-muchos-tribunales-de.html
(3) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2016/01/el-tribunal-russell-la-busqueda-de.html
(4) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2013/09/imperialismo-derecho-internacional-y-la.html
(5) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2012/12/tribunales-de-opinion-el-rol.html
(6) http://derecho-a-replica.blogspot.com.ar/2016/05/si-fue-golpe.html
(7) http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/100371-tribunal-internacional-por-la-democracia-juzgara-golpe-en-brasil















Beatriz Gimeno nos propone dar una vuelta de tuerca al debate sobre la prostitución y situarlo en un espacio discursivo abierto, sin prejuicios y más allá del binomio abolir-regular que ha enfrentado al movimiento feminista en las últimas décadas. El debate se abre con una invitación a participar en él, la cita es el próximo jueves en Madrid, en el espacio Matadero. La Prostitución, un año después
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Beatriz Gimeno - Feminicidio.net - 25/02/2013 

España, Madrid - Hace un año que publiqué mi libro sobre la prostitución. Como he explicado en varias ocasiones, lo publiqué preocupada por lo que yo entendía necesidad de algún tipo de pacto de mínimos entre las llamadas abolicionistas y regulacionistas en aquellos asuntos en los que ambos sectores del feminismo pudieran tener en común: lucha contra la trata, o reconocimiento de derechos humanos a las mujeres que se dedican a la prostitución.
Pensaba que la incomprensión entre las dos partes se debía a un debate mal planteado en el que siempre terminaban imponiéndose soluciones antifeministas.
Me preocupaba mucho también que por lo que yo considero argumentos erróneos del discurso abolicionista, éste no llegue a la gente con toda su potencia emancipadora, especialmente a las feministas radicales más jóvenes. Desde mi punto de vista, hay críticas fundadas que hacerle: sobre todo que al menos en su parte institucional no parece haber recogido nada de las aportaciones que a la teoría feminista ha hecho la teoría queer. Yo misma no me reconozco como una abolicionista clásica y tampoco me identifico con lo que suele presentarse como el discurso abolicionista tradicional. Así que cuando comencé a escribir el libro esperaba ser capaz de aportar una nueva manera de debatir la cuestión, que entre todas las feministas fuéramos capaces de abordar la enorme complejidad del asunto y que fuéramos capaces también de hablar de cuestiones que a veces permanecen ocultas, que fuéramos capaces de hablar de sexualidad, de poder, de desigualdad, de libertad, de dolor humano, de pobreza o de injusticia; que pudiéramos matizar algunas opiniones o de asumir que según cambia la sociedad los debates que se dan en su seno tienen que cambiar también.


Esperaba que el debate posterior a la publicación de mi libro me ayudase a definir mejor mi propia posición puesto que yo misma estaba llena de dudas.
Durante los cuatro años que duró el estudio previo a la redacción del libro leí casi todo lo escrito sobre prostitución y después de la publicación, en este año, he dado charlas, conferencias, cursos; he escrito artículos, he participado en debates con todo tipo de personas relacionadas con la prostitución de una manera u otra.
Finalmente es verdad que el debate suscitado por la publicación del libro me ha ayudado a matizar algunas posiciones y a fijar otras, pero lo ha hecho al contrario de lo que esperaba y, en contra de lo que escribí antes de estudiar a fondo la cuestión, ahora pienso que el debate entre las posiciones regulacionistas y abolicionistas sí es irreductible y me temo que lo va a seguir siendo. No es posible acercar posiciones, ni debatir, ni encontrar ningún terreno común porque no lo hay, pero es el sector regulacionista -en contra de lo que pensaba- el que se ha mostrado más impermeable a entablar un debate sosegado y abierto a la posibilidad de escuchar los argumentos contrarios y a reflexionar sobre ellos sin prejuicios. Yo estoy más que dispuesta a cuestionar los míos siempre que la discusión se produzca entre personas con las que comparto algún planteamiento de partida o llegada.
Asumiendo de principio que estoy generalizando y que he encontrado, por supuesto, regulacionistas abiertas a un debate franco y abolicionistas maniqueas y rígidas, tengo que decir que desde el lado abolicionista han surgido voces que han discutido muchas de mis afirmaciones con dureza, pero que las han debatido abierta y francamente; desde este lado siempre me he encontrado con personas dispuestas a debatir todo lo relacionado con la prostitución como parte de un proceso que no está cerrado y cuya complejidad admiten. En cambio, por el lado regulacionista me he encontrado con que el argumento fuerte es un discurso insultante contra toda la que mantenga posturas contrarias. No hay matices, ni sombras, ni duda de ningún tipo. No hay artículo o libro regulacionista que no comience con una descalificación completa de un discurso adscrito al abolicionismo y que ya no es mayoritario pero que intentan a toda costa hacer pasar por tal; quizá este haya sido su mayor éxito.
Gracias a la publicación de mi libro he tenido ocasión de conocer a muchas personas, hombres y mujeres, que desde lo que se conoce como abolicionismo, trabajan y militan en asociaciones que a su vez trabajan directamente con prostitutas. Lo cierto es que el discurso y las opiniones de la inmensa mayoría de estos grupos y de las personas que trabajan en ellos no es en absoluto moralista, no juzgan a las prostitutas, no intentan apartarlas de la prostitución, no creen que ésta deba prohibirse ni perseguirse y se oponen a cualquier ordenanza, ley o reglamento que intente criminalizarlas, como las cada vez más frecuentes ordenanzas antiprostitución que emanan de muchos ayuntamientos. La mayoría ni siquiera están de acuerdo tampoco en que se multe al cliente porque piensan que eso va a redundar en una mayor vulnerabilidad de las prostitutas. Estos grupos trabajan activamente porque estas mujeres vean reconocidos sus derechos, uno de los cuales es prostituirse si esa es, por las razones que sean, su elección; aunque sí, se oponen a la regulación con argumentos razonables que todas las feministas deberíamos ser capaces de discutir. Estos grupos o personas, además, se esfuerzan en visibilizar, denunciar y combatir la trata. Estas personas, estas asociaciones conocen de cerca la trata de mujeres, las condiciones en las que estas mujeres son traídas a España o a Europa, las violaciones de sus más básicos derechos humanos que sufren cada día, y se enfrentan a la policía que las persigue, a los políticos que no hacen nada, a los proxenetas, delincuentes, violadores y torturadores de estas mujeres, sabiendo que aquí, de lo que se trata es de una cuestión de desigualdad estructural de género, de pobreza femenina, de injusticia económica global. Defienden a estas mujeres y sus derechos, y están convencidos de que regular una institución destinada a reasegurar el patriarcado no haría sino legitimar éste y, además, no redundaría en ningún beneficio para las propias mujeres.
La imagen del abolicionismo como un sector del feminismo moralmente conservador, que pretende criminalizar a las prostitutas, que no habla con ellas ni las respeta, es una imagen interesadamente sesgada y que no es cierta. Es cierto que existe este abolicionismo que no ha cambiado su discurso en décadas y hace un flaco favor a su causa cuando se empeña en seguir centrando el debate en la cuestión del consentimiento, si es o no un trabajo o si la prostitución es siempre violencia. Esas no son las cuestiones fundamentales, a mi entender. Pero lo cierto es que ni las asociaciones que trabajan con prostitutas, ni muchas investigadoras o teóricas, siguen ya por ese camino. Cualquier crítica a la prostitución tiene que trascender los motivos personales de estas mujeres para centrarse en la institución prostitucional, pasa por historizarla y por señalar qué papel juega hoy en el patriarcado y el capitalismo contemporáneo, a qué intereses sirve.
Cualquiera que haya hablado con prostitutas sabe que la prostitución puede ser elegida entre otras opciones; que dicha elección no siempre es producto de la violencia ni se mantiene con violencia, y que algunas personas que se dedican a dicha actividad la consideran su trabajo. Estas mujeres merecen respeto y el pleno disfrute de sus derechos. Y dicho esto, ahora debemos pensar en la prostitución como institución política. Para ello hay que politizar la sexualidad, la construcción del deseo, la subjetividad sexual, las prácticas sexuales hegemónicas, la sexualidad binaria y jerarquizada, la construcción ideológica de lo que se conoce como necesidades sexuales masculinas… ; vamos a debatir acerca de su función como institución encargada de disciplinar el deseo y los cuerpos masculinos, vamos a estudiar las consecuencias que tiene en la idea de la igualdad, vamos a problematizar incluso la definición de “libertad” que estamos usando (porque estamos usando una definición completamente liberal de la misma); vamos a discutir qué función juega la institución prostitucional en el mantenimiento del orden de género; qué papel juega en la ideología patriarcal. Vamos a historizar la prostitución y así sabremos que en contra de lo que se suele decir, la prostitución ha estado regulada casi siempre; que los sectores más conservadores no sólo no la han criticado, sino que la han apoyado, mantenido y promocionado; que la prostitución es una institución fuertemente cohesionadora del orden social establecido y como tal ha sido siempre utilizada por el poder, que jamás ha sido una institución cuestionadora de este orden, como pretenden hacernos creer. Sabiendo esto vamos a debatir las consecuencias para las mujeres (para las prostitutas y para las no prostitutas) de la regulación, vamos a estudiar las consecuencias que ha tenido históricamente estas regulaciones, vamos a estudiar sin prejuicios las diferentes regulaciones que ya existen y también vamos a plantear alternativas a la legitimación de una institución creada por el patriarcado para contribuir a la dominación de las mujeres. Y vamos a debatir también cómo mejorar las vidas de estas mujeres, cómo defender sus derechos, como luchar contra el estigma.
La prostitución es una institución fundamental en el orden de género y, como tal, afecta a todas las mujeres por lo que como feministas es una cuestión que nos importa y nos tiene que importar. Pero el debate, sea cual sea, tiene que hacerse con ellas, por supuesto, con las mujeres que se dedican o que se han dedicado a esta actividad. El regulacionismo nos acusa de no escuchar a las prostitutas, lo cual tampoco es verdad, como he tenido ocasión de comprobar en este año. Aunque es cierto que cada sector del debate tiende a ignorar las voces de aquellas prostitutas que no les dan la razón, lo cierto es que es una gran parte del sector abolicionista ha ido variando y matizando su postura inicial desde la defensa de la criminalización de la actividad hasta las posturas actuales de no intervención legal en la propia transacción económica (aunque sí en la cultura de la prostitución); este cambio de postura se ha producido debido en gran medida al trabajo con prostitutas que no quieren abandonar su actividad. El regulacionismo no quiere escuchar a ninguna prostituta que no diga lo que quieren escuchar y desprecia así muchas experiencias de sufrimiento. ¿Pueden hablar las sometidas?; preguntan, ¿las subalternas? Pues al parecer sólo si éstas dicen lo que las regulacionistas quieren oír porque si son mujeres que manifiestan haber sido raptadas, violadas, torturadas, golpeadas y obligadas a prostituirse contra su voluntad, entonces el regulacionismo suele manifestar cierto desdén hacia estos testimonios; hace lo posible por minimizarlos. Cuando las abolicionistas abandonaron la cuestión del consentimiento y comenzaron a centrarse en la trata, entonces el regulacionismo comenzó a denominar a los nuevos argumentos “el enfoque trafiquista” y se embarcó en un proceso en el que es bastante perceptible la banalización y minusvaloración de aquella. Fue muy importante para mí conocer a activistas prostitutas fuertemente contrarias a cualquier regulación con argumentos ofrecidos desde su experiencia y que tampoco escucha el regulacionismo. Así que finalmente. ¿Hay que dar la voz a las prostitutas? Obviamente sí, pero a todas.
Deberíamos debatir también sobre el papel que juega la mega industria de la prostitución en el capitalismo global; sobre qué significa que la mercantilización de todo haya llegado plenamente al cuerpo: no sólo sexo, sino también semen, sangre, órganos, úteros… ¿Podemos hablar sobre eso o todo en esta mercantilización es, sin más discusión, un magnífico avance de la libertad y de los derechos humanos? ¿Hay que aceptar que todo es susceptible de ser convertido en mercancía sin poner ningún límite? ¿Por qué es un avance que el cuerpo sea mercancía? Se nos dice, al más puro estilo liberal, que las mujeres deben poder beneficiarse de la consideración de sus cuerpos como un bien en el mercado de trabajo. No sólo estamos de acuerdo en que es algo que las mujeres pueden vender, sino que el problema es que, muy a menudo, es lo único que pueden vender y, a menudo también, lo que se ven obligadas a vender. No entiendo cómo puede cuestionar el orden social lo que ha sido creado por este mismo orden para asegurarse y afirmarse y no veo que sea progresista defender como un derecho lo que, en realidad, es una obligación patriarcal ya que ha sido el patriarcado el que ha condenado históricamente a las mujeres a no disponer más que de su propio cuerpo para venderlo en el mercado de trabajo o bien para enajenarlo en el matrimonio, únicas manera de supervivencia para las mujeres hasta prácticamente el XIX.
En las últimas décadas la prostitución ha cambiado de comercio particular a industria global. Mi convicción es que hoy es una institución muy distinta a la que era hace 50, 100 o 500 años porque es una institución con un gran poder de adaptación. Creo que hoy se configura como un ámbito de resistencia patriarcal a los avances del feminismo. La prostitución es necesaria cuando hoy el feminismo está cercando ciertos aspectos, al menos los más evidentes, de la masculinidad tradicional y patriarcal, y a ésta sólo le queda este espacio como refugio en el que poder desarrollar su irrenunciable performance de las relaciones de género jerarquizadas; en el que poder reforzar una masculinidad que ya no es fácil encarnar en otros ámbitos sociales, familiares o políticos. Por eso, para el patriarcado, la prostitución es hoy más necesaria que nunca y por eso no es posible pensar/hablar/debatir sobre ella sin plantearse a quién sirve, para qué es funcional, para qué se creó, quién está interesado en mantenerla, que desafía realmente y qué mantiene, cómo se construye, etc. Y esto no desdice ni contradice el derecho de cada una a hacer lo que quiera, a intentar huir de la pobreza como pueda, a ganarse la vida como quiera o pueda. La crítica a las instituciones sociales o políticas no es incompatible con respetar la libertad personal; el trabajo para el cambio social no pasa por reprimir, ni vulnerabilizar a personas vulnerables. De todo eso es de lo que yo quería hablar. Y eso es lo que quería hacer con mi libro y lo que he podido hacer sólo en parte.

