Independientemente de las condiciones de probabilidad y las circunstancias estructurales y superestrucurales mediante las cuales se pueda explicar la gravísima escalada de alzamientos policiales en todo el país, una cosa queda clara: esto no tiene que ver (solamente) con un reclamo salarial (más allá de la justicia de todo reclamo de los trabajadores en ese sentido, máxime cuando los mismos se producen en un período histórico de máxima producción de plusvalía), sino que forma parte de una saga de acontecimientos que desde hace años ha incorporado la derecha continental para condicionar –cuando no derrocar- a los gobiernos autonómicos de la región.
Mucho se ha dicho sobre el  rol contemporáneo de ciertos poderes fácticos, en el que las policías, las gendarmerías, los servicios penitenciarios, las burocracias judiciales y otras corporaciones que poco o nada han hecho en materia de democratización interna, aparecen señaladas por la historia recientes como protagonistas principales de los nuevos golpes de estado. Por supuesto, en complicidad con poderosas corporaciones y los sectores más conservadores de la política.
Los ejemplos sobran en América Latina: Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras y Argentina.

En cada uno de estos casos, se pone en práctica meticulosamente la doctrina de los “golpes blandos”, paso por paso.


En Argentina, la derecha lo ha intentado todo, desde la “crisis del campo” (y aún antes de ese estallido patronal sojero) hasta ahora. Y nada le ha dado los resultados esperados. Ahora van por el incendio total. Por el holocausto social que Zaffaroni presagiaba hace más de una década. El estado de policía en su más dramática expresión.
El gobierno argentino, lamentablemente, ha perdido una década en materia de democratización de sus fuerzas de seguridad. Los intentos de transformación interna de las fuerzas policiales, aislados y sin apoyo político decidido, sucumbieron sin solución de continuidad. Las policías, ahora, se comportan como una fuerza de ocupación. Como el brazo armado que extorsiona a los poderes democráticos y conserva la fuerza brutal y corporativa para propiciar “cualquier” salida frente al caos que ellos mismos crean, fomentan y producen. Gestionar ese caos es una tarea no menor, que no debería incluir ningún tipo de capitulación por parte de la democracia. Pienso en movilizaciones pacíficas en todo el país para defender las instituciones democráticas. Un ejercicio que pondría a prueba la consistencia de los experimentos sociales de nueva militancia intentados por el kirchnerismo.
Porque si algo no puede alegar el gobierno es sorpresa o desconocimiento. El rol de las policías se ha desguasado en todo el mundo. Durante la guerra serbo-croata, este último país, que carecía de ejército regular, armó a su policía para colaborar decisivamente, mediante un enfrentamiento “exitoso”, con el colapso de la experiencia socialista yugoslava. También allí la policía croata jugó un papel preponderantemente regresivo y al servicio de los intereses imperiales. Y quien contribuyó a proporcionarle 5.000 toneladas de armas a esas fuerzas de seguridad fue, nada más y nada menos, que el estado argentino. De modo que resulta difícil soportar que se alegue imprevisión o estupefacción en este caso. Las distintas agencias del gobierno argentino, federales y provinciales, conocen perfectamente la matriz ideológica de sus fuerzas de seguridad. Cualquiera sea el curso que acierten a tomar estos acontecimientos, algo habrá cambiado en la Argentina. Y ese cambio, implica la necesidad impostergable de realizar transformaciones democráticas de fondo en estas corporaciones armadas.