Por Eduardo Luis Aguirre.

Si intentáramos hacer un ejercicio de reflexión contrahegemónico en materia de Derechos Humanos, inmediatamente advertiríamos que, en ese tránsito, se hace necesario someter al escrutinio de la historia una noción tan esquiva como la que en buena medida posibilitó la recuperación de la vida democrática en la Argentina, y que conserva todavía, intacta, su capacidad para galvanizar las crispadas voces de la derecha dura. Desde ese punto de vista cavernícola, los DDHH han encubierto la representación reprochable de los "enemigos del país", de los "subversivos" y de los "delincuentes". Esa es la frase de cabecera que después de cuatro décadas termina unificando las retóricas del fascismo social, espantado por la aparición temprana de una categoría que les resultara, a la postre, fatal. Buena parte de la historia reciente del país se explica por la aparición definitiva del concepto de Derechos Humanos y, también, por su sistemática violación, que no se acota en el genocidio pero inexorablemente remite a él. 

Precisamente por eso es que la escalada brutal del gobierno necesita la imagen de Hebe de Bonafini presa y los genocidas en libertad, como se lo reclama desde siempre el diario que representa los intereses históricos de una oligarquía que premia con aplausos revanchistas los balbuceos discursivos del principal y módico referente político de la restauración. Ahora bien, vistos desde otra perspectiva, también es posible preguntarse si los Derechos Humanos son el producto de una victoria, o si, por el contrario, encarnan el resultante obligado de una derrota, de una lucha defensiva ante el derrumbe de la utopía del a liberación nacional y social (no existía entonces el giro conceptual eurocéntrico de la "emancipación"). Muchas de las más grandes atrocidades se cometieron en el mundo en nombre de los Derechos Humanos y con la participación protagónica, en muchos casos de organismos creados para defender esos derechos. Los casos de la ONU o de la OEA son emblemáticos en ese sentido.. Invasiones, guerras, genocidios, deportaciones, encarcelamientos masivos se perpetraron invocando la justicia, la paz, la libertad, la democraica, la civilización, la ley, la constitución, etcétera. No hace falta que las enumeremos. La lista es interminable en la historia moderna de y la mayoría de esos crímenes convivieron  con la vigencia del paradigma de los DDHH, concebidos de acuerdo al programa ideológico de la modernidad burguesa. Ese paradigma, en su versión coloquial, aunque dominante, se expresa a partir de derechos humanos "rutilantes", sobre los que todos vamos a estar siempre, inexorablemente, de acuerdo, en un país que no se caracteriza -felizmente- por esos consensos, y también por derechos humanos "invisibles", opacos, respecto de cuya violación la mayoría de la población también se desentiende olímpicamente. Quizás porque no pueda cargar con su culpa y su responsabilidad política, al decir de Karl Jaspers. El caso de las personas con padecimientos mentales es, quizás, una de las muestras más acabadas de esta nueva forma de indiferencia social y ensañamiento colectivo. El otro, es el caso de los privados de libertad. Ambos grupos vulnerables están unidos por una multiplicidad de identidades y otras tantas evidencias cotidianas de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que permanecen en una suerte de ostracismo colectivo. Pensemos, ahora, en las decenas de miles de personas que se encuentran "alojadas" en manicomios, clínicas, "granjas" y otras instituciones monovalentes más o menos encubiertas. Sometidas a las más afrentosas privaciones, sin posibilidad alguna de defenderse, en estado de máxima vulnerabilidad. Mujeres, niños, ancianos encerrados en las torres postmodernas o sometidos a la manipulación de la nave de los locos. Impedidas del más mínimo contacto familiar o la más pueril y piadosa forma de contención social. Un espectáculo inimaginable en pleno siglo XXI, al que todos, si quisiéramos, podríamos tener acceso. Sólo hay que proponérselo. La "cuestión" de la salud mental ha sido uno de los pilares fundamentales de la Defensa Pública en materia de DDHH (también lo han sido los reclusos, como es sabido, y no por azar). Una "cuestión" que debe problematizarse y un "problema" que debe resolverse, y debe resolverse de acuerdo a las pautas que brinda la Ley Nª 26657 de Salud Mental, "antes de que sea tarde". Uno de los dispositivos fundamentales de la ley es el Órgano de Revisión. A su cargo queda, justamente, velar por la vigencia de esos derechos humanos fundamentales, desde siempre escamoteados. Un órgano de Revisión implica, nada más y nada menos, que la posibilidad de poner coto a cualquier tipo de desguace en materia de derechos de personas internadas por padecimientos de Salud Mental. En ese tránsito histórico estamos, en la Provincia.