Publicado originariamente en http://www.feminicidio.net/articulo/la-prostituci%C3%B3n-%C2%BFabolir-o-regular-un-giro-en-el-debate

Esta semana se cumplió exactamente un año desde que el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de La Pampa comenzó a articular vínculos con las demás agencias estatales que se ocupan de la Salud Mental en la Provincia. Los objetivos son múltiples. El primero de ellos, es contribuir a remover, trabajando caso por caso, las situaciones de privación que viven aquellos sujetos de derecho más vulnerables, los que casi nunca son enunciados como formando parte de cuestiones en las que están dramáticamente implicados Derechos Humanos fundamentales. Siempre hemos encontrado una predisposición inmejorable por parte de los restantes efectores que se ocupan del tema. Incluso, de parte de las organizaciones de la comunidad y colegios profesionales que trabajan en una problemática que, como ocurre habitualmente, se encuentra socialmente invisibilizada. En lo estratégico, el objetivo es, desde luego, sentar las bases  para que en la Provincia se cree el Órgano de Revisión que prevé la Ley de Salud Mental Nº 26657. Para ello, no solamente estrechamos lazos permanentes y sistemáticos con estas instituciones y organismos y establecimos fluidos contactos con la responsable de dicho órgano a nivel nacional, sino que comenzamos a visitar los lugares en los que se hallan internadas personas con padecimientos mentales detro y fuera de nuestra Provincia. Estos últimos son ámbitos sensibles, conmovedores, difíciles, alejados y muchas veces desconocidos, que casi nunca integran las agendas oficiales de nuestro país. Y ese conocimiento directo, sin mediaciones, en el territorio, nos fortaleció. Justamente a partir de la evidencia de un compromiso colectivo del que pasamos a formar parte de manera grata y obstinada, teniendo siempre en mira el nuevo paradigma emergente de la Ley y los derechos de los más débiles.
El delito de Traición a la Patria, en el Código Penal argentino, aparece fuertemente condicionado, en su estructura típica, por la guerra como marco de referencia donde podría perpetrarse ese tipo de ofensas, que afectarían, según la letra de la ley, la seguridad de la Nación.
En efecto, el artículo 214 del mencionado código establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro”.
A mayor abundamiento, y en concordancia con el tipo antes descripto, el artículo 215 prescribe: “Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:
Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad;
2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.
3° Si perteneciere a las fuerzas armadas. (Inciso incorporado por art. 5° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)”.


Los restantes artículos del capítulo prescriben, de manera concordante, lo siguiente:
"ARTICULO 216. Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.
ARTICULO 217. - Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.
ARTICULO 218. - Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.
Se aplicarán asimismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto. En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44".
O sea que, en sustancia, el delito de traición a la patria se circunscribe a una condición de probabilidad que, como vemos, es esencialmente la guerra.
Ahora bien, el Código Penal Argentino data de 1921. Esto, sin remontarnos a las fuentes decimonónicas de la codificación germánica que influyeron decididamente en su redacción, ni abrevar en otras fuentes que pudieron haber incidido en su redacción, casi invariable hasta nuestros días.
Conviene señalar que, en las primeras décadas del siglo pasado, regía en el mundo el concepto de guerra de segunda generación, de la cual la IGM fue su máxima expresión.
En ese tipo de contiendas totales, que comienzan a consolidarse a partir de la hegemonía burguesa y la aparición de los estados nacionales “La guerra se expande, deja de ser limitada, cada vez entran en acción mayor volumen de fuerza ocupando más espacio, más frente. Agincourt se desarrolló en un frente de unos 500 metros, Waterloo de 2500 metros, el Somme en un frente de 25 kilómetros. Es decir en 400 años se multiplico por 5 y en los cien siguientes por 10.17 Como señala Brodie la Primera Guerra Mundial supuso “una separación sin precedentes de los comandantes principales en el campo y los hombres en la primera línea de batalla.” “ Con este tipo de guerra, como señala Aron, se seguía una dinámica hacia lo total: “el servicio obligatorio y la industria, la universalización del servicio militar y el crecimiento monstruoso del coeficiente de movilización, encuentran todos ellos, en el origen del carácter hiperbólico que adquirió la guerra de 1914-18. Guerra democrática, puesto que enfrentaba a civiles vestidos de soldados; guerra parcialmente ideológica puesto que los ciudadanos creían defender su alma, y guerra de material, llevada hasta el agotamiento de las naciones enfrentadas, ya que los Ejércitos no conseguían victorias de aniquilamiento y puesto que el material físico y humano, movilizable por ambos por ambos lados, era enorme” (1)
Las guerras de Tercera Generación, por su parte, plantean dilemas irresueltos. Entre otros, la posibilidad de aniquilamiento total de la raza humana.
Lind considera que la Segunda Guerra Mundial, es ya una guerra de Tercera Generación, sobre todo a partir de los brutales "bombardeos estratégicos". Dresden, Hiroshima, Nagasaki y Varsovia son sólo ejemplos trágicos de un exterminio sistemático perpetrado en el contexto de las guerras totales.
“El problema es que, como apunta Verstrynge la “guerra total”, que lo es en cuanto a medios puede convertirse en “guerra ilimitada”, que lo es en cuanto a fines, bajo principios como el de “destrucción mutua asegurada”. "El desarrollo del arma nuclear, en el contexto del principio de acción recíproca y el alzamiento de los extremos predicho por Clausewitz, hacen que la guerra sea imposible por la destrucción que lleva aparejada” (2).
Frente a esta hipótesis de aparente inviabilidad de futuras guerras de exterminio, precisamente por los niveles de destrucción como segura consecuencia, se conciben, desde hace a lo sumo dos décadas, las guerras de cuarta generación o asimétricas, y los golpes suaves, a los cuales hemos referido sobradamente en este espacio, de cara a la incidencia que los mismos tienen en distintos extremos del planeta. Incluyendo especialmente América Latina y más específicamente nuestro país.
Durante todo este tiempo, el código penal argentino, en lo que concierne al tipo penal de traición a la patria, no ha sido modificado. 
Tengamos en cuenta la necesidad de actualizar el concepto de la guerra en el tercer milenio.
En las guerras de cuarta generación, por ejemplo, desaparece el concepto habitual de "campo de batalla" y toda la sociedad atacada se convierte en el blanco de los ataques.
·         Los mensajes emitidos sistemáticamente por lo medios de comunicación hegemónicos constituyen un factor determinante para influir en la opinión pública, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, por lo que la propaganda llegará a constituir el arma desequilibrante en este tipo de conflictos. En palabras de Michel Collon: las mentiras llegan antes que las bombas. Las acciones tácticas tendrán como objetivo la cultura de la sociedad que se pretende anexar, predisponiendo a las poblaciones en contra de sus gobiernos, incluso de aquellos que han realizado, con sus severas limitaciones y errores, los procesos de inclusión social más relevantes de los últimos 50 años. La derrota que se pretende inferir es política, económica, financiera, geoestratégica,política, cultural y "moral". Para eso necesita inferir daños irreparables desde lo geopolítico, dividiendo de acuerdo al antojo imperial el territorio de países que ya no volverán a ser como los conocimos. También, asestar, siempre con la complicidad de actores internos (muchos ellos funcionarios de primera línea), golpes feroces en materia financiera, económica y social. Las deudas externas y su intencional multiplicación por parte de las nuevas lumpenburguesías arriñonadas en el estado y los fondos buitres que los festejan, son ejemplos claros de esas nuevas ofensivas durante las guerras de cuarta generación. También, desde luego, la sustitución por cualquier vía de los gobiernos autonómicos y la utilización de paraísos financieros como forma de evasión, elusión, lavado de activos o empobrecimiento deliberado de sus propios países. Todo ello constituye un sistema de control global imperial que subroga las armas de las guerras convencionales de anterior generación. En la lógica de las guerras actuales, todas esas prácticas implican  tomar las armas contra la patria, unirse a sus enemigos (qué otra cosa son los buitres y los paraísos fiscales) y prestarles una ayuda fundamental para someter  la nación al dominio extranjero o a menoscabar decisivamente su independencia o integridad de cualquier índole. Quedará en manos de un derecho penal mínimo, pero emancipador, la interpretación en clave antiimperialista de este tipo de conductas que suponen el desguace del patrimonio nacional, la pobreza de millones de compatriotas y el hipotecamiento del futuro de generaciones enteras de argentinos. 

(1) y (2) (http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2015/DIEEEA59-2015_GeneracionesGuerraxIIx_FAFM.pdf).





















































































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Por Robert Charvin

La Corte Penal Internacional es un “paso de gigante” para el eminente jurista Luigi Condorelli, que hace una valoración positiva de este tribunal ya en 1999, apenas un año después de la adopción del Estatuto de Roma. Tanto la doctrina jurídica occidental como las fuerzas políticas europeas han aplaudido de manera casi unánime la creación de la CPI, y desde 2002, fecha en la que entró en vigor, no han formulado crítica alguna sobre su funcionamiento (1).

Se dice que las razones para establecer una corte internacional permanente de justicia en materia criminal son de “naturaleza ética”. Esta idea habría nacido de la “toma de conciencia” del horror de algunos conflictos y de la voluntad de acabar con la impunidad de los responsables de asesinatos masivos. 


Este cambio brusco, al que se sumaron numerosos juristas franceses (2), fue planteado por el Doctor B. Kouchner y por el jurista M. Bettati cuando denunciaban que “los asesinos disfrutan de una existencia pacífica, protegidos por las soberanías y al amparo del principio de no intervención”: el “Bien”, encarnado por las potencias occidentales, debe triunfar sobre el “Mal” (espacio “gris” del resto de mundo), y la justicia internacional se convierte en un mecanismo de paz, puesto que “sin justicia, no hay una paz real”.

Muchas ONG de Occidente, subvencionadas a menudo por los Estados y por fundaciones privadas, argumentan que es necesario respetar el derecho humanitario (algo indiscutible) y su papel preventivo (lo cual es dudoso).

Así, se ha desarrollado un nuevo mesianismo, que ha sustituido a los precedentes (el de la “misión civilizadora” de la colonización, por ejemplo): “Occidente, con la Corte Penal Internacional entre otros – escribe A. Supiot (3) –presenta los derechos humanos como un Texto que las sociedades ‘desarrolladas’ revelan a las sociedades ‘en vías de desarrollo’”, como si se tratara de que éstas recuperasen su retraso y abrazaran el progreso. Este coro de voces casi unánime a favor de la CPI, que incluso en sus orígenes incluía a numerosos países africanos, nos muestra un idealismo que no tiene en cuenta las realidades políticas y las relaciones de poder de la sociedad internacional.

La clave de la aparición de una justicia permanente universal e internacional nos la da la evolución del contexto mundial de los años 1990. En primer lugar, se produce la desaparición de la URSS, que llevaba tiempo oponiéndose enérgicamente a una jurisdicción de este tipo (4).

Las potencias occidentales están en posición de fuerza y tienen como objetivo la consolidación definitiva de una sociedad unipolar favorable a sus intereses. Los Estados socialistas que quedan y la Rusia post-comunista se encuentran muy debilitados; dado que las guerras de descolonización han finalizado, la cuestión de los derechos humanos puede convertirse en “el arma definitiva” para asegurarse una hegemonía legitimada.

El derecho humanitario surge como un instrumento para desbloquear los puntos que se tratan de manera muy restrictiva en el derecho internacional general “clásico”, cuya base fundamental es la Carta de las Naciones Unidas (en particular, el principio de igualdad soberana de los Estados y el principio de no intervención).

La globalización liberal necesita una sociedad internacional sin fronteras donde puedan desarrollarse las empresas transnacionales. La OTAN, con la capacidad para sustituir a la ONU, se convierte en la portadora de los valores occidentales “humanistas”, defensores de los derechos humanos (5).

Con la ayuda de los órganos de la Unión Europea y de algunos Estados del sur, como la Túnez de Ben Alí, las grandes potencias occidentales desempeñan un papel de Estados de referencia a favor de una justicia penal internacional que sea la culminación del “nuevo” orden, siempre sin olvidarse de tomar todas las precauciones necesarias para que sus ciudadanos no se vean afectados (6).

Así, la reactivación de la idea de un tribunal permanente en el seno de las Naciones Unidas no resulta de una necesidad súbita de humanidad, sino de una nueva posición de fuerza que permite contemplar un “gobierno global” y, sobre todo, una jurisdicción penal suprema en el orden internacional.

Con este trasfondo, y después del abandono temporal del proyecto de jurisdicción penal permanente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas se pone manos a la obra centrando sus preocupaciones en la represión del terrorismo y del tráfico de estupefacientes a partir de 1993-1994. Sin embargo, en 1998 se adopta el Estatuto de Roma de la CPI tras una negociación interestatal (a pesar de que el Consejo de Seguridad ya había creado los tribunales para Ruanda y para la ex Yugoslavia): en adelante, se sancionarán los asesinatos masivos, más de veinte años después de la adopción de los Protocolos de 1977, sobre los derechos de la guerra y sobre las sanciones a los criminales de guerra impuestas por tribunales nacionales.

En 1998, la vía convencional (en lugar de la vía onusiana) se explica por el hecho de que las Grandes Potencias no tenían voluntad alguna de crear una jurisdicción que se les pudiera aplicar. Se trataba de sancionar los crímenes de los “otros”, de la misma manera que el uso repetitivo del capítulo VII de la Carta (basado en las “penas”) y el abandono del capítulo VI (sobre la negociación) permiten a las Grandes Potencias reprimir a los “otros” Estados sin que aquéllos deban asumir alguna responsabilidad.

Occidente había ganado la “guerra fría”, y había que institucionalizar esa victoria.

1. Contradicciones y confusión del contexto internacional

Nos resultará imposible analizar la CPI si aislamos el fenómeno de la evolución general de las relaciones internacionales. Debemos tener en cuenta el “transcurso del tiempo”, que nos permite comprender, como ya hemos visto, el origen de la jurisdicción. También nos permite entender la función real que pretende garantizar desde 2002, ocupando un lugar preponderante dentro de un proceso general.

La fase actual es la de la deconstrucción del derecho internacional general, y también la de un intento de imposición de neofederalismo, asimilando los Estados (que siguen siendo soberanos en derecho) a “Länders” o a regiones, dotadas de competencias limitadas. Todo el proceso de la construcción europea se basa en esta presión progresiva a favor de una federalización de los Estados miembro.

En el resto del mundo, al igual que ocurría en el siglo XIX, el enfoque occidental se percibe todavía como el de la división del mundo entre Estados “civilizados” (que hoy llamamos “desarrollados”), más o menos organizados en “santas alianzas”, y los demás Estados y pueblos que hay que controlar de una manera u otra.

La Carta de las Naciones Unidas ya no tiene mucho peso, sobre todo para los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los Estados-nación, considerados arcaicos. Occidente hace caso omiso de la importancia de la fractura social abismal que separa a los pueblos del norte y del sur. El objetivo prioritario es el desmantelamiento de la soberanía nacional, sin la que no es posible la soberanía popular (7).

En definitiva, para Occidente, las instituciones del “gobierno global” deben convertirse en el nivel más alto de poder y el individuo, en su único sujeto de derecho para el que conviene garantizar una promoción formal. La CPI se erige en el símbolo de los defensores de los derechos humanos y garantiza el fin de la impunidad para los criminales que los vulneran. Aun cuando los Estados Unidos no han ratificado el estatuto de 1998, la CPI se nos presenta como el símbolo de un nuevo mundo democrático y humano. Sin embargo, este tribunal trabaja en un ambiente contradictorio a sus objetivos.

Pretende ser compatible con fenómenos que merecen sanciones colectivas, como los embargos que afectan a la masa gobernada, muy en particular a los más desfavorecidos, y no a los intereses de un puñado de gobernantes. Estados Unidos, sus aliados y sus juristas valoran positivamente las sanciones que la CPI aplica a violaciones individuales de los derechos humanos mientras que, por otra parte, manifiestan la más absoluta indiferencia con respecto a derechos sociales, económicos y culturales que impiden la aplicación de derechos civiles y políticos. Este apoyo a la CPI se contradice igualmente con un fenómeno completamente ilícito, como es Guantánamo, que a pesar del discurso oficial de las autoridades estadounidenses, sigue en funcionamiento ocho años después (8).

Desde un punto de vista más amplio, no se reconoce el derecho fundamental de “derecho al derecho”, puesto que no se respetan de manera generalizada el derecho internacional ni el derecho humanitario, sobre todo cuando se desarrollan intervenciones armadas.

Con la llegada de la década de los 2000 aumenta la confusión: Rusia tiende a convertirse de nuevo en una potencia que tener en cuenta, y China y las potencias emergentes tienen cada vez más peso. De una sociedad unipolar, “soñada” por Occidente, de la que la CPI era un elemento constitutivo, pasamos a las premisas de una sociedad multipolar.

Pero como ocurre en toda fase que separa lo que muere de lo que nace, el proceso es caótico: normas y prácticas supuestamente nuevas de la primera fase coexisten con la vuelta de normas y prácticas del período de la sociedad bipolar, y a todo ello se le suman las innovaciones de la sociedad multipolar que está naciendo.

Algunas potencias occidentales se esfuerzan en inventar normas que no dudan en denominar de manera un tanto confusa “nuevas costumbres”, a pesar de no ser aceptadas por el conjunto de la sociedad internacional. La mayoría de las veces los juristas las aceptan, aunque con cierta reticencia.

Éste es el caso, por ejemplo, de “la responsabilidad de proteger” (R2P) a las poblaciones civiles del propio Estado, alegando preocupaciones de índole humanitaria, cuando en realidad simplemente justifica la injerencia. Se crea incertidumbre acerca de la juridicidad de las normas en detrimento del principio de soberanía. Se favorece el desarrollo de un derecho mercantil de origen privado que se impone en las relaciones económicas transnacionales. En cuanto a la CPI, también presenta disfunciones que originan un desprestigio creciente en el sur.

2. Las patologías de la CPI.

La CPI es una institución limitada por sus paradojas y contradicciones de diversa naturaleza.

La singularidad más evidente es que Estados Unidos, que no ha ratificado el estatuto de 1998, sea parte integrante de facto del funcionamiento de la Corte: amenazan con procedimientos judiciales o presionan para que se abran diligencias contra algunas personalidades y ciudadanos de Estados que no les son favorables, mientras que organizan la protección de sus propios nacionales (principalmente mediante una serie de acuerdos bilaterales).
Lo mismo ocurre con Rusia y China. Todos ellos suman 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuyo papel es determinante en las actuaciones llevadas a cabo por la Corte (que se declarará competente o incompetente) (9).

Esto, obviamente, hace que la CPI nunca arremeta contra los “vencedores” (como en Nuremberg en 1945) ni contra los aliados de los “Grandes”, y que sólo actúe contra los “vencidos” y contra los ciudadanos de Estados débiles o aislados (10).

Otra “curiosidad” es el ámbito de competencia de la Corte. De acuerdo a la ideología neoliberal, los derechos económicos y sociales no están al mismo “nivel” que los derechos civiles y políticos. Lógicamente, es evidente que quedaba fuera de toda posibilidad la atribución de más competencias a la Corte en lo referente a crímenes económicos y sociales en los que el coste humano es mucho más importante, aunque más difuso, que en los crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad. Nada debería impedir la creación de una Cámara de lo Social que permitiera sancionar a los individuos responsables de un endeudamiento sin repercusión social, del paro, de la violación de derechos sociales y en general, de la miseria. El impacto de la guerra social no se encuentra bajo la jurisdicción de la justicia penal internacional.

Según el estatuto de 1998, la Corte es competente en el crimen de agresión. Sin embargo, esta disposición no ha entrado en vigor y nadie sabe si lo hará en un futuro. Un grupo de trabajo especial está estudiando el tema, pero el hecho de que la agresión pueda afectar en particular a las grandes potencias que reúnen todos los medios para ser “agresores con privilegios” nos lleva a pensar que este asunto caerá en el olvido. Si bien la CPI tiene como objetivo combatir la impunidad de ciertos criminales, lo cierto es que, de derecho, jamás llevará a cabo una represión de criminales que son por otro lado “agresores”.

La financiación de la Corte es otra de las paradojas. La financiación se hace a través de aportaciones de los Estados occidentales (mayoritariamente, de Alemania y de Reino Unido) más Japón, y de algunas fundaciones privadas, como la de G. Soros (11), y no a través de la ONU. La independencia financiera de la jurisdicción no está garantizada. No sabemos sobre todo cuál es el nivel de independencia de la Fiscalía, dadas las conexiones que se establecen durante el mandato entre sus miembros e intereses diversos.

En los países del sur, son también organizaciones privadas las que llevan a cabo la promoción de la Corte, como “Abogados sin fronteras” o el Instituto Árabe de Derechos Humanos. Esta mediatización de la CPI, muy politizada, ha provocado una corriente crítica que se opone a esto.

Así ocurre en el continente africano desde hace algunas décadas. La Unión Africana considera que la CPI es ante todo una herramienta más de las Potencias mundializadoras que aplican una política de doble rasero. El juez danés Harhoff (del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia), haciéndose eco de las ideas de Jean Ping, antiguo ministro de Gabón, del primer ministro etíope y de otras personalidades africanas expertas en esta materia, ha informado de que se han llevado a cabo “presiones persistentes e intensas sobre magistrados internos”, y ha añadido que “estos tribunales no son neutros y obedecen las instrucciones de las grandes potencias, en particular de EEUU y de Israel” (12). La Unión Africana se pronuncia a favor de una retirada del estatuto de Roma (art. 73) sin obtener resultado alguno.

La Corte Africana, creada en Arusha, también depende de financiación occidental. Sólo seis Estados de los quince necesarios han ratificado el Protocolo de 2008. Así, la lucidez crítica africana es más colectiva que individual.

No obstante, varios casos pueden activar la retirada. Hablamos, por ejemplo, del proceso al vicepresidente keniata, William Ruto. Durante la XIVª Asamblea de los Estados Partes de la CPI (noviembre 2015), Sudáfrica y Kenia amenazaron con una posible salida, apoyados por diversos Estados, a pesar de la defensa de la Corte efectuada por los Estados de la Unión Europea y por algunas ONG financiadas por la Unión Europea. La Sala de Apelación de la CPI anuló el 12 de enero de 2016 la decisión que autoriza la utilización retroactiva de testimonios en detrimento de los acusados, lo que debilitó terriblemente el expediente de la Fiscal (13).

El paso atrás de la Fiscalía se ha producido después de que se retiraran los cargos contra el presidente Kenyatta. Y es que la Fiscalía elabora mayoritariamente los expedientes basándose esencialmente en testimonios cuestionables.

Lo mismo ocurre con el proceso Gbagbo, que se inició en febrero de 2016. La norma de la primacía del orden jurídico nacional sobre la competencia de la CPI tiene un funcionamiento aleatorio. Cabe preguntarse cómo es posible que la justicia marfileña sea lo suficientemente competente como para juzgar y hacer cumplir una larga condena a la señora Gbagbo, mientras que a L. Gbagbo se le ha citado en la CPI, igual que a Blé Goudé (seguramente para agravar la responsabilidad del expresidente), como si se tratara de facilitar la labor al régimen de Ouattara, que deseaba alejar este proceso “molesto”.

Uno debe preguntarse en qué consisten esos criterios de “ausencia de voluntad” o de “incapacidad” local para llevar a cabo la investigación y las acciones judiciales. ¿Dónde quedó aquella valoración positiva que la Corte hacía de la “imparcialidad” de los tribunales nacionales? Parece ser que la Corte tiene más o menos competencia en un asunto, es más o menos “subsidiaria” según los intereses políticos.

Observamos asimismo que la CPI funciona casi exclusivamente con un sistema de trabajo que va en detrimento de los acusados. Así, por ejemplo, entre los testigos o las ONG solicitados, no se toman en cuenta aquellos que a priori son considerados “sospechosos”, mientras que a los demás se les invita a proporcionar elementos de “prueba”. La “selección” de testimonios parece ser totalmente arbitraria en el caso L. Gbagbo (14).

Los medios de la defensa no pueden compararse con los de la acusación: decenas de juristas, entre los que se encuentran abogados franceses cercanos a F. Hollande, J.P. Benoit y J.P Mignard, y la Fiscalía (dotada de unos treinta millones de euros que cubren el sueldo de investigadores, asesores, etc) se enfrentan a un pequeño equipo de defensores que cuentan con un presupuesto muy limitado (unos 76000 euros) (15).

La prueba decisiva nos la da el caso de Palestina, 123º Estado miembro del Estatuto de Roma (1 de abril de 2015), cuando llevó ante la Corte a diversos ciudadanos israelíes por sus comportamientos criminales. Efectivamente, resulta muy difícil rebatir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad de los militares y de sus patrocinadores israelíes cometidos por el ocupante israelí. Pues bien, en este caso, se llega a cuestionar incluso si es aceptable que la CPI se declare competente para juzgar el requerimiento palestino (16).

Israel presenta argumentos de peso: la prioridad de la jurisdicción nacional, el recurso al Consejo de Seguridad para suspender el procedimiento llegado el caso con el pretexto de no perturbar las negociaciones de paz, etc. El desenlace del caso Gbagbo y, sobre todo, del recurso palestino nos muestra la verdadera naturaleza de la CPI y el nivel de gravedad de las patologías que sufre.

3. La función ambigua de la justicia política

La eficacia de una justicia internacional no puede analizarse únicamente en base a la calidad jurídica: es necesario también un enfoque político.

Ningún orden interno estatal ha proporcionado un modelo de justicia política ejemplar. La Historia nos demuestra que, al igual que la justicia ordinaria cuando se pronuncia en materia política, los tribunales políticos de excepción sirven los intereses tácticos y estratégicos de los gobiernos que los administran.

En Francia hay varios casos en diferentes jurisdicciones (tribunales militares, Corte Superior de Justicia, Corte de Seguridad del Estado, Tribunal de Justicia de la República, etc.), que han actuado con un exceso de rigor o que, por el contrario, se han mostrado demasiado indulgentes, sin que hubiese fundamentos para ello en ninguno de los casos.

Cabe recordar el carácter expeditivo de las decisiones que los tribunales tomaron en Argelia con respecto a los militantes del FLN. En Francia, cuando la justicia ordinaria actuaba contra sindicalistas o militantes primero anarquistas y luego comunistas durante la IIIª, en la IVª y en la Vª República, se implicaba más en la lucha de clases y en una política de intimidación que en la aplicación de la ley republicana.

El caso más reciente ha ocurrido este año, en 2016, cuando se pronunció la condena a 9 meses de cárcel para sindicalistas de la Confederación General de Trabajadores (CGT, sindicato francés) por “secuestro” pacífico de los directores de recursos humanos de una empresa (Goodyear) tras una ola de despidos.

Al contrario de lo que ocurre con los justiciables que tienen un capital social menor, los responsables del aparato económico eluden muy a menudo largas penas de cárcel (así sucedió en Francia cuando se juzgó la colaboración de los empresarios que colaboraron con el nazismo, con alguna excepción).

Si tomamos el caso de los tribunales especiales, como lo fue el de la Liberación al final de la Segunda Guerra Mundial, vemos que no han hecho más que servir los intereses del nuevo poder establecido en el ambiente del momento: en 1945 se aplicaba la pena de muerte por colaborar con el nazismo; apenas unos meses más tarde, las condenas por los mismos delitos eran mínimas.

En resumen, la justicia política sirve ante todo para legitimar por vía legal la supresión de los adversarios al poder establecido. Han sido raras las ocasiones en las que ha tomado parte de los grandes cambios de la Historia nacional (17).

Por lo tanto, la justicia penal internacional no tiene referencias en derecho interno. Quizás sea demasiado pronto para que vea la luz: la sociedad internacional comparte pocos valores y resulta difícil establecer una noción de interés general cuando existen intereses contradictorios.

Por lo tanto, los objetivos que la CPI dice perseguir deben guardar una cierta ambigüedad:

Para algunos, no puede existir paz y reconciliación sin justicia. La realidad es más compleja. La justicia internacional dicta sus sentencias mucho después de que se cometan los hechos criminales: no se puede demostrar que su impacto ayude a llevar la paz a las sociedades afectadas. Por ejemplo, muchos años después de las masacres llevadas a cabo por los Jemeres Rojos, los camboyanos estaban más preocupados por elevar su nivel de vida y por mantener la paz civil mediante una reconciliación más o menos renqueante que por una justicia que sólo se aplicaba a un número reducido de responsables ya muy ancianos, cuando dirigían un sistema global (que, de hecho, en su momento estuvo apoyado por los Estados Unidos y China). Incluso llegó a considerarse excesivamente elevado el coste del procedimiento, habida cuenta de los problemas sociales que sufría el país (18).

Hay que tener en cuenta, además, que los procesos de reconciliación tras un conflicto varían de una sociedad a otra: la vía jurisdiccional es sólo una solución de entre tantas otras. Así, a priori, esta vía parece totalmente inadecuada en Libia, sobre todo si resulta que la CPI ha abierto diligencias contra uno de los hijos de Gadafi. El acercamiento entre las autoridades de Trípoli y de Tobrouk, y en general, entre las facciones que fraccionan el poder en el conjunto del territorio no puede realizarse mediante vías represivas contra los criminales de guerra que, a ojos vista, no escasean en Libia. De hecho, la ONU ha privilegiado otra vía, la de la negociación política.

En algunos casos, la enorme demora de los procedimientos ante la justicia penal internacional puede llevar a que crezca la fama del acusado y condenado. Éste podría ser el caso de L. Gbagbo en Costa de Marfil y en el conjunto del África subsahariana. La opinión puede volverse en contra de las autoridades que plantearon la demanda y contra la jurisdicción que ha pronunciado la condena.

La Historia muestra que, a largo plazo, las condenas largas sirven para crear leyendas sobre los condenados y fabricar mártires. Así pasó, por ejemplo, con los militantes de los movimientos de Liberación Nacional condenados por los tribunales de los colonizadores. Lo mismo puede suceder con los condenados por la CPI.

Se suele repetir que la existencia de una justicia penal internacional tiene un papel preventivo: la amenaza que pesa sobre los responsables políticos y militares tendría un efecto disuasorio a la hora de llevar a cabo prácticas criminales y genocidas. Desde 2002, fecha de entrada en vigor de la CPI, constatamos que no ha habido ningún progreso humano en los conflictos que se han producido. Además, el argumento disuasorio puede darse la vuelta. Para evitar un proceso judicial, más fácil de llevar a cabo contra vencidos que contra vencedores, los responsables se ven obligados a mantenerse en el poder durante el máximo tiempo posible (como vemos a menudo en África), lo que favorece la represión de los adversarios. Además, esta “amenaza” es discriminatoria: no cuenta para los aliados de las Potencias “protectoras”, aun cuando entre esos aliados se encuentran dictadores protegidos y pseudodemocracias como la de Israel, al amparo de los Estados Unidos.

Cabe preguntarse igualmente cuál es la capacidad efectiva de la justicia política internacional para juzgar asesinatos masivos. Se puede dudar de manera legítima de la responsabilidad única, e incluso de la responsabilidad principal, de algunas personalidades políticas o militares, aun tratándose de máximos mandatarios o de mandos superiores (véanse los problemas planteados por el dirigente serbio Milosevic, por ejemplo, quien negoció los Acuerdos de Dayton con aquellos que le llevarían más tarde ante los tribunales).

Ya antes de Nuremberg había surgido la polémica, cuando los soviéticos pidieron sancionar a un número muy elevado de alemanes, corresponsables de la llegada del nazismo y de sus prácticas genocidas (19). Los estadounidenses se opusieron e impusieron que se juzgase a un grupo muy reducido de dirigentes. Para los mandatarios occidentales, Alemania ya era en Europa un Estado tapón necesario frente a la URSS.

Ante el Tribunal de Tokyo, que a iniciativa de los Estados Unidos juzgaba a los criminales de guerra japoneses, pasaron muy pocos acusados y condenados. Estados Unidos se cuidó de no llevar ante los tribunales al emperador Hiro Hito, que gozaba durante la Segunda Guerra Mundial de una autoridad “divina” en Japón, para poder utilizar su influencia en la guerra contra el comunismo. Cuando la justicia política muestra “inteligencia”, siempre prevé las consecuencias útiles de sus sentencias.

En la época en la que se realizaban los primeros ensayos, la justicia penal internacional demostró que debía ser selectiva y arbitraria, puesto que su organización y funcionamiento no podía ser supranacional y a la vez depender inevitablemente de las relaciones de fuerza y de los intereses del momento. Así, hoy en día sería inconcebible que la CPI juzgara y condenara a ciudadanos estadounidenses, rusos o chinos. Tampoco parece probable que eso mismo ocurra con ciudadanos de países aliados, salvo en el caso de que las Potencias llegasen a considerarlos poco fiables o “inútiles”.

No obstante, las Potencias dominantes tienen medios más que de sobra para cometer crímenes de guerra, como se observa, por ejemplo, con los bombardeos aéreos, que provocan un gran número de muertes civiles. Es cierto que cualquier Estado puede aplicar una política criminal a nivel interno a pesar de sus fuerzas exteriores limitadas. Sin embargo, el hecho de que sólo los ciudadanos puedan ser llevados ante la justicia internacional puede compararse a una manera de “injerencia humanitaria”, práctica ilícita, pero frecuente entre las Grandes Potencias, reñida con la soberanía nacional de los Estados medianos y pequeños, y que se efectúa en nombre de un humanitarismo selectivo.

Además, con las condiciones actuales, hay una cuestión fundamental no resuelta: la soberanía nacional y su articulación con la justicia penal internacional. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es una muestra de ello: el Consejo de Seguridad ha ejercido una función judicial incierta al crear este órgano ad hoc, mientras que ha renunciado a su función pacificadora, dejándole el puesto a la OTAN, quien, por su parte, intervino en 1999 en Kosovo, sin autorización del Consejo de Seguridad y sin tener en cuenta la Constitución de la Federación de Yugoslavia.

Para ver la luz, la CPI ha tenido que tomar precauciones con respecto al principio de soberanía. De acuerdo con sus estatutos, no es más que un órgano complementario y subsidiario de los tribunales nacionales, que tienen la primacía. El Fiscal de la Corte sólo puede actuar por iniciativa propia si interviene un órgano colectivo, la Sala de Cuestiones Preliminares (sala de acusación).

Los Estados están obligados a cooperar con la Corte y deben extraditar a las personas sobre las que pesan diligencias, pero si no cumplen con este punto, no se prevé ninguna sanción.

Muchos Estados son conscientes de que la justicia penal internacional está instrumentalizada: tiende a convertirse en una herramienta de legitimación del orden internacional existente en el marco de un “fundamentalismo occidentalista”, que alimenta a su vez a los demás fundamentalismos (20).

Bélgica se nos presenta como un claro ejemplo cuando en 2003, unos oficiales estadounidenses fueron llevados ante los tribunales. Se había interpuesto una demanda contra el general Franks y sus adjuntos por crímenes de guerra contra iraquíes y jordanos. Tras recibir presiones estadounidenses, se modificó la legislación belga para que fuera imposible entablar acciones judiciales (21).

Por su parte, Francia (junio 2015) le hizo un regalo a Marruecos. El Parlamento votó (a pesar de la oposición de los comunistas y de los verdes) un protocolo judicial franco-marroquí por el que París abandonaba su “competencia universal” si ciudadanos marroquíes cometían actos de tortura en Marruecos. No obstante, la “competencia universal” de los tribunales nacionales permitió la acusación de Pinochet.

A pesar de que no hubo condena, la población tomó conciencia de la represión que había llevado a cabo en Chile desde 1973.

Los tribunales de Guantánamo, primeros tribunales estadounidenses para juzgar crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, creados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para juzgar a “combatientes enemigos” no estadounidenses, no gozan de las protecciones jurídicas del derecho común que se otorgan a los ciudadanos estadounidenses. Huelga decir que no son un “modelo” de justicia política nacional.

Sin embargo, sea cual sea el resultado del procedimiento, los tribunales nacionales nos muestran cuál es el estado real de la justicia política. Si la opinión es capaz de apropiarse el derecho, puede desempeñar un papel para avanzar hacia una justicia real.

Por el contrario, la CPI, muy alejada de los ciudadanos (a pesar de las manifestaciones de solidaridad con algunos de los acusados, como L. Gbagbo), seguirá sufriendo presiones de estatales.

En resumen, la experiencia de la CPI “sirve para acercarse, sin alcanzarla, a una representación justa del mundo” a través de su objetivo oficial, la lucha contra la impunidad. En cualquier caso, no debemos ver a la CPI como el destino final, sino como una parada de un largo camino por recorrer (22).

Entre los asesinatos masivos que todavía no conllevan pena están los múltiples crímenes económicos, como por ejemplo la evasión fiscal (que priva a los Estados de posibilidades de inversión), la especulación financiera internacional (que es el origen de “deudas odiosas”, ilegales y pagadas por el pueblo), la sobreexplotación de materias primas y el control de los precios de mercado a manos de las grandes empresas (como Areva en Níger), etc.

Estos crímenes, sobre los que todavía no se ha estatuido, tienen un coste humano mayor que el de masacres puntuales que se producen en el contexto de conflictos armados. En un mundo no consensuado, en el que Occidente y sus aliados sólo comulgan con los valores del mercado y con los derechos humanos civiles y políticos, dejando de lado lo social, y aspiran a un federalismo universal (23), como denuncia Alain Supiot (24), es utópico pensar en una justicia penal internacional verdadera.

Marzo 2016

Robert Charvin es Catedrático de la Facultad de Derecho y Profesor emérito de la Universidad de Niza – Sophia – Antipolis (Francia)

Autor de numerosas obras sobre el derecho internacional. Su ultimo libro es "Faut-il détester la Russie?", publicado en abril de 2016 por la Editorial Investig’Action


Notas:
1) Cf. M. Perrin de Brichambaut. En: Leçons de droit international. Presses de sciences politiques et Dalloz, 2002. Pág. 343 y ss.
F. Bouchet-Saulnier. Dictionnaire pratique de droit humanitaire. La Découverte, 2013.

2) Muy pocos son los juristas europeos que se han manifestado a contracorriente, incluso en los círculos progresistas (véase, por ejemplo, la posición favorable de M. Chemillier-Gendreau en Le Monde Diplomatique (12 de diciembre de 1998). En el lado contrario, podemos citar a P.M. Martin de la Universidad de Toulouse (Recueil Dalloz-Sirey, nº36, 1998), que se muestra muy crítico.

3) Supiot, A. Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit. Seuil, 2005.

4) Cabe resaltar, sin embargo, que bajo el mando de Gorbachov la posición soviética había evolucionado. Algunos juristas rusos, como el profesor Blichenko, no mostraban ya una oposición radical ante la creación de una Corte penal permanente.

5) Sin embargo, desde su origen, la OTAN y los Estados Unidos han financiado operaciones en Estados vinculados al socialismo contra los partidos comunistas occidentales y diversos sindicatos (como, por ejemplo, el apoyo directo a la red Stay-Behind, verdaderos grupos de combate “durmientes” que participaron en atentados y en complots, como los de Gladio en Italia, y en la financiación de una escisión en el sindicato francés CGT, de la que nación el sindicato Force Ouvrière.

6) Un argumento esencial ha sido el de considerar “injusto” el riesgo de enjuiciamiento penal a militares que actuaran en una causa humanista fundamentalmente “justa” (posiciones defendidas por Estados Unidos y Francia)

7) Algunos oponen soberanía popular, considerada “positiva” desde un punto de vista democrático, y soberanía nacional, considerada nociva puesto que da alas al “nacionalismo”. Sin embargo, sin independencia nacional, gracias a la soberanía estatal, sean cuales sean los riesgos para los ciudadanos, no puede existir en el mundo contemporáneo una soberanía popular real. Así ocurre en Europa, por ejemplo, con la situación del pueblo griego: la política interna del gobierno, elegida por los ciudadanos, no se ha podido implementar, puesto que está sometida a las decisiones de las instancias de la Unión Europea. Existe una “soberanía limitada” como la que Occidente (y la doctrina dominante de la época) denunciaba en 1968 cuando era la URSS la que la imponía a Checoslovaquia.

8) El centro de detención de Guantánamo, contra el que B. Obama ha luchado durante sus dos mandatos sin resultado hasta la fecha, ha alcanzado los niveles máximos de ilegalidad. En nombre del antiterrorismo, se recusa cualquier legalidad. La regla es combatir el crimen con el crimen, una premisa que muestra la grave erosión del derecho. El centro, instalado en territorio cubano, alquilado desde 1905 a razón de 4000 dólares al año rechazados por La Habana, es una cárcel “deslocalizada” donde se encierra a ciudadanos de diversos países, detenidos en varios países con la colaboración de las policías locales y transferidos clandestinamente con la ayuda de cómplices “oficiales”.

La detención –sin juicio – no tiene límite para los “combatientes enemigos”, categoría ajurídica inventada por los Estados Unidos de manera unilateral. Las autoridades de Washington han recusado las sucesivas peticiones de las Naciones Unidas, del Parlamento Europeo e incluso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (veredicto de 28 de junio de 2004). Amnistía Internacional describe Guantánamo en 2005 como un “Gulag moderno” (el informe denuncia también las numerosas cárceles del mismo tipo que Estados Unidos ha instalado en Irak y en Afganistán especialemente). Desde el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos han mostrado al mundo entero que se podía hacer una interpretación personal de los derechos humanos, con grandes variaciones dependiendo del caso. Diversos Estados europeos obedecen a este modelo. Cf. M.A. Combesque. Violence et résistances à Guantanamo. Le Monde Diplomatique, febrero 2006.

9) Mencionamos también a Israel y a India, que tampoco han creído oportuno ratificar el estatuto de la CPI.

10) En el proceso actual contra L. Gbagbo y Blé Goudé (este último transferido convenientemente por Abidjan a La Haya), cualquier jurisdicción que fuera imparcial debería iniciar actuaciones judiciales también contra A. Ouattara y G. Soros, actualmente ocupando sus funciones. Véase Gbagbo, L. y Mattei, F. Pour la vérité et la justice. Côte d’Ivoire : révélations sur le scandale français. Éditions du Moment, 2014
Charvin, R. Côte d’Ivoire 2011. La bataille de la seconde indépendance. L’Harmattan, 2011.

11) G. Soros afirma que quiere combatir las “sociedades cerradas”, dicho de otra manera, soberanas, y sin tener ninguna legitimidad.

12) Citado en Gbagbo, L. y Mattei, F. Pour la vérité et la justice… op.cit. Pág. 255.

13) Véase el alegato occidental favorable a la CPI (Orenga, E. y Rambolamanana, V. “Retour sur les travaux de la XIVe Assemblée des États parties de la C.P.I. : qui sont les grands gagnats ? ». En La Revue des droits de l’Homme, marzo 2016.

14) Cf. Mi testimonio personal (R. Charvin) “apartado” por la Fiscalía, como miembro de una Comisión de Investigación de dos meses sobre los acontecimientos ligados a las elecciones presidenciales de 2011 en Costa de Marfil, que denunciaba la total arbitrariedad que reinaba en la parte norte del país, ocupada por fuerzas rebeldes (apoyadas por la Burkina Faso de Compaoré – refugiado en la actualidad en Costa de Marfil y nacionalizado marfileño – y por Francia).

Así, más de 1000 civiles fueron asesinados por estos “rebeldes” pro Ouattara en el campo de refugiados de Duekoué en una ofensiva que tenía como objetivo la toma de Abidjan (con la complicidad de UNOCI y de las tropas francesas).

15) Cuando fui consultado por el abogado Altit, uno de los principales defensores de L. Gbagbo, tuve que pagarme yo mismo los gastos de un viaje a París para reunirme con él y elaborar el informe que presentaba los resultados de la Comisión de Investigación de la que había formado parte.

Solicité una visita a la cárcel de La Haya para entablar contacto con el acusado. No se me facilitó ninguna respuesta (el cuestionario que debe rellenarse para la solicitud exigía que detallara mi adscripción política).

16) Cf, por ejemplo, Aasu, John, Profesor en la Universidad de An-Najah-Nablus. “La compétence territoriale de la Cour Pénale Internationale dans le cas de la Palestine”. En Un Autre Monde, número especial “Palestine : 70 ans !“ (revista de Nord-Sud XXI), 2016.

17) Cf. Charvin, R. Justice et politique (preámbulo de R.J.Dupuy). LGDJ, 1968. 18) En Francia, pasaron décadas desde el final de la guerra antes de que se volviera a hablar del régimen de Vichy. Durante ese largo período de tiempo, se evitó recordar la historia de 1940 a 1945: el objetivo era “favorecer la reconciliación de los franceses” a través del olvido.

19) ¿Cómo distinguir, por ejemplo, entre los empresarios de la industria pesada, los altos mandos del partido de Centro Católico, cómplices directos del ascenso de Hitler a la cancillería? ¿Cómo pueden considerarse inocentes a los ciudadanos de uno de los países más desarrollados y más cultivados como es Alemania, que apoyaron activamente el régimen nazi hasta casi su derrota? 20) Véase Supiot, A. Homo Juridicus (véase sobre todo Polonia, págs. 7-30). Éditions du Seuil, 2005.

21) Cf. Albala, Nuri. “La compétence universelle pour juger les crimes contre l’humanité : un principe inacceptable pour les plus puissants“. En Anderson N. et al. Justice internationale et impunité, le cas des États-Unis. L’Harmattan, 2007. Págs. 217 y ss.

Véase también Fermon, J. “Compétence universelle : le cas de la Belgique ou le droit du plus fort, quand les États-Unis font la loi en Belgique“. En Anderson, A. et al. La justice internationale aujourd’hui. Vraie justice ou justice à sens unique. L’Harmattan, 2009.

22) En sentido contrario, el filósofo africano, profesor en la Universidad católica de Lyon, R.K. Koudé (“L’ingérence internationale: de l’intervention humanitaire à la dissuasion judiciaire”.

En Institut des Droits de l’Homme de Lyon. Vingt ans de l’IDHL. Parcours et réflexion. Universidad católica de Lyon, 2005. Págs. 116 y ss.) aplaude a la vez la injerencia directa humanitaria y la acción de la CPI, injerencia judicial, contra las “fortalezas de la soberanía estatal”. Este artículo pone de manifiesto el occidentalismo de algunos intelectuales que no son occidentales.

23) Cabe señalar que, en las estructuras semifederales de la Unión Europea, los ataques concretos a valores democráticos (racismo, xenofobia, prohibición de ciertos partidos progresistas y reducción del pluralismo político, como es el caso en Hungría, Polonia, Letonia, etc) no suscitan ninguna reacción por parte de los organismos europeos, ni ninguna utilización del artículo 7 del Tratado de Lisboa, que contempla sanciones y la suspensión de los derechos de participación en el funcionamiento de la Unión Europea del Estado culpable, ni por supuesto ningún inicio de acciones penales contra los mandatarios responsables. Pareciera que la justicia política siempre se aplique a los “otros”.

24) Supiot, A. Homo Juridicus. op.cit

Traducido del francés por Laura Soler para Investig’Action

Fuente original: Investig’Action
http://www.investigaction.net/Evaluacion-critica-sobre-la-Corte.html?lang=es
Nuestro espacio está próximo a cumplir siete años de ininterrumpida vigencia. Durante ese lapso, 790 artículos proporcionaron contenidos epistemológicos críticos del que abrevaron casi 320.000 lectores. Actualmente, el blog tiene alrededor de 10.000 entradas mensuales, y ha amplificado su horizonte de proyección originario, por entonces casi exclusivamente criminológico y político criminal, hasta convertirse en un continuo ejercicio de exploración del pensamiento alternativo en diferentes áreas y saberes.
A lo largo de estos años, hemos consolidado la participación de amigos que compartieron con nosotros sus artículos, experiencias académicas y científicas e investigaciones. Derecho a Réplica se nutre ahora, y desde hace mucho tiempo, de diferentes aportes  disciplinares, que en la mayoría excluyente de los casos pertenecen a amigos entrañables, militantes y luchadores sociales  o pensadores relevantes que nos hacen llegar sus reflexiones o nos autorizan a publicarlas.
Hoy podemos afirmar, con un dejo de indisimulable satisfacción, que Derecho a Réplica constituye , tal como nos lo propusimos al momento de inaugurar esta experiencia, un espacio de reflexión y pensamiento contrahegemónico dedicado a analizar el control social, la sociedad y sus conflictos globales. Un punto de referencia indiscutible para lectores de todo el mundo.

Por ese motivo, vamos a intentar continuar  en este camino, profundizando la línea editorial histórica del sitio y proporcionándole la mayor continuidad posible. Dependemos, en buena medida, de los generosos aportes de quienes han colaborado a lo largo de estos años, permitiendo que, con la mayor y obstinada dedicación, esta hoja lograra subsistir aún en momentos particularmente difíciles.
La lista de agradecimientos es, lógicamente, interminable. En primer lugar, queremos reconocer a nuestros lectores, por la vocación permanente de interesarse por los aportes que casi a diario ponemos a su consideración.
También, a amigos dilectos como Francisco Bompadre, Ignacio Castro Rey, Pablo Guadarrama González,  Nora Merlín, Diego Gómez, el colectivo de pensamiento libre División Las Heras y tantos otros que de una u otra forma han hecho posible esta tarea.
Siete años, en los tiempos que corren, no es poca cosa. Al menos para quienes intentamos este tipo de emprendimientos, impulsados únicamente por nuestro compromiso con las  grandes causas populares, los derechos de los oprimidos y el pensamiento emancipatorio.
Nuestro objetivo es que el blog se reinvente y en un futuro no demasiado lejano alcance otro formato y garantice una participación todavía más diversa y plural, multiplicando las voces empeñadas en la expansión de un conocimiento liberador. En eso estamos. Por ahora, simplemente, muchas gracias a todos.





Por Deborah Daich (*)




Introducción
En junio del año 2010 tuvo lugar un interesante Encuentro Internacional sobre Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una de las conferencias magistrales estuvo a cargo de Catherine MacKinnon, reconocida militante feminista en contra de la pornografía y la prostitución, y prestigiosa Profesora de Derecho. Su conferencia, intitulada "Trata, prostitución e inequidad en perspectiva internacional", fue atentamente escuchada por un auditorio multitudinario. Comenzó su exposición sosteniendo que nadie defiende el tráfico ni la inequidad pero, en cambio, sí hay quienes defienden la prostitución. Habló de una serie de distinciones que suelen hacerse cuando se abordan estas temáticas: prostitución infantil versus adulta, a puertas cerradas versus en la calle, prostitución legal versus ilegal, voluntaria versus forzosa, prostitución versus trata; para concluir afirmando que dichas distinciones eran ideológicas. Para MacKinnon, no hay diferencia entre prostitución y trata, no existe la prostitución voluntaria y bajo ningún concepto puede pensarse a la prostitución como trabajo sexual, incluso sostuvo que la prostitución representa una violación serial. 

Para MacKinnon, así como para otras teóricas feministas como Pateman y Overall,1 la sexualidad está en la base de la desigualdad de género, y cuando piensan en sexualidad es ligándola a la construcción de la identidad y la subjetividad. Por ello, sostienen que con la prostitución no se compra un servicio sexual sino a la mujer misma; lo que se compra, sostuvo MacKinnon en la conferencia, no es un servicio sino " you do what I say ".
En el mismo Encuentro, durante un panel sobre violencia sexual, María Luisa Maqueda Abreu, Profesora de Derecho de la Universidad de Granada, sostuvo que no debía verse a todas las mujeres en prostitución como víctimas y advirtió sobre los recaudos que debían tomarse al momento de hablar sobre trata de personas con fines de explotación sexual ya que muchas mujeres llevan adelante proyectos migratorios propios entre los que puede caber el ejercicio de la prostitución. Su postura frente a esta temática, y concretamente sus dichos en el panel, generaron el murmullo de un auditorio mayoritariamente abolicionista y que había aplaudido efusivamente, el día anterior, a una aguerrida MacKinnon. Silvia Chejter, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, compartía el mencionado panel con la española y apenas ésta terminó su exposición, pidió la palabra para prontamente alinearse con la postura de MacKinnon y sostener que no se podía hablar de libre elección por cuanto las mujeres que se prostituyen lo hacen en un contexto de vulnerabilidad social que influye en su supuesto consentimiento. Lamentablemente el formato del panel no contemplaba la posibilidad de un amplio debate y entonces no lo hubo. Seguramente Maqueda Abreu habría tenido varios argumentos para presentar ya que, para esta feminista, la afirmación "la prostitución libre no existe" es también una cuestión ideológica. Para Maqueda Abreu, es posible pensar la prostitución como trabajo sexual y, más importante aún, es necesario no invisibilizar a las trabajadoras sexuales auto-organizadas quienes reivindican su dignidad como trabajadoras y, en tanto sujetos de derechos, reclaman por condiciones laborales dignas. Pero, al finalizar el panel, lo que quedó flotando en el ambiente fue la crítica a la extensión de las relaciones prostituyentes que realizó Chejter, quien terminó su intervención con una interpelación emotiva a la audiencia presente: "¿en qué mundo queremos vivir?"
Estas dos microescenas, la elección de la figura de MacKinnon como figura principal del evento y la intervención de Silvia Chejter frente a la postura disidente, son un indicio de lo fuerte que es el abolicionismo en la arena local y de la resistencia que en ella impera respecto de la apertura del diálogo hacia otras posturas. Tal vez pueda decirse que en la batalla local por la hegemonía discursiva (en el debate acerca de la prostitución),2 posturas más cercanas a un reglamentarismo aggiornado y las que reivindican el reconocimiento del trabajo sexual, llevan las de perder. ¿Cómo puede la antropología feminista contribuir a dicho debate?
I
Respecto de la prostitución, Argentina tiene, desde el año 1936, una posición abolicionista. A fines de ese año fue sancionada la ley de profilaxis de enfermedades venéreas, dirigida a proteger la salud pública y, de acuerdo con algunos legisladores de la época, la libertad y dignidad de las personas. Con ella, la prostitución a título personal y sin autorización estatal dejó de ser delito, y se penalizó el establecimiento de locales donde se ejerza o incite la prostitución así como a quienes los regenteen. Si bien la letra de la ley sostiene que su objetivo es la organización de la profilaxis de las enfermedades venéreas y su tratamiento sanitario en todo el país, no fueron sólo esos los objetivos pensados por los legisladores. Así, en la discusión parlamentaria la propuesta de incorporar los artículos que se refieren a la prostitución fue justificada en la necesidad de "dignificación humana, de igualdad de los sexos, de verdadero feminismo, abolición de la más ominosa de todas las esclavitudes",3 siendo el fin último la erradicación de la "trata de blancas". Si bien el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual no era nuevo, para los años 30 el tema estaba, con el escándalo del Zwi Migdal ,4 claramente en el candelero. La prostitución organizada se había convertido en un agobio tal -sostiene Donna Guy- que la ley de profilaxis se había promulgado "(.) con la esperanza de que las redes de rufianes y regentas desaparecieran" (Guy, 1994:166).
El modelo abolicionista, dice Mariana Pucciarello (2007), propugna que la prostitución carezca de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico de forma tal de desalentar y erradicar la actividad, está relacionado con la defensa de la dignidad de las personas, no penaliza a la persona que se prostituya pero sí a quienes lucren con su explotación sexual. Así pues, desde comienzos del siglo XX y con un criterio abolicionista, nuestro país respeta la prostitución independiente y pena la explotación de la prostitución ajena. Subsisten, sin embargo, algunas regulaciones locales, como las contravenciones o los códigos de faltas5 que, enmarcadas en el poder de policía, habilitan la discrecionalidad policial y, en la práctica, la penalización de las mujeres en prostitución.
La constante represión policial que han sufrido y sufren todavía hoy las prostitutas, la desaparición de mujeres -secuestradas por redes de trata con fines de explotación sexual-, y otros hechos de violencia llevaron a una serie de acciones públicas y a la confluencia, en el año 2007, de distintas organizaciones feministas en la Campaña Abolicionista "Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución".6
La Campaña Abolicionista entiende que la trata con fines de explotación sexual y la prostitución son fenómenos inescindibles, que la prostitución es una institución patriarcal basada en la desigualdad entre varones y mujeres y que no puede, bajo ningún concepto, ser considerada trabajo. Herederas teóricas de MacKinnon, las integrantes de la Campaña sostienen que la prostitución es una forma de violencia de género en la que la identidad y la subjetividad de las mujeres se ven comprometidas produciendo daños físicos y psíquicos; que es una institución fundamental en la construcción de una sexualidad basada en el dominio masculino y la sumisión femenina y en la cosificación de los cuerpos; que nunca es una elección libre (independientemente incluso de los contextos en los que tenga lugar y de la clase social a la que se pertenezca) y que, por tanto, no puede pensarse en un libre consentimiento.
La Campaña Abolicionista sostiene -como he señalado- que la prostitución no puede ser considerada trabajo y que legalizarla no protege a las mujeres que ejercen la prostitución ya que:
(.) así serían maltratadas, pero con permiso, tratadas y traficadas legalmente y enfermadas, ya que el certificado de salud no se exige a los clientes-prostituyentes. Sólo protege el negocio para los fiolos, proxenetas y redes de prostitución. Las mujeres quedan igualmente exentas de todos los derechos y más expuestas que nunca a ser detenidas si se les ocurre estar paradas en las esquinas sin la protección de las mafias. Incrementa el negocio de los "pagos" para la policía, ya que al exigir más reglas arbitrarias, la coima aumenta. (http://campanianiunavictimamas.blogspot.com/search/label/prostitución y mitos)
Esta colectiva organiza anualmente las Jornadas Nacionales Abolicionistas, en las que se presentan ponencias y se discute sobre la temática. Realiza acciones públicas e intervenciones callejeras, especialmente en el Día por la Abolición del Sistema Prostituyente y en el Día Internacional contra la Explotación Sexual, llevando consignas como "si la prostitución fuera trabajo, ¿se la recomendarías a tu hija?", "por la derogación de artículos de los códigos contravencionales y de faltas que penalizan a las personas en situación de prostitución", "la prostitución no es trabajo, es violencia", "la prostitución y la trata son dos caras de la misma violencia", "ni mal necesario, ni trabajo". También ha realizado propuestas de reformas de legislación (en relación con la ley de trata y con los delitos de proxenetismo y rufianismo) y ha acompañado distintos reclamos y acciones de las organizaciones que la componen, en especial de la asociación de mujeres en situación de prostitución, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina - AMMAR-CAPITAL.7
A través de una serie de acciones públicas, jornadas y talleres, la Campaña ofrece una perspectiva abolicionista sobre la prostitución que se constituye en un discurso, a veces esencialista, poco permeable al diálogo con otras posturas.
II
Con la sanción de la ley 12.331 de profilaxis se dejó atrás el criterio reglamentarista que había regido en el país desde el año 1874. Hacia fines del siglo XIX, la reglamentación de la prostitución coincidió con el auge del higienismo y la criminología, disciplinas claves en la organización y consolidación del Estado así como en la construcción de la nación Argentina. Inmersa en su proyecto modernizador, Buenos Aires legalizó la prostitución para aislar y controlar las consecuencias sociales y médicas del comercio sexual; si no podía terminar con la prostitución, al menos esperaba controlar sus efectos perniciosos (Guy, 1994). La reglamentación permitió distinguir entre "mujeres públicas" -registradas, sometidas a un control sanitario periódico y obligadas a cumplir con ciertas pautas de vida-8 y población femenina en general, reservando y naturalizando para esta última las tareas de procreación, crianza de los hijos y cuidado del hogar (Grammático, 2000; Guy, 1994). El sistema reglamentarista, valiéndose de una serie de ordenanzas y de las arbitrariedades resultantes de los conflictos entre competencias institucionales varias, no logró controlar las enfermedades venéreas ni la prostitución clandestina -la que, por cierto, alentó.
El modelo reglamentarista, afirma Mariana Pucciarello (2007), considera a la prostitución un mal necesario que se regula para evitar efectos perniciosos como la difusión de enfermedades venéreas y los inconvenientes derivados del ejercicio de la prostitución en espacios públicos. Con este espíritu, proyectos para legalizar los prostíbulos,9 crear registros de trabajadoras sexuales, reinstalar las libretas sanitarias y las multas para quienes no estén en regla, fueron presentados, durante el año 2006, en la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Estos proyectos fueron ampliamente repudiados por organizaciones tales como la Asociación de Travestis y Transexuales y las que integran la Campaña Abolicionista. Discriminatorios y confusos, inútiles desde la mirada de la salud y reproductores de la persecución y el control, los proyectos fueron desestimados.
Este tipo de proyectos, aun cuando se piensen para combatir los abusos policiales y las mafias proxenetas,10 no son favorables para las mujeres, son discriminatorios y estigmatizantes -con sus propuestas de registros y zonas rojas, y de exámenes médicos sólo para las mujeres, etc.- y no sirven para controlar enfermedades sexuales, ni libran de posibles explotaciones.
Otras posturas, que comparten con las abolicionistas y las reglamentaristas el interés por erradicar la violencia policial ejercida contra las mujeres en prostitución y la explotación de la prostitución ajena así como combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, son aquellas que consideran y reivindican la prostitución como un trabajo. Nacida como respuesta y forma de organizarse y protegerse frente a la violencia policial, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMMAR,11 forma parte desde el año 1995 de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). AMMAR, producto de la auto-organización de mujeres en prostitución, pugna por su reconocimiento como sindicato de trabajadoras sexuales y por una ley de trabajo sexual autónomo. Es decir, las mujeres de AMMAR quieren ser reconocidas como trabajadoras sexuales autónomas de forma tal de poder acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador -por ejemplo, contar con una obra social y poder acceder a una jubilación-, consideran que la clandestinidad en la que ejercen la prostitución las sitúa en una posición desventajosa y de desprotección en términos de derechos laborales y civiles, que las expone a abusos policiales y discriminaciones sociales varias. Las mujeres de AMMAR reivindican la prostitución como un trabajo quizás no elegido pero sí consentido, una opción dentro de un abanico restringido de oportunidades. Escapando al victimismo, se organizan con voz propia buscando condiciones de vida dignas. AMMAR diferencia el trabajo sexual adulto, autónomo y con consentimiento de la explotación sexual de mujeres y niños, y distingue también el trabajo sexual de la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
Con filiales en varias provincias, AMMAR realiza actividades de promoción de derechos, de prevención en materia de salud y de acceso a la educación, entre otras. Forma parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Red TraSex), la cual nuclea organizaciones de trabajadoras sexuales de distintos países y promueve sus derechos.
III
Sofy es una escort independiente que tiene su propia página Web.12 En ella describe lo que le gusta hacer, cuenta que hace publicidades gráficas y que toma clases de baile en la escuela de Julio Boca. Que ha bailado en programas de televisión como "Peor es Nada" y "Café Fashion", que ha vivido en el exterior y modelado para distintos diseñadores. Que habla inglés y francés y en su perfil anota su fecha de cumpleaños y sus gustos: brillantes y esmeraldas, relojes Cartier y Piaget, perfumes de diseñadores, anteojos de Gucci y Armani, carteras de Louis Vuitton y de Fendi, ropa interior de Vanity Fair y Victoria Secret, entre otros. La oferta sexual es sutil, apenas una leyenda: "mi idea es darme a conocer a través de esta página, compartir momentos con ustedes y llenarnos de placer". Maru también es una escort independiente y tiene su propia página Web disponible en español e inglés.13 Su página ofrece fotos, wallpapers screensavers con producciones fotográficas de estudio en las que puede vérsela con muy poca o ninguna ropa y en distintas posiciones y actitudes. Describe lo que le gusta hacer, como bailar jazz y tango o hacer yoga. Escribe que habla inglés, italiano, francés y catalán y en su perfil anota su fecha de cumpleaños y sus gustos: joyas de oro blanco con diamantes, relojes Patek Philippe y Tag Heuer, carteras de Louis Vuitton, Prada y Fendi, vestidos de Cavalli, Carolina Herrera y Armani, entre otros. Ofrece sus servicios con total discreción y aclara que acepta libras, dólares y euros.
*
Viajaba en un colectivo de línea hacia el barrio de Caballito cuando en la Plaza Miserere una mujer de unos 30 años y un hombre muy joven subieron hablando en voz muy alta y llamando la atención de todos los pasajeros. Tenían un aspecto desaliñado y, llamando aún más la atención de los presentes, se sentaron en el piso. Hablaban, se reían y hacían chistes entre ellos: "¡qué mina guacha!", le decía él. "No, garcha" respondía ella, "soy una mina garcha, garcha con uno, garcha con otro" y ambos reían. De pronto se pusieron serios y ella dijo que había "hecho" 30 pesos y que su marido le había dicho "quedátelos", y que eso era lo único que tenía para gastar. La conversación prosiguió y pronto se hizo evidente que la mujer había conseguido el dinero a través de la prostitución y que se dirigían a la villa del Bajo Flores a comprar drogas. Comentaron cuánto paco podrían comprar, cuánto les "pegaba" y las formas de usar la virulana como filtro (Diario de campo).
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- Yo no reniego de esto, con esto le he dado de comer a mis hijos y los he educado, con esto los he mantenido y me mantengo sin tener que pedirle nada a nadie. Este es mi trabajo, lo que yo hago es vender un servicio, es sólo eso. No soy indigna ni soy una víctima, no le debo nada a nadie ni dependo de nadie, yo no tengo proxeneta y ¿sabés cuántas mujeres que no son prostitutas no pueden decir lo mismo? (Entrevista a una trabajadora sexual de AMMAR).
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- El cuerpo es nuestro, la sexualidad es nuestra y nosotras hacemos lo que queremos. ¿Por qué le tengo que pedir permiso a otra para hacer de mi cuerpo.vender sexo? ¿Cuál es el problema? (.) las chicas te dicen: este es mi laburo. ¿Que me hubiese gustado tener otra oportunidad? Claro, ¿y a quién no? Y hay otras que a lo mejor prueban en otro trabajo y no quieren saber nada y vuelven al trabajo sexual. Porque vuelvo a insistir, cuando vos tenés hijos, el trabajo sexual te da la posibilidad de acomodarte ¿me entendés? Y no vas a ganar lo mismo, y te voy a dar un ejemplo. La señorita (refiriéndose a una trabajadora sexual que se encontraba en la oficina) es estudiante en ciencia política. Y tiene un niño, el niño va a un jardín privado, ella tiene que pagar dos veces por semana para que le cuiden el chico a la tarde porque tiene que ir a la universidad. Vos te crees que en un trabajo de obrera, de servicio doméstico, o en una oficina, con tres mil o cuatro mil que ella ganaría, ¿vos te crees que ella podría bancar el alquiler de su casa, la escuela privada de su hijo, la señora que lo cuida y vivir como ella vive? (Entrevista a Elena Reynaga, Secretaria General AMMAR Nacional).
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- Estuve en el sur también, en las benditas casitas, a las que me llevaron con el cuento del tío diciéndome que estaba el glaciar Perito Moreno y que eran todos turistas y qué sé yo cuanto, ¡mentira! Son marineros de barco, es un espanto de lugar, te morís de frío, te hacen dormir en el piso y te despertabas y tenías tipos al lado que ni sabías quiénes son. Y ella te descontaba la plata del pasaje porque ella vino, me pagó el pasaje, me llevó, yo no le pedí nada y ella me cobró el pasaje, me cobró el lugar donde yo dormía que era el piso, no quería darme plata nunca. Yo estuve mucho tiempo ahí varada porque no podía volverme porque no juntaba la plata para el pasaje, estaba trabajando gratis y trabajaba noche y día yo, nunca me había metido en un lugar así. Me llevaron de engaño y bueno, hasta que un día yo me puse loca, casi le tiré la fonola al piso y le dije que le iba a romper todo y el resto de las mujeres le dijeron: dejala, dejala ir y un remisero me ayudó y ella me pagó el pasaje y me pude volver. Pero estuve muchos meses ahí y volví con neumonía, con desnutrición, volví hecha pelota (Entrevista a Mabel).
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- Empecé a trabajar en los privados, ahí yo trabajaba de día y en los privados los aranceles son muy bajos. En los privados al cliente cuando entra le cobran desde 15, 20, 30 y no sólo yo estaba acostumbrada a cobrar 100 pesos sino que de esos 15 me llevaba la mitad. Muy fuerte ¿Pero cuál es el tema de los privados? Y ahí yo me di cuenta cómo era que funcionaban y proliferaban tanto, que en el privado no atendés un cliente por noche como yo atendía en Recoleta, en el privado atendés a 20 en un día, entonces no son 7 pesos, son 140. Me di cuenta que terminaba haciendo más plata, ojo, lo que hacía con uno en Recoleta, lo hacía con 20 en el privado pero para mí en vez de 100 pesos, eran 140 (Entrevista a Lorena).
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Marcela tiene un trabajo de medio tiempo que complementa ofreciendo sus servicios sexuales a través de un blog personal. Su cliente me dice que "pasa por compañera de oficina", que no aparenta ser prostituta, que tiene un buen servicio y cobra 200 pesos. También que es difícil encontrarla, que a veces trabaja y a veces no, que elige con quién ir y con quién no y por ello no está siempre disponible (Diario de campo).

Estas microescenas apuntan a ilustrar el hecho de que la prostitución no es un fenómeno unívoco, mucho menos uniforme y que su heterogeneidad se complejiza con las diversas formas que la prostitución asume no sólo en distintos contextos y mercados, sino también en términos históricos y culturales. Sin embargo, los matices y las diferencias se diluyen en el discurso abolicionista: "Prostitución y trata son las dos caras de una misma moneda", "prostitución es violencia de género" sostienen las militantes en su comprometida lucha política por la abolición de la inequidad y la violencia de género. Ahora bien, si la conceptualización es necesaria para politizar, y las feministas claramente queremos politizar ciertas temáticas que hacen a la opresión de las mujeres, cuando estas conceptualizaciones coquetean con significados esencialistas, ¿no juega ello en contra de las mujeres y sus/nuestras luchas?
Creo que la antropología feminista tiene el potencial necesario para contribuir al debate local respecto de la prostitución ya que puede producir conocimiento etnográfico -de primera mano- respecto de los distintos escenarios posibles de la prostitución, privilegiando el señalamiento de las distintas formas en que las diferencias atribuidas a varones y mujeres pueden transformarse en diferencias de poder y en desigualdad. Como sugiere Bernstein (1999), la investigación etnográfica en los mercados del trabajo sexual femenino revela que la prostitución no es un fenómeno homogéneo y que la lógica de la dominación masculina puede tomar diferentes formas en distintos estratos sociales.
No es objetivo de este trabajo realizar un análisis antropológico de los mercados sexuales ni abordar el análisis exhaustivo de las microescenas referidas; se trata, más bien, de presentar posiciones en debate y proponer a la antropología feminista como herramienta privilegiada para la descripción y el conocimiento de la problemática de la prostitución. La mirada antropológica es relevante pues, a través del trabajo de campo -su sello distintivo-, ella puede producir un conocimiento de primera mano capaz de disputar las posiciones hegemónicas y poner en cuestión los discursos generalizados y generalizantes.14 Es preciso, además, adoptar la mirada de una antropología feminista cuya perspectiva de género se torna una herramienta analítica fundamental para la comprensión de la realidad social, permitiendo complejizar el tema del poder y las jerarquías entre los seres humanos, al igual que las cuestiones étnicas, de clase, de edad, sexuales y otras, con las que se intersecta y se despliega de manera inseparable. Y si algo hay de distintivo en la investigación feminista, quizás sea el hecho de que es llevada adelante -casi exclusivamente- por mujeres y para las mujeres. Es una epistemología y una metodología que rechaza de plano la separación entre lo político y lo personal, entre pensamiento y emoción, y recupera, en todo momento del proceso de investigación, las experiencias de las mujeres (Tarducci y Daich, 2011).
La prostitución es problemática per se porque bajo la pátina de una aparente definición transhistórica y transcultural reúne o condensa varios significados, porque habla de un vasto y diverso mercado del sexo en el que innumerables escenarios son posibles. Las microescenas que preceden permiten formarnos apenas una pequeña idea de la complejidad de la problemática. La prostitución refiere tan sólo a una de entre tantas actividades posibles dentro de un mercado sexual mayor que incluye, por ejemplo, la pornografía, el sexo telefónico y virtual, y el "baile exótico", entre otras. La prostitución es un sistema donde el estigma socialmente producido funciona como una estrategia patriarcal que atenta contra la autonomía de las mujeres (Juliano, 2002) pero es también un sistema estratificado donde las distintas jerarquías sociales -clase, etnia, edad- operan de manera diferencial en la reproducción de las desigualdades.
Así, por ejemplo, el mundo de las escorts vip es en sí mismo un mundo heterogéneo y variado, que no se agota en casos como los de Sofy o Maru, ni son ellos su máxima expresión. La prostitución de lujo o "altostanding " involucra a mujeres que, por lo general, pertenecen a las clases medias y medias altas, algunas dominan varios idiomas, otras tienen estudios terciarios y/o universitarios, y algunas pertenecen al -o han hecho incursiones en el- mundo del espectáculo. Poco abordada desde las ciencias sociales,15 este tipo de prostitución se presume independiente y libremente elegido. Se trata de mujeres que tendrían otras opciones pero que eligen la prostitución como vía de ascenso económico o por otras razones. Contando con la posibilidad de optar por otras actividades remuneradas, siendo independientes y autónomas, resulta difícil asignarles a estas mujeres el lugar de víctimas. Algo similar sucede con lo que algunos llaman prostitución " amateur ", el caso de Marcela por ejemplo, mujeres que complementan un trabajo formal con el ejercicio independiente de la prostitución. Las abolicionistas sostienen que aún en todos estos casos no puede hablarse de libre elección, que esas mujeres también son usadas como mercancías y que la cultura patriarcal, al enseñarles que sus cuerpos están al servicio de los varones, ha condicionado -en su búsqueda del consumo de lujo- esa supuesta elección. En vez de negar la agencia y la capacidad de decidir por sí mismas de estas mujeres, es necesario repensar sociológica y antropológicamente la sexualidad y aquí la antropología feminista también puede brindar herramientas para deconstruir nuestras complejas configuraciones sociales respecto del deseo y el placer en relación con el sexo; para empezar a pensar, por ejemplo, que sexo y deseo/erotismo no tienen por qué ser lo mismo y que hasta se puede desear ser el objeto del deseo sexual del otro incluso por razones no sexuales.
Las distinciones entre prostitución infantil y adulta, entre prostitución forzada y voluntaria o entre prostitución y trata son distinciones ideológicas, sugería MacKinnon en su Conferencia en la Facultad de Derecho. Las abolicionistas locales sostienen que no hay diferencia porque en la base de la prostitución se encuentra la violencia de género, la construcción de una categoría de mujeres disponibles para la satisfacción de la sexualidad masculina -mujeres mercancías cuyo deseo y placer nunca tiene cabida. Sostienen que lo que es común a todos los casos, lo que podría unir, o atravesar, todas las microescenas precedentes y todos los escenarios posibles, es la violencia de género basada en la relación jerárquica entre varones y mujeres.
Pero si no distinguimos entre, por ejemplo, prostitución forzada y voluntaria, se invisibiliza la voz y se niega la agencia de las trabajadoras sexuales autoorganizadas, quienes consideran la prostitución como una opción consentida y cuya dignidad como personas está más ligada al hecho de que sean reconocidas como sujetos de derecho que al uso del sexo.
El sexo y la sexualidad no son degradantes ni deshumanizadores por sí mismos ni siquiera cuando hay dinero de por medio; ni siquiera si aceptáramos que el sexo -comercial o no- implica la cosificación del otro para el consumo o la satisfacción personal. Su decodificación depende siempre del marco cultural y social en el que se inscriben y en la imbricación compleja de ese marco con las diversas y diversificadas formas de experimentar subjetivamente el sexo. Pensar la sexualidad ligada al dominio masculino y la sumisión femenina, al avasallamiento y cosificación de los cuerpos femeninos por el solo deseo masculino -no como posible narrativa erótica constructora de masculinidades sino como algo dado y definitorio- y pensarla ligada a la identidad y subjetividad como base de la dignidad, son conceptualizaciones problemáticas porque no sólo pueden conllevar visiones reduccionistas de las relaciones de género sino que pueden, además, terminar avalando posturas cristianas conservadoras,16 las cuales, sabemos, nunca benefician a las mujeres.
El mundo de la prostitución incluye muchísimas mujeres que se han visto envueltas en el comercio sexual por encontrase en situaciones de extrema vulnerabilidad social y que deseando abandonar ese mundo, no encuentran las formas ni cuentan con políticas públicas capaces de asistirlas en ese pasaje. Pero también hay miles de mujeres, de los sectores sociales más empobrecidos y vulnerables, que habiendo optado por el ejercicio de la prostitución, se auto-organizaron como trabajadoras sexuales. Estas mujeres se presentan como autónomas e independientes y hablan de un trabajo consentido, lo cual no quiere decir que su actividad no involucre diversos grados y combinaciones de coerción, explotación, resistencia y agencia.17 Las mujeres de AMMAR han demostrado que no es la prostitución en sí la que afecta su dignidad personal sino la falta de reconocimiento, la negación de sus derechos, el abuso policial y la invisibilización social. Como lo expresa una de las citas precedentes, estas mujeres no se sienten indignas ni víctimas, construyen otros sentidos de la sexualidad -el sexo como servicio, por ejemplo- que merecen ser explorados.
Con todo, las abolicionistas también suelen tener razón y lamentablemente muchas veces la prostitución se torna violencia de género y violencia sexual contra las mujeres. La historia de Lorena o la de Mabel lo ilustran claramente. Explotadas sexualmente, expuestas brutalmente a la violencia y la desidia, la historia de Lorena y la de Mabel es la historia de miles de mujeres que son explotadas sexualmente en los "privados", donde la libertad de acción suele ser limitada -"el cliente siempre tiene razón", me contaba Lorena frente a la imposibilidad de negarse a estar con un cliente-, y más aún lo es en las "casitas del sur" donde la imposibilidad de retornar a los lugares de origen se convierte en una mezcla de explotación, sujeción y dominación. Lo mismo vale para las mujeres que se encuentran en una situación de extrema pobreza y vulnerabilidad y que, explotadas por sus maridos/fiolos, se prostituyen por drogas -o peor aún, residuos de drogas- altamente destructivas. Ahora bien, que las prostitutas, como colectivo marginado, estén, seguramente, más expuestas a la violencia en general y a la violencia de género en particular, no debería llevarnos a una victimización tal que quite la posibilidad de pensarlas como sujetos de acción.18
La prostitución es una problemática compleja que, a todas luces, no refiere a un fenómeno homogéneo. Como sugería párrafos más arriba, considero que la antropología feminista puede contribuir al debate local respecto del comercio sexual. Puede producir conocimiento etnográfico acerca de los distintos escenarios posibles de la prostitución, atendiendo siempre a las distintas formas que puede asumir, en dichos escenarios, la lógica patriarcal.19 La clave está en llevar adelante una epistemología y una metodología feminista que recupere la experiencia de las mujeres, que produzca conocimiento para ellas/nosotras, una investigación que, como sugiriera Harding (2002), comience por la vida de las mujeres.

Notas
1 Ver, por ejemplo, M ackinnon (1989), O verall (1992), Pateman (1995).
2 En este trabajo se aborda la prostitución exclusivamente ejercida por mujeres.
3 Senador Serrey, Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, diciembre de 1936.
4 Zwi Migdal fue una organización de tratantes y traficantes de personas, y rufianes judíos, que operaba burdeles legales y clandestinos en todo el territorio nacional. Operó desde comienzos del siglo XX bajo el nombre de Sociedad de Varsovia -la que se encargaba, también, de algunas sinagogas y cementerios- y cambió su nombre a Zwi Migdal cuando la Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres la acusó de ser un refugio para tratantes y rufianes comprometidos en el engaño de inmigrantes ingenuas. En 1930, Raquel Liberman acusó a la Zwi Migdal de explotarla sexualmente y a partir de su denuncia -y en una coyuntura política particular- se desataron no sólo una serie de arrestos sino también un escándalo público y político así como una serie de debates legislativos (Guy, 1994).
5 Sancionan, por ejemplo, la oferta y demanda ostensible de servicios sexuales en espacios públicos, las cuales se dirigen formalmente a proteger la tranquilidad de tales espacios.
6 Conforman la Campaña: Atem "25 de noviembre", Red No a La Trata, Seminario de Derechos Humanos con perspectiva de género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niño/as (CATW-Argentina), Feministas en Acción, Mujeres del periódico El Espejo, Mujerío- programa de radio, Mujeres Libres, Taller permanente de la Mujer-Librería de Mujeres, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR CAPITAL), Mujeres de las Orillas, Des-pegar vínculos sin violencia, Fundación Agenda de las Mujeres, Las lilith - feministas de Tucumán, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Tucumán, Feministas independientes. Puede consultarse su página web: http://www.campaniaabolicionista.blogspot.com/
7 La Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos surge de un grupo de mujeres que formaron parte de AMMAR (CTA) y que, a diferencia de ellas, se identifican no como trabajadoras sexuales sino como mujeres en situación de prostitución. Puede consultarse su página Web: http://ammar-capital.blogspot.com.
8 Por ejemplo, la prohibición de mostrarse en la puerta o ventana de su casa o llevar siempre consigo el registro donde constaban los datos del prostíbulo al que estuviesen adscriptas.
9 Se trata de los proyectos presentados por el Diputado Rodrigo Herrera Bravo y el Diputado Elio Rebot.
10 En este sentido, el proyecto de Rebot planteaba como objetivo la protección de las personas en prostitución frente a la trata, las redes mafiosas y la policía.
11 Puede consultarse su página Web: http://www.ammar.org.ar.
14 En esta línea, podrían mencionarse muchas investigaciones, baste aquí señalar los trabajos de Adriana Piscitelli, Elisabeth Bernstein, Dolores Juliano, Kamala Kempadoo, Laura Agustín y Lorraine, Nencel, entre tantas otras. Ver, por ejemplo: Agustín (2005); B ernstein (2007); Juliano (2005); K empadoo (2004, 2005); Lamas (2003); Nencel (2001); Piscitelli (2005, 2006).
15 Probablemente ello se deba a las dificultades de acceder a este campo específico. Personalmente he intentado, infructuosamente, comunicarme con Sofy y Maru. Tampoco he podido contactar a Marcela.
16 Basta recordar, por ejemplo, las coincidencias entre los planteos de las feministas anti-pornografía y la New Right en los EEUU de fines de los años 70. Ver Ferguson (1984).
17 Barbara Sullivan (2010) considera que la mayor parte de los trabajos pagos, incluyendo el trabajo sexual, involucran una combinación variada de coerción, explotación, agencia y resistencia.
18 Agradezco al evaluador/a del artículo haber señalado el hecho de que incluso las situaciones de violencia sexual y de género así como las de explotación merecen ser indagadas y apreciadas en su diversidad. Ello así porque es en la red de relaciones que van configurando los distintos mercados sexuales y experiencias concomitantes, donde se construyen distintas dimensiones de agencia así como significados diferenciales respecto de lo que es o puede ser la autonomía.
19 Antes que como pura relación de dominio y sujeción, pienso en la lógica patriarcal en los términos de Fraser (1993), como mecanismos estructurales impersonales que son vividos a través de formas culturales fluidas. Pensar la desigualdad de género en estos términos permite entender que es posible la convivencia de la reproducción de la subordinación -a pesar de que las mujeres actúen sin estar bajo el mando directo de varones individuales- con la creación de nuevas formas de resistencia política e impugnación cultural.

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(*) Doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en Antropología Social. Investigadora Asistente del CONICET. Integrante de la Colectiva de Antropólogas Feministas (CAF) del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Artículo publicado originalmente en http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-96282012000100004
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Por Carolina Dietrich (*) 

 La ley 25.871 de política migratoria argentina sancionada en enero de 2004 representa un gran paso adelante en los derechos de los inmigrantes, no solo para Argentina, sino a nivel mundial. La mencionada ley derogó a la anterior ley 22.439 (Ley general de migraciones) conocida como “Ley Videla”, que fue sancionada en 1981 durante la dictadura argentina y mantuvo su vigencia durante 20 años tras la restauración democrática. La nueva ley establece que la migración es un derecho humano principio que no se encuentra en las leyes migratorias de ningún otro gran país receptor de migraciones, ni explícitamente mencionado en ninguna convención de derechos humanos. La ley 25.871 extiende la protección de derechos constitucionales y humanos a todos los inmigrantes dentro del país, más allá de su estatus legal, y garantiza a los inmigrantes el derecho de igualdad de trato, no discriminación y acceso a servicios médicos, educativos y sociales. La ley argentina sirve de modelo por la incorporación de un marco de derechos humanos en la implementación de una reforma inmigratoria. La apertura de la nueva ley contrasta con las leyes inmigratorias restrictivas de otros países, especialmente las norteamericanas. Un análisis de la ley argentina otorga un marco comparativo para analizar críticamente el derecho y las políticas inmigratorias norteamericanas y propugnar por un sistema más equitativo en los Estados Unidos. Antecedentes históricos Desde su independencia, Argentina ha sido un país receptor de inmigrantes. En 1852 Juan Bautista Alberdi acuñó la conocida frase “gobernar es poblar”, que dio forma a las políticas inmigratorias argentinas.

 Sucesivos gobiernos en el siglo XIX y principios del XX estimularon la inmigración como medio de desarrollo de vastas zonas despobladas del país y de fortalecimiento de la producción agropecuaria. En consecuencia, la inmigración constituye una parte fundamental del tejido de la sociedad argentina. Según expertos y funcionarios gubernamentales concuerdan en que la derogada “Ley Videla” generó un aumento en la población indocumentada. La ley otorgaba muy pocos caminos para la inmigración legal, especialmente aquella proveniente de países limítrofes, y delegaba en funcionarios del área potestades discrecionales casi ilimitadas para denegar, demorar o impedir solicitudes de legalización. El gobierno democrático ha declarado, por lo expuesto, que la “Ley Videla” había creado una “fábrica de inmigrantes irregulares” que eran marginados precisamente por la imposibilidad para legalizar su situación, para obtener empleo legal y para acceder a beneficios sociales. Marco constitutional Ya que las políticas de inmigración y población fueron fundamentales en la formación y desarrollo de la Nación Argentina, la Constitución prevé garantías generosas para los nacidos en el extranjero. El art. 25, incluido en la Constitución de 1853 y re-adoptado en la de 1994, dice que “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea”. Dicha interpretación encuentra fundamento en la segunda cláusula del mencionado art. 25, que afirma ampliamente que el gobierno no podrá restringir la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que ingresen con el fin de emprender actividades beneficiosas que la Constitución enumera. El preámbulo de la Constitución de 1853 y 1994 extiende los derechos de libertad, bienestar general y justicia para “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Normas constitucionales específicas otorgan igualdad de derechos a todos los extranjeros. Los “habitantes”, término que los tribunales han entendido como abarcativo de todos los extranjeros, incluidos los irregulares, gozan de amplios derechos civiles, tales como el derecho a ejercer su profesión, a comerciar, a la libertad de expresión y religión, y el de entrar y salir libremente del territorio argentino. El art. 20 CN reitera que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los ciudadanos; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse; y naturalizarse tras dos años de residencia en el país. Basándose en dichos principios, los tribunales históricamente han declarado la inconstitucionalidad de leyes que discriminaban a los residentes extranjeros. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN o la Corte Suprema) ha invocado los arts. 14 y 20 CN para evitar la deportación de extranjeros y ha invalidado leyes que requerían ciudadanía argentina para acceder a empleos públicos y privados. La CSJN ha adoptado recientemente un “test de escrutinio estricto” para evaluar las leyes que discriminan a los no ciudadanos, caracterizando como discriminatorias categorías como “origen nacional” y aplicando en tales casos la presunción de inconstitucionalidad. De acuerdo con este criterio, la Corte Suprema ha resuelto en contra de leyes que requieren períodos de residencia extensos para acceder a subsidios estatales por discapacidad; y ciudadanía argentina para acceder a cargos judiciales. La amplitud de estas garantías constitucionales se torna aun más evidente cuando se las compara con las limitadas garantías otorgadas a los no ciudadanos bajo la normativa constitucional norteamericana. Si bien tanto Argentina como Estados Unidos son países cuya historia está superpuesta con la inmigración a gran escala, las constituciones de ambos países se aproximan de modo marcadamente diverso a los derechos de los inmigrantes. A la inversa que Argentina, los Estados Unidos jamás han adoptado políticas que favorezcan la inmigración extendida y, por ello, la Constitución Norteamericana no promueve la inmigración ni otorga igualdad de derechos a los acids en el extranjero. La Corte Supreme de los Estados Unidos ha sostenido en repetidas ocasiones que el gobierno ejerce competencia plena en materia de derecho migratorio. Ha declarado que “sobre ningún tema concebible es más completo el poder legislativo del Congreso”, y que la capacidad del gobierno federal para deportar a un extranjero es “absoluta y sin restricciones”. Ya que “el Congreso habitualmente sanciona normas que serían inaceptables si se aplicaran a ciudadanos”, la jurisprudencia norteamericana permite la restricción de derechos básicos de los inmigrantes. Hay marcadas diferencias entre ambos sistemas constitucionales explican, en parte, por qué Argentina ha alcanzado una reforma migratoria amplia. Como un tribunal argentino la describió: “la nueva legislación referida al orden migratorio ha tomado un giro tendiente a lograr una mayor protección de los derechos de las personas migrantes, propendiendo a su integración a la sociedad (…) reglamentando de modo concreto los principios, declaraciones y derechos constitucionales que a su respecto rigen en nuestro país…”. De modo opuesto, en Estados Unidos, aquellos que instan una reforma inmigratoria e igualdad de trato para los inmigrantes no pueden apoyarse en normas constitucionales y, en vez, deben recurrir al Congreso y a la opinión pública para proteger y ampliar los derechos de los inmigrantes, lo que agiganta la tarea. Legislación Migratoria Previa. La “Ley Avellaneda” y la “Ley de Residencia” En 1876 el gobierno argentino promulgó su primera ley inmigratoria, la ley 817 de inmigración y colonización, popularmente conocida como “Ley Avellaneda”, que incorporaba las garantías constitucionales para extranjeros. Sin embargo, y como reacción al incremento en los movimientos anarquistas y sindicales en Argentina, en 1902 el gobierno promulgó la ley 4144, conocida como “Ley de Residencia”, que limitaba la inmigración y discriminaba a los nacidos en el extranjero de acuerdo a su actividad política. La “Ley de Residencia” autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar o prohibir la entrada de extranjeros cuya conducta compro- metiera la seguridad nacional o el orden público. En el fallo fundacional “Transporte Chaco”, que trataba la deportación de anarquistas y sindicalistas, la Corte Suprema convalidó la “Ley de Residencia”. La CSJN consideró que el Poder Ejecutivo podía expulsar extranjeros a pesar de los art. 14 y 25 de la Constitución Nacional porque la protección de dichas normas no se extendía a actividades que amenazaran el orden público. La “Ley Videla” En 1981 la dictadura adoptó un régimen significativamente más restrictivo, la ley 22.439, conocida como “Ley Videla”, que reemplazó la “Ley Avellaneda” y sus decretos reglamentarios. Los gobiernos democráticos subsiguientes mantuvieron la aplicación de la “Ley Videla” hasta la sanción de la ley 25.871, en 2004. Si bien los muchos defectos de la ley previa no son el eje de este artículo, una breve discusión de la ley 22.439 sirve para resaltar la importancia del reemplazo en la nueva ley de principios inmigratorios xenófobos y restrictivos por otros humanitarios e igualitarios. La “Ley Videla” redujo la apertura de las políticas y leyes inmigratorias del pasado. Su propósito declarado era el de promover la inmigración de aquellas personas “cuyas características culturales permitan su adecuada integración en la sociedad argentina”. A pesar de la decisión en el fallo “Transporte Chaco”, que establecía el derecho al debido proceso en los procedimientos de expulsión, bajo la “Ley Videla” los inmigrantes podían ser deportados por ingreso ilegal, violación de los términos de estadía, conducta criminal y amenaza a la seguridad nacional o al orden público, sin siquiera un mínimo debido proceso. Un inmigrante no tenía derecho a recibir notificación ni revisión judicial de la decisión de la Dirección de Migraciones de negarle beneficios o de detenerlo o expulsarlo. Por otra parte, la referida ley de facto preveía restricciones severas a los derechos de los inmigrantes indocumentados e impedía su integración en la sociedad argentina. Sólo residentes permanentes o temporarios podían acceder a la escuela secundaria. Los inmigrantes indocumentados no podían comprar o alquilar inmuebles, y un vendedor o locador que violara dicha prohibición podía ser multado. Ordenaba a los ciudadanos y funcionarios gubernamentales denunciar a los inmigrantes indocumentados que realizaran transacciones comerciales, intentaran casarse, o buscaran atención médica. También permitía a la Dirección de Migraciones realizar investigaciones por supuestas infracciones migratorias sin sospecha razonable, causa probable u orden judicial. Igualdad de derechos, no discriminación o el derecho a migrar estaban llamativamente ausentes en la vieja legislación. La legislación de facto declaraba que la Constitución solo era operativa en tanto no entrara en conflicto con los objetivos de la Junta Militar, tornando imposible el reclamo por inconstitucionalidad de la ley. La Nueva Ley Inmigratoria Una multiplicidad de factores influyeron en la sanción de la nueva ley inmigratoria: la incorporación de normativa de derechos humanos en la Constitución de 1994; un enfoque de derechos humanos en el contexto discursivo de los derechos de los migrantes; una población inmigrante creciente sin forma de regularizar su situación; el desarrollo de una in- quieta comunidad de defensa y apoyo a los derechos de los inmigrantes, y litigios denunciando la “Ley Videla” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las experiencias de un período de graves violaciones a los derechos humanos llevaron a la incorporación de tratados y estándares de derechos humanos en la Constitución de 1994. Específicamente, la Constitución le otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que Argentina había ratificado al momento de la reforma. Además, los tratados internacionales ratificados con posterioridad son jerárquicamente superiores a la ley local, e inferiores a la Constitución, y una votación de dos tercios del Congreso puede otorgarles jerarquía constitucional. Consecuentemente, Argentina ha redactado y sancionado su nueva ley inmigratoria desde un paradigma de derechos humanos. A partir de los 90s, la creciente población inmigrante no europea tenía pocas perspectivas para legalizar su situación en Argentina. Ciertos sectores de la sociedad argentina, tal como sus contrapartes norteamericanas, reaccionaron al aumento de la población inmigrante con xenofobia. Funcionarios públicos, medios de comunicación y algunos sindicatos culpaban a los inmigrantes por el aumento en la delincuencia y el desempleo. Como reacción a ese sentimiento anti-inmigrante y a la marginación, inmigrantes de países limítrofes formaron organizaciones civiles para exigir la reforma de la legislación inmigratoria argentina y luego aunaron esfuerzos con la comunidad de derechos humanos para impulsar una nueva ley. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comenzó a incluir en su trabajo en derechos humanos la temática migratoria. En su reporte anual de 1995, el CELS destacó la discriminación a los inmigrantes y la ilegalidad de la ley inmigratoria de la dictadura a la luz de la Constitución y el derecho internacional. En el mismo período, el CELS y la Comisión Argentina de Refugiados (CAREF) comenzaron a recibir cada vez más quejas de inmigrantes y organizaciones comunitarias en cuanto a la imposibilidad para los inmigrantes de obtener documentación y estatus legal; la falta de acceso al empleo, la educación y la atención de la salud; la obligación de los ciudadanos y las instituciones de denunciar a los in- documentados ante las autoridades; y la ausencia del debido proceso en los procedimientos inmigratorios. Así, en diciembre de 1996, el CELS y la Asociación por los Derechos Civiles presentaron un hábeas corpus por la detención y deportación de Juan Carlos de la Torre, un uruguayo que había vivido por muchos años en Argentina con su esposa argentina y sus hijos nacidos en Argentina, por considerar la medida violatoria de la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos. Cuando la Corte Suprema rechazó la petición por abstracta , ya que de la Torre ya había sido deportado, el CELS se presentó ante la CIDH denunciado la ley inmigratoria y la deportación sumaria de de la Torre como violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas de derechos humanos. El caso seguía pendiente de resolución en la Comisión al momento de la sanción de la ley 25.871. En 2003, como parte de las negociaciones con el CELS para la resolución del caso, el gobierno argentino declaró su voluntad de reformar la “Ley Videla” para ajustarla a los estándares de derechos humanos. El hecho de que gobiernos elegidos democráticamente sostuvieran la vigencia de la llamada ley 22.439 (“Ley Videla”) sirvió como eje de amplias críticas y propuestas por parte de la comunidad de derechos humanos. A fin de canalizar estas preocupaciones, a fines de 1996 una red de organizaciones de derechos humanos y derechos de los inmigrantes formó la Mesa de Organizaciones en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes con el objetivo de derogar la “Ley Videla”. Los miembros originarios de la Mesa fueron la CAREF, el CELS, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, la Fundación de la Comisión Católica de Migraciones, el Centro de Estudios Migratorios de América Latina, y el Departamento de Migraciones de la Confederación de Trabajadores Argentinos. Los esfuerzos de la Mesa jugaron un rol importante en el proceso que culminó en la sanción de la nueva ley. El grupo analizó los defectos de la ley previa a la luz de los estándares de derechos humanos, presentó un proyecto de ley nacional ante los diputados nacionales que integraban la Comisión de Población y Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, testificaron en audiencias públicas y continuaron abogando por la nueva ley hasta obtener su sanción. Disposiciones de la nueva ley La disposición más novedosa e innovadora de la ley es el reconocimiento del derecho fundamental a migrar. El lenguaje concreto es poderoso: “El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. El principio general de igualdad atraviesa las disposiciones sobre admisión, residencia y deportación. En realidad, si bien la ley no prevé fronteras abiertas, no deja de reflejar una orientación filosófica y de derechos humanos. De hecho, la ley 25.871 cubre un espectro más amplio que la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el más importante de los tratados internacionales de derechos humanos de los migrantes, del cual Argentina es signataria. Si bien la Convención reconoce el fenómeno internacional de la migración, no encuadra el derecho a migrar como un de- recho humano. El preámbulo de la Convención destaca “la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados de la comunidad internacional” pero deja claro que la Convención no limita la competencia de un Estado para establecer los estándares de admisión de inmigrantes. Aunque la Convención ordena que los derechos humanos básicos garantizados por otros tratados deben hacerse extensivos a todos los migrantes, hace diferencias entre las garantías específicas otorgadas a los inmigrantes legales y a los irregulares que residan en un país signatario. El hecho de que solo cuarenta y un países, y ningún gran país receptor de inmigrantes hayan suscrito la Convención subraya la naturaleza progresista de la ley argentina. Los principios generales del art. 3 de la ley demuestran su fundamental enfoque pro-inmigración. Los objetivos de la ley son: desarrollar políticas de inmigración y estrategias para cumplir las obligaciones internacionales relativas a derechos humanos y la integración y movilidad de los inmigrantes; contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el gobierno con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país; contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país; garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar; promover la integración en la sociedad argentina de los residentes permanentes; asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes y las leyes; promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y abierta con relación a los migrantes y sus familias; promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país, y facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina. Categorías de Admisibilidad La ley 25.871establece cuatro situaciones legales diferentes: residente permanente, residente temporario, residente transitorio y residente precario. La residencia permanente está ampliamente disponible para todos aquellos que deseen establecerse definitivamente en el país, así como a los inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, entendiéndose como tales a cónyuge, hijos y padres. Desgraciadamente, la norma no incluye mayores detalles sobre otras categorías de personas que pueden obtener la residencia permanente, lo que resalta la necesidad de reglamentaciones que completen esta disposición. La residencia temporaria por un período inicial de tres años prorrogables por períodos equivalentes está destinada a trabajadores migrantes; personas con ingresos económicos propios de fuentes externas; pensionados que perciban ingresos de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o empresas privadas; inversionistas; científicos y trabajadores especializados empleados por entidades públicas o privadas; deportistas y artista, y religiosos de cultos reconocidos. Además, personas que necesiten tratamiento médico en Argentina y sus familiares directos, representantes legales o curadores pueden ingresar por un año prorrogable. Los académicos pueden ingresar por igual período con un régimen similar. Estudiantes que ingresen al país para cursar estudios secundarios, terciarios o universitarios; asilados y refugiados; y ciudadanos del Mercosur y estados asociados pueden obtener la residencia temporaria por dos años prorrogables. Los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto pueden, discrecionalmente, admitir residentes temporarios por razones humanitarias o de interés para el país que no estén contempladas en la ley. La residencia transitoria incluye a los turistas, pasajeros en tránsito, tránsito vecinal fronterizo, tripulantes de transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales, académicos, personas que requieran tratamiento médico, y personas que la Dirección Nacional de Migraciones considere que merecen tratamiento especial. La ley prevé la residencia precaria para cualquier residente permanente, temporario o transitorio con trámites migratorios pendientes de resolución. La validez de la misma es por 180 días prorrogables hasta la finalización de los trámites correspondientes. Un extranjero en esa situación puede permanecer, salir y reingresar al territorio nacional y trabajar y estudiar. Esta disposición es definitivamente una mejora con respecto a la derogada ley de facto 22.439, que autorizaba a la Dirección de Migraciones a otorgar o cancelar la residencia precaria a través de un entramado de resoluciones que autorizaban la residencia precaria para ciudadanos de diferentes nacionalidades por diversos períodos de tiempo y sin salvaguardas administrativas o judiciales. Procedimientos de denegación de admisión, cancelación de la permanencia y expulsión Los apartados de la ley que versan sobre criterios de admisión y expulsión son en general consistentes con la estructura liberal de la nueva ley. También equilibran razonablemente el derecho a inmigrar con el poder soberano del Estado para determinar a quién admitir y a quién deportar. Antes de denegar la admisión, cancelar la permanencia o deportar a una persona, la Dirección de Migraciones debe tener en cuenta factores humanitarios tales como lazos familiares, duración de la residencia en el país, ocupación y condiciones sociales y personales, y otorgar la oportunidad de regularizar la situación. Deportación y Cancelación de la Permanencia El gobierno puede cancelar un permiso de residencia e iniciar el procedimiento de expulsión contra personas que: (1) Hayan obtenido documentación de modo fraudulento; (2) Hayan sido condenados a prisión por más de 5 años por delitos dolosos o que sean reincidentes; (3) Hayan residido fuera de Argentina por más de dos años, sujeto a ciertas excepciones; (4) Se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de residencia permanente, temporaria o transitoria, o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado argentino y no se cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención, o (5) Hayan participado en genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, crímenes contra la humanidad o actos similares, o que pertenezcan a organizaciones que puedan ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por tribunales locales. Las personas en situación irregular también pueden ser deportadas. Una persona deportada no podrá reingresar al país durante 5 años o más, dependiendo de la seriedad de la causa de deportación, si bien la autoridad migratoria puede desestimar esta prohibición. Tal como en las disposiciones acerca de la admisión, antes de iniciar el procedimiento de deportación el gobierno debe considerar la profesión, lazos familiares con ciudadanos argentinos, período de residencia autorizada, y otras condiciones sociales y personales del inmigrante. En caso de las personas en situación irregular, el gobierno debe, primero, darle oportunidad de regularizar su situación. Si el no ciudadano no toma las medidas tendientes a legalizar su situación, el gobierno decretará la expulsión pero suspenderá la ejecución de la medida e iniciará los procedimientos correspondientes ante el tribunal competente en la materia. Revision Administrativa y Judicial La nueva ley prevé la revisión administrativa, la reconsideración y el subsecuente control judicial en casos de denegatoria de admisión, cancelación de la permanencia y expulsión.Tras agotar la vía administrativa, la parte interesada puede apelar a los tribunales federales. En casos de deportación, incluso si la parte interesada no impugna la decisión administrativa, la Dirección de Migraciones debe presentar el caso ante el juez competente. Los tribunales federales con jurisdicción administrativa o cualquier tribunal federal en las provincias argentinas tienen competencia para entender en casos de esta naturaleza. La obligación para el gobierno de presentar el caso ante el tribunal competente constituye un avance destacable con respecto a la ley anterior, que autorizaba la deportación sumaria sin acceso a revisión judicial. Además de los procedimientos de deportación, la ley prevé el remedio del “pronto despacho”, similar a una orden de autoridad superior, en caso de que la Dirección de Migraciones no resuelva una solicitud en el plazo establecido en la ley, o, si no hay un plazo específico, dentro de un plazo razonable. Mecanismos Adicionales de Deportación. La ley prevé mecanismos adicionales específicos para delincuentes. Según el art. 64, cuando un no ciudadano ha cumplido la mitad de la sentencia que se le haya impuesto, la Dirección de Migraciones puede emitir una orden de deportación que al mismo tiempo extingue la parte restante de la pena. Del mismo modo, la Dirección puede emitir una orden de deportación contra un no ciudadano en situación irregular que haya cumplido su probation o que sea acusado de un delito menor para el cual la probation u otra medida de rehabilitación sea una opción. En este último caso, el proceso se da por terminado. Derecho a asistencia letrada Los no ciudadanos que no tengan recursos financieros suficientes, podrán obtener asistencia legal gratuita y la asistencia de intérpretes. El art. 86 de la ley 25.871 declara específicamente que las reglamentaciones a la ley deberán resguardar el ejercicio de los derechos constitucionales de defensa.La Defensoría General de la Nación provee asistencia letrada a los inmigrantes a fin de patrocinarlos en los procedimientos administrativos y judiciales de expulsión. Conclusión La innovadora premisa de la ley 25.871 es un avance significativo en la promoción de los derechos humanos de los inmigrantes. Los principios legales de igualdad, no discriminación y debido proceso ponen a la legislación argentina en línea tanto con los estándares internacionales de derechos humanos como con la Constitución Nacional. No obstante, a fin de efectivizar de modo completo los principios igualitarios y de derechos humanos de la ley 25.871, el gobierno debe impulsar decisiones administrativas y ajustar prácticas burocráticas que aseguren la efectiva implementación de los objetivos de la ley. Finalmente, la adopción por parte de Argentina de una legislación pro inmigrante genera un marcado contraste con las decisiones políticas y legislativas de los Estados Unidos. Si bien puede parecer poco realista esperar que Estados Unidos, con su realidad política, sancione una ley como la argentina, la experiencia argentina no deja de servir como aprendizaje para una reforma inmigratoria en Estados Unidos.-

 (*)  Abogada. Especialización en DDHH, Universidad Nacional de La Pampa